Buscando Camino Buscando Camino
Panamá, Año IV, No. 101
21 al 27 de noviembre de 2005
“La educación es el arma más poderosa que tenemos
para cambiar el mundo”
Nelson Mandela
Desde hace algún tiempo tiene lugar en todo el planeta un proceso intrínsecamente inhumano, que convierte y reduce a la educación de derecho universal e inalienable reconocido por todos, a una ordinaria mercancía que puede ser comprada y vendida, en un mundo donde cada vez es más evidente el predominio de la concepción netamente mercantilista y utilitaria de la vida y los derechos. Hay literalmente en marcha un proceso que apunta hacia el aniquilamiento de la educación como derecho y del derecho de educación. Y no es una tendencia ni casual ni improvisada. Es consecuencia de la premisa neoliberal y capitalista de que no existe nada en el planeta que no sea privatizable, vendible, comprable. Es el imperio de la lógica despiadada del lucro y la ganancia por encima de cualquier consideración de naturaleza ética, moral o humana. En esto reside precisamente el hecho que la educación en todos sus niveles y modalidades, esté incorporada desde el principio al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS); que figure como pieza esencial en los TLCs que Estados Unidos les impone a otras naciones; que en el mundo entero su mercantilización y privatización creciente marche sin tropiezo alguno y que el financiamiento estatal a la educación pública experimente de forma deliberada y constante, una reducción significativa, que extrañamente coincide con la acentuación de sus dificultades. En suma, es la educación como negocio capitalista que no presupone compromisos, sólo réditos.
En todas las épocas la educación ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo económico, político, social, cultural y tecnológico de las naciones. Países que en el pasado hicieron importantes inversiones públicas en el ámbito educativo, reconocen todo lo decisivo que éstas fueron en el progreso posterior de sus pueblos. En definitiva, de lo que se trataba, era de asumir la educación como la poderosa herramienta de cambio y desarrollo que es. Sin embargo, las políticas neoliberales vigentes y las tratativas comerciales en curso que las acompañan, apuntan, principalmente en países como el nuestro, a despojar a la educación de su acción emancipadora y transformadora de las sociedades humanas, quedando a merced de las fuerzas de un mercado que, desprovisto de ética y valores, define y orienta la llamada “oferta educativa” en correspondencia directa con los intereses y necesidades del capital. Eso explica en gran medida porque cada día son más las empresas norteamericanas, que dedicadas a la comercialización de la educación superior, cotizan en Wall Street. Para ellas, indudablemente, la educación sólo es un negocio lucrativo más. Este fenómeno que tiene evidentemente una profunda matriz expoliadora, no puede sólo que conducir hacia la formación de una educación elitista, fundada en la exclusión, en la inequidad y en la agudización de las desigualdades sociales. Educarse dependerá por consiguiente de la capacidad monetaria para pagar el “servicio”, que es así como es considerada la educación por la corriente comercial prevaleciente hoy en el mundo. De esa forma se terminará cercenando en nuestros países, las posibilidades de que a través de la educación, podamos construir proyectos de desarrollo nacional y humano que estén sustentados en nuestras propias necesidades y realidades. Ahora, la educación sólo tendrá interés y utilidad mientras más valor de mercado pueda proporcionar y, en el caso de los países en desarrollo, mientras más se identifique con los requerimientos de las opulentas e irracionales sociedades de consumo y sus grandes empresas. Digamos entonces adiós, a ese modesto Objetivo del Desarrollo del Milenio, de alcanzar la universalización de la educación básica para el año 2015.
Es precisamente este contexto y su énfasis en las concepciones mercantilistas de la educación, los fundamentos que han venido aprovechando los apologistas del neoliberalismo criollo, para impulsar una creciente ofensiva sobre la educación pública, que en términos generales, va dirigida a limitar considerablemente la responsabilidad del Estado panameño de garantizar el derecho a la educación de todos los panameños y panameñas, principalmente, de los más desfavorecidos. Estos verdaderos mercenarios de la educación, confiando que la ignorancia les asegura la docilidad de las personas, aspiran a que el Estado renuncie a toda forma de gratuidad de la enseñanza pública, al mejoramiento de la calidad educativa y al estímulo de procesos que conlleven mayor equidad e inclusión. En esto reside el verdadero origen de sus más “sentidas preocupaciones” sobre la educación panameña y sus empeños denodados en disfrazarlas con pretendidas y desgastadas poses de imparcialidad y objetividad. Por eso no nos pueden causar ninguna extrañeza sus críticas malintencionadas a las legítimas protestas estudiantiles, su velado respaldo a la represión policial, al cierre de planteles y a la expulsión de estudiantes. Al final todo esto ayuda a su permanente campaña de desacreditar la educación pública, asegurar su decadencia y exigir mayores protecciones y privilegios para la enseñanza privada.
Como es natural, los sectores que apuestan a la más completa mercantilización y privatización de la educación en Panamá, forman parte de los que presionan con fuerza para que se concluya cuanto antes un TLC con los Estados Unidos. Esperan con este engendro procolonial, contar con un instrumento legal más seguro, más contundente y más avasallador, como garantía suficiente para la rentabilidad de sus negocios educativos. Este TLC constituye además, el asalto final que se venía preparando contra el sistema público de educación superior. A partir de él y amparado principalmente por los capítulos de servicios, propiedad intelectual y comercio transfronterizo, cobrará mayor auge la comercialización de la educación desde los Estados Unidos hacia nuestro país, en modalidades que van desde el suministro de servicios hasta la presencia comercial y de personas físicas. No existirá ninguna restricción legal o de otra índole, que pueda impedir que se generalice la educación a distancia, virtual o la enseñanza e-learning. Ahora, algunas de las principales autoridades de nuestras universidades públicas podrán sentirse amenazadas o recompensadas. Todo dependerá a qué proyecto ataron el desarrollo de la educación pública superior: si fue al que abogaba por una educación como commodity o al orientado hacia el fortalecimiento del desarrollo nacional y humano de la Nación.
La educación es un derecho humano tan esencial, que en muchas ocasiones suele ser la condición necesaria para el disfrute o acceso a otros derechos también importantes. En países como el nuestro, el acceso a la educación depende en gran medida de la desigualdad entre la riqueza y los ingresos y de la enorme carga que representa la deuda externa. Este último obstáculo ha sido reconocido hasta por los países ricos en uno de sus últimos encuentros. Tal vez esto motivó que España lanzara en la última Cumbre Iberoamericana la propuesta de convertir deuda española por educación en América Latina y el Caribe. Al margen de que este es un tema interesante para analizar en próximos editoriales, esta propuesta podrá ser viable si va dirigida principalmente hacia los sectores más empobrecidos y excluidos de la población; si con antelación se resuelve el problema de la distribución del acceso al conocimiento de las personas; si forma parte de una estrategia más global para desentrañar, a través de auditorías, los orígenes y evolución del endeudamiento y junto a ello, para exigir la anulación de toda la ilegítima deuda externa que estrangula a nuestros países.
El desarrollo de la educación panameña no descansa en una mayor intervención del capital privado. Se falta a la honradez y a la honestidad políticamente hablando, cuando por un lado, se impulsan los procesos de mercantilización y privatización de la educación y por la otra, se asegura estar comprometido con la erradicación de la pobreza. El negocio educativo es intrínsecamente excluyente, lo que lo convierte en esencia, en un generador de pobreza y analfabetismo. Por eso es que estamos convencidos que el mejoramiento de la calidad de la educación para beneficio de todos los panameños y panameñas, sólo puede ser abordado por un gobierno serio y comprometido con los mejores intereses de la Nación. El caso actual, no es el caso.
