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COMBUSTIBLE, PROTESTAS Y TLC

Panamá, Año IV, No. 96

17 al 23 de octubre de 2005

Resulta muy común que en nuestras sufridas tierras de América, gobiernos pseudodemocráticos e incapaces de resolver los más apremiantes problemas de sus pueblos, terminen por escoger el camino de la represión más brutal y despiadada como fórmula exclusiva de contención de las legítimas aspiraciones de su población. Ahogar las protestas estudiantiles y sociales mediante el uso de balas, perdigones y bombas bajo el falaz y desprestigiado argumento de la “afectación a terceros” -léase salvaguarda de las medidas antipopulares- es la expresión más contundente del carácter intransigente y violento de los gobiernos de matriz neoliberal. Así, el actual gobierno panameño, carente por completo de creatividad alguna y de la sensibilidad humana y social necesaria, decidió apostar al recurso de la represión para buscar con ello ocultar –-como si se pudiera– las nefastas consecuencias que el aumento desmesurado del combustible tiene sobre la penosa existencia de cientos de miles de panameños y panameñas. Ahora se empieza a comprender con mayor claridad las razones que motivaron la salida de Gustavo Pérez de la dirección de la Policía Nacional y su reemplazo por el señor Rolando Mirones, un modesto y desconocido abogado que metido a economista, intenta ahora demostrarnos sus hasta entonces inconfesables cualidades de gendarme criollo. Es por eso que las acciones represivas ordenadas por este señor contra el movimiento estudiantil en los últimos días, sólo sirven para confirmar que el régimen neoliberal panameño supone haber encontrado en él al garante perfecto del “orden y la pax” que necesitan para imponernos todas y cada una de las medidas diseñadas contra los intereses nacionales. De esa forma Mirones se comporta y actúa como si encarnara el personaje hollywoodense del superpolicía, capaz de detener e impedir –criminalizando las protestas y recrudeciendo la represión—el ascenso de las fuerzas populares. Sin embargo, al final del día el problema no es siquiera el personaje gorilesco que pretende encarnar el nuevo director de la Policía Nacional. Al final, de lo que se trata realmente es del reconocimiento tácito del gobierno, y su “team”, de la derrota política sufrida por todas sus medidas neoliberales contra nuestro pueblo. Esa es la verdadera génesis y fundamento de la represión reciente.

Indudablemente que los constantes aumentos del precio del barril de petróleo en el mercado internacional se producen al margen de los deseos y acciones del gobierno nacional. Sin embargo, este gobierno no puede invocar desconocimiento de la tendencia alcista que en los últimos años ha venido prevaleciendo en este importantísimo recurso natural, para carecer no sólo de un verdadero plan de desarrollo nacional, sino de una política claramente definida en el sector energético y principalmente en el de hidrocarburos, que lo complemente. Sencillamente no es con paliativos efímeros y parciales de beneficios exclusivos a pequeños sectores de presión o apostando a ingenuas predicciones de rebajas sustanciales, cual pitonisa, que se superarán las dificultades agravadas por el alza del combustible. Tampoco se conseguirá embarcándonos dentro del esquema transnacional del Plan Puebla Panamá en propuestas que, de ser viables, exigirán muchos años para su materialización efectiva. Aquí cabría preguntarse: ¿dónde quedó aquel famoso plan que el gobierno actual nos prometió hace más de seis meses dizque para encarar, para los próximos quince años, los problemas derivados del combustible? Todo parece indicar que el mentado plan no fue otra cosa que uno de los ejemplos más recientes y elocuentes de la demagogia tradicional y pérfida que ya es habitual entre los gobernantes. Por eso es necesario que este gobierno entienda, de una vez por todas, que este no es el momento de improvisar. La Nación les está exigiendo medidas sí, pero éstas no pueden estar orientadas a profundizar las desigualdades y agravar aún más la ya precaria condición socioeconómica de innumerables familias panameñas. Ha llegado la hora definitiva en que crear la Empresa Nacional de Hidrocarburos (véase nuestros editoriales #57,58 y 81 al respecto), representa la salida soberana e independiente que el Estado panameño puede efectuar en esta esfera si quiere, sinceramente, limitar las exorbitantes ganancias de las transnacionales petroleras y las consecuencias funestas que un TLC con los Estados Unidos tendrá sobre los monopolios y empresas públicas de trascendencia e impacto social.

Pese a estos imperativos de soberanía nacional que el contexto actual reclama, el gobierno Torrijos se propone satisfacer a fines de octubre una de sus aspiraciones neoliberales más ambiciosas, al concluir las “negociaciones” del nefasto y antinacional TLC con los Estados Unidos, días antes del arribo, en los primeros días de noviembre, del asesino Bush a nuestro país. Aquí no importa el rechazo generalizado que en todo el continente tienen los tratados bilaterales con los Estados Unidos; que las exigencias en el capítulo de propiedad intelectual de los TLC rebasen considerablemente las normas contenidas en el TRIPS (Acuerdo General de los Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionada con el Comercio) acordadas en el seno de la OMC; que tres de los cuatro “Temas de Singapur” retirados de la actual Ronda de Doha por insistencia de los países en desarrollo, formen parte de los tratados bilaterales con EU y que prevalezca un enfoque de “lista negativa” en el capítulo de Servicios muy contraria a la “lista positiva” del organismo mundial de comercio. Y es que pese a que aún están pendientes de negociación los productos agrícolas más sensitivos de nuestra economía, el ministro Ferrer nos asegura sin ambages que esta novena ronda será la última y la más corta de todas y que su desenvolvimiento será en el terreno político sin mesas técnicas y cuartos de al lado. Es decir, que esta ronda será la más entreguista y antipatriota de todas.

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