Buscando Camino Buscando Camino
Panamá, Año IV, No. 94
26 de septiembre al 2 de octubre de 2005
Así como en un editorial anterior asegurábamos que el actual gobierno estaba plenamente identificado y comprometido con la visión neoliberal que los organismos financieros internacionales de crédito han diseñado para nuestro país, opinión que ya va siendo compartida por numerosos y amplios sectores de nuestra sociedad; de igual modo viene creciendo la cantidad de panameñas y panameños que desconfían de la sinceridad de la “Patria Nueva” y de sus tan cacareadas promesas electorales. En el tema de la escandalosa corrupción de la administración pasada, el Ejecutivo encubre, bajo el falaz argumento de “respeto a la separación de poderes”, su pobre disposición para perseguirla y combatirla con la seriedad y decisión que el pueblo entero esperaba. Y es que resulta asombrosamente inaudito y hasta risible que nuestro Jefe de Estado utilice este razonamiento tan pueril, para justificar su más absoluta inoperancia hacia los corruptos del pasado reciente, ya que aquí todo el mundo sabe que en regímenes esencialmente presidencialistas como el que impera en Panamá, no existe nada vedado al presidente de turno. De esa forma seguiremos los panameños, gracias a esa sospechosa lealtad del Presidente a las “normas constitucionales”, soportando que los corruptos de ayer junto a los corruptos de hoy, se paseen impunemente entre nosotros. En ese sentido, ya este pueblo no alberga la más mínima esperanza de que los responsables del hundimiento del helicóptero HP-1430 sean procesados, ni que las remodelaciones efectuadas a la casona de Punta Mala y su posterior adjudicación mediante venta presumiblemente fraudulenta a un hermano “limpio” de la ex-Presidenta, sea investigada con el suficiente rigor que hechos tan bochornosos reclaman. Sobra aquí recordar que a la Presidenta que no podía andar “andrajosa”, no se le ha exigido en ningún momento que devuelva todos los vestidos, calzados y otras prendas que reconoció haber adquirido con fondos públicos, como tampoco guarda prisión alguno de los tanto responsables de embaucar a la Nación con el museo del Tucán, el puente de Albrook, los fondos de Taiwán o la equiparación de Panama Ports Company. En este último caso, ha llamado poderosamente la atención la reciente aceptación por parte de PPC de renunciar a esta prerrogativa adquirida durante el pasado gobierno; aceptando, con velocidad inusual para este tipo de negociaciones, todas las otras condiciones exigidas por el gobierno actual, en coincidencia sospechosa con el anuncio del inicio de los procesos para otorgar en concesión administrativa los puertos de Isla Bocas del Toro, Coquira, La Palma, Almirante y la construcción de uno nuevo en Chiriquí, y con ello, proseguir con el debilitamiento deliberado y continuo de las funciones del Estado nacional.
Dentro de este panorama tan desalentador, sorprende el comportamiento excepcional de la Procuradora Ana Matilde Gómez, que desde el Ministerio Público y pese a los riesgos, amenazas y sinsabores, no ha vacilado ni por un instante en combatir seriamente la corrupción que corroe todo el entramado social de la Nación y de la cual no escapa –y ella lo ha entendido así– ni siquiera el Ministerio que jefatura. Eso explica los procesos disciplinarios, los traslados, las destituciones y hasta las detenciones de fiscales como en el caso reciente de Arquímedes Sáez. No obstante, a nuestro juicio, su conducta sólo será tolerada mientras no socave a profundidad los soportes principales de la corrupción institucionalizada.
La biodiversidad panameña también se encuentra seriamente amenazada por la desmedida proclividad del actual gobierno hacia las políticas neoliberales. Una de las amenazas más graves y que es respaldada por la Autoridad Nacional del Ambiente, consiste en el impulso y desarrollo de proyectos forestales que capten fondos provenientes del comercio mundial de carbono, actividad que, pese a sus cuestionados y peligrosos beneficios, fuera aprobado dentro del Mecanismo para el Desarrollo de la Producción Limpia (MDL) del Protocolo de Kyoto. Con esto se abren de par en par las puertas para que se multipliquen en nuestros campos los monocultivos forestales y hasta la incorporación de árboles genéticamente modificados (transgénicos). El entusiasmo de la ANAM por la lógica perversa del capital en el terreno ambiental, marcha a contrapelo de las implicaciones que ello tiene sobre la soberanía nacional, de los perniciosos efectos que generan los monocultivos en los ecosistemas agropecuarios y de los riesgos que asociados a la técnica transgénica en plantas perennes alarmó tanto a la FAO, que hizo que ésta reclamara a mediados de julio “un marco internacional para evaluar la seguridad de estos antes de su comercialización”. Añádase a esto la reciente solicitud hecha al Ministro de Salud por los ejecutivos de la empresa transnacional Monsanto, líder mundial en el desarrollo de plantas genéticamente modificadas, para vender sus cuestionadas semillas transgénicas de maíz y soya en Panamá y con ello amenazar seriamente tanto a nuestros principales cultivos de importancia económica y alimenticia como la salud de todos los ciudadanos; la renovada adhesión del gobierno de Martín al Plan Puebla-Panamá-Colombia y a su versión medioambiental (Corredor Biológico Mesoamericano) y las declaraciones de hace pocas semanas atrás del Ministro Ferrer de que el TLC con Estados Unidos será concluido a fines de este año, configuran, en gran medida, la ofensiva neoliberal que contra el patrimonio ambiental de todos los panameños y panameñas se desarrolla con la complacencia y respaldo de los actuales gobernantes.
