¡Exijimos justicia!

Panamá, Año XI, No. 244

29 de octubre de 2012

Luego de un prolongado viaje en el que hizo caso omiso a la tragedia que  desangró al país durante diez días, dejando un saldo de cuatro muertos, cerca de cincuenta heridos de bala, centenares de detenidos e innumerables violaciones a los Derechos Humanos por parte de la policía militarizada, además de pérdidas por millones de balboas, el Presidente Ricardo Martinelli se ha dirigido al país con un discurso plagado de justificaciones, en el que se ha negado a aceptar su plena responsabilidad en lo acontecido, evitando pedir perdón por su abandono del país durante tan grave crisis, y por las terribles consecuencias provocadas por su intento de imponerle al país, en especial a los colonenses, una ley inconstitucional, inconsulta y tramposa, con la que se pretendía vender la tierras de la Zona Libre de Colón (ZLC).

Por el contrario, en su corta alocución echó la culpa a los partidos políticos de oposición, ofendiendo de esa manera al Frente Amplio por Colón (FAC), organización unitaria y popular que encabezó y dirigió las movilizaciones del pueblo colonense, conduciéndolo a derrotar la infame pretensión gubernamental. Por ese camino de justificaciones exculpatorias, el Presidente Martinelli sorprende al país al afirmar, sin rubor alguno, que él pensó que la norma había sido consensuada. ¿Con quiénes, cuándo, dónde?

Llama la atención, igualmente, el que afirme que los responsables de la violencia serán procesados. Declaración con la que todo el país está completamente de acuerdo: destitúyase de inmediato al gerente de la ZLC, así como al Alcalde de la ciudad y al Gobernador de la Provincia. Siguiendo el razonamiento del presidente, procese al Ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, en quién recae la responsabilidad política y penal de haber dado la orden de reprimir con armas de guerra a un pueblo desarmado, y de haber ocupado la ciudad utilizando las fuerzas militares del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

Culmina su sorprendente discurso “llamando al diálogo”, como si el clamor de todas las fuerzas vivas de la nación no lo hubiese podido escuchar en razón de la enorme distancia que separa Panamá del continente asiático.

Se trato, ni más ni menos, de un discurso que anuncia una burla más, como lo fue el compromiso adquirido con las víctimas de la carnicería de Bocas del Toro y con el pueblo Ngäbe Buglé. Carente de credibilidad, incapaz de entender que el país no es su negocio privado, todo hace suponer que el pueblo colonense volverá a las calles.

Exigimos justicia

Justicia social, para que al fin se pague la deuda histórica que los gobiernos oligárquicos tienen con Colón. No se trata ahora de “generosas promesas” como las que un dirigente de oposición hacía desde un canal de televisión, en el que prometía “un nuevo Colón”. Se trata, por el contrario, de un proyecto concreto de desarrollo concreto en que se identifique la procedencia y monto de los dineros necesarios para transformar la Provincia, así como las prioridades y los ritmos de las inversiones. Y todo ello bajo el control de quienes, con un sentido de dignidad y responsabilidad aplaudible, dirigieron desde el FAC la lucha que derrota la ignominia. Ellos, y nadie más que ellos, tienen la autoridad para representar los intereses de los colonenses. Sin olvidar las correspondientes indemnizaciones a las familias de los muertos y los heridos.

Justicia política, para que sean destituidos de forma fulminante tanto el Ministro Mulino, como el Alcalde y el Gerente de la ZLC. Y en caso de no producirse, habrá llegado el momento entonces de exigir de viva voz la renuncia del Presidente de la República.

Justicia penal, para quienes dieron las órdenes directas de abrir fuego real contra la población desarmada, así como para quienes resulten responsables de las abrumadoras violaciones de los Derechos Humanos que se dieron en esos diez días. Tampoco podemos olvidar la necesaria libertad inmediata de los casi cuatrocientos detenidos, así como la orden inmediata de retiro de las tropas del Senafront y demás fuerzas especiales de la ciudad de Colón.

Derrotar la dictadura civil en el camino de la Constituyente

Hoy más que nunca se ve con absoluta y meridiana claridad el agotamiento sino el colapso de un régimen político como el actual, que es incapaz de satisfacer la demandas ciudadanas de libertades democráticas, equidad económica y justicia social, lo que sólo podría surgir de un nuevo modelo de sociedad en el que la transparencia, el rendimiento de cuentas, la persecución implacable de la corrupción y el control de los dineros que nos pertenecen a todos, sea una realidad. Ese nuevo modelo de sociedad será el resultado de un parto difícil y complejo, que pasa por la derrota política de la actual dictadura civil en el camino de la apertura de un proceso constituyente democrático y por ello incluyente. Para ello habrá que conquistar previamente la dirección política y ética del bloque social dispuesto y convencido de la necesidad de un proceso emancipatorio. No se trata de un proyecto fácil, pero tampoco imposible. El pueblo en las calles ha demostrado sobradamente su fuerza y capacidad.

El Frente por la Defensa de la Democracia tiene un importante papel a jugar en ese camino, y sobre las fuerzas emancipatorias existentes en su interior recae la enorme responsabilidad de clarificar sus objetivos y demandas, así como impulsar su movilización democrática.

La derrota que ha sufrido la dictadura civil a manos de todo el pueblo, en especial del pueblo colonense, ha resquebrajado tanto su fracción parlamentaria como su coherencia al interior del Consejo de Ministros, y ha fortalecido a las fuerzas sociales que empujan hacia un mañana mejor en todos los sectores de nuestra sociedad. Esta nueva correlación de fuerzas debe servir de palanca para arrancarle a la dictadura nuevas conquistas.

Todo dependerá de nosotros mismos, de saber aprovechar el aparatoso derrumbe político de la dictadura para abrir caminos de libertad mediante una Constituyente que siente las bases de un nuevo modelo de sociedad, de un nuevo país. La responsabilidad es de todos y todas.