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EL GOBIERNO SE ALEJA DE SUS PROMESAS ELECTORALES

Panamá, Año VIII, No. 231

8 de noviembre de 2009

 

Las festividades patrias nos han dejado una buena muestra de la dosis de autoritarismo que anida en las más altas esferas del Estado panameño. Un célebre catedrático, de un desempeño académico y nacionalista de larga data, en ocasión del discurso que ofrecía en homenaje el 2 de noviembre a los soldados de la independencia, ha sido interrumpido e increpado por el Vicepresidente del país y Canciller, actuación que no se compadece protocolarmente con los cargos que dicha autoridad ostenta.

La lectura atenta de la pieza del Dr. Julio Yau pone de manifiesto también la incultura detrás de la expresión del presidente Martinelli, de que si “ese es historiador, el es astronauta”. En otras palabras, el que no está conmigo, está contra mí, no muy alejado de las infames tres P de los tiempos finales de Noriega, plata para el amigo, palo para el adversario, plomo para el enemigo, de ingrata recordación para la ciudadanía y para los valores democráticos.

Poco a poco, la nueva administración comienza a develar un camino a contrasentido de sus electores, quienes le favorecieron con un mandato que invocaba cero corrupción de verdad, nada de autoritarismo y más democracia, lo que implica el respeto a la diversidad de opiniones.

Ambas autoridades evocan aquella infausta imagen de aquel general franquista que, al momento de expulsar al brillante intelectual Miguel de Unamuno de la Rectoría de la Universidad de Salamanca, gritó con auténtico desdén y desprecio “Muera la inteligencia”.

Sus cien primeros días, a la par de medidas moderadamente adecuadas de recaudación fiscal y de programas como 100 para los 70,han sido un baile de millones adjudicados sin licitación, con opciones que, como los 52 millones otorgados a la empresa Odebrecht para la faraónica extensión de la denominada -en tiempos electorales- Cinta Coimera, en nada contemplan urgencias populares. El lema de AHORA LE TOCA AL PUEBLO choca con realidades como la rebaja de electricidad de poca duración, incrementos del precio del combustible y las subidas sistemáticas en la canasta básica.

A su vez parece que sí hay plata para los amigos y familiares, tal como denota el nepotismo reinante, así como para las canonjías que continúa manteniendo la asamblea de diputados, entre otras actuaciones consustanciales a la partidocracia tan atacada en la campaña hacia el solio presidencial.

A despecho del sentir de sus electores, la corrupción que tanto practicó el gobierno de Martín Torrijos no es abandonada en la Administración Martinelli. Para muestra el sobreprecio del contrato “licitado” y adjudicado a un cuñado del propio presidente para el servicio de acceso universal inalámbrico a internet. Sólo una interesada luna de miel con los medios de comunicación mantiene de bajo perfil tales entuertos.

¿No es cierto que, salvo en un caso, de la anterior administración no hay tras las rejas involucrados en casos de corrupción? ¿No es público y notorio que un corrupto exministro de Educación del anterior gobierno, para nada se le menciona por ser ficha de quien ocupa el cargo de embajador del actual gobierno en la ONU?

Por otra parte, vienen medidas que podrían afectar muy duramente los escuálidos bolsillos de la población. Nos referimos a la anunciada revalorización catastral, que obligaría a pagar más impuestos por propiedades como la de los maestros y maestras jubiladas de barriadas enteras como Miraflores y similares, trayendo como consecuencia la posible pérdida de esas propiedades al no poder asumir esos incrementos con las magras jubilaciones que se les dispensa. También el propio Ministro Papadimitri ha anunciado que la monopolización del transporte en dos concesionarias privadas deparará un significativo incremento del pasaje.

Es que soluciones sobran, lo que pasa que los anteriores y los actuales gobernantes ni por asomo se las plantean. Países más avanzados que el nuestro tienen un sistema de buses de propiedad pública, que permite controlar y evitar alzas como la anunciada por el Ministro de la Presidencia. El actual sistema de transporte no sólo está privatizado, sino que además es trabajo precario, sin salario ni seguridad social para los chóferes. Amargas experiencias tenemos con la privatización del IRHE y el INTEL, como para asumir que una mayor monopolización privada del transporte vaya a ser en beneficio de los usuarios.

Igual pasa con las alzas en el costo de la vida. Al igual que el gobierno anterior, la administración Martinelli se niega a establecer un control de precios, como el que eficientemente mantuvo los precios asequibles en la década de los 70 del pasado siglo. Por el contrario, lo que promociona es la libre importación, afectando la producción nacional, como si el lema de campaña más bien fuera “AHORA LES TOCA A LOS SUPERMERCADOS”, en estricto apego a su ideario empresarial y neoliberal.

En otros casos, como los referidos a los reclamos indígenas contra los proyectos mineros, o la justa demanda de aquellos(as) educadores(as) que exceden los 28 años de servicio y solicitan jubilarse con el último salario, al igual que el reclamo de un ajuste sustancial del salario mínimo tanto para empleados de la empresa privada como del sector público, el gobierno Martinelli les presta oídos sordos.

Por su parte, vergüenza ajena da un PRD en el que sus voceros se expresan como defensores de empresarios de Zona Libre, es decir, más conservadores que el propio gobierno, o en el que parte de sus concejales terminan votando contrataciones directas para fastuosidades del impresentable Bosco Vallarino.

Lo anterior reitera la urgencia de acometer la construcción de un movimiento de acción ciudadana que, desde la diversidad existente, pueda erigirse como canal del descontento que no tardará en llegar.

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