Buscando Camino Buscando Camino
Panamá, Año VII, No. 191
20 de julio al 3 de agosto de 2008
En una actividad bochornosa, que recordaba los “actos de masas” del noriegato, el presidente Torrijos anunció un paquete de medidas que contemplan la inclusión de miles de funcionarios públicos en la Carrera Administrativa del Estado, aumento de 20 balboas en los viáticos de los educadores que realizan su labor en áreas apartadas, e incrementos salarialesde diez balboas parael resto de los docentes del país, si bien estos últimos iniciaran su cobro a partir del 1° de enero de 2009. De igual manera, informó que someterá a concurso las plazas de mil educadores que en la actualidad son interinos. También proclamó que concederá un aumento de 25 balboas para todos aquellos funcionarios públicos que ganen el salario mínimo de 300 balboas. Por último, se comprometió, frente a los miles de funcionarios públicos obligados a asistir al acto, que se les concederá una “bonificación extraordinaria” de 160 balboas a todos aquellos funcionarios que devenguen un salario que no supere los mil balboas mensuales.
Estas “generosas dádivas”, anunciadas como una forma de “ayudar” a paliar la grave situación económica por la que atraviesan los panameños, se anuncian a sólo nueve meses de las elecciones generales. Evidentemente, ninguna de ellas resuelve la situación de centenares de miles de ciudadanos que han visto como una inflación acumulada del 20% en los últimos tres años se ha engullido literalmente la capacidad adquisitiva de sus ingresos. Por otra parte, ninguna de tales medidas favorece a los asalariados que brindan sus servicios en la empresa privada, ni mucho menos a ese 50% de la fuerza laboral que sobrevive en la informalidad.
¿Cuáles son los objetivos que persigue Torrijos con tales medidas?
Dos son los pájaros que pretende matar Torrijos con su paquete de “dádivas”.
En primer lugar, garantizar la adhesión clientelista de los funcionarios públicos y los docentes cara a las elecciones generales de mayo de 2009, puesto que necesita con urgencia recomponer la deteriorada imagen de su gobierno en dichos sectores, afectados por los escándalos de corrupción (fibra de vidrio, Fece, etc.) y las sistemáticas agresiones contra las condiciones laborales y salariales de los docentes y funcionarios públicos. Abandonados y despreciados durante cuatro largos años de gobierno, estos “paliativos” pretenden reconquistar el terreno político perdido. En ese sentido, el gobierno Torrijos acusa el golpe político que ha significado el grave deterioro de su imagen que, ante la opinión pública, registran todas las últimas encuestas.
Por otra parte, el gobierno Torrijos pretende con tales medidas impedir o al menos fraccionar la participación docente en la próxima e inminente “huelga general” convocada por un sin número de organizaciones sociales y laborales. De este plan forman parte igualmente las acciones que se llevan a cabo para fracturar la participación de la Organización de Bases Transportistas y Usuarios en la huelga general, y lo mismo se pretende, en este caso en el sector médico de la Comenenal, con el frenazo impuesto a la aprobación de la unificación privatizadora del sistema de salud.
Una crisis social muy grave
Si la encuesta de Unimer-Pulso de la Nación del pasado 29 de junio mostraba un rechazo generalizado del gobierno Torrijos y una elevada comprensión de la ciudadanía sobre las causas del empobrecimiento generalizado de la población (ver Editorial del N° 189), la actual encuesta Dichter&Neira viene a confirmar que el 50% de los ciudadanos tiene una percepción negativa de la gestión de Torrijos y más del 52% considera un fracaso la gestión de su gobierno. Peor aún cuando le preguntan a los ciudadanos sobre el desempeño del gobierno para mejorar la situación económica del país: casi un 57% considera que dicho desempeño ha sido un rotundo fracaso.
Tal como asevera José Chen Barría, uno de los comentaristas de la encuesta, el alardeado crecimiento económico del país sólo beneficia a un 12% de la población. Por otra parte, el 36.3% de los encuestados declaran que su ingreso familiar no le alcanza para comprar la canasta básica, y un 28% reconoce que sólo le alcanza para cubrir los costos de la misma.
Pero alejándonos un poco de las escalofriantes cifras, hace sólo unos días, continuando con su política demagógica y clientelista, al gobierno se le ocurrió repartir gratuitamente, en las comunidades de Vacamonte, Veracruz y la 24 de Diciembre, bolsas que contenían diez libras de carne de cerdo y provocó con ello que una abigarrada multitud, propia de las generadas por la hambruna de los países africanos, luchara por obtener alguna de las bolsas en medio de disparos al aire, empujones, agresiones con arma blanca, desmayos, etc. Esos incidentes, transmitidos en directo por todas las televisoras nacionales, son una muestra fehaciente del hambre y la desesperación que atenaza a la inmensa mayoría de la población. Frente a ello, de nada servirán los “paliativos generosos” y clientelistas del actual gobierno.
La construcción del Estado penal
Decididos a no variar las políticas neoliberales que enriquecen a una minoría (12%) y empobrecen a la mayoría (88%), el gobierno se apresura a desconocer las raíces sociales de la crisis a la que han llevado al país, y para ello prepara un “paquete de leyes de seguridad” cuyo verdadero objetivo es la configuración de un Estado Penal. De la criminalización de la protesta se quiere pasar a la penalización de la pobreza. Ya no bastan los demagógicos eslóganes referidos a “la lucha contra la pobreza”, ahora se trata simple y llanamente de luchar contra los pobres. Y ahí están, como ejemplo de ello, las 80 familias de menesterosos que se atrevieron a ocupar terrenos pertenecientes al MIVI en la población de Paso Blanco de Pacora. El gobierno se “solidarizo” con ellos utilizando gas pimienta, bombas lacrimógenas, perdigones y palo contra niños, mujeres, ancianos y desamparados que sólo pretendían un techo miserable que les permitiera pensar que tenían “una casa”.
Frente al Estado Penal hay que defender en las calles un régimen político de plenas libertades que le abra las puertas de par en par a la libre voluntad de las mayorías. Ese es el camino que sólo se andará en la medida en que asumamos las libertades democráticas como el instrumento necesario para el rescate de una democracia social secuestrada por la actual partidocracia neoliberal.
