Buscando Camino Buscando Camino
Panamá, Año VII, No. 189
6 al 12 de julio de 2008
Producto de la sobre explotación y la aplicación de las políticas neoliberales, la sociedad panameña avanza aceleradamente hacia una explosión social de consecuencias incalculables, sobre todo por la inexistencia de alternativas políticas que puedan reorientar, en un sentido positivo para la inmensa mayoría de la población, el curso de los acontecimientos.
A los miserables salarios que se les paga a los asalariados de los más diversos sectores, se aúna una inflación que ha recortado su capacidad de compra en por lo menos un 20% en los dos últimos años. La crisis alimentaria, producto de la especulación, las políticas de mercados abiertos y el abandono por parte del gobierno de los productores agropecuarios, ha puesto fuera del alcance de los más pobres innumerables artículos de la canasta básica familiar. Súmese a ello el sistemático aumento de los combustibles, que golpea de manera directa o indirecta a la mayor parte de la población, gracias a la negativa del gobierno a tomar las medidas conducentes a frenar el alza sin control de los hidrocarburos, lo que podría lograrse mediante la creación de una empresa nacional que, bajo el control del Estado, los importe, almacene y distribuya, prescindiendo de las exorbitantes ganancias que las multinacionales distribuidoras se embolsan mes tras mes. Y ello sin contar la posibilidad de importar hidrocarburos directamente de Venezuela a precios reducidos, tal cual hacen diversos países del Continente.
Por otra parte, la sistemática subida de las tarifas eléctricas tiene contra las cuerdas a las clases medias asalariadas, mientras que el gobierno ha destinado más de trescientos millones de dólares en los últimos cuatro años para “subsidiar” dichas tarifas. La verdad de tal “subsidio” es que gracias a esa inyección multimillonaria de dineros públicos, los pulpos eléctricos pueden mantener sus exorbitantes ganancias sin tener que reflejarlas en el aumento de la factura de los que de otra forma no podrían pagarla. En otras palabras, lo que no nos cobran de manera directa en la factura, el gobierno se lo reembolsa a dichas empresas con dineros públicos que salen del bolsillo de todos los panameños. Agréguese a lo anterior el incremento de la tarifa del agua que está programada hacia finales del año.
En cuanto al sistema educativo, el mismo ha colapsado, producto de la incapacidad gubernamental y la falta de las inversiones necesarias para mantener adecuadamente las infraestructuras, la ausencia de laboratorios y equipamiento de los talleres, la corrupción (fibra de vidrio, Fece, etc.), la politización de los nombramientos de funcionarios y educadores, y la negativa del gobierno a realizar una reforma educativa que eleve la calidad de la enseñanza, cuando por el contrario lo que se preparan son planes para iniciar la privatización de la educación y atentar contra la estabilidad de los docentes. Lo mismo podría decirse del sistema público de salud, amenazado por el inicio inminente de su privatización. El estado catastrófico de ambos servicios públicos constituye un ataque en profundidad contra la calidad de vida actual y futura del conjunto de la población.
De igual forma el sistema de transporte público ha colapsado. Los asalariados invierten una media de tres horas de su vida en ir y venir de sus trabajos, en condiciones verdaderamente infrahumanas. Frente a ello, la “solución” que aporta el gobierno es el proyecto del Transmóvil, que no es otra cosa que un meganegocio privatizado a favor de dos grandes empresas integradas por capitales extranjeros y nacionales, que en nada cambia el sistema, que seguirá siendo de autobuses contaminadores del ambiente y que agravarán el colapso de la vialidad, sin olvidar que el precio del pasaje sufrirá un aumento significativo. Para nada se considera la constitución de una empresa pública mixta, integradora de un sector de los pequeños propietarios del transporte actual, que operaria y administraría un verdadero sistema de transporte colectivo público, rápido, no contaminante y con precios aceptables para los usuarios, tal cual existe en otras metrópolis del mundo.
Un vistazo al mundo del trabajo nos revela de igual forma un panorama escalofriante: mientras el desempleo formal disminuye, gracias sobre todo al acelerado crecimiento del sector de la construcción, el “empleo” informal crece aún más aceleradamente, hasta alcanzar casi el 50% de la fuerza laboral. Tal informalidad, verdadero desempleo no contabilizado estadísticamente, alimenta en gran medida el incremento desesperante de la criminalidad y la violencia urbana.
Este dantesco panorama está conduciendo a la sociedad a futuros enfrentamientos que todos lamentaremos si no ponemos los medios para detener su deterioro y revertir las políticas que lo producen. No es casual que la población, incapaz de soportar mayores ataques contra sus condiciones de vida, se vea empujada al cierre de calles y protestas a lo largo y ancho del territorio nacional, ya sea por la falta de agua, electricidad, vialidad adecuada, fibra de vidrio en las escuelas, un pedazo de tierra sobre el cual construir una choza, que no una casa, falta de atención médica, etc. Y es que el raquitismo y la hambruna galopan entre la niñez de nuestros campos y periferias urbanas.
Se requieren medidas inmediatas para congelar el precio de la canasta básica de alimentos y decretar un aumento general del 20% en los salarios, igualándolos así al índice de inflación acumulada; cancelar las partidas del décimotercer mes dejadas de pagar por la dictadura de los militares y el PRD, y legislar sobre una escala móvil de salarios que impida que la inflación reduzca en el futuro la capacidad de compra de los salarios. Tales medidas de urgencia, añadidas a la creación de un fideicomiso al que ingrese la totalidad de los recursos provenientes del Canal para ser invertidos en salud, educación, construcción de vivienda popular, sistema público de transporte masivo, etc., son las únicas que podrían evitar el estallido social a que nos conducen los administradores de la democracia recortada y excluyente que se nos ha impuesto.
Por supuesto, estas medidas de urgencia, dirigidas a estimular la economía y enfrentar las lacras del desempleo y la pobreza, no son precisamente las que nos ofrecen los candidatos de la farsa electoral que se avecina. No hay salida posible a través del régimen político mediante el cual una minoría domina a la inmensa mayoría de los panameños. Necesitamos una democracia amplia, profunda e incluyente, en que la mayoría pueda decidir sobre su destino, y para ello requerimos derribar el régimen electoral neoliberal que mantiene secuestrada la voluntad popular.
