Panamá, Año VII, No. 184

1 al 7 de Junio de 2008

 

Frente a la nueva y escandalosa subida de los precios a que se venden los hidrocarburos a los transportistas y usuarios en general, un denominado Movimiento de Bases Transportistas y Usuarios, integrado por disidentes de la Cámara Nacional de Transporte (CANATRA), decretó un paro del transporte público por 24 horas, que se ha cumplido parcialmente. A su reclamo por lo insostenible de los nuevos precios, han agregado su rechazo a la privatización que supone el proyecto de “modernización” del sector propuesto por el gobierno bajo el nombre de Transmóvil. Alegan, además, que, con el nuevo proyecto, el gobierno pretende entregar el negocio del transporte “a los millonarios”, en clara alusión a las dos futuras empresas concesionarias que, en breve, monopolizarán un negocio cuya facturación se acerca a los mil millones anuales. ¿Qué se esconde tras esta protesta, y cuáles serían las iniciativas que un gobierno comprometido con la ciudadanía, y no con el bolsillo de sus integrantes, debería tomar para hacerle frente a esta crisis?

La fractura de CANATRA

El sospechoso silencio de los gamonales de Canatra tiene una clara explicación: la mayoría de ellos son miembros del PRD y gozan de suculentas canonjías otorgadas por el gobierno. Lo más probable es que su silencio esté fundado en pactos secretos que garantizarían una incorporación accionariaminoritaria, aunque muy rentable, a las empresas concesionarias. Todo ello en detrimento de los pequeños empresarios del transporte, propietarios, cuando mucho, de dos o tres cupos que legalizan la operación del mismo número de autobuses. Y esos son, numéricamente, la inmensa mayoría que vería desaparecer su fuente de ingresos al ser concesionado el negocio a quienes han sido definidos como “millonarios”.

Por otra parte, los conductores o “palancas” de los empresarios del sector, carentes de seguro social y estabilidad en el empleo, forman parte de ese casi 50% de la fuerza laboral panameña definida como “trabajadores informales”. Pero son los “palancas que trabajan para los propietarios de dos o tres cupos los más perjudicados por la subida del combustible, puesto que son los que mayor presión reciben para cumplir con el pago que por turno deben satisfacer a los propietarios de los cupos y buses. Por el contrario, los gamonales de Canatra, al ser propietarios de un número plural de cupos y autobuses, pueden perfectamente encajar con menor sacrificio una reducción de sus ingresos, evitándose así la protesta de los palancas.

Así, pues, la fractura de Canatra tiene como telón de fondo una encarnizada lucha entre los gamonales acaparadores de decenas de cupos, y que además han cerrado acuerdos secretos con “su” gobierno, y los propietarios de pocos cupos, que además están destinados a desaparecer.

La solución de la crisis: la creación de dos empresas públicas

El control de la sistemática subida de los hidrocarburos, producto de la especulación de las compañías petroleras, cuyas ganancias han alcanzado gracias a ello cifras nunca antes vistas, está completamente fuera de nuestro alcance. Se trata de una situación que nos viene impuesta desde afuera. Pero ello no significa que no podamos actuar tomando medidas en defensa del bolsillo de los ciudadanos. En la actualidad el gobierno subsidia, con el dinero de todos los contribuyentes, el diesel que utilizan los autobuses del servicio público. El objetivo es impedir una subida de la tarifa, lo que tendría un alto costo político. Pero resulta que el transporte público y la distribución de diesel esta en manos de empresarios privados, con lo que el subsidio viene a sostener sus márgenes de ganancia, utilizando para ello dineros públicos.

¿No sería más razonable entonces crear una empresa pública que asuma el transporte metropolitano, y otra que asuma la distribución de los hidrocarburos? La primera operaría igualmente con subsidios, tal como lo hacen la mayoría de las empresas de transporte público de todas las grandes ciudades, pero dicho subsidio no iría a parar al bolsillo de unos empresarios privados sino a brindar un servicio económico a los propios ciudadanos, que son al fin y al cabo los que con sus impuestos subsidiarían a la Empresa Pública de Transporte Metropolitano.

Por otra parte, si el Estado asumiera la propiedad de las denominadas “petroleras”, en verdad empresas cuyo único servicio es comprar el combustible fuera del país y almacenarlo, para luego venderlo agregándole un margen de ganancia injustificado, se podría rebajar el insoportable precio del combustible que utilizamos todos los ciudadanos, mediante la sencilla medida de suprimirle el impuesto. Esa sería la forma de subsidiarlo, sin engordar por ello el bolsillo de unos cuantos, tal como acontece ahora. Incluso sería una empresa rentable, dado que si la distribución la realizara una Empresa Nacional de Hidrocarburos se podrían llegar a acuerdos con PDVSA, tal como lo hacen innumerables países del Caribe y Centroamérica en estos precisos momentos. Acuerdos comercialmente legítimos y que el gobierno Torrijos por genuflexo rechazó.