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Panamá, Año VII, No. 173
2 al 8 de marzo de 2008
El gobierno de Colombia violó la soberanía y la integridad territorial de Ecuador, y su presidente Álvaro Uribe mintió descaradamente cuando informó posteriormente al presidente ecuatoriano, Rafael Correa, que había bombardeado su territorio en una persecución en caliente de la guerrilla de las FARC. Por el contrario, hoy se sabe que, utilizando tecnología proporcionada por el gobierno norteamericano y el israelita, el ejército colombiano ubicó en territorio ecuatoriano un campamento de descanso FARC, en el que se encontraba el comandante guerrillero Raúl Reyes, y procedió, en horas de la madrugada, a bombardear y ametrallar dicho campamento mientras sus ocupantes dormían. Posteriormente, tropas colombianas aerotransportadas por helicópteros descendieron en el campamento, remataron a sangre fría a los heridos y se llevaron, como trofeo de guerra, el cuerpo sin vida de Raúl Reyes, vocero internacional de las FARC y arquitecto de las negociaciones para la liberación humanitaria de los rehenes.
Esta gravísima agresión y violación de la soberanía e integridad territorial de Ecuador tenía como objetivo asestar un golpe de muerte a las gestiones humanitarias que, para la liberación de los rehenes civiles en poder las FARC, realizaban especialmente los gobiernos de Ecuador y Venezuela. Dichas gestiones humanitarias, boicoteadas una y otra vez por el gobierno de Álvaro Uribe, habían tenido ya resultados positivos y se estaba en el camino de lograr la liberación de un número mayor de rehenes, incluyendo a Ingrid Betancourt.
Las gestiones humanitarias impulsadas por los gobiernos de Ecuador y Venezuela surgieron como resultado lógico a la negativa de Álvaro Uribe de despejar un área específica para realizar el canje de rehenes civiles y prisioneros de guerra de ambos bandos. Asediado por la presión ejercida por los familiares de los rehenes, sectores cada vez más amplios de la sociedad colombiana, la opinión pública mundial y diversos gobiernos y organismos de la comunidad internacional, el presidente Uribe veía cada vez más deslegitimada y desprestigiada su estrategia orientada a “resolver” la guerra civil colombiana mediante la utilización exclusiva de la fuerza militar. Pese a los más de mil millones de dólares anuales que le proporciona el gobierno norteamericano bajo el subterfugio de ayuda para combatir el narcotráfico (Plan Colombia), los esfuerzos militares del ejército colombiano han resultado hasta ahora un estruendoso fracaso. Y es así, pues las causas sociales y políticas de la guerra civil permanecen y se agravan.
Tal situación ha sido el resorte impulsor de tan descabellada agresión militar al territorio ecuatoriano, buscando con ella hacer saltar por los aires los esfuerzos desplegados en pro de la gestión humanitaria de los gobiernos de Ecuador y Venezuela, y colocar supuestamente a las FARC en una situación intransigente respecto a la posible liberación de los rehenes civiles. Tal estrategia, no hay que ocultarlo, ha sido diseñada, alentada, financiada y dirigida desdeWashington, a quien preocupa la pérdida de iniciativa política del gobierno de Uribe y los réditos obtenidos principalmente por los gobiernos de Correa yChávez.
Contrario a lo perseguido por el eje Bush-Uribe, el gobierno de Colombia se ha visto hundido en el descrito correspondiente a un país agresor que ha puesto en grave peligro la paz hemisférica, los gobiernos de Ecuador y Venezuela han salido fortalecidos de la crisis, y las FARC han declarado que se mantienen firmes en impulsar su política de canje humanitario. De ahí la patraña inverosímil de que han obtenido de tres computadoras rescatadas del bombardeo información gravemente comprometedora de los gobiernos de Ecuador y Venezuela, que los involucran en el apoyo a las FARC. Sépase que, por su parte, sólo en el 2007 el gobierno ecuatoriano desmantelo 42 campamentos de las FARC en su territorio y mantiene a 11 guerrilleros presos que serán sometidos a la justicia. En cuanto al gobierno de Venezuela, Uribe no ha podido presentar ni una sola prueba de que dicho gobierno cobije, patrocine o financie las actividades de las FARC, que dicho sea de paso no necesitan tales apoyos, tal como demuestran sus más de cuarenta años de existencia como organización insurgente.
En cuanto a la liberación de todos los rehenes civiles que no constituyan prisioneros de guerra, esta debería de ser una iniciativa inmediata y voluntaria de las FARC, pues las políticas que generan el sufrimiento y castigo de la población civil, tales como las empleadas por el gobierno genocida de Uribe, no pueden ser adoptadas por los movimientos que declaran tener por objetivo la liberación de los pueblos de sus opresores. Por su parte, la opinión pública internacional debería movilizarse de inmediato en favor de una negociación política que ponga fin a la guerra civil más prolongada del continente. Para ello no hacen falta otras cosas que devolver la palabra secuestrada al pueblo de Colombia, desmantelar un ejército genocida e intragable hasta para los propios demócratas norteamericanos, y exigir el cese inmediato de la descarada intervención cotidiana norteamericana en Colombia.
