Buscando Camino Buscando Camino
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La orden de detención expedida contra Saúl Méndez, uno de los más importantes dirigentes del SUNTRACS Y FRENADESO, no solo está “fundamentada” en una infame patraña urdida con la complicidad de un delincuente común, sino que además pone al descubierto las verdaderas intenciones del gobierno. Se trata de acallar, someter y destruir a una de las pocas organizaciones sindicales y sociales que resisten y enfrentan las políticas antipopulares que están empobreciendo de manera sistemática a la mayoría de la población, mientras que un reducido grupo de plutócratas engorda a extremos incalculables sus insaciables bolsillos.
No se trata aquí de discutir ahora si estamos más o menos de acuerdo con los métodos de lucha, las formas organizativas o la ideología a la que con todo derecho se adscriben los dirigentes de dichas organizaciones obreras y populares.Lo que está sobre la mesa es la inflexible decisión gubernamental de recortar aún más las libertades democráticas y constitucionales de organización, manifestación y protesta a la que tienen derecho todos los ciudadanos. Y eso es lo que está en juego en esta coyuntura.
Cuando por omisión, acción o tolerancia el gobierno le sirve a la sociedad dos dirigentes obreros asesinados por pandilleros disfrazados de obreros o policías irresponsablemente azuzados por sus jefes, y se dicta orden de detención contra uno de sus dirigentes sindicales, no puede quedarnos la menor duda sobre la naturaleza de la ofensiva política del gobierno, ejecutada con la complicidad vergonzante del conjunto de la llamada oposición.
¿A qué responde la actual ofensiva?
La actual ofensiva gubernamental tiene una historia jalonada por el cierre del programa televisivo de la periodista Maribel Cuervo de Paredes, el sometimiento y adocenamiento de Canal 5, la desarticulación del equipo de dirección de Caritas, el fraccionamiento, gracias a maniobras gubernamentales, de diversos gremios de trabajadores, docentes y profesionales, la represión despiadada de los envenenados con dietilen glycol, y la campaña sistemática de desinformación sobre las dispersas, continuas y espontáneas luchas de resistencia de la población, que observa cómo sus demandas son ignoradas de forma insolente por el actual gobierno.
Como puede concluirse, la actual situación no es el resultado de una “casualidad”, sino el resultado de una política sistemática del gobierno, que se extrema y endurece en la misma medida en que necesita criminalizar toda protesta para poder así ejecutar, con el máximo de impunidad, el atraco sistemático a los fondos públicos, la impúdica venta de la nación, y la profundización de las políticas neoliberales de privatización de la sociedad y de flexibilización de toda normativa garantizadora de los derechos ciudadanos.
Ahora bien, y tal como hemos repetido hasta la saciedad, tales políticas no pueden ser ejecutadas sin someter a la sociedad a un recorte brutal de las libertades democráticas que garantiza la Constitución. Y no sólo se trata del movimiento obrero popular. Por el contrario, tales recortes afectan al conjunto de los ciudadanos.
Así vemos como el Director de Urbanismo del Ministerio de Vivienda declara que los acuerdos alcanzados por el Cabildo Abierto del populoso barrio de San Francisco constituyen “una opinión y no una decisión”, ya que rechazaron algunas de las propuestas para la construcción de varias edificaciones inaceptables. ¿Para qué, entonces, se le consulta a los ciudadanos? Otra burla inaceptable de la voluntad ciudadana resulta ser el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia mediante el cual se levantó la suspensión que pesaba sobre el proyecto urbanístico Camino de Cruces, pese a que la Alianza pro Ciudad ha demostrado sobradamente que dichos terrenos son parte integral de un bosque protegido y del cordón biológico del Parque Nacional Camino de Cruces. Similar burla se comete cuando tratan de imponer proyectos mineros que están siendo rechazados por la inmensa mayoría de la población lugareña.
Construyamos una Plataforma Democrática
La puesta en pie de un organismo coordinador de todas las fuerzas que luchan por la ampliación y el respeto de las libertades democráticas es insoslayable. Se elaboran leyes a espalda y en contra de los ciudadanos, se administra “justicia” para proteger intereses individuales opuestos abiertamente al interés público, y en definitiva se gobierno en contra de los intereses generales de los ciudadanos y no en representación de ellos.
Transformada la democracia en una farsa, y recortadas cada vez más las libertades democráticas de la ciudadanía, se requiere con urgencia de la coordinación de las fuerzas que se oponen al hasta ahora curso antidemocrático de la partidocracia neoliberal. Se trata de una tarea posible, necesaria y urgente, para lo cual debe entenderse que el respeto democrático estricto a la identidad de cada uno de los participantes de este esfuerzo será la condición necesaria para llevarla adelante.
Por otra parte, hay que tener presente que el conjunto de legitimas reivindicaciones de los más diversos sectores encuentran su factor unificador en la defensa de las libertades democráticas amenazadas, pues el recorte de las mismas es el instrumento fundamental en que se apoyan las fuerzas neoliberales para criminalizar toda protesta, venga de donde venga; impedir cuando no obstaculizar, los esfuerzos organizativos de los ciudadanos y reprimir la movilización de los mismos. Ha llegado el momento de poner manos a la obra.
