Año VI, No. 153.- 12 al 18 de agosto de 2007.- 

Las últimas semanas se han caracterizado por la gravedad de un sinnúmero de agresiones gubernamentales contra la ciudadanía y por los escándalos de corrupción que han acaparado la atención de la totalidad de los medios de comunicación. No se trata de situaciones excepcionales. Por el contrario, son el resultado inevitable de la aplicación de políticas gubernamentales compartidas por la totalidad de los partidos políticos, aunque las mismas sean implementadas en este período por el gobierno de Martín Torrijos y el PRD.

Un sinnúmero de agresiones

El alza generalizada del costo de los artículos que integran la canasta básica de alimentos parece no tener freno, y todo indica que la “indolencia” del gobierno frente al cada vez más elevado costo de la vida forma parte de su política orientada a incrementar las ganancias del reducido grupo social de los más ricos, a costa del empobrecimiento sistemático y generalizado del conjunto de la población. El permanente aumento de los hidrocarburos (gasolina, diesel y gas) y de la tarifa que pagamos por la electricidad, responde a la “necesaria” defensa de la tasa de beneficio de las empresas que controlan dichos sectores. Bastaría con la recuperación por el Estado de las empresas eléctricas y la creación de una empresa nacional de hidrocarburos, para acabar de una vez por todas con estas agresiones contra el pueblo.

Lo mismo ocurre con la inminente subida de la tarifa de los taxis y la vigente alza de las tarifas del transporte público en los corredores. La creación de una empresa pública para la prestación de un servicio moderno de transporte masivo, tal como ocurre en innumerables países, bastaría para ahorrarle a los ciudadanos al menos dos horas diarias en el ir y venir de su trabajo. Dos horas diarias de ahorro en transportarse significan 10 horas a la semana, las cuales por cuatro semanas totalizan 40 horas al mes. ¡Una semana laboral entera! Dicha empresa pública podría rebajar las tarifas, simplemente reduciendo un porcentaje razonable de las multimillonarias ganancias que generan en la actualidad los mafiosos empresarios del transporte público. La misma lógica aplica para la privatización de la emisión de licencias, las que en manos del Estado costaban veinte balboas, y ahora la empresa privada nos cobrará cuarenta balboas. ¡Viva el mercado libre! ¡Vivan las privatizaciones!

Pero las agresiones no terminan aquí. Los diecisiete obreros de la construcción que han perecido en “accidentes de trabajo” son homicidios culposos que permanecen impunes gracias a la vista gorda del gobierno, ya que en realidad son el resultado de los ahorros que en medidas de seguridad aplican los empresarios inescrupulosos de la construcción, para así aumentar sus beneficios.

Para aplicar tales medidas resultan imprescindibles las políticas de fuerza, de “respeto a la autoridad” como eufemísticamente las denominan. De ahí la paliza salvaje a que fueron sometidas las víctimas de los envenenamientos por dietilenglicol, por el “irrespeto” de exigir que el Estado cumpla con indemnizarlos pronta y adecuadamente, y protestar por el manto de impunidad con que el gobierno cubre a los funcionarios responsables de la mayor tragedia social de nuestra historia. Muy probablemente tales protestas ocurren por razón de la “mala educación” que respecto a la “autoridad” se nos imparte desde jóvenes. Tal vez por ello el inepto y mediocre Ministro de Educación, responsable primero de la crisis generalizada del sistema educativo, decidió destituir al Rector del Instituto Nacional por haber desconocido su “autoridad” y no haber suprimido a sangre y fuego la vacaciones de medio año, pese a que estudiantes, docentes y padres y madres de familia se oponían a tan irracional medida. En verdad, la represión se aplicó como medida ejemplarizante por no haberse podido identificar a los supuestos estudiantes que realizaron actos vandálicos en una protesta callejera. No ha entendido el señor ministro y su gobierno que la autoridad dimana del respeto y no del miedo, y que por ello existe una insalvable diferencia entre la autoridad y el autoritarismo.

Un rosario de escándalos

Mientras se arremete contra el nivel de vida de la inmensa mayoría de los panameños y se reprime todo brote de protesta, los medios de comunicación nos despiertan cada día con un nuevo escándalo, frente a los cuales el gobierno guarda el más cerrado de los silencios, al extremo que el Presidente de la República le “advirtió” a los periodista que no le preguntaran por nada distinto de aquello para lo que fueran convocados.

Es así que los vergonzosos enfrentamientos entre la Corte Suprema de Justicia y la señora Procuradora General de Nación se agravan cada día, sin que nadie salga a explicar las verdaderas razones políticas ocultas que subyacen tras ese enconado combate de máscara contra cabellera (en su momento, ya lo explicaremos desde este medio). Tampoco nadie de las esferas del gobierno nos da razón de cómo un mafioso de nacionalidad española, imputado en graves delitos contra la administración pública en su país, pudo ser invitado a un Consejo de Ministros para explicar su engañoso proyecto de creación de un oleoducto y un parque de hidrocarburos, que no es otra cosa que un gigantesco negociado concebido para estafar al Estado con la complicidad de sus poderosos socios ocultos (investigar en República Dominicana). Ni tampoco tenemos explicación transparente alguna sobre el crimen ecológico cometido por Petroterminal de Panamá. Ni se acuerda nadie ya de la compra de tierras del Estado realizada por el tío del Presidente, al atractivo precio de centavos el metro cuadrado. O del escandaloso intento de venta de 15 hectáreas del Parque Camino de Cruces realizado por nuestros “honorables diputados”.

Y así podríamos seguir hasta el infinito, si bien no podemos dejar por fuera el denominado “escándalo de la celdas de lujo”, del que nadie se enteró, en especial la Ministra de Gobierno y Justicia.

No cabe la menor duda que se nos gobierna desde un régimen político disfuncional. Creado para el beneficio exclusivo de la partidocracia neoliberal, el régimen hace aguas por todas partes. El poder legislativo no puede estar ya más desprestigiado y fuera del control de sus propios “jefes”. La Corte Suprema de Justicia representa exactamente lo contrario: magistrados electos mediante el pago de dineros en la Asamblea de Diputados, sin visa a Estados Unidos por estar señalados como delincuentes comunes, enfrentados entre sí en razón de su innegable politización, etc. Y el órgano ejecutivo dando “cortesía de sala” a mafiosos internacionales. Como hemos dicho y repetimos, la crisis va más allá de este gobierno y afecta al régimen político de la partidocracia neoliberal. Hay que sustituirlo.