Como lo advirtieron de antemano varios sectores sociales y políticos del país, si el Estado no actúa de manera efectiva controlando los territorios que dejaron las FARC, tras firmar el acuerdo de paz, serán los paramilitares quienes se apropiarán de éstos.

En Antioquia, aparte de lo que ocurre en Urabá, se ha denunciado la expansión del paramilitarismo en las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueños principalmente.

En esta última subregión, la Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineras de Guamocó (Aheramigua), denunció que “desde el 26 de enero de 2017, un grupo con cerca de 15 paramilitares se encuentra patrullando el corredor del Rio Bagre y la vereda La Rebatiña cerca del corregimiento de Puerto López, municipio del Bagre”.

El grupo paramilitar, que según la denuncia de Aheramigua se identificó como Autodefensas Gaitanistas, “viste uniformes militares, porta armas largas y amenaza selectivamente a la población”.

En el Nordeste, la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz (Cahucopana), denunció que en el municipio de Segovia se han difundido “amenazas firmadas por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, La Nueva Generación, Héroes del Nordeste o el Clan Úsuga, por medio de las cuales decretan toques de queda y declaran objetivos militares a marihuaneros, prostitutas, población LGTB y líderes sociales”. Ver “Paramilitares amenazan a la población segoviana”

En el Norte, fue el mismo Frente 18 de las FARC el que denunció la situación a través de un comunicado con fecha del 30 de enero. Allí se indica que “en los municipios de Ituango, Peque, Tarazá; en el departamento de Antioquia y Sur del departamento de Córdoba; se presentan sostenidas amenazas por parte de grupos paramilitares contra los pobladores que habitan estas regiones”.

Sin embargo la zona más crítica en Antioquia parece ser Urabá, donde ya han matado a dos de los cuatro líderes sociales que han asesinados en lo corrido del año en el departamento.

En abril de 2016 los paramilitares incursionaron al corregimiento San Jose de Apartadó y pintaron grafitis en algunas paredes y en los letreros de la Comunidad de Paz.

El primer caso en la región ocurrió el 11 de enero cuando fue baleado José Yímer Cartagena, vicepresidente de la Asociación Campesina del Alto Sinú y líder de la Marcha Patriótica, quien fue asesinado cuando se desplazaba del corregimiento de Saiza en Tierra Alta, Córdoba, hacia el municipio de Carepa. José Yimer venía preparando a la comunidad para la implementación de los acuerdos de paz, principalmente en los puntos sobre desarrollo rural integral y sustitución de cultivos de uso ilícito.

El segundo crimen en Urabá fue el del reclamante de tierras Porfirio Jaramillo Bogallo, miembro de la asociación Tierra y Paz, asesinado entre la noche del sábado 28 de enero y la madrugada del domingo 29, luego de haber sido secuestrado por cuatro hombres armados que llegaron a su casa en la comunidad de la vereda Guacamayas del municipio de Turbo, en territorio del Consejo Comunitario de La Larga Tumaradó.

A estos dos asesinatos de líderes sociales, relacionados ambos con el histórico conflicto por la tierra en el país, se suman las muertes de Edmiro León Alzate, líder del Movimiento por la Vida y la Defensa del Territorio (Movete), en el Oriente antioqueño, ocurrido el 12 de enero en la vereda Llano Cañaveral del municipio de Sonsón. Y el de Alberto Suárez Osorio, administrador de la reserva Mesenia de la Fundación Colibrí, baleado en el municipio de Jardín, Suroeste antioqueño, y cuyo caso fue conocido el 22 de enero. Ambos líderes se caracterizaron por su defensa del territorio y el medio ambiente, en regiones donde existen conflictos por proyectos minero-energéticos.

Esta situación que viene ocurriendo en diferentes regiones de Colombia, ya ha sido denunciada por comunidades, organizaciones defensoras de derechos humanos, instituciones del Ministerio Público y organismos internacionales. El llamado es uno solo: a que el Gobierno nacional y la pública actúen para garantizar la seguridad de las comunidades y la implementación de los acuerdos de paz.

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