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Desde diferentes iniciativas solidarias activas con el proceso de liberación de la Madre Tierra adelantado por las comunidades indígenas nasa en el Norte del Cauca, invitamos a la participación de una cena solidaria pro-fondos para seguir impulsando la lucha contra el monocultivo de la tierra y la desigualdad de acceso a ella.

El proceso de liberación de la madre tierra es una iniciativa impulsada en 8 diferentes resguardos del norte del cauca, y ha planteado el problema de la tenencia de la tierra con la aplicación de la reforma agraria por el hecho y ejercida desde el derecho ancestral de las comunidades a su autonomía y territorialidad. A pesar de ello, la respuesta estatal y del gran capital se ha concentrado en una persecución contra dichas comunidades, que se ha saldado con decenas de compañeros y compañeras nasa asesinadas, bien sea por agentes oficiales o por la persecución paramilitar. De otro lado, las amenazas, desplazamientos y hostigamientos contra el pueblo nasa se han venido intensificando desde que se comenzó el llamado ancestral a liberar la tierra el día 16 de diciembre de 2014, razón por la cual es menester de parte de diferentes procesos sociales en lucha de varios puntos de la geografía hacer uso de la solidaridad como herramienta para blindar y blindarnos contra la avanzada paramilitar.

Para ello, el día 21 de abril realizaremos una cena solidaria con el proceso de liberación, cuyo costo de bono solidaria será desde 5 mil pesos y voluntario para quien pueda colaborar más. En dicha cena, aprovecharemos el encuentro alrededor de la comida para poder proyectar documentales realizados sobre el tema, compartir experiencias y proponer acciones que nos lleven a poder extender el llamado para liberarlo todo.

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Después de que el pasado miércoles el imperio agroindustrial de INCAUCA asesinara al comunero indígena y Liberador de tierra JAVIER OTECA en la hacienda Miraflores de Corinto, el día de hoy aparece una nueva amenaza paramilitar contra el proceso de Liberación de la Emperatriz, en Caloto. Como otros panfletos que circulan en el Norte del Cauca desde enero del presente año, el grupo paramilitar de las Águilas Negras aparece como el autor de las amenazas de muerte, lo preocupante es que en este caso aparece el nombre y los apellidos de 13 Liberadores de Tierra de la Emperatriz. Además se ofrece dinero por el asesinato de cualquiera de ellos.

Las comunidades indígenas y campesinas del Cauca han venido siendo víctimas de una creciente persecución contra sus organizaciones y activistas sociales. Las amenazas, los intentos de asesinato y las muertes de luchadores sociales se han vuelto cotidianas, lo peor es que la violencia contra las organizaciones sociales tiende a aumentar al paso de los días.

Pese a las amenazas las comunidades indígenas no se han dejado intimidar ante la agresión del Estado y el accionar de poderosos intereses agroindustriales que actúan de la mano con los grupos paramilitares. Las organizaciones sociales y comunitarias han venido desplegando una estrategia de seguridad colectiva en sus territorios, construyendo puntos de control, realizando movilizaciones, fortaleciendo las guardias y los lazos comunitarios de solidaridad como único mecanismo de defensa efectivo de las comunidades. Es así que el número de puntos de control veredales va en aumento, mientras que para este 31 de marzo se espera una movilización en contra de la presencia de grupos paramilitares en Caldono.

Pero en los procesos de Liberación de Corinto, la Albania, Vista Hermosa, la Emperatriz y Quitapereza, el movimiento indígena es más vulnerable, se trata de un enfrentamiento por tierras entre una comunidad indígena empobrecida contra uno de los más grandes poderes económicos latinoamericanos, el consocio Ardila Lulle, que maneja sumas que superan los 5.000 millones de dólares de ganancias anuales. Además su poder económico y político le ha permitido a los intereses agroindustriales actuar con impunidad frente a la constante violación de derechos humanos en el Cauca, que para el año pasado registró el mayor número de asesinatos contra líderes sociales y comunitarios del país, con un total de 44 hechos de sangre.

Es evidente que las amenazas surgen como un intento de atemorizar a las comunidades indígenas en su legítimo reclamo por la reconstrucción de sus resguardos y territorios ancestrales, tal y como lo orienta el primer punto de la plataforma de lucha del CRIC de 1971. Pero además no es gratuito que esta amenaza surja a pocos días del asesinato del liberador de tierra JAVIER OTECA en Corinto, ya que la empresa INCAUCA esta buscando por todos los medios acallar los reclamos de justicia que la señalan como responsable material e intelectual del asesinato.

Para callar la exigencia de justicia ante el asesinato, los directivos de la empresa INCAUCA desataron primero una campaña que buscó criminalizar a la comunidad indígena al señalarla públicamente como responsable de secuestro, cuando la comunidad hizo uso de su derecho constitucional al ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena, tal y como lo reconoció el día de ayer en Audiencia Publica un representante de la Fiscalía. Luego ha intentado lavarse las manos al responsabilizar del homicidio de JAVIER OTECA a los trabajadores del ingenio, buscando desatar un conflicto entre las comunidades afro e indígenas de Corinto. Sin embargo los indígenas mantienen su llamado de articulación y solidaridad con las comunidades negras y campesinas, entendiendo que solo la articulación de los sectores populares puede generar la fuerza necesaria para enfrentar la violencia de los grupos estatales y paraestatales del departamento. Ahora se despliega una nueva estrategia, atemorizar a las comunidades a través de amenazas de muerte a sus procesos organizativos. Sin embargo la comunidad indígena no dejara de exigir justicia por el asesinato de JAVIER OTECA, como tampoco cesara en su reclamo por reconstruir sus territorios ancestrales, tal y como lo obliga la ley, el Derecho Mayor indígena y la necesidad de tierra de las comunidades, ya que el despojo histórico de tierras en el Cauca ha llevado a la formación de grandes monopolios económicos, mientras que la población indígena subsiste bajo el peso de una grave crisis alimentaria, así mientras los agroindustriales poseen el 60,22% de la tierra, en donde se encuentra la casi totalidad de tierras planas y fértiles, las comunidades indígenas poseen solo 0,37 hectáreas por persona, muchas de ellas en terrenos empinados y poco fértiles en las montañas.

Mientras no se encuentre una solución efectiva al problema de tierra en el Cauca, mientras se quiera saquear los territorios indígenas con la invasión de empresas multinacionales mineras, mientras se quiera dominar a través de la violencia los territorios, las comunidades indígenas del Cauca continuaran resistiendo y luchando por Liberar la Tierra, ejerciendo un control efectivo del territorio en defensa de la vida.

Extendemos un saludo de resistencia a los compañeros de Caloto y Corinto para que sigan adelante en su lucha por Liberar la Madre Tierra, como hacemos un llamado a todos los sectores sociales y populares para que se movilicen en solidaridad con el movimiento indígena nasa, que en estos momentos esta siendo perseguido por el Estado, como por los poderes agro industriales y paramilitares del Norte del Cauca.

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Después del asesinato del liberador de tierra JAVIER OTECA, registrado el día de ayer a la 1:30pm en la hacienda Miraflores, los actores intelectuales del asesinato arremeten de nuevo contra la comunidad, orquestando una estrategia de persecución judicial contra los indígenas que intentaron tomar medidas de justicia conducentes al esclarecimiento y judicialización de los responsables materiales de este repudiable asesinato.

El día de ayer la comunidad indígena retuvo a 6 trabajadores del Ingenio INCAUCA involucrados en el asesinato de JAVIER OTECA. Estas acciones de justicia autónoma no solo encuentran sustento legal en la Jurisdicción Especial Indígena, sino que además son medidas que responden a la repetida impunidad que domina los casos de amenazas, persecución y asesinatos contra la comunidad indígena.

Pese al clamor comunitario de justicia frente al asesinato de JAVIER OTECA, desde el día de ayer el conglomerado económico y financiero Ardila Lule ha desatado una campaña en los medios hegemónicos de comunicación en la que se señala a la comunidad indígena de ser responsable del secuestro de 6 trabajadores del ingenio INCAUCA, lo que indica que se está entretejiendo una estrategia de criminalización y persecución judicial contra la comunidad.

Esta estrategia de persecución judicial responde al interés del ingenio INCAUCA de encubrir su responsabilidad directa en el asesinato de JAVIER OTECA, revictimizando a la comunidad indígena al acusarla de secuestro, buscando refundir en la cárcel a los luchadores sociales que, desde el 16 de diciembre del 2014, con piedras y caucheras se han atrevido a desafiar a uno de los más grandes poderes económicos latinoamericanos, el conglomerado económico de Ardila Lule.

No más impunidad

De la masacre del Nilo en 1991 al asesinato de JAVIER OTECA se esconde un oscuro plan de represión, persecución y exterminio contra las formas de acción y organización de la comunidad indígena nasa en lucha por la tierra. En la sentencia T 030 del 2016 la Corte Constitucional reconoció 23.200 violaciones de los derechos humanos contra la comunidad indígena nasa, por lo que se declaró a la comunidad en riesgo real de extermino. Por su parte desde que inició el nuevo ciclo de lucha por la tierra en el 2005 las fuerzas policiales han sido responsables materiales de los asesinatos de Belisario Camacho, quien cayó muerto el día 10 de Noviembre de 2005 en la Hacienda el Japio, Pedro Poscué quien fue asesinado el día 16 de mayo del 2006 en la María Piendamó, Lorenzo Largo Dagua, quien fue asesinado el 29 de noviembre del 2007 en la Hacienda la Emperatriz, Guillermo Pavi, joven de 19 años quien fue asesinado por dos disparos de bala el día 10 de abril del 2015 en la Hacienda la Emperatriz y JAVIER OTECA, asesinado el día de ayer en la hacienda Miraflores, propiedad de INCAUCA.

Pero la violencia y la persecución judicial no se restringe a la comunidad indígena nasa, tras el proceso de paz se ha desatado la avanzada de los grupos paramilitares en Colombia. El fortalecimiento de los escuadrones de la muerte busca someter a los movimientos sociales como mecanismo para la inversión del capital multinacional en los territorios indígenas y campesinos. Vienen por el oro, por el petróleo, el carbón, el agua, la tierra, el coltan. Vienen por todos los recursos naturales, vienen por la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Los únicos que constituyen una amenaza real a la penetración de las multinacionales en los territorios son los movimientos sociales indígenas y campesinos, de allí la razón de su asesinato y persecución.

De acuerdo al informe de Indepaz durante el transcurso del 2016 se presentó la lamentable cifra de 117 asesinatos, 350 amenazas, 46 atentados y 5 desapariciones forzadas contra activistas sociales y organizaciones comunitarias y populares en todo el territorio nacional. Sin embargo la fiscalía solo reconoce 63 asesinatos de activistas sociales a nivel nacional. De estos casos reconocidos no se ha presentado una sola condena, la fiscalía ha fallado en su obligación de investigar, identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de estos asesinatos.

De los 117 asesinatos registrados el 66,6%, se concentraron en el sur-occidente colombiano, de ellos el departamento del Cauca ha sido el más golpeado por la acción de los grupos paramilitares con 43 homicidios, mientras que se presentaron 9 en Nariño y 5 en el Valle. La violencia contra las organizaciones sociales se tiende a concentrar en las zonas donde se presentan los mayores procesos de resistencia contra la implementación de megaproyectos mineros y agroindustriales, por otro lado se ha presentado un incremento de las acciones de represión en aquellas regiones en donde existía mayor presencia de las FARC-EP, de manera tal que, de manera trágica y paradójica, la violencia se incrementa con la implementación de los acuerdos de paz, ya que sobreviene la reconfiguración de los poderes locales que buscan ejercer la hegemonía armada sobre territorios y recursos.

El Estado, lejos de perseguir y castigar a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos de muerte, niega la existencia de una estrategia de exterminio contra la comunidad nasa y los movimientos sociales en Colombia. La impunidad sobre estos hechos, como la incapacidad del Estado para ejercer justicia, abre el camino para la repetición de los atentados contra la vida de los miembros de las organizaciones sociales y populares. No solo no se hace justicia frente a los asesinatos realizados en contra de los movimientos sociales en Colombia, sino que además se persigue a las víctimas, acusándolas de terroristas y secuestradores.

Frente a la impunidad no queda otro camino que el desconocimiento de la falsa justicia estatal, la organización comunitaria y el ejercicio directo del poder. Ante la desprotección y persecución del Estado las comunidades deben asumir su propia protección, como único poder legítimo y de base. Tanto la Guardia Campesina y Popular, como la Guardia Indígena ya vienen construyendo puntos de control en los territorios como un mecanismo que busca proteger a las comunidades ante la avanzada de los grupos paramilitares y la militarización del territorio. Las comunidades deben tomar las medidas conducentes a garantizar justicia frente a los asesinatos contra los activistas sociales, persiguiendo a los culpables para que se genere un precedente que impida la repetición de nuevos homicidios.

Hacemos un llamado de solidaridad a las organizaciones sociales y populares para que estén pendientes de los acontecimientos de Corinto, para que se movilicen en rechazo del asesinato de JAVIER OTECA y para que ejerzan una dura resistencia contra la posible judicialización y persecución de los activistas sociales de Corinto.