Anti copyright
El contenido publicado en esta web es responsabilidad de cada uno de sus autores.



La fuerza publica de nuevo dispara de manera indiscriminada contra las comunidades indígenas y campesinas de Corinto-Cauca. En los hechos fue asesinado el campesino José Alberto Torijano, coordinador de la Guardia Campesina de la vereda Río Negro, además fueron gravemente heridos Jonathan Alexander Hernández Guevara y Gonzalo Iquinas Perdomo.

Desde las 4am efectivos del Ejercito Nacional iniciaron un allanamiento que buscó la destrucción de un laboratorio de coca en la vereda Medía Naranja. En el operativo dos comuneros fueron retenidos por el Ejercito Nacional, lo que ocasionó una acción espontanea de  solidaridad de las comunidades indígenas y campesinas, buscando la liberación de los comuneros retenidos. Ante la presión comunitaria los militares cedieron y liberan a los dos comuneros retenidos. Escoltados por las comunidades el Ejercito inició su retirada de la zona, pero entre las 8 y las 9am, a la altura de la vereda Pueblo Nuevo, comenzaron a disparar contra las comunidades, es allí que es asesinado José Alberto Torijano, mientras que otros dos civiles caen heridos por el fuego de los militares.

Es muy preocupante que militares y policías operen con impunidad, disparando de manera reiterada contra las comunidades indígenas y campesinas, como si la vida de los sectores populares de Corinto no tuviera valor. Es común que las comunidades indígenas de Corinto sean recibidas por ráfagas de fusil, disparadas por efectivos policiales durante la realización de las Mingas de Liberación de la Tierra. El asesinato del joven indígena Daniel Felipe Castro Basto, el pasado 9 de mayo, es el resultado de este modo de proceder represivo de los uniformados.  La reiteración de los hechos de muerte por parte de policías y militares indica que el asesinato registrado el día de hoy no es un hecho aislado, es evidente que existen ordenes expresas de altos oficiales de la Fuerza de Tarea de Conjunta Apolo y de la Policía del Cauca para disparar con impunidad y asesinar a las comunidades.

De acuerdo con el reciente informe de Somos Defensores, sobre la violación de derechos humanos contra activistas sociales en Colombia, de enero a junio de 2017 se presentaron 335 agresiones y 51 asesinatos de activistas sociales. De acuerdo con diferentes fuentes, desde el 2016 el departamento del Cauca continua siendo el más golpeado por la violencia contra las organizaciones populares en Colombia.

Por otro lado el allanamiento realizado por el Ejercito el día de hoy fue una medida arbitraria de parte  de la fuerza publica ya que, desde inicios de este año, las comunidades han buscado mecanismos de dialogo con el Gobierno Nacional para realizar un acuerdo que permita  la sustitución permanente de cultivos de coca. Para el mes de abril German España,  funcionario de la Dirección para la Atención Integral de Lucha Contra las Drogas, se reunió con las comunidades de Corinto y reitero la disposición de dialogo del Gobierno Nacional, sin embargo nunca dieron respuesta a la propuesta de sustitución de cultivos presentada por las comunidades. El Estado no solo desconoce la voluntad de dialogo de indígenas y campesinos, por el contrario procede a criminalizar, perseguir y violentar a las comunidades que, abandonadas por la inversión estatal,  acosadas por las políticas económicas neo-liberales, se han visto obligadas a subsistir a través de los cultivos de coca.

Denunciamos el asesinato de José Alberto Torijano

Rechazamos la política de muerte contra las comunidades indígenas y campesinas de Corinto

Hacemos un urgente llamado a las organizaciones de derechos humanos para que realicen un seguimiento permanente de la violencia registrada contra las comunidades indígenas y campesinas de Corinto

No más represión, no más persecución , basta ya de tanta muerte contra los sectores populares en Colombia.

(Foto: Tomada hoy por comunero indígena en el lugar de los hechos. A quien le agradecemos y reconocemos su importante trabajo de registro fotográfico )

El día de ayer, 14 de septiembre, desde las 9:00am, en pleno ejercicio de control territorial por parte del pueblo Nasa, se buscó expulsar del Territorio Ancestral la maquinaria perteneciente al Ingenio INCAUCA que pretendía retomar territorio liberado del monocultivo de caña; esta actividad comunitaria tuvo como respuesta la amenaza de múltiples agentes de la fuerza pública (Policía Nacional y Ejército) quienes se prestan de continuo como seguridad privada de los terratenientes y así mismo del agronegocio del azúcar y el biocombustible.

21751345_2359218560970241_2229552498711815839_n

Una escuadra de trabajadores del ingenio en compañía de diez militares (que además del armamento convencional de largo alcance llevaban garrotes) custodiaban el tractor, y esperaron el momento oportuno para violentar a la comunidad que se encuentra permanentemente en proceso de Liberación de la Madre Tierra, cortando y quemando caña.

Al medio día la comunidad pretende retornar a los puntos y continuar sus jornadas habituales, pero son sorprendidos por el grupo militar ya mencionado, al que se sumaron por lo menos diez individuos más, éstos venían con la intención de retener a los y las Liberadoras, empleando el asalto como táctica de guerra (arrastrándose) algunos con granadas de fragmentación; este grupo de mercenarios del estado y el oligopolio cañero, emprendieron una violenta arremetida contra los desarmados comuneros, atacando con piedras y garrotes, dejando como resultado a varios compañeros heridos, entre indígenas y solidarios.

21762029_2359218360970261_3988926507501612885_n

Como si fuese poco el brutal accionar de la Fuerza Pública contra la población Nasa, se solicitó apoyo motorizado, razón por la cual ingresaron cuatro militares más con el objetivo de asesinar, por una parte “rafagueando” directamente a las personas, y por otra apuntando a quemarropa a un Liberador, quien logró desviar la boca del fusil de un militar que le apuntaba al pecho.

Es necesario resaltar que la presencia de estos actores se ha vuelto una constante en el territorio Nasa y en particular en los territorios en proceso de Liberación, con un recurrente empleo de armas de fuego y armas no convencionales en una acción, que parece conjunta, entre las instituciones del estado y los grupos privados de seguridad contratados por el ingenio. Situación que explica la elevada cifra de heridos de resultantes en las ultimas Mingas de Liberación en el Territorio

Denunciamos y responsabilizamos directa y públicamente al Ingenio INCAUCA que ha empleado diversos métodos para reprimir la legítima lucha del Pueblo Nasa en la recuperación de los Territorios que el oligopolio les ha despojado, al Estado Colombiano por la respuesta militarista que le ha dado históricamente a la comunidad con la que ha pactado más de dos mil veces (todas incumplidas) y a su aparato militar y policial a quien ha puesto a disposición de los intereses privados del gran capital, demostrándose un nulo interés por lograr un verdadero escenario de dialogo concertación y paz.

Comunicado del CEP_Enraizando

21764824_2359218617636902_7125913353759315174_n

20882143_489923491360291_2464084732346141443_n

Otro luchador social es asesinado en Colombia, en este caso se trata de MANUEL RAMÍREZ MOSQUERA, quien venia luchando por el retorno y devolución de las tierras colectivas de las comunidades negras del Bajo Atrato Chocuano. MANUEL RAMÍREZ MOSQUERA se movilizaba en lancha el 17 de agosto desde Río Sucio hasta la comunidad de la Nueva en Truandó, pero nunca llegó a su destino, dos horas después de su partida fue encontrado muerto por tres impactos de bala.

El asesinato de MANUEL RAMÍREZ MOSQUERA hace parte del genocidio contra las organizaciones sociales y populares que se ha desatado desde el inicio de los diálogos de paz entre las FARC-EP y el Estado, y que tiene por fin la eliminación de todas las formas de resistencia popular para la penetración de los intereses de grandes empresarios agro-industriales y mineros en los territorios colombianos.

La presión de grandes agro-industriales dedicados al cultivo de palma africana en los territorios colectivos de comunidades indígenas y afro en la década de los 90s y, luego, los intereses de explotación minera de grandes multinacionales, como es el caso de la multinacional norteamericana Muriel Mining Corporation, han generado la penetración de grupos paramilitares en el Bajo Atrato chocuano que, en alianza con el ejercito nacional, utilizan mecanismos de terror para eliminar las resistencias sociales y hacerse con el control total de la región.

Desde finales de enero del presente año las comunidades indígenas y afro denunciaron la llegada de por lo menos 600 paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia a los municipios de Río Sucio, Bahía Solano, Carmen del Darién, Bojayá y Vigía del Fuerte en el Choco. Desde su llegada el grupo armado inició una campaña de hostigamientos y amenazas contra las comunidades con el fin de expulsarlas de la zona. Ya para el 6 de febrero se reportó el desplazamiento de por lo menos 80 personas pertenecientes de la comunidad indígena de Nuevo Olivo. Desde entonces en repetidas ocasiones las comunidades indígenas y afro han pedido la intervención de organismos de derechos humanos, la protección del Estado y la activación de los mecanismos de desmonte de las “Bandas Criminales”, contemplados en los acuerdos de paz entre el Estado y las FARC-EP, pero hasta el día de hoy los grupos paramilitares dominan la zona sin que el Gobierno Nacional tome medidas efectivas para la protección de las comunidades.

Para el mes de marzo del presente año continuaron las denuncias sobre nuevas incursiones de grupos paramilitares en Río Sucio, en las zonas humanitarias de Nueva Esperanza en Dios y Nueva Vida, lugares de protección para comunidades que, en el anterior ciclo de violencia paramilitar, ya habían sido desplazadas de la cuenca del río Cacarica en 1997 por la acción conjunta de militares y grupos paramilitares durante la realización de la operación Génesis del Ejercito.

El drama de las comunidades indígenas y afro del Bajo Atrato Chocuano no termina. Se trata de comunidades que en la década de los 90 fueron despojadas de sus tierras colectivas por grandes empresarios agro-industriales dedicados a las producción de combustibles en base a cultivos de palma africana. Para ello entraron en los territorios asesinando y desplazando a las comunidades en acciones conjuntas realizadas entre el ejercito y grupos paramilitares. La relación entre las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá con los empresarios pamicultures en el despliegue de esta estrategia de despojo y muerte fue reconocida por la fiscalía para el año 2013, por lo que 18 empresarios fueron enviados a la cárcel. Pero el drama de las comunidades no se detuvo, aquellos que fueron desplazados y reubicados en el Municipio de Río Sucio este año se han visto de nuevo perseguidos y amenazados por grupos paramilitares, que presionan para un segundo desplazamiento.

En Jiguamiandó las comunidades indígenas y afro vienen denunciando la presencia de grupos paramilitares que portan armas largas y camuflados desde comienzos del 2016 en sus territorios. Allí la persecución y amenazas contra los luchadores sociales que reclaman la restitución de territorios ancestrales y que impulsan las movilizaciones en contra de la destrucción y deforestación de la selva chocuana han sido constantes. Y es que la presencia de grupos paramilitares en la región no es gratuita, desde el 2005 la compañía multinacional norteamericana Muriel Mining Corporation a penetrado en 16.000 hectáreas de territorios comunitarios, para iniciar la explotación minera a cielo abierto de oro, cobre y molibdeno.

En Curvaradó desde el 2014 se ha desatado una intensa persecución contra luchadores sociales reclamantes de tierras, como es el caso de Yomaira Mendoza quien ha sido constantemente amenazada después de que denunciara ante la fiscalia la usurpación de tierras en la región, por parte de grandes latifundistas que han querido apropiare de los territorios colectivos de las comunidades negras a través de la violencia.

Varias veces victimizadas y desplazadas, bajo la presión militar y paramilitar, las comunidades indígenas y afro no renuncian a sus derechos ancestrales sobre los territorios del Bajo Atrato chocuano, por el contrario continúan sus reclamos dignos y legítimos por tierra y defensa de la selva chocuana. Repudiamos el asesinato del luchador social y reclamante de tierras MANUEL RAMÍREZ MOSQUERA, y denunciamos como responsable directo de su muerte al Estado Nacional y al despliegue de su estrategia paramilitar contra los movimientos sociales en Colombia.