Se vende país, barato. Esa debiera ser la consigna que mejor define a los sucesivos gobiernos de Uribe Vélez y ahora de Juan Manuel Santos. Su política minera se fundamenta en la política colonial de cambiar oro por baratijas. El caso de La Colosa, en Cajamarca, es uno de los casos más emblemáticos del actual modelo minero-extractivista que se busca imponer en Colombia en beneficio del gran Capital. Con este proyecto, se está militarizando y atropellando a la población campesina, mientras se posterga la soberanía alimentaria del pueblo colombiano para que una multinacional se lleve el monte y contamine con cianuro los cursos de agua. Este proyecto es paradigmático de la insostenibilidad social y ambiental del modelo de desarrollo dependiente y atrofiado imperante en Colombia.
Megaminería, la locomotora descarriada
Desde el 2006 que el gobierno colombiano viene desarrollando una política agresiva en la cual se define la minería como un pilar del “desarrollo” nacional: estatus que queda consagrado en el Plan de Desarrollo Nacional del gobierno de Santos [1]. La inversión extranjera en la explotación de minas y canteras ha aumentado exponencialmente, pasando de US$ 466 millones en el año 2002, a US$1.789 millones en el año 2008, y a USD$ 3.094 millones en el 2009 [2]. Si el 2001 existían 1.889 títulos mineros en Colombia, hacia el 2010 se había dado un salto hacia los 8.928 títulos, que abarcaban 4.839.149 hectáreas de tierra. El 40% del territorio nacional, de hecho, se encuentra actualmente cedido o solicitado para la exploración minera[3].