Violencia vicaria: absuelven a un padre que agredió a su hija por “no haber ánimo de lesionar”

Rocío denuncia la situación de violencia de género y vicaria que ha sufrido así como el menosprecio por parte de las instituciones judiciales

SANCHO R. SOMALO

Aurora Báez Boza 12 JUL 2022 El Salto

El pasado 8 de junio de 2021, a las hijas de Rocío, nombre ficticio por cuestiones de seguridad de la protagonista, les tocaba pasar la tarde con su padre, según lo establecido en el régimen de custodia tras el divorcio. Las niñas de 11 y 9 años se negaban a marcharse con su padre, a pesar de ello la madre insiste:“Ese día las tengo que plantar en la puerta de la calle para que el padre no me siga denunciando diciendo que yo impido que las niñas se vayan con él”. Aun así las niñas discuten con el padre durante un buen rato, según los hechos denunciados, el padre pierde la paciencia y agrede a su hija mayor tirándola al suelo y arrastrándose. Rocío se encontraba en la ventana del domicilio grabando la situación, según narra, cuando su exmarido se percató “dejó a la niña en el suelo y vino a agredirme a mí”.

La denunciante avisó a la policía, que las acompañó primero al hospital y luego a prestar declaración judicial y que además, se llevó detenido a su exmarido. Sin embargo, este no llegó a pasar la noche en el calabozo “al tratarse de un militar de alta graduación porque el régimen disciplinario de los militares es diferente: “Si lo dejo en el cuartel o en su casa no tengo ni idea”, comenta Rocío. Tras la denuncia al militar se le imputaba con tres delitos de violencia de género contra su exmujer y uno de violencia doméstica contra su hija, a pesar de ello solo se le ofreció una orden de protección a la madre y no se paralizó inmediatamente la custodia compartida, según comenta Rocío. Además, la madre en su declaración denuncia la intervención de la abogada de su exmarido al acercarse a su hija y comentarle “Tu padre va a pasar toda la noche en el calabozo y podría perder su trabajo por esto”, según recoge el atestado.

No era la primera tras el divorcio que el exmarido de Rocío agredía su exmujer, sin embargo, nunca se atrevió a declarar: “Todas las personas que me han acompañado en el proceso de divorcio, salvo mi psicóloga, me han dicho que debía ser cauta y no denunciar, que me podía perjudicar”, comenta la denunciante. La situación es especialmente delicada, sostiene Rocío, que ha “llegado a temer por su vida”, ya que al tratarse de un militar tiene licencia de armas. Tras la agresión, la policía ofreció una orden de protección a la madre pero no a sus hijas que también habían sido agredidas.

“En principio todo iba a ir de mutuo acuerdo”, comenta Rocío sobre el proceso de divorcio con su exmarido que comenzó en 2018. En ese acuerdo común convinieron que las niñas se quedaban en la casa familiar junto a la madre, y que el padre podía visitar y pasar el tiempo que quisiera con las niñas. Sin embargo, el verano de ese mismo año el militar pidió la custodia exclusiva de sus hijas y las amenazas a la madre. “No entiendo por qué lo hizo, si es una persona que se pasa todo el rato viajando por trabajo”, comenta Rocío. En octubre de 2018, el exmarido quitó todas las cuentas comunes a Rocío y dejó de pagar los suministros del domicilio: “Me dejó totalmente en bragas como se suele decir, a mí y a mis hijas”. En abril 2019 una sentencia obligaba al padre a pagar los suministros de la casa, así como una manutención de 500 euros. Los suministros nunca se han pagado hasta el día de hoy. Además, Rocío comenta que su exmarido se negaba a pagar algo más allá de la manutención, incluso sacrificando el bienestar de sus hijas: “Mis hijas han dormido durante tres años en el salón en un colchón hinchable cuando iban a ver a sus padres porque se negaba a proporcionarle una cama”. En una ocasión su hija menor tenía fiebre y su exmarido le comentó que se llevase a la niña enferma y le dejase a la otra: “Fui a recoger a mi hija que tenía fiebre un sábado por la noche y el lunes me había denunciado por haberme llevado a la niña correspondiéndole a El el fin de semana de visitas”, se queja Rocío, que no entiende cómo a su exmarido le aceptan “denuncias sin pruebas y a mí con pruebas no me la aceptan”.

La primera resolución judicial de la denuncia de junio de 2021 se dio a conocer tras un juicio rápido en enero de este año. El juez encargado de la causa Julio Serrano, Juzgado de lo Penal número cuatro de Cádiz, reconoce las agresiones como hechos probados, existiendo además pruebas gráficas y un parte de lesiones, pero absuelve al exmarido al no haber “presencia de ánimo de lesionar”. En la resolución, el juez tilda la reacción de la niña al no querer irse con su padre de “caprichosa e injustificada”, y califica la denuncia de la madre como “infundada” y “que parece que busca el alejamiento de las hijas”. El juez Julio Serrano es reconocido por casos en los que ha fallado en favor a agresores, en 2007 dictó una sentencia en la que obligaba a una mujer que denunció a su marido por violencia de género a comprar una casa con él. Rocío y su abogado han recurrido la sentencia por considerar que responde a un “razonamiento ilógico y contradictorio” según recoge el recurso de apelación. Además, Rocío denuncia el menosprecio y el juicio que ha recaído sobre ella por parte del juez, la procuradora Inmaculada Pizarro y la abogada de su exmarido. “Tienes más miedo ya no solo por la agresión, sino por como te trata la justicia”, concluye Rocío.

Rocío forma parte la asociación, Libres de Violencia Vicaria, una asociación que busca “una vida libre de violencia vicaria y discriminación para todas las mujeres y sus hijas e hijos”. Esta asociación está compuesta por mujeres de diversos estratos sociales, formaciones y vidas que tienen en común haber sufrido violencia de género y violencia vicaria “hemos estado a solas con nuestro dolor durante demasiado tiempo”, recoge el manifiesto. La asociación tiene como objetivo generar una red colectiva y acompañamiento que “nos reconfortan”, y busca ser un espacio en el que “llorar, gritar y buscar soluciones juntas”. La Asociación de Psicólogas Feministas publicó el pasado abril el primer estudio sobre la violencia vicaria en España. La presidenta de la APF, Mariló Rubio comenta que “El 80% de los casos de violencia vicaria no se denuncia”, ante la falta de protocolo y de conciencia social.