València: El ayuntamiento prevé el desahucio de 14 familias más en pisos sociales

Un informe avala los desahucios por finalizar o incumplir el contrato - El PP exige «alternativas» para que los afectados «no se queden en la calle»

Mónica Ros València 15·12·20 Levante,emv

Francisca y sus cuatro hijos, en la vivienda de la que deberían salir hoy.

Hace tres días que Francisca y sus cuatro hijos tendrían que estar fuera de la vivienda social en la que habitan, propiedad del Ayuntamiento de València. Sin embargo, la mujer ni ha entregado las llaves ni piensa hacerlo hasta que no cuente con una alternativa habitacional. «¿Adónde voy con mis cuatro hijos? Parece que se hayan olvidado de que hay una pandemia. Me dicen que entregue las llaves pero, insisto, ¿dónde me voy? ¿Debajo de un puente? ¿Regreso a las chabolas de las que salí siendo una niña para que se críen allí mis hijos? Y eso que hablamos del ayuntamiento y de la concejalía se Servicios Sociales. Pido un acuerdo porque no quiero más miseria». Francisca contó su caso ayer en Levante-EMV, pero su desahucio no es el único que tiene previsto el Ayuntamiento de València. Junto al desalojo de Francisca y su familia, la concejalía de Servicios Sociales que dirige Isabel Lozano tiene previstos 14 desahucios más (y cinco nuevas adjudicaciones), según consta en un informe del servicio de Integración, programas de Inserción laboral y programas de acceso a la vivienda municipal.

La semana pasada se aprobó en Junta de Gobierno Local un informe de la concejalía de Servicios Sociales con varias propuestas para reordenar parte del parque público de viviendas municipales. La primera propuesta determina qué familias han resultado adjudicatarias de cinco pisos sociales que están disponibles, tal como adelantó la semana pasada este diario.

Sin embargo, el resto de propuestas del informe -a excepción de una permuta de vivienda-no son de adjudicación sino de finalización del contrato, lo que supone que 14 familias vulnerables se irán a la calle para que esos mismo pisos se destinen «a otras familias que se encuentren en el punto de partida de aquellas que ya han sido objeto del Proyecto de Intervención Técnica». Su tiempo, pues, ya ha pasado. De esta manera, «por cumplimiento de plazo» hay siete familias afectadas; «por incumplimiento del contrato de arrendamiento y por cumplimiento del plazo» hay dos casos más y por «incumplimiento del contrato de arrendamiento y de su anexo (que implica cumplir con los planes de inserción)» hay tres familias más. Por último, el expediente informa sobre la aprobación de acciones legales «encaminadas a recuperar la posesión de las viviendas», una medida que afecta a tres familias, entre las que se incluye la de Francisca. En total, 15 familias afectadas en el mismo expediente.

Reacciones

El piso donde vive Francisca estaba adjudicado a su madre, que falleció el pasado mes de marzo. La mujer pide al consistorio que le subrogue el contrato pero, de momento, serán los servicios jurídicos municipales quienes decidan qué hacer con este caso concreto. Y las primeras reacciones no tardaron en llegar.

La concejal del PP, Marta Torrado, no ha dudado en exigirle al al gobierno local que «paralice» el desalojo de la familia de Francisca y «busque una solución definitiva para no dejar a la familia en la calle o que tengan que volver a chabolas donde vivían hace 20 años». Torrado quiso recordar unas declaraciones del alcalde Joan Ribó «en las que dijo que Valencia sería una ciudad libre de desahucios y ahora es el propio Gobierno Municipal a través de Servicios Sociales la que va a dejar a una joven con cuatro hijos pequeños en la calle».

Por ello, tanto para el caso particular de Francisca como para el resto de desalojos previstos, Torrado exige «que cada uno de estos casos se estudie desde Servicios Sociales para buscar alternativas antes de desalojar a familias que necesitan la ayuda municipal para no quedar en la calle».

De familias que no cumplen a familias muy necesitadas

La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de València, Isabel Lozano, ha justificado los desahucios «ante la situación límite que están pasando algunas familias en los asentamientos de la ciudad, más ahora en situación de pandemia». «Desde el Ayuntamiento no podemos permanecer con los ojos cerrados ante estas familias, las más vulnerables de la ciudad; sin lugar a dudas debemos actuar para facilitarles una alternativa habitacional». Por ello, continua Lozano, «vamos a recuperar aquellas viviendas sociales en las que se ha estado incumpliendo de forma reiterada las condiciones de permanencia en el programa, que plantea alquileres mensuales de entre 40 a 100 euros junto al compromiso de acompañamiento integral desde los Servicios Sociales municipales, y a ponerlas a disposición de familias muy necesitadas de la ciudad, que hace muchos años que esperan una oportunidad».