Organizaciones antirracistas y de migrantes convocan concentración en València ante la escalada de agresiones

Los colectivos enmarcan la movilización en el día internacional contra el racismo y lo entrelazan con el día de las trabajadoras del hogar. Denuncian un aumento de la violencia institucional, simbólica y física.

Manifestación en defensa de los derechos de las personas migrantes, cedida por Cuaderno bocetos.

Carlos Soledad 22 MAR 2024 El Salto

Distintas organizaciones de migrantes y entidades sociales han decidido convocar el sábado 23 a una jornada de lucha en el marco del Día Internacional contra el Racismo (21M) y el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar y los Cuidados (30M). Dos días que se entrelazan en una lucha conjunta, por un lado el racismo estructural; y por otro, la explotación laboral en el campo y la ciudad, debido a la desprotección por parte de directivas, leyes, y normativas, permitiendo abusos de los derechos humanos por parte de patronos, negando sueldos dignos, prestaciones sociales, vacaciones, cotizaciones y pensiones, entre otras situaciones.

Tras la evaluación de la recién manifestación masiva de migrantes el pasado 18 de diciembre, Día Internacional del Migrante, los colectivos organizadores realizaron un análisis de la situación en la ciudad y constataron un incremento de las agresiones que sufren las comunidades migrantes y racializadas. “El Estado tiene montado un sistema lleno de trabas para que podamos ejercer nuestros derechos, por ejemplo, la lentitud respecto a una gran cantidad de trámites necesarios para que las personas puedan regularizar su situación administrativa en tiempo y forma” señala Dolores Jacinto, activista de AIPHyC y portavoz de las entidades convocantes.

La lista de agravios contra las personas racializadas y migrantes es impresionante, ejemplo de ello, señala la activista “puede de ser la ausencia de citas, información confusa, dificultades para empadronarse, ausencia de notificaciones, exclusión bancaria, homologaciones eternas, aunado a recortes, criminalización, explotación laboral, etc”. Además, las organizaciones se quejan en un comunicado de “el racismo institucional, estructural e inmobiliario al que se ven abocadas diariamente”. También denuncian la explotación laboral a la que son sometidas muchas mujeres migrantes trabajadoras del hogar y cuidados, pese a la ratificación del Convenio 189 de la OIT. “Estamos cansadas de bajos salarios, trabajos precarios, jornadas extenuantes, insultos y frases como: vuelve a tu país”.

Jacinto también ha hecho referencia “al colapso de servicios sociales, los recortes en el sistema de acogida y la disminución de plazas de albergue”. La situación en la ciudad, asegura, es insostenible para las personas migrantes, ya que “hay una grave dificultad en el acceso a vivienda, a la salud, y se ha notado la intensificación de las redadas racistas”. A nivel estatal, señala la activista “se promueve una política de muerte en las fronteras, hay un estancamiento de una posible regularización extraordinaria y un auge de discursos de odio, comenzando por representantes de partidos políticos, situaciones que profundizan el racismo institucional”.

València no es racista, pero…

Para calentar motores para la concentración, durante los días previos, los colectivos han hecho difusión en redes sociales, con las campañas #EstoMeAfectaAMiperoTambiénaTi y #Yonosoyracistapero. Compartiendo diferentes imágenes con alusiones a contextos racistas que se viven en la ciudad de València, interpelando también a la sociedad nativa. Frases como “No soy racista, pero… Me conviene que sectores como el agrícola mantengan a personas trabajadoras de origen migrante en condiciones de extrema precariedad y semiesclavitud” o también “No soy racista, pero… acepto condiciones de desigualdad de derechos hacia las trabajadoras migrantes, que cuidan de nuestros mayores, menores y de nuestros hogares”.

Las entidades sociales que trabajan la migración se quejan también de la última vuelta de tuerca del nuevo gobierno del PP-VoX, se refieren al aviso por parte del Ayuntamiento de la desaparición del Consejo Local de Inmigración de València (CLI). El Consejo fue un espacio creado en el anterior gobierno de manera participativa entre el Ayuntamiento de València y organizaciones sociales de la ciudad. Conformado por unas 60 organizaciones, se trata de un órgano consultivo que sirvió para tratar y poner sobre la mesa aquellos temas que afectan a la población migrante y sobre los cuales se toman decisiones sin tomarlas en cuenta. Durante el tiempo que estuvo en marcha se creó el Plan Municipal de Inmigración e Interculturalidad, se organizaron jornadas de empleo, género, trabajo de hogar y cuidados, todas con una amplia participación de personas migrantes. Se incidió también de manera constante, sin resultados, en el tema del padrón.

Por otro lado, en el ámbito estatal, la semana pasada, el movimiento #RegularizaciónYa del que participa un capítulo en la ciudad de València, ha defendido otra vez la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso de los Diputados para conseguir una regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de personas sin papeles. “Una de las impresiones que nos dejó la comparecencia, por señalar alguna de las más importantes, es que al PSOE le da lo mismo que el proceso participativo ciudadano, que contó con 700 mil firmas recogidas, por más de 14 mil voluntarias y con el respaldo de 900 organizaciones de la Sociedad Civil y 85 mociones de apoyo de Ayuntamientos, Cabildo, Diputación y Parlamentos, haya llegado al Congreso” denuncia Silvana Cabrera, Portavoz en València del movimiento.

Las organizaciones convocan a la sociedad valenciana a concentrarse este sábado 23 de marzo a las 17 horas en la Plaza del Ayuntamiento. “No vamos a parar hasta que nos dejen de ver como las y los otros, trabajar es un derecho, migrar es un derecho y no vamos a parar hasta conseguirlos, y que estos dejen de ser privilegios para algunos” sentenció Dolores Jacinto.

Condenan por delito de odio a un hombre que humilló a una mujer ecuatoriana

El juzgado de primera instancia e instrucción n.º 3 de Moncada ha condenado a 10 meses de prisión por delito de odio y atentar contra la integridad moral a un hombre que humilló a una mujer ecuatoriana increpándola con todo tipo de insultos por su condición de persona migrante. La víctima acudió al Programa de Igualdad de Trato y No Discriminación de València Acull después de sufrir el ataque racista para poder actuar contra el agresor sin correr el riesgo de que se le incoara un expediente de expulsión por encontrarse en situación administrativa irregular.

Tras la condena, se va a solicitar su permiso de residencia por razones humanitarias por haber sido víctima de un delito de odio (artículo 126.1 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social).

En la mañana del 30 de agosto de 2022, la mujer estaba paseando por la playa de la Patacona cuando A. M. comenzó a seguirla. Sin mediar ningún tipo de discusión previa, empezó a insultarla llamándola “payasa” y a despreciarla por su origen. Le dijo: “Qué haces aquí”, “las personas como tú sois una mierda, una porquería” y mantuvo la misma actitud cuando al ser requerido por la policía local de Alboraia, les repitió que “los extranjeros no hacen más que molestar y se refirió a ella despectivamente como ’esta gente’”, según consta como hechos probados y reconocidos por el agresor en la sentencia judicial.

En la denuncia que presentó la víctima en el juzgado, explicó que al verse acosada pidió ayuda a una persona, que le recriminó a A. M. su actitud, “ante lo cual el agresor no contestó y siguió insultándome de forma acalorada, me decía ’¡Vete a tu país!’ y se abalanzó hacía mí, por lo que una persona se tuvo que poner en medio de los dos, apartándolo de mí, pues el hombre quería agredirme”.

Tras reconocer el acusado los hechos que le imputaban, se dictó sentencia por conformidad condenándole a 10 meses de prisión, inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y al pago de las costas procesales. La jueza considera que A. M. cometió un delito contra la integridad moral, con la circunstancia agravante contemplada en el artículo 22.4 del Código Penal por haberlo realizado por el origen nacional de la víctima. La aplicación de este artículo permite otorgar a cualquier hecho delictivo el carácter de delito de odio.

Además, se le impone una indemnización de 500€ que debe entregar a la víctima en concepto de responsabilidad civil y la jueza establece que la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad está condicionada a que el autor no cometa ningún otro delito en los siguientes dos años desde la fecha de la sentencia.