Todos los partidos salvo PP y Vox apoyan penar el acoso antiabortista a mujeres o sanitarios

El PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Ciudadanos han pactado una enmienda al proyecto que ya salió adelante en el pleno: no hará falta que la persona agraviada denuncie para que los hechos se persigan

magen de archivo de una mujer con un teléfono que muestra un centro de crisis para atender a las víctimas de violencia sexual. EFE/Eloy Alonso

Ana Requena Aguilar 15 de diciembre de 2021 elDiario.es

Todos los grupos parlamentarios, excepto el PP y Vox, han acordado seguir adelante con el trámite para convertir en delito el acoso frente a las clínicas donde se practican interrupciones voluntarias del embarazo. El PSOE, que llevó la iniciativa al Congreso, Unidas Podemos, ERC, PNV y Ciudadanos han pactado una enmienda transaccional al proyecto que ya salió adelante en el pleno. Introducen dos novedades, según el texto que ha podido consultar elDiario.es: se penará el acoso no solo a las mujeres que acudan a abortar, sino también al personal sanitario y administrativo de los centros, y no hará falta que la persona agraviada denuncie para que el delito se persiga.

El 21 de septiembre, el pleno del Congreso aprobó la toma en consideración de la iniciativa presentada por el PSOE, con la oposición de Vox y el PP, para incorporar un nuevo tipo en el Código Penal para perseguir a quienes "hostiguen o coarten" a las mujeres en el ejercicio de su derecho al aborto. Lo hizo con 199 votos a favor, 144 en contra y dos abstenciones, y después de un debate en el que el diputado de Vox Javier Sánchez García llamó "bruja" a la diputada a la socialista que defendía la propuesta, Laura Berja.

La Comisión de Igualdad votará este jueves una enmienda a ese texto que han pactado el PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Ciudadanos. El nuevo texto incluye que las penas se aplicarán también a quienes acosen, no solo a las mujeres, sino también a trabajadoras y trabajadores sanitarios y al personal facultativo o directivo de las clínicas y obstaculicen el ejercicio de su trabajo. Las penas irán de tres meses a un año de cárcel o de trabajos en beneficio de la comunidad de entre 31 y 80 días.

La otra novedad es que no hará falta que la persona agraviada o su representante legal denuncien para que los hechos puedan ser perseguidos, algo que sí sucede en la actualidad: las clínicas no pueden denunciar a quienes hostigan a las mujeres que acuden a sus centros, sino que deben ser las propias mujeres quienes lo hagan.

La proposición sigue así su camino parlamentario. Después de la votación en Comisión volverá al pleno y después pasará por el Senado. El objetivo de los grupos es intentar poner fin a la obstaculización al aborto que llevan a cabo en diferentes ciudades españolas grupos antielección. Se instalan durante horas en las inmediaciones de las clínicas con el objetivo de persuadir a las mujeres que ya han tomado la decisión para que no aborten. Para ello despliegan una batería de acciones: desde rezar o exponer pancartas antiaborto hasta increpar a las mujeres, darles fetos de juguete, ofrecerles ecografías, llamarles "asesinas" o abordarlas para intentar convencerlas de que no entren. El personal de las clínicas también sufre muchas de estas acciones.