Primeros abortos en Navarra 24 años después

Un centro de Ansoáin ha realizado 12 intervenciones

AMAIA ARRARÁS - Pamplona

EL PAÍS - Sociedad - 29-10-2011->http://www.elpais.com/articulo/soci...]

Veinticuatro años después de la última interrupción de embarazo realizada en la comunidad foral, una clínica de iniciativa privada ha acabado con la excepción navarra en torno al aborto. El Gobierno navarro, de coalición UPN-PSN, ha derivado ya a este centro de Ansoáin (localidad muy cercana a Pamplona) a varias embarazadas. En total, en las últimas dos semanas se han practicado una docena de abortos en sus instalaciones. Hasta la fecha, el Ejecutivo regional derivaba a las embarazadas a centros de comunidades cercanas (585 en los primeros ocho meses del año) para que interrumpieran allí sus gestaciones, ante la ausencia de centros públicos y privados de estas características en suelo navarro. Ahora, y según el promotor de la clínica de Ansoáin, el ginecólogo José Gurrea, el Gobierno podrá controlar mejor esta prestación y además se ahorrará el coste de los desplazamientos y las dietas.

Las instalaciones recibieron en septiembre la licencia de apertura por parte del Ayuntamiento de Ansoáin y el visto bueno del Departamento de Salud, que ha supervisado las inspecciones correspondientes al tratarse de un centro sanitario. Su actividad es todavía "mínima", según Gurrea, que asegura que aún están organizando al personal y "perfeccionando cuestiones técnicas". Por tanto, no se alcanzará el pleno rendimiento hasta principios de 2012. A partir de entonces, atenderá a unas 800 mujeres al año con gestaciones por debajo de la semana 14.

El centro, ubicado en un polígono de oficinas, cuenta con unos 300 metros cuadrados y cuatro salas de reposo, y ya trabajan en él un ginecólogo, el propio Gurrea, un anestesista, dos enfermeras de quirófano, un psicólogo, un recepcionista y un auxiliar de clínica.

Gurrea, a través de su empresa Cannaregio SL, presentó la documentación necesaria el pasado de 23 febrero y el Gobierno de UPN la autorizó el 23 de mayo. La entonces consejera de Salud, María Kutz, aseguró que si la clínica cumplía todos los requisitos, el Ejecutivo tendría que autorizarla, como así ocurrió. De hecho, subrayó que no es que el Gobierno no hubiera dado antes la autorización correspondiente, "sino que nadie había presentado la documentación pertinente".

Además, la consejera aludía a la falta de profesionales dispuestos a realizar interrupciones en la comunidad, un aspecto desmentido después por un grupo de 11 ginecólogos navarros, que a través de una carta pública negaron que "todos fueran objetores". En el texto pedían "voluntad política y una buena organización" para que se pudieran practicar abortos.

Los ginecólogos recordaban que entre 1986 y 1987 se realizaron 10 abortos legales en Navarra, pero que dejaron de hacerse "por múltiples motivos", entre ellos, "el acoso profesional y personal dentro y fuera del Hospital Virgen del Camino a los profesionales que simplemente se atrevieron a cumplir la ley". En 1990, tres médicos de este hospital público se sentaron en el banquillo de los acusados por un caso de un aborto practicado en 1986. La acusación particular, ejercida por Acción Familiar, pedía pena de cárcel, pero finalmente fueron absueltos porque no se había producido delito alguno.

Desde entonces, la objeción de conciencia ha sido el principal argumento en el que se basaba el Gobierno de Navarra para defender que en la comunidad no se practiquen abortos. Para tumbar este argumento, el PSN impulsó hace justo un año una ley en el Parlamento foral, con los votos en contra de UPN, para crear un registro confidencial de objetores, que ya está en funcionamiento.

"Queremos que las interrupciones se hagan en la red pública, más allá de iniciativas privadas", explica María Chivite, portavoz socialista de Salud, "porque esta es una prestación recogida por ley". La norma sobre este registro está recurrida por el PP ante el Tribunal Constitucional y es también criticada por José Gurrea, que opina que "se va a crear una lista negra de profesionales, de unos contra otros". "No tiene sentido", añade, "es una iniciativa que no se ha planteado en ninguna otra comunidad".