Mujeres en el Mundo rural, cuando el contexto no se tiene en cuenta

Mª Ángeles Fernández 15/12/2021 Pikara

Las legislaciones para luchar contra las violencias machistas no tienen en cuenta la especificidad de las mujeres que viven en pueblos. El Pacto de Estado las considera por primera vez como colectivo “vulnerable”, pero aún no se conocen los avances de ese cambio de mirada.

Fotograma de la campaña ‘En un pueblo todo se sabe. O no’, de Fademur.

Las comadres siempre han estado ahí. Fueron las parteras, las madrinas de tus criaturas, las madres de tus ahijadas y también tus vecinas y tus amigas. Tus confidentes. Las comadres son también ahora, en algunos pueblos de la comarca cacereña del Tajo-Salor, las que te cuidan y te acompañan si sufres violencia machista. “Queríamos usar redes que ya existían para incentivar la participación y meter conceptos como ‘violencia de género’. Queríamos trabajar desde la comadre, que era con la que te salías al fresco, y potenciar y ampliar esa red con nuevas comadres, que antes eran las forasteras y ahora son las mujeres migrantes”.

Beatriz Cercas, asesora jurídica de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (Adhex) y técnica del proyecto Red de Comadres por la Igualdad, puesto en marcha por este colectivo, incide en la importancia de la sororidad entre mujeres para enfrentar la violencia machista en las zonas rurales. “En los pueblos se mantienen los roles y la familia tradicional. La propiedad del campo sigue siendo de los hombres y es muy difícil denunciar violencia. Todo el mundo sabe lo que pasa en las casas y queríamos romper eso de puertas para adentro. Nadie quiere que seas una heroína, pero es importante que tu comadre se entere y te ayude”, explica.

La invisibilidad, la falta de recursos, la ausencia de una conciencia social y la mirada urbanocéntrica de las leyes y los procedimientos son los principales problemas cuando se habla de violencia machista en el mundo rural. Detallar este diagnóstico es más complicado por la absoluta ausencia de datos. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género tiene previsto realizar un estudio amplio de la situación. “Es difícil hacer un mapeo por la protección de datos, porque si dices que ha habido un caso en un pueblo de 300 habitantes…”, matiza la técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Plasencia, Alicia Vicente Campos.

El informe estaba finalizado en el momento de redacción de este artículo, pero aún no se había hecho público [se publicó cinco meses después de publicar este reportaje, aquí puedes leer la crónica escrita al respecto]. Hasta ahora los únicos datos que se manejan son que las mujeres que residen en localidades de 2.000 habitantes o menos son las que en menor proporción buscan los servicios de la policía o los juzgados para poner una denuncia, un 17 por ciento frente al 29 de las mujeres residentes en núcleos mayores, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, del año 2015.

Y que, entre 2016 y 2018, el 70 por ciento de las mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en España vivían en municipios de menos de 100.000 habitantes, como recoge el Observatorio del Poder Judicial contra la Violencia Doméstica y de Género; una horquilla demasiado amplia (¿es lo mismo una ciudad de 80.000 personas que un pueblo de 500 habitantes?) que confirma que hay un desconocimiento absoluto de la realidad de las mujeres que sufren violencias machistas en entornos rurales. Ante las estadísticas, el Observatorio concluye que es necesario “redoblar los esfuerzos en el ámbito rural, donde los datos indican que las mujeres están más desprotegidas” y hace hincapié en que deben extenderse a estas zonas “todos los recursos de prevención de la violencia de género, así como los dirigidos a prestar asistencia y protección a las víctimas”.

La especificidad de la ruralidad

La lucha por introducir la perspectiva de la ruralidad en el abordaje de la violencia machista, ya sea en la tarea de sensibilización, en la legislación o en los recursos, es el empeño con el que trabajan en Fademur (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales). “La especificidad de la ruralidad es importante, definitoria y condicionante y se está obviando. Desde la ciudad ni se acuerdan de que los pueblos existen”, arranca Marta Torres, coordinadora técnica del Programa de Violencia de Género de Fademur.

La situación es fácil de ejemplificar. En gran cantidad pueblos no existen dependencias policiales en las que denunciar, por lo que muchas víctimas dependen del coche familiar, es decir, de su agresor, para hacer este trámite que se recomienda insistentemente. Y si dependen del transporte público, que suele pasar una vez al día, ya no se puede denunciar a cualquier hora. Pero el ejemplo puede ser el contrario, lo que demuestra la paradoja y la singularidad del contexto. “Hay mujeres que no van a denunciar al cuartel de la Guardia Civil porque quien atiende es amigo de su marido y se toma chatos con él o es incluso familiar. Y si vas te convencen de que es una riña”, cuenta Beatriz Cercas.

“La situación ya era lo suficientemente violenta para mí, … yo no me sentía a gusto porque el que llevaba mi caso era el padre de uno de su cuadrilla y, claro, a mí eso…, nada más verle pues me quedé sorprendida, me cohibió”, es uno de los testimonios que recoge un informe de la Diputación Foral de Bizkaia, del año 2015, sobre las necesidades y obstáculos de las mujeres víctimas de violencia de género del área rural de esta provincia.

La jurista Marta Torres, quien de inicio recuerda que la violencia machista es un fenómeno estructural, enumera los factores de riesgo y los condicionantes que adopta en los pueblos. En primer lugar, la feminización de la pobreza, ya que los sectores económicos tradicionales que se dan en estos ámbitos geográficos, como la ganadería y la agricultura, están muy masculinizados. Esto provoca, además, que muchas mujeres emigren alimentando así la masculinización de la sociedad. Y la falta de independencia económica, continúa la experta, incide en el control social que viven las mujeres. El aislamiento, tanto geográfico, como social y familiar, es, en segundo lugar, un factor de vulnerabilidad: “En las zonas urbanas hay más contacto con la sociedad”, subraya Torres.

La falta de conocimiento es otro de los condicionantes para la jurista: “En los municipios más pequeños, la violencia es considerada algo familiar en lo que no hay que entrar”. Por eso, en muchos casos los talleres de sensibilización están disfrazados de otras cosas, como se ha hecho en la Red de Comadres, o como hace Fademur de manera habitual. “Las campañas de sensibilización deben estar adaptadas, muchas mujeres no se sienten identificadas”, explica Torres. La técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Plasencia lo confirma: “Es muy difícil que la información llegue de primera mano”. La presión social, el famoso «qué dirán», es otro riesgo citado por Torres.

Recursos escasos y dispersos

“Con un taller al año no se consiguen cambios, hay que trabajar de manera más trasversal”, sostiene Alicia Vicente, también presidenta de la Asociación Profesional de Agentes de Igualdad de Extremadura, y que sostiene que en las poblaciones más grandes de la región sí hay equipos especializados en violencia de género en la Guardia Civil y en las policías locales, pero no en los municipios más pequeños.

Marta Torres enumera también como problema la dificultad de acceso a los recursos especializados, como a psicólogas, la falta de perspectiva de ruralidad que tiene el sistema judicial y la cantidad de trámites jurídicos y burocráticos que obligan a las mujeres a desplazarse de su municipio. “Es muy importante que haya ventanilla única”, reclama.

Los servicios de proximidad podrían jugar un papel relevante ante esta carencia: “Que los médicos de familia tuvieran especialización sería muy importante”, subraya Vicente, quien insiste en la formación transversal profesional y especializada”.

La directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca, Marta del Pozo, también apunta en esta dirección: “Hace falta mejor formación y más tiempo de atención en atención primaria, porque es un lugar buenísimo de detección de la violencia, pero los profesionales apenas tienen tiempo de ver a las pacientes, y lo mismo pasa a los farmacéuticos”.

“Los agobios del pueblo, del qué dirán, de que la gente supiera… ahora se convierten en ventajas. Ha llegado el momento en que si mañana aparece [el agresor] por el pueblo, y alguien lo ve, la gente me llama y me avisa”, es otro de los testimonios que muestra el informe de la Diputación vasca. “Es necesario que haya una detención indirecta e incidir en la acción vecinal, en la acción social. Es fundamental trabajar en la prevención y en la concienciación”, añade por su parte la técnica de Fademur.

Pacto de Estado

Aprobado en septiembre de 2017, el Pacto de Estado contra la violencia de género incluye como novedad la atención personalizada a las mujeres rurales, nombradas como colectivo vulnerable junto con las mujeres migrantes, las discapacitadas y las mayores. “Considerar a las mujeres rurales como vulnerables es un avance, un cambio de mirada”, afirma Torres.

Además, establece medidas específicas, como incrementar la atención, impulsar las asociaciones de mujeres, realizar un estudio e impulsar la Ley de Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias, en vigor desde 2012. En ocho años, solo se han dado 631 casos de cambio de titularidad, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es decir, la tierra sigue en manos de los hombres. Los datos demuestran además una enorme desigualdad: mientras que en Castilla y León se han dado 272 casos y en Castilla La Mancha 185, en Madrid y Baleares no ha habido ninguno y en Murcia solo uno. “Con el Pacto de Estado se están haciendo cosas, está habiendo un acercamiento a las asociaciones de mujeres rurales, pero la Ley de Titularidad Compartida no se ha potenciado”, apunta Torres. Esta falta de reconocimiento en la posesión de la tierra hace que muchas mujeres no están amparadas legalmente, lo que las deja al margen de subvenciones e incluso de poder recibir una pensión.

Por otro lado, la carencia de especialización ha hecho que parte de los fondos que han recibido algunos consistorios del Pacto de Estado se hayan invertido en actividades culturales para las mujeres, pero no en actividades concretas para la prevención de la violencia. “A los ayuntamientos se les ha dado dinero y a veces no saben qué hacer, por eso hay que insistir en la formación del personal técnico”, apunta la técnica de Fademur.

En 2018 y 2019, los fondos destinados a ayuntamientos fueron de 20 millones de euros anuales. “Tendremos que esperar a ver la evaluación que se hace del Pacto de Estado, pero el dinero lo debería gestionar personal técnico especializado, porque el dinero puede perder el sentido y no hay perder de vista que el objetivo es prevenir la violencia de género”, sostiene la trabajadora de Plasencia.

En plena pandemia por la covid19, se celebró la Conferencia Sectorial de Igualdad en la que la ministra Irene Montero apuntó que hay que “seguir trabajando y dar los pasos necesarios para institucionalizar el Pacto de Estado como una política pública estructural, transversal y permanente”.

“Al legislar se piensa en las grandes ciudades. La estrategia para la España vaciada debe ser ad hoc, hay que responder a sus peculiaridades y no creo que se esté haciendo así.”, finaliza Marta Del Pozo.