Milei va contra el aborto y recorta en políticas de género

El Gobierno presenta un proyecto para derogar la ley del aborto en la Argentina. Los ultraderechistas ya degradaron el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a subsecretaría y despidieron trabajadoras de este ámbito

Paula Sabatés Buenos Aires , 9/02/2024 CTXT

Vigilia feminista mientras el Senado argentino votaba la ley del aborto en 2020. / Titi Nicola (CC BY-SA 4.0 DEED)

“Uno de los conflictos que los socialistas plantean es el del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto”. Las palabras son de Javier Milei y fueron pronunciadas hace unas semanas en el Foro Mundial de Davos, durante su primer discurso como presidente de Argentina ante esa cumbre de líderes y referentes mundiales. Sorprendieron por lo inéditas, pero no debería: la declaración va en línea con otras que hizo en campaña, cuando llegó a prometer que si era presidente iba a hacer un plebiscito para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sancionada en 2020. En los últimos días, efectivamente, un grupo de legisladores de su espacio político presentó un proyecto en la Cámara de Diputados que va en esa dirección. Propone penas de prisión de hasta 15 años para las personas gestantes y los médicos, y se fundamenta en que la norma “no es constitucional y contraría el sentir general del pueblo argentino”.

Consultado por las declaraciones en Davos, el vocero presidencial ya había admitido en conferencia de prensa que el Gobierno tenía en carpeta esa discusión. Además, desde la presidencia de la Nación se decretó al 2024 como el “Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad”. Con ese mismo título, el procurador del Tesoro Rodolfo Barra publicó hace unas semanas un artículo en un portal periodístico en el que admitió tener una “fundada esperanza en que, en este Año de la Vida, sea derogada la también inhumana ley 27.610”. Esa publicación fue citada en el reciente proyecto de ley.

En rigor, el texto –que aparece con la firma de cinco legisladores de La Libertad Avanza, además de la autora– busca ser más restrictivo que el código penal de 1921, ya que quita la violación como causa de aborto no punible. Sugiere que “si aparece una justificación para eliminar una vida inocente, siempre aparecerán otras razones para excluir de este mundo a otros seres humanos dependiendo de las circunstancias”, en la pretensión de obligar a gestar aún en casos de violación. “Creemos que no existe ninguna razón, por dramática que sea, que justifique el descarte de una vida inocente”, destacan en uno de los tramos más polémicos del proyecto.

Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la plataforma que impulsó la ley conquistada tras años de lucha y que implicó un debate social sin precedentes, convocaron a una asamblea feminista abierta para los próximos días.

Vaciamiento de las políticas de Estado

Más allá de que el oficialismo cuenta con bloques muy minoritarios en las dos cámaras del Congreso Nacional y que ni el voto de sus aliados le alcanzó para aprobar su primer paquete de reformas, el ataque contra la ley de aborto alarma. Si lograrán avanzar con la iniciativa o no, ya se verá. Por lo pronto, a dos meses de comenzada la gestión de Milei, no se presentó ninguna política pública de género nueva y se retrocedió con muchas de las que ya existían. Un curioso caso de “libertad” para las mujeres y LGBTI+.

El primer gran golpe de La Libertad Avanza fue contra la institucionalidad. En línea con sus declaraciones de antes de asumir, Milei eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad creado durante la gestión anterior (2019-2023) y lo redujo a una subsecretaría (ni siquiera una secretaría) dentro del Ministerio de Capital Humano. El área ahora se llama “Protección contra la Violencia de Género” y a más de dos meses de comenzada la gestión todavía no tiene autoridades designadas formalmente. Además, por decisión del Gobierno, se rescindió el contrato de los trabajadores y trabajadoras que habían comenzado a trabajar en 2023, lo que redujo considerablemente la plantilla y afectó el funcionamiento de programas y líneas de trabajo.

Un ejemplo: el trabajo del equipo del Mapa Federal del Cuidado –herramienta digital con información georreferenciada sobre la disponibilidad de espacios de cuidados en el territorio nacional– está frenado. No le renovaron su contrato (que era ya informal) a las programadoras del área, y sin soporte técnico la actualización no funciona. El equipo informático general de la subsecretaría sacó la herramienta de la web. No se sabe si de manera temporal o permanente.

Otro ejemplo: se dio de baja el programa Registradas, que tenía como objeto “promover el acceso y la permanencia del empleo de las trabajadoras de casas particulares, garantizar sus derechos y su inclusión financiera y avanzar hacia la igualdad de género”, según la descripción del ex Ministerio. El programa tenía vigencia hasta el último día del 2023 y ya se había iniciado el trámite para su prórroga. Pero el Gobierno de Milei no la firmó, de modo que perdió vigencia. Tampoco se respetaron los compromisos asumidos con las beneficiarias: quienes debían cobrar por lo trabajado en noviembre y diciembre no lo hicieron.

Consultada por CTXT, una trabajadora de la subsecretaría cuenta: “Por ahora no hay bajada política de ningún tipo, ya sea para cambiar o para continuar con la misma lógica de funcionamiento o implementación de las políticas. Lo único que vemos es la reducción de ejecución presupuestaria que se va dando en los hechos porque no se realizan los desembolsos de algunos programas”.

¿Protección contra la Violencia de Género?

Desde 2013 funciona en Argentina la Línea 144, un canal de comunicación atendido por profesionales de múltiples áreas que brindan atención, contención y asesoramiento a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género. En los últimos tiempos, el servicio brindaba respuesta en cinco lenguas indígenas, en cinco idiomas extranjeros y a través de videollamada a personas sordas e hipoacúsicas. Según datos del ahora ex Ministerio, durante los cuatro años de existencia del organismo recibió más de 1,2 millones de comunicaciones y realizó más de 93 mil intervenciones. Una política pública fundamental en materia de derechos de las personas violentadas.

La línea también sufrió recortes en el inicio de la era Milei. Como en otras áreas y direcciones, también hubo despidos y no renovación de contratos, tanto a nivel nacional como en diversas jurisdicciones. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se redujo el 10 por ciento del personal de la línea, lo que, según cuentan las propias trabajadoras, impactó muchísimo en la atención. “En un esquema ideal debería haber cinco personas por turno. Hoy ni siquiera se llega a eso. Todo enero hubo una sola persona en uno de los horarios y algunos llamados quedaron sin atender”, cuentan a CTXT.

Al ser una atención telefónica, quienes se comunican con la línea necesitan luego una ayuda presencial. Lo que está pasando, además de los despidos internos, es que el vaciamiento de las distintas áreas de género de todo el país complican esa atención posterior. Las áreas de género de las comisarías, juzgados, fiscalías y centros de salud, además de las de las distintas provincias, también se achican y no tienen los recursos suficientes para abordar todas las situaciones que se derivan de la atención de la línea. Los gobiernos le dan promoción a la línea pero no garantizan que funcione en su máxima expresión.

“La Línea 144 es el primer paso de la ruta crítica. Las mujeres llaman en situaciones de emergencia porque no saben para dónde ir. Hay que dimensionar que un llamado que no se atiende puede ser un potencial femicidio al que no se le pudo dar respuesta y que hoy el Gobierno está decidiendo hacer ese vaciamiento”, sentencian las trabajadoras.

Además de este programa, en las últimas semanas hubo denuncias de vaciamiento en el Hogar Eva Perón (que aloja a adolescentes que son madres) y en los Centros Integrales de la Mujer (donde por despidos se cortó la asistencia psicológica) de la Ciudad de Buenos Aires y también despidos en el área de género de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fé. Mientras tanto, según registros de la ONG La Casa del Encuentro, en enero hubo casi un femicidio por día.