Los niños y niñas que tienen vetado el acceso al cole en Melilla

La ONG Prodein entrega más de 80.000 firmas al Ministerio de Educación para que permita a más de 200 niños y niñas de Melilla ir al colegio.

Patricia Simón 21-08-2019 La Marea

Una mujer con una niña en una calle de Melilla. ÁLVARO MINGUITO

Queremos ir al cole», corearon durante meses, una vez a la semana, niños y niñas ante la Delegación del Gobierno de Melilla a lo largo de 2018. Sus madres les ayudaban a hacer las pancartas para que no se repitiese su historia: el analfabetismo, la indocumentación, la pobreza y la exclusión. Muchas de ellas habían nacido en Melilla, o habían llegado a la ciudad fronteriza hacía muchos años e, incluso, décadas. Viven, como contamos en un reportaje en nuestra revista LaMarea71, en una especie de régimen de ‘apartheid‘: no pueden acceder a un permiso de residencia porque tienen vetado el acceso al padrón municipal, por lo que tampoco tienen derecho a la tarjeta sanitaria… Una espiral de barreras administrativas excepcionales, que no se dan en ningún otro territorio español, dirigida a obstaculizar la regularización de la población de origen musulmán.

Sus hijos e hijas también son castigados de manera colectiva, negándoles su derecho universal a la educación. Lo que en cualquier otra ciudad española es un deber para los padres y madres, que en caso de incumplirlo puede acarrearles la retirada de la custodia de los menores, aquí es un deseo inalcanzable. Les exigen la tarjeta sanitaria o estar empadronados, requisitos que se les niega sistemáticamente cuando intentan solicitarlos.

Por ello, el año pasado, la ONG Prodein puso en marcha una campaña para exigir la escolarización de los más de 400 menores excluidos del sistema educativo. Además de las manifestaciones semanales, la entidad recogió más de 100.000 firmas en apoyo a su exigencia a través de Change.org y el aval del Defensor del Pueblo. Finalmente, el Ministerio de Educación autorizó en julio de 2018 la inscripción en sendos centros educativos de 200 niños y niñas que contaban con la tarjeta sanitaria.

Pero, a un mes de que comience un nuevo curso escolar, otros 243 menores han visto cómo sus nombres no aparecen en ninguno de los listados de alumnado admitido en los centros educativos melillenses. Por ello, este verano, miembros de Prodein han vuelto a acompañarles a manifestaciones para exigir su derecho a ir al colegio y a recoger firmas: más de 80.000 entregó ayer su fundador, José Palazón, en el Ministerio de Educación.

“Ningún niño debería dedicar su verano a manifestarse para que le dejen ir al cole”, escribía Palazón en su petición en change.org. “Deberían estar disfrutando de sus vacaciones y alegrándose de no tener que ir a clase por unos meses. Pero no, es más bien al revés, ellos están reclamando que les dejen ir al colegio porque el Gobierno sigue sin garantizar que a la vuelta de verano estos niños tendrán un pupitre en el que sentarse…”.

José Palazón atendiendo a dos hermanas: una de ellas, tiene nacionalidad española y la otra, ni siquiera puede acceder a un permiso de residencia. ÁLVARO MINGUITO

Francisco Fernández Marugán, el Defensor del Pueblo, lleva desde 2018 manifestándose a favor de las exigencias de Prodein e instando a las Administraciones Públicas, a través de comunicados y declaraciones públicas, a que “encuentren una solución permanente que acabe con estas situaciones de marginación, invisibilidad y exclusión”.

Puedes encontrar más información sobre esta cuestión en el reportaje El ‘apartheid’ de las otras melillenses, en #LaMarea71