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Ley trans, la norma que pareció imposible: un año de tensión política y muchas heridas abiertas

Miércoles 30 de junio de 2021

La autodeterminación de género, un precepto en el que el PSOE y Unidas Podemos tenían posturas similares antes de formar gobierno, ha sido el punto de fricción en una norma que asume la autodeterminación, pero que también ha supuesto un proceso que deja crispación y brechas profundas

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Una pancarta por los derechos de las personas trans en la marcha del Orgullo Crítico en Madrid OLMO CALVO

Ana Requena Aguilar 29 de junio de 2021 elDiario.es

El Consejo de Ministros aprobó este martes lo que hace bien poco parecía imposible: la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. El punto de fricción, uno de los que más tensión ha generado en la aún corta historia del Gobierno de coalición, contenía, sin embargo, menos palabras que el título de la norma. ’Autodeterminación de género’, un concepto desconocido hasta ahora para la mayoría y que ha estado en el centro de un tira y afloja político y también feminista. El resultado es una norma que, finalmente, asume este precepto, pero también un proceso lleno de crispación y señalamientos que deja heridas profundas.

El acuerdo de Gobierno que firmaron el PSOE y Unidas Podemos a finales 2019 contemplaba la aprobación de una Ley Trans. Era una declaración de intenciones, sin contenido concreto, pero que en principio no tenía por qué suponer un gran problema para el Gobierno de coalición. Los dos partidos habían planteado propuestas similares, bien en sus programas electorales, bien en las proposiciones registradas en el Congreso.

En 2017, el PSOE presentó una proposición de ley para despatologizar las identidades trans, es decir, para que las personas trans pudieran modificar su sexo legal en el Registro Civil sin necesitad de presentar informes médicos o psicológicos y sin que la decisión dependiera de una tercera persona. Decía el texto que con la norma querían que el Estado "reconozca verdaderamente el derecho a la identidad sexual o expresión de género autopercibida y libremente determinada". Entonces, solo el PP se mostró en contra de la iniciativa.

No mucho después, en febrero de 2018, fue Unidos Podemos quien registró en el Congreso una propuesta de ley integral sobre la protección jurídica de las personas trans. El texto iba más allá del presentado por el PSOE (incluía, por ejemplo, la categoría ’no binario’ en el DNI) pero el espíritu era similar: terminar con los requisitos médicos para cambiar el sexo registral y reconocer el derecho de la autodeterminación de género sin más tutelas.

La pregunta sería entonces cómo es posible que un asunto que concitaba más consensos que disensos haya generado una crisis como la vivida en el último año. Hay tres escenarios que coinciden prácticamente en el tiempo y que ayudan a resolver el interrogante. Los tres factores se entremezclan en esta historia. Por un lado, el auge del feminismo desde que en 2018 la primera huelga feminista marcara un punto de inflexión en nuestro país. El movimiento se transforma en un fenómeno de masas, y su capital simbólico y político pasa a ser un bien codiciado, para la política, pero también dentro del propio feminismo. Conseguir la hegemonía en un momento de atención e influencia no visto antes no es poca cosa.

En enero de 2020 PSOE y Unidas Podemos forman su Gobierno de coalición. Toca negociar carteras y, finalmente, Igualdad cae del lado de los morados. Las reticencias dentro del PSOE y de un feminismo tradicionalmente más identificado con sus políticas son inmediatas. La lupa observa las líneas de actuación del Ministerio y, a falta de grandes desacuerdos, encuentra en la Ley Trans y la autodeterminación de género el elemento en el que diferenciarse.

Por último, el trasfondo: una pelea de corrientes dentro del feminismo que sucede también en muchos otros países y que gira sobre varios temas pero muy especialmente alrededor de la identidad de género. La batalla es de ideas, pero también generacional y, de alguna manera, identitaria: ¿quién es el sujeto del feminismo?, ¿de qué debe encargarse?, ¿cuál es su capital político y dónde poner la energía? Algunas de estas preguntas ya habían suscitado grandes polémicas en España, pero el conflicto no estalla por completo hasta que los otros dos elementos de la historia aparecen en escena.

La brecha se agranda

El Gobierno de coalición asume sus carteras en enero de 2020 y ese mismo mes se crea la ’Alianza contra el borrado de las mujeres’, un conglomerado de asociaciones y activistas que ponen el foco, antes siquiera de que el ministerio tenga un borrador, en la futura ley trans. El precedente es la celebración de la Escuela Feminista Rosario de Acuña en Gijón en julio de 2019. Allí, varias académicas, algunas estrechamente ligadas al PSOE, criticaron con dureza las leyes de identidad de género e incluso tacharon a las mujeres trans de "tíos con barba" o de "actores de género". Es ese entorno el que gesta una lucha sin cuartel contra el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

Igualdad no se repliega, pero tampoco busca el consenso. El gabinete de Montero reacciona enrocándose cada vez más e iniciando su propia batalla en la que consideran que negociar es ceder ante la vicepresidenta Carmen Calvo, que ha sido la contraparte durante todo este proceso. La baraja termina de romperse en junio de 2020, cuando el PSOE firma un comunicado en el que rechaza la autodeterminación de género, y la liga con la "inseguridad jurídica" y la "teoría queer". Durante meses, ningún cargo de relevancia del partido explica públicamente su cambio de postura ni su alternativa a la autodeterminación.

Desde ese momento hasta hace solo unas semanas, la posibilidad de que la Ley Trans saliera adelante parecía alejarse cada vez más. Personas de peso en el entorno de Unidas Podemos y del Ministerio de Igualdad pedían a Irene Montero y a su círculo más estrecho que aceptaran un cambio en su propuesta inicial para dotar al proceso de cambio de sexo de algún tipo de procedimiento garantista. Esas voces apuntaban a las normas de otros países y también al más que probable recurso ante el Tribunal Constitucional de las derechas: animaban a que Igualdad mantuviera la autodeterminación de género pero aceptando la presentación de testigos o bien la ratificación posterior del cambio de sexo en un plazo determinado de tiempo.

El PSOE lidiaba, por su parte, con sus contradicciones y con un malestar interno. El comunicado contra la autodeterminación había generado incomodidad en algunos cuadros y cargos, a los que la retórica empleada les parecía excesiva y muy inoportuna en el mes del Orgullo. Esos mismos sectores veían con preocupación cómo los grupos creados alrededor del rechazo a la Ley Trans elevaban el tono cada vez más y caían, incluso, en señalamiento personales. El pronunciamiento del PSOE había alimentado a estos grupos y, ahora, había quien dentro del socialismo sabía que ningún punto intermedio serviría ya para satisfacerles.

El acercamiento

Mientras la brecha en el feminismo se agrandaba, las peores prácticas de la ultraderecha aterrizaban en el activismo: fake news, perfiles anónimos, ataques despiadados en redes, expertas que dejaban de recibir invitaciones a mesas redondas o jornadas, campañas contra periodistas y medios de comunicación...

Pero lo que parecía imposible terminó por suceder. Y aquí también entran en juego varios factores para despejar la incógnita de por qué un conflicto tan enconado termina por resolverse en las dos últimas semanas. Sobre el PSOE sobrevolaba la amenaza de llegar al Orgullo como partido ’non grato’. Sobre Igualdad, haber puesto prácticamente toda su energía y capital en una norma que no saliera adelante. Sobre la mesa, una sentencia del Tribunal Constitucional, otra del Tribunal Supremo y las decisiones de la Justicia europea y de la Organización Mundial de la Salud, todas en la misma dirección: consolidar la autodeterminación de género como principio fundamental. Difícil de ignorar. Los colectivos LGBTI fueron clave para que el diálogo y las cesiones fueran posibles.

Una llamada al orden de Moncloa termina de completar el cuadro. Y así es como llegamos a una norma que contempla la autodeterminación de género por la mera declaración de la persona interesada, que tendrá que ratificarla en un plazo máximo de tres meses ante el Registro Civil. No parece el final del camino, no solo porque la ley tiene ahora que iniciar su trámite parlamentario, sino por las heridas abiertas que este conflicto deja. Es tentador acabar con un refrán que va como anillo al dedo de lo sucedido: para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Ni tantas heridas.

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