Ley del aborto: a un paso de la vuelta atrás

La línea dura del PP gana posiciones en una de las reformas más controvertidas

Gallardón aparca la opción menos restrictiva, que hasta ahora barajó

Vera Gutiérrez Calvo Madrid 21 ABR 2013 El País

Durante más de un año, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha tenido sobre su mesa dos opciones para la reforma de la ley del aborto. Una, la más restrictiva, suponía derogar el sistema actual de plazos —que considera el aborto un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas de embarazo— y sustituirlo por un sistema de supuestos despenalizados como el que rigió hasta 2010, pero más duro que aquel; la otra, exactamente igual que la primera en sus mimbres —el sistema de supuestos—, contenía un matiz de fondo que la hacía completamente distinta: dejaba la decisión final, fuera cual fuera el supuesto, en manos de la mujer. Esa segunda opción es la que Ruiz-Gallardón nunca defendió abiertamente en público pero siempre contempló y fue desarrollando en privado, según sostenía su entorno y según fue publicado varias veces en distintos medios y jamás desmentido por él. Ahora, esa opción está a punto de quedar definitivamente enterrada.

A día de hoy, y aunque la decisión aún no ha sido tomada por quien puede tomarla —el presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy—, todas las señales y todas las fuentes del Ejecutivo consultadas apuntan a que Ruiz-Gallardón, si alguna vez tuvo intención de llevar esa segunda opción hasta el final, ha renunciado a hacerlo. La ley del aborto que prepara el ministro de Justicia y a la que él pondrá nombre en los libros de historia sería, así, la más restrictiva de la democracia.

"La última palabra no está dicha", insisten fuentes del ministerio. Pero el entorno de Gallardón, que hasta hace apenas tres semanas seguía defendiendo en privado la posibilidad de aprobar una ley que, aun volviendo al sistema de supuestos y endureciendo las condiciones, respetase en última instancia la decisión de la mujer —porque se reconocerían derechos al feto pero primarían los de la madre—, ya no lo hace.

Ese as en la manga que lo cambiaba todo, el de dejar en manos de la mujer la decisión final, no se menciona ya en las conversaciones. Mientras, el ministro ha retomado sus declaraciones públicas anunciando una ley muy dura. Y todo ese aparente cambio de rumbo ha coincidido, además, con la reunión de Rajoy con el Papa y las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, metiendo prisa al Gobierno con la ley del aborto. Fuentes de Justicia aseguran, sin embargo, que esos dos hechos no han influido en nada; también sostienen que la ley será fruto de una decisión "colegiada" y que el ministro nunca ha ido por libre ni ha llegado a defender "una opción por encima de la otra".

Si se confirma que la línea más dura se ha impuesto, la nueva ley del aborto supondrá una vuelta a 1985 o más atrás. Se tratará de un sistema acotado de supuestos (es decir, abortar es delito salvo en los supuestos que se fijan), como el de la ley que aprobó el Gobierno de Felipe González, pero con menos supuestos, ya que Gallardón ha adelantado que eliminaría el de malformación fetal. Además, hay un asunto clave que podría ser modificado: qué médico o médicos asumen la responsabilidad de autorizar el aborto.

Con la ley de 1985 —en los casos de riesgo para la madre o malformación fetal, que requerían la firma del médico— , ese papel lo ejercían generalmente los propios profesionales de la clínica en la que luego se realizaba el aborto: casi siempre el psiquiatra del centro, porque el daño psicológico era el supuesto alegado en la gran mayoría de los casos. También ocurre así con la ley actual, que declara el aborto como un derecho hasta la semana 14 (la mujer no tiene que alegar motivos en ese plazo) pero que después también requiere el informe médico para acreditar posibles daños a la madre o al feto: esa acreditación la firman, de nuevo, los profesionales de las clínicas (porque el 97% de las interrupciones del embarazo se realizan en centros privados). La reforma del PP podría traspasar esa potestad a médicos especialistas de la red pública, quitándoselo a las clínicas. Eso es, al menos, lo que propusieron los populares en sus enmiendas a la ley de plazos de 2010.

La Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), que agrupa a cerca de la mitad de las existentes, augura que esa fórmula estrecharía mucho las posibilidades de abortar. "Si se deja en manos de las comunidades autónomas la creación de comités médicos en los hospitales para autorizar todos los abortos, la elección de esos profesionales podría estar marcada por criterios políticos", señala Francisca García, vicepresidenta de ACAI, que hace hincapié en que la mayoría de las comunidades están gobernadas por el PP. La asociación no cree que la situación actual, en la que es un médico de la clínica, la mayoría de las veces, el que autoriza el aborto (aunque este es practicado por otro médico), peque de lo contrario: que los médicos sean más permisivos. "En las clínicas no solo se practican abortos, también se llevan embarazos y partos, planificación familiar... Nuestro interés no es que las mujeres aborten", argumentan desde ACAI.

En todo caso, esa puede ser una de las claves de la nueva ley: hasta qué punto quedará la mujer en manos de un médico u otro, porque el aborto como derecho en las primeras 14 semanas —que es cuando se produce más del 90% de los abortos, con esta ley y con la anterior—, se suprimirá y el médico volverá a jugar ese papel fundamental. La otra cuestión clave es la más que probable eliminación del supuesto de malformación fetal. Representa un porcentaje ínfimo de las interrupciones voluntarias del embarazo (un 3%, unos 3.500 abortos al año), pero suelen ser casos especialmente dolorosos para las mujeres. Gallardón considera que es necesario eliminar ese supuesto porque genera "discriminación".

"No entiendo que se desproteja al concebido, permitiendo el aborto, por el hecho de que tenga algún tipo de minusvalía o de malformación. Es éticamente inconcebible", dijo el pasado verano. Este periódico publicó entonces una encuesta según la cual el 80% de los ciudadanos (y el 65% de votantes del PP) eran contrarios a suprimir ese supuesto. En toda Europa, solo Malta e Irlanda prohíben el aborto por malformación fetal. Gallardón nunca ha llegado a aclarar a qué grado de "minusvalías" o "malformaciones" se refiere: si a todas o solo a algunas; ni quién y con qué criterio asumiría hacer esa distinción en cada caso.

España, con 118.359 abortos en el año 2011, tiene una tasa de 12,4 por cada 1.000 mujeres fértiles (similar o menor a la de países de su entorno). La ley de plazos que rige desde 2010 es equivalente a la de la mayoría de los países europeos. Según una encuesta de Metroscopia, en España sigue siendo la opción más apoyada (véase gráfico en esta página). El ministro Ruiz-Gallardón la sustituirá por otra que, previsiblemente, devolverá la cuestión, de una sola zancada, a los años ochenta.

1985-2013: de la despenalización al derecho

La primera ley del aborto en democracia la sacó adelante el PSOE, siendo ministro de Justicia Fernando Ledesma. Aunque fue inicialmente aprobada en 1983, tuvo que ser corregida en parte tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 1985 (el PP la había recurrido) y entró en vigor ese año.

Establecía que el aborto era delito salvo en tres supuestos: violación (alegable en las primeras 12 semanas); malformación del feto (hasta la semana 22) y riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer (en cualquier momento). Los dos últimos supuestos requerían un informe médico.

El sistema de supuestos de 1985 (que el PP no tocó durante sus años de Gobierno) fue sustituido por uno de plazos con la ley de 2010, siendo ministra de Igualdad la socialista Bibiana Aído.

La ley establece que el aborto es un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas (en ese plazo, no tiene que alegar ningún motivo); después permite abortar, hasta la semana 22 y previo informe médico, por “grave riesgo para la vida o la salud de la madre o el feto”; a partir de entonces, solo si el feto sufre “enfermedad extremadamente grave o incurable” o anomalías “incompatibles con la vida”.

El actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), ha dado algunas pistas de cómo será su ley: “Volveremos a una ley de supuestos”, aseguró. Solo ha citado dos: violación y “peligro cierto” para la salud física o psíquica de la madre. Y ha añadido que esos supuestos “no deben ser pretextos”: “Se deberán acreditar”. "No entiendo que se desproteja al concebido [con el aborto] por el hecho de que tenga alguna minusvalía o malformación”. Desaparecerá la posibilidad de que [las menores] aborten sin permiso de sus padres”, ha asegurado.

“Para escraches, los nuestros”

Luz Sánchez-Mellado Madrid 21 ABR 2013 El País

—Hermano Gárate, 14.

—Eso es la clínica Dator.

—Sí. ¿La conoce? ¿Lleva a muchas pasajeras allí?

—A bastantes. A mi hija, sin ir más lejos. Entran llorando y salen llorando. Pobrecitas mías.

Los taxistas de Madrid, como este afable cincuentón que nos cuenta su vida, están acostumbrados a llevar a mujeres a esta dirección. Las miran y remiran por el retrovisor presumiendo saber a lo que van. Todos están al tanto de que aquí se practican abortos desde que, en 1985, la Dator, como la conoce todo el mundo, fuera la primera clínica privada autorizada para realizar interrupciones de embarazo después de que el Gobierno de Felipe González lo despenalizara mediante la conocida como Ley de los tres supuestos. Desde entonces, decenas de miles de mujeres han puesto fin a una gestación no deseada en este centro situado en los bajos de un bloque de vecinos de un barrio bien de la capital. Lo que pocos taxistas saben, salvo el que nos ha tocado, es lo que se vive dentro.

Son las doce de la mañana de un miércoles y se respira tranquilidad en los pasillos de la Dator. La angustia, el alivio, las emociones encontradas se viven en la sala de espera, las consultas y los quirófanos.

Hoy no hay muchas pacientes. Los días punta son viernes y sábados. Las mujeres prefieren ser intervenidas en esas fechas para recuperarse el fin de semana y no dar explicaciones en el trabajo. La anunciada reforma de la Ley de Plazos, que va a endurecer las condiciones para abortar legalmente, incluso en caso de malformaciones del feto, tiene a los profesionales —ginecólogos, cirujanos, enfermeros, psiquiatras, asistentes sociales— en vilo. Las pacientes, sin embargo, al menos las de hoy, tienen otras preocupaciones y otras prioridades. Para cuando se apruebe la ley Gallardón, ya habrán pasado el trance.

"No necesito que nadie me diga lo que tengo o puedo hacer. No puedo afrontar una maternidad ahora. Tengo pareja, tengo trabajo, pero no estaríamos bien. Ni yo, ni el niño", dice, al borde del llanto, una mujer de 38 años que acaba de recibir la información del proceso —-y el obligatorio sobre con las alternativas al aborto— para que se repiense su decisión durante las preceptivas 72 horas de reflexión que impone la Ley de Plazos a las mujeres que desean abortar sin esgrimir causa hasta las 14 semanas de gestación.

Se la ve segura, pero tocada. Tanto, que prefiere pagar los 350-400 euros que cuesta la intervención, antes que demorarla los 15 ó 20 días que le llevaría validar su expediente para que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), con el que Dator mantiene un concierto, se hiciera cargo de la factura.

En otra sala, una mujer china de 30 años, explica con infinitivos y señas que ya tiene un hijo de 10 años y ni quiere ni puede hacerse cargo de otro bebé. Ha venido a trabajar, arguye, y no quiere regresar con dos niños a su país, donde sigue imperando psicológicamente la política del hijo único.

A pesar de su precario español, esta señora conoce sus derechos como inmigrante legal, y va a solicitar al Sermas la financiación de su interrupción de embarazo.

Diego Fernández y Olga Sancho, gerente y portavoz respectivamente de Dator, llevan 27 años escuchando historias como estas. Ambos forman parte del "núcleo duro de sanitarios militantes", en sus palabras, que fundó el centro con la idea de normalizar el derecho al aborto en una época en que era anatema, y no solo para los católicos más conservadores.

Eso ha cambiado, pero no tanto. "Para escraches, los que sufrimos desde 1985 hasta hoy", relata Sancho. "Nos han rociado con pintura roja. Nos han disparado al rótulo con una escopeta. Nos han seguido al metro llamándonos asesinos. Los de la Misa de las Familias, nos mandan a los chavales a la puerta. Lo que no saben es que, alguna de esas chicas, ha venido después con o sin sus padres pidiendo nuestros servicios. ’nuestro caso es distinto’, dicen. Pues no, miren, es el dolor de todas".

La Ley de Plazos, sostienen estos profesionales, ha ayudado a las mujeres a vivir el trauma del aborto con menos dramatismo. "No es necesario evidenciar tus problemas económicos, tu mala relación de pareja, tu angustia. Gallardón quiere acabar con el libre albedrío de las mujeres, retroceder 30 años. ¿Violencia contra la embarazada? La violencia es obligarla a continuar con una maternidad que no desea. Somos autónomas, no necesitamos que ningún poder político ni religioso nos tutele", se indigna Sancho. más información

Ley del aborto: a un paso de la vuelta atrás (21 ABR 2013) El PSOE lanza una campaña contra la futura ley del aborto (19 ABR 2013) El aborto provoca un cisma entre católicos (18 ABR 2013) El PP augura que la ley del aborto no gustará a los obispos (17 ABR 2013) Si Rajoy cede ante la Iglesia el PSOE denunciará el Concordato (16 ABR 2013) Alfonso Alonso: “La ley del aborto no les va a gustar a los obispos” (16 ABR 2013) Gallardón reformará la ley del aborto pero no el matrimonio gay (16 ABR 2013) Rouco urge a Rajoy a cambiar ya la legislación sobre aborto y bodas gais (15 ABR 2013) La ley permitirá abortar por riesgo para la madre o por violación (3 SEPT 2012)

"Además", añade Fernández, "está demostrado que restringir el derecho al aborto no disminuye su número. Lo dice la OMS. Si la gestante tiene medios, abortará fuera. Y si no, lo hará en condiciones de clandestinidad, con el consiguiente peligro para su salud".

Pese a que aún no están disponibles las cifras oficiales —las últimas, las de 2011, hablaban de un repunte de un 5% de los abortos debido, quizá, a la crisis— en Dator sostienen que, sin embargo, los abortos han disminuido un 10%-12% en 2012. Al menos, en su centro.

El aumento del uso de la píldora poscoital, el éxodo de inmigrantes a sus países, y el aumento general de precauciones por miedo al embarazo en tiempos de crisis, podrían estar detrás de este descenso.

¿Y el negocio? "No somos una ONG, pero no tenemos especial interés en que se aborte. Hacemos salud sexual. Nos encantaría que subiera el uso de la ginecología, y bajara el del quirófano. Pero no se puede ignorar la realidad", dice Sancho.

Una caja de pañuelos preside la consulta de uno de los psiquiatras de Dator. Con la Ley de Plazos, su dictamen ya no es preceptivo en las 14 primeras semanas, pero él estima que su papel es relevante. "No soy quién para decidir quién aborta y quién no, pero podemos prevenir problemas psicológicos antes y después del mismo".

Ni este, ni otros de los médicos de Dator dan su nombre. La práctica del aborto sigue generando un estigma que determina, que, según los cirujanos, haya difícil relevo generacional en su campo. "Es un baldón en el currículo. Si te dedicas a esto, siempre serás el abortero".

Al final del viaje, el taxista quiere darnos el teléfono de su hija para que cuente su historia. "Tenía 18 años, quedé embarazada y quería tenerlo, pero tenía el virus del papiloma, había riesgo para mi salud y decidí abortar. Sufrí mucho. Pero no me gustaría que nadie me hubiera impedido hacerlo. Ni entonces, ni nunca".

Tras el quirófano y la reanimación, las pacientes salen a la calle. Muchas vienen con su pareja o su familia. Pero otras llegan solas y no están para el bus, ni el metro. Por eso, muchas, por pobres que sean, piden un taxi. Puede que sea el caso de la chica que ocupa el asiento que dejamos libre.

La decisión más dolorosa

En el primer piso de la Clínica Dator hay una salita de espera especial, aislada del resto de dependencias. Es, quizá, la que más dolor encierra de todo el centro. Es donde se cita a las gestantes que van a interrumpir su embarazo por riesgo de anomalía graves en el feto. En los datos oficiales de 2011, fueron solo el 3% de todos los abortos practicados en España. Pero cada caso es una tragedia.

Dator es, por la experiencia acreditada de casi 30 años de sus cirujanos, el centro de referencia nacional para los casos de malformación fetal más severos. Aquellos "incompatibles con la vida, o con enfermedad extremadamente grave o incurable", que deben obtener la aprobación de un Comité Ético Clínico, y para los cuales no hay límite de tiempo, dado que algunas enfermedades no se diagnostican hasta fases tardías del embarazo. Aún no se sabe si la ’reforma Gallardón’ mantendrá el supuesto de legalidad del aborto para estos casos. Pero la sola posibilidad de que se elimine espanta a los profesionales. "Es la decisión más dolorosa para una futura madre", constata Olga Sancho, enfermera y portavoz de Dator. "Son embarazos deseadísimos. Obligar a esas mujeres, y a sus hijos a una vida de sufrimiento, con el añadido de los recortes en dependencia, es de una crueldad inconcebible".