Las trabajadoras del hogar no queremos medidas asistencialistas

Trabajadoras No Domesticadas 26/05/2021 Pikara

Trabajadoras del hogar marchan en Bilbao.

El colectivo Trabajadoras no Domesticadas resume aquí su comparecencia en el Parlamento Vasco para la modificación de la ley de igualdad. Propuestas concretas para erradicar las múltiples violencias que viven las mujeres migradas trabajadoras de hogar en Euskadi.

¿Hay en tu familia, portal o edificio contratada una empleada de hogar? ¿Se encuentra en régimen interno? ¿Es una mujer migrada? ¿Conoces en qué condiciones se encuentra? Con estos interrogantes abrimos nuestra intervención en marzo de 2021 ante la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Gobierno vasco. El objetivo era hacer aportaciones a la modificación de la Ley 4/2007 de 18 de febrero. Queríamos participar en este proceso para visibilizar múltiples situaciones de violencias que viven las mujeres migradas en el País Vasco y, en concreto, las empleadas en el hogar y de los cuidados.

Queríamos, así, interpelar-nos. Cada cual desde el lugar y la posición que ocupa sobre las realidades y violencias que nos interesa frenar y contribuir a transformar.

En ocasiones, se suele olvidar que el acto de legislar tiene una importante carga de responsabilidad social y política. Lo que se decide en determinados ámbitos, a veces bastante alejados de lo que sucede en la realidad, conlleva efectos y consecuencias concretas que impactan, de diversos modos e intensidades, sobre las vidas de miles de personas.

Nos parece fundamental que se incorpore y aborde de verdad en este debate sobre la “Ley para la igualdad de mujeres* y hombres y la erradicación de la violencia machista contra las mujeres”, las múltiples situaciones de abuso y vulneración que viven de manera cotidiana las mujeres* trabajadoras de hogar y de cuidados, especialmente, las migradas en el régimen interno.

A la feminización histórica del empleo de hogar se incorporan otros ejes que operan profundizando esta desigualdad inicial. La clase social, la condición de extranjería, la raza, el idioma y/o la cultura se combinan e introducen elementos que implican la necesidad y el reto de re-mapear qué entendemos por violencia(s), teniendo en cuenta en el análisis y en la construcción de respuestas la presencia de colectivos, espacios, formas, dimensiones e intensidades que hasta el momento no se han considerado debidamente.

Las mujeres* migradas, trabajadoras, racializadas, con poca o nula red y, en muchos casos, condicionadas por la situación de extranjería, se encuentran en la CAE expuestas a circuitos sistémicos de desprotección y exposición a situaciones de vulneración múltiple. Sobre esto nos detenemos en este artículo.

Queremos condiciones efectivas y un compromiso institucional

Nos parece interesante este ejercicio de legislar, la coherencia en el accionar. Abordar las violencias representa un ejercicio complejo, atravesado por distintos intereses y que, lejos de ser algo estático, sacude y cuestiona ideas y concepciones, que van desde lo simbólico hasta lo material y que tienen que ser contempladas desde una perspectiva multifocal. En este sentido, el anteproyecto de ley presenta cierta predisposición de cambio, que estaría bien se acompañe de medidas concretas en términos de políticas y de presupuesto público.

En el caso de las mujeres* migradas y las trabajadoras de hogar en régimen interno que en más del 95 por ciento son mujeres* migradas; violencia sexista, psicológica, racista, clasista, institucional, social, económica, se entrecruzan en lo cotidiano, generando sistemáticamente un escenario que combina discriminaciones y que establece una frontera muy endeble entre la vulneración de derechos laborales y la de derechos fundamentales.

Nos encontramos con desigualdad sistémica y múltiple que combina diferentes ejes de opresión que se entrecruzan y retroalimentan: raza, situación de extranjería, condiciones materiales/clase social, género, lengua, cultura… profundizando circuitos y situaciones de mayor de vulnerabilidad y violencias.

Nos preguntamos cómo se materializará una igualdad de trato real y libre de violencias, a través de medidas concretas, tanto para las mujeres* que se encuentren regularizadas como también, y más aún, para todas aquellas que la ley de extranjería española aún no ha permitido regularizar y que, por ese motivo unido a otros, se encuentran expuestas a múltiples situaciones de violencias, abusos y vulneraciones.

Las mujeres*, todas, y las migradas, las racializadas, las precarizadas, las explotadas, que hacen los trabajos que nadie quiere aquí, tienen/tenemos poder, saberes, habilidades y capacidades. No necesitamos que nos empoderen, no queremos salvavidas ni que se nos estrechen lazos asistenciales. Lo que queremos son condiciones efectivas y un compromiso institucional y político que controle, sancione y penalice a quienes nos abusan, vulneran y saquean. Y esto no solo involucra a los hombres, sino también al conjunto del aparato institucional y dependencias de la Administración pública autonómica, foral y municipal. Los pilares fundamentales sobre los que se asienta esta sociedad hetero-patriarcal, capitalista y colonial, que se lucra de este pisoteo, tienen que ser revisados y transformados. No solo de cara a la galería, sino en las calles, en las administraciones, en los juzgados y en las viviendas.

Desde el feminismo institucional de la igualdad se ha hablado mucho de techo de cristal como barrera que limita la igualdad de oportunidades. Pero, ¿qué pasa con el suelo resbaladizo o, lo que es peor (como sucede con las mujeres* migradas), con las arenas movedizas que, de manera sistémica, les hunden hacia dentro y no les permiten levantar cabeza?

Cuidado con la invisibilización de esas desigualdades y con la homogeneización de perfiles múltiples y diversos de las mujeres* en el País Vasco. Queremos una ley que no homogeneice las particularidades de estas realidades, que no las vuelva a invisibilizar, que las nombre y explicite y que, a partir de ahí, las aborde, promoviendo espacios y procesos en el marco de las instituciones vascas, en sus diferentes áreas, para que las mujeres* migradas, trabajadoras, racializadas puedan desarrollar sus capacidades y acceder en igualdad a oportunidades reales y justas, sin ser por ello violentadas de ningún modo. Sin este básico, no hay igualdad ni participación ni nada.

La lucha por un sistema público vasco de cuidados, que abogue por un derecho colectivo al cuidado y por unas infraestructuras públicas y de calidad para todas las vidas, permitirá mejorar, no solo las condiciones laborales y vitales de las mujeres*, que hasta el momento están siendo recargadas en el ámbito privado-feminizado e individualizado, sino que conlleva un traspaso de estas necesidades desde lo doméstico a lo colectivo, haciendo que se asuman y aborden como necesidad común y generando condiciones de mejora, tanto para quienes reciben cuidados como para quienes los suministran.

Por ofrecer solo algún dato que ilustra la situación, a diciembre de 2020 había en la CAE 13.558 personas, de un total de 79.315, en situación de dependencia reconocida a la espera de recibir algún tipo de prestación, según datos actualizados a 15 de marzo de 2021 de EPDATA- Estadísticas sobre la dependencia en las comunidades. Cuando se habla de responsabilidad, preferimos que se hable de justicia. Es decir, de reorganizar, de repartir y de asumir, desde lógicas horizontales, que no reproduzcan privilegios ni opresiones en ningún nivel: micro, meso o macro.

Frente a las violencias múltiples, respuestas integrales. Resumen de propuestas

A modo de batería de propuestas concretas, se pueden desarrollar en el marco de las competencias de las administraciones vascas desde una perspectiva interseccional y sin ningún tipo de discriminación por procedencia geográfica y/o situación administrativa.

 Diseñar e implementar bolsas de empleo específicas y cláusulas de contratación e incentivos a la contratación de mujeres* migradas, especialmente las atravesadas por situaciones de violencia e independientemente de su situación administrativa.

 Proporcionar respaldo económico a las asociaciones que proporcionan servicios de promoción, protección, acompañamiento y asesoría que debieran ser provistos desde lo público.

 Generar y aplicar protocolos de actuación y seguimiento a Lanbide y la Inspección de Trabajo realicen su función con las mujeres* migradas y las empleadas en el hogar y los cuidados.

 Que Lanbide intermedie en las contrataciones en este sector, evitando la actividad de agencias privadas de colocación y personas particulares que actúen al margen de la legalidad, explotando y vulnerando derechos fundamentales.

 Creación dentro de la Inspección de Trabajo, un servicio específico, con recursos humanos, económicos y materiales, y especializado en esta materia que realizara campañas de concienciación sobre derechos y las consecuencias y sanciones aparejadas a su vulneración, así como campañas inspectoras dirigidas a detectar y sancionar graves incumplimientos en la intermediación y contratación, sobre todo, en los casos en los que media el lucro y el negocio basado en la explotación.

 Promover la contratación a mujeres* migradas profesionales en nichos en los que se encuentran infra-representadas, para combatir esta perpetuación en determinados nichos que reproducen prejuicios y estereotipos.

 Instar para la incorporación inmediata de las trabajadoras de hogar y de los cuidados, en la Ley de Prevención de riesgos laborales, e implicación de Osalan y Osakidetza, que las deja expuestas, muy especialmente a las empleadas migradas.

 Reconocer realmente los accidentes laborales o las enfermedades profesionales que no se reconocen de manera frecuente en este colectivo de mujeres, vulnerando derechos y el acceso a prestaciones.

 Promover y proteger el derecho al acceso a la salud y a una actividad laboral con garantías sanitarias.

 Generar programas de prevención, abordaje y acompañamiento a los acosos que atraviesan las mujeres* migradas en sus empleos, en los que, en el marco del em ç
 Disponer recursos y mecanismos de seguimiento para que se respeten los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres migradas y en particular de las empleadas en el hogar y los cuidados.

 Modificar la definición que realiza Lanbide, al establecer los criterios a aplicar en materia de RGI (Renta de Garantía de Ingresos), vinculando las violencias machistas únicamente a lo que denominan «violencia doméstica».

 No seguir utilizando el concepto de «unidad de convivencia” y ampliar el derecho a percibir RGI, hasta ahora restringido a dos por vivienda, por dificultar la implementación de distintas alternativas entre mujeres*.

 En un mercado laboral cada vez más precarizado y en que las mujeres* ocupan más de 7/10 empleos temporales, ampliar el límite impuesto al cobro de «estímulos al empleo», reconocido en este momento solo hasta un máximo de 36 meses.

 Revisar la documentación exigida (en muchos casos, excesiva, recurrente y, cuando no, prácticamente imposible de conseguir), y adaptar los protocolos de manera sensible a las realidades e intersecciones que menciona la ley, ya que la obligación de judicializar todos los procesos (denuncia por violencia, solicitud de alimentos para menores, …) no siempre es factible o posible para muchas mujeres* y, más aún, para las migradas.

 Proporcionar pisos de acogida para mujeres migradas y, especialmente, trabajadoras de hogar desempleadas.

 Reducir el requisito, para poder solicitar la RGI, de 3 años ininterrumpidos de padrón o un año sumado a 5 años de cotización a la Seguridad Social, por reproducir violencias y desigualdades con la población migrada, en general, y con las mujeres en particular, siendo un criterio que limita, claramente, la igualdad de acceso.

 Garantizar el derecho al padrón municipal para todas las mujeres migradas trabajadoras que lo requieran.

Desmontar todas las violencias

En noviembre de 2019 estuvimos en el Parlamento Vasco realizando una comparecencia en la que ya hablamos de las violencias que atraviesan al empleo de hogar. Dijimos que “el trabajo interno mata” y que las condiciones infrahumanas o neo-esclavistas en las que se encuentran estas mujeres* son reflejo de una sociedad y una Administración que no asume los cuidados como una responsabilidad y un derecho colectivo. En ese momento, adjuntamos también en un documento un diagnóstico minucioso y una batería de propuestas concretas que desde la Comunidad Autónoma del País Vasco se podrían implementar para revertir esa situación.

Una semana después, Patricia, una trabajadora interna migrada, falleció sola en el hospital de Basurto. Ante ese lamentable hecho, como hito, la mayoría sindical vasca activó su protocolo calificándolo como accidente laboral y, en día y medio, más de 33 organizaciones feministas, populares, no gubernamentales y partidos políticos se adhirieron a la denuncia social y pública de este hecho. Sin embargo, tristemente, no fue novedad el abandono social e institucional. Eso no puede volver a suceder, por eso estamos aquí.

Está bien que el Instituto Vasco de la Mujer Emakunde reconozca con un premio a una mujer migrada y que este año haya confeccionado una campaña (bastante cuestionable) sobre los cuidados, pero, no nos conformamos con eso. Urge lograr mucho más que premios y posters en las marquesinas de autobús.

De ahí la razón de esta intervención y de este documento, que busca evidenciar lo urgente y exigir que se aborde ya, con decisiones, medidas políticas concretas y presupuesto asignado de cara a generar condiciones de posibilidad para que las múltiples violencias (institucional, económica, racista, física, sexual, psicológica, simbólica) que viven a diario, en el mundo y en el País Vasco, las mujeres*, y las migradas en particular, dejen de existir o por lo menos sean realmente combatidas.