La presión feminista y un informe paralizan el juicio contra una madre protectora

La vista, atrasada hasta el próximo 15 de mayo, se realizará después de que el jurado analice el informe del Ministerio de Igualdad ’Violencia institucional contra las madres’, que incluye el caso de Silvia Aquiles, la mujer que iba a ser juzgada.

Silvia Aquiles, en el centro, arropada por letradas y otras madres protectoras. JAUME HERRERO

Sara Plaza Casares 11 ABR 2023 El Salto

Silvia Aquiles se enfrentaba este miércoles a dos años de cárcel, según la petición de la Fiscalía, por sustracción de menores en un juicio que se iba a celebrar en la Ciudad de la Justicia de Barcelona y en el que la acusación particular demanda incrementar la pena hasta los cinco años. Cuenta Aquiles, quien fue apartada de sus hijos en marzo de 2020 y será juzgada por, supuestamente, no entregarles a tiempo, que empezó una carrera judicial cuando su hija, con tres años, le manifestó haber sufrido abusos sexuales por parte de su padre. Una escalada de denuncias, pruebas periciales e informes judiciales que finalmente se le han puesto en contra.

Hoy el camino al juzgado no lo ha hecho sola, le han acompañado una veintena de madres protectoras, que han atravesado por procesos similares, algunas activistas y un observatorio feminista de justicia formado por cuatro letradas pertenecientes a la organización Dones Juristes.

Esta entidad aseguraba en un comunicado que “sin perjuicio de respetar la acción de la justicia”, y “a la vista de que el proceso que desembocó en la decisión de retirada de la custodia de sus dos hijos menores de edad resulta paradigmático de la aplicación del fenómeno del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) y a la vista de la gravedad de las consecuencias que ese juicio podría tener para ella y para sus hijos, como sería el ingreso en prisión y la retirada de la potestad, ha decidido acudir a la vista oral de ese procedimiento”. Así, antes del inicio de la vista, con las cuatro letradas luciendo sus togas y los medios de comunicación dentro de la sala, esa presión se sentía en el ambiente.

Durante las cuestiones previas, y en medio de la expectación, la abogada de Aquiles ha presentado al juez un dossier de casi 500 páginas que, entre otras cosas, incluye la investigación, avalada por el Ministerio de Igualdad, Violencia institucional contra las madres presentada el pasado 16 de marzo. Este estudio examina expedientes de 47 casos, uno de ellos el de Silvia Aquiles.

Este informe concluye que la mayoría de las madres que denuncian agresiones sexuales intrafamiliares por parte de los progenitores a sus hijos e hijas se ven envueltas en procesos posteriores que penalizan sus prácticas de protección, utilizando el falso SAP, instrumento prohibido por el Consejo General del Poder Judicial, que presupone una supuesta instrumentalización del hijo o hija por parte de la madre. En concreto, un 72 % de las mujeres se han visto involucradas en procedimientos judiciales de este tipo después de denunciar la violencia sexual o de género en el ámbito familiar contra sus hijas e hijos.

Ante el tamaño de las nuevas pruebas aportadas, cuenta Aquiles, el juez ha decidido aplazar la vista hasta el 15 de mayo. “Han pedido tiempo para examinar el informe y el resto de pruebas aportadas, entre las que se encuentra una denuncia del GREVIO (Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica) contra España y un informe oficial que me reconoce como víctima de violencia institucional del Instituto Catalán de la Mujer”, explica la que iba a ser juzgada.

El GREVIO, un grupo de expertos que velan por el cumplimiento del Convenio de Estambul en los diferentes Estados europeos que lo han ratificado, alertaba en junio de 2022 sobre el uso del Síndrome de Alienación Parental (SAP) en procedimientos civiles para negar la existencia de la violencia y socavar las opiniones de niñas y niños que son víctimas de esta violencia. Algo con lo que Aquiles se ha encontrado de bruces.

Silvia Aquiles, arropada en los juzgadas de Barcelona. JAUME HERRERO

Un largo proceso

Cuando Silvia decidió denunciar al padre de sus hijos por supuestos abusos sexuales contra la menor, se activó un punto de encuentro obligatorio para que el padre se encontrara con sus hijos y se denegó una orden de alejamiento. “En las visitas, mi hija entraba en ataques de ansiedad. Suspendieron las visitas pero me obligaban a que el pequeño las cumpliera”, relata esta madre. Hoy, y tras una larga lista de informes, a los que ha tenido acceso El Salto, y pruebas periciales como la realizada en la Unidad Funcional de Abusos al Menor del Hospital Sant Joan Déu de Barcelona, en la que la niña relata cómo el padre ejercía violencia sexual contra ella, ha perdido la custodia de ambos, estuvo año y medio sin verles y desde hace otro año y medio solo les ve a través de un punto de encuentro.

En este tortuoso camino, la jueza de familia ha llegado a acusar a Silvia de ejercer el SAP contra sus hijos. También la han impuesto la necesidad de un “coordinador parental”, una controvertida figura, sin regulación e inexistente en la ley, que algunos jueces utilizan para la resolución de conflictos entre progenitores. En su caso, y en palabras de esta madre, solo ha facilitado que le quiten a sus hijos.

En un momento del procedimiento, el padre de los niños demandó a Silvia Aquiles y solicitó que se le quitara la custodia de sus hijos. “Me acusaba de impedir la relación paterno filial y me dice que yo me puedo fugar de mi domicilio habitual, en el cual llevo cinco años, tengo trabajo y está la escolarización de mis hijos”. Tras esta demanda, y con tres informes de la coordinadora parental en contra de Silvia, el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Barcelona emite en febrero de 2020 un auto que supone el arrancamiento de sus hijos.

La hija, que ha manifestado en diversas ocasiones que no quiere ir con su padre, pasó a un centro de menores y el hijo pasó a estar bajo la custodia del padre. La hija fue sometida a terapia “para restablecer la relación paternofilial”. Hoy los dos permanecen con el padre y Silvia denuncia que ya ha agotado el tiempo de verles en un punto de encuentro, tal y como marca la legislación. “Ya hemos pasado el año y medio, ahora, con un informe favorable y cuando el fiscal no se opone a un régimen de visitas, deberían dejarme ver a mis hijos fuera de allí, pero aún no se han puesto a ello. La jueza está vulnerando la ley, porque ella simplemente no quiere”, se queja.

Mientras toma aliento tras el aplazamiento del juicio de hoy, valora los cambios que se han experimentado en la sociedad en estos últimos tres años. “Estoy igual que hace tres años, sigo sin mis hijos, y en los procedimientos seguimos estando maltratadas. Pero lo que sí que ha cambiado es que ahora tenemos condenas de organismos internacionales, un estudio del Ministerio de Igualdad y esperemos que esto pese para que algo empiece a cambiar, especialmente en la situación de los niños”, concluye Aquiles.