Inmigrantes atadas al maltratador

El 40% de las fallecidas en 2010 por violencia de género eran extranjeras. Las sin papeles temen ir a comisaría. Las penas para los foráneos son más severas

Fte. PÚBLICO DANIEL AYLLÓN MADRID 04/10/2010

El 40% de las mujeres fallecidas en 2010 por violencia de género eran extranjeras, a pesar de que la población foránea sólo representa el 12% del total. Apelar a la falta de civismo de sus maridos, por el hecho de ser extranjeros, es un error, según los expertos. El análisis de estas 21 muertes indica que influyeron otros factores. Las garantías legales, por ejemplo.

La ley da la misma protección a las sin papeles agredidas que a las españolas y a las extranjeras regulares (incluso, les concede un permiso de residencia "por circunstancias excepcionales" si hay sentencia condenatoria de maltrato). Sin embargo, las consecuencias de acudir a comisaría para unas y otras varían: cuando una indocumentada denuncia a un maltratador en dependencias policiales, además de atender su caso, se le incoa un expediente de expulsión del país.

"Por este motivo, muchas se muestran reacias", denuncia Vladimir Paspuel, presidente de la asociación hispano ecuatoriana Rumiñahui. No obstante, la expulsión se paraliza hasta que haya una sentencia firme del juez, según el Artículo 31 de la Ley de Extranjería. Si no se logra demostrar el maltrato, se la expulsará.

Uno de los objetivos de esta medida es evitar las denuncias falsas, que las sin papeles simulen una agresión para obtener la documentación. Pero esto sólo ocurre en uno de cada 530 casos, según el informe que presentó en octubre de 2009 el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, defiende que en 2010 no se ha expulsado a ninguna sin papeles que haya acudido a comisaría por este motivo. Pero aunque no se haga efectivo, "la ley recoge la posibilidad de la expulsión y eso les aterra", incide Paspuel.

El reglamento de la ley

Las asociaciones de inmigrantes tienen puesta su esperanza en el reglamento de la Ley de Extranjería, que se presentará en diciembre. Lorente se muestra cauto, "a la espera de los informes del Gobierno", antes de anunciar posibles modificaciones del texto.

La nueva normativa de Extranjería aunó en diciembre de 2009 las leyes, directivas y resoluciones aprobadas al respecto en los últimos años. Pese al polémico cabo suelto de las no regularizadas, las normas han aumentado la protección a las víctimas (permisos de residencia independientes del maltratador, órdenes de alejamiento, acceso a casas de protección...).

"La legislación española es la más completa y la que más protege a las víctimas en Europa", defiende Lorente. Sin embargo, además del miedo a ser expulsadas, muchas extranjeras se resisten a denunciar por otro motivo: "Carecen de una red social de apoyo en España, de familia y amigos. Aquí, muchas víctimas sólo tienen a sus parejas", sostiene Paspuel. Relaciones de poder

"El problema es la relación de poder que se establece", opina la abogada Edurne de la Hera. La letrada pone como ejemplo "cuando el permiso de residencia de la mujer depende del hombre, porque lo obtuvo gracias a la reagrupación familiar. Si hay maltrato, una española puede irse de casa porque tiene familia o amigos, pero muchas extranjeras se sienten atadas. Y el maltratador lo aprovecha para someterla".

Mariola, víctima latinoamericana de 24 años, critica la falta de formación en extranjería de algunos abogados. En teoría, en el juicio tendrían que haberle entregado un permiso de residencia independiente del de su pareja. "Pero nadie me asesoró, ha vencido el plazo y me he quedado sin papeles". Sufrió agresiones durante un año. La primera vez, cuando estaba embarazada de cuatro meses. La última, después de dar a luz. Su pareja le rompió un labio, una ceja y un brazo. Al igual que el resto de víctimas del reportaje, su nombre es ficticio.

Lorente rechaza que el miedo a la expulsión sea determinante para no acudir a comisaría y esboza en tres líneas el porqué del 40% de víctimas extranjeras. En primer lugar, apela a la referencia cultural: "La violencia de género está relacionada con el dominio y el sometimiento de la mujer. Y en algunos países, está más arraigado". Además, "al llegar a España, la mujer suele integrarse más rápido por la tipología de trabajos que desempeña y por su participación en más redes sociales. El agresor teme esta autonomía y, a veces, se cree ridiculizado. Cuando ella le va a dejar, se siente aún más cuestionado. Es entonces cuando se producen la mayoría de las muertes".

No obstante, Lorente resta importancia a la procedencia de los agresores y se centra en la edad de los inmigrantes que viven en España. Para él, es el indicador más importante. Gran parte de las discusiones de pareja y casos de violencia de género los protagonizan personas de entre 21 y 50 años. El 46% de la población está en este tramo. "Entre la colonia inmigrante es aún mayor: el 64%. Y esto les hace ser más propensos", asegura. Mayor castigo para foráneos

Por otra parte, las sentencias tienen mayores consecuencias para los extranjeros que para los nacionales, porque suelen impedir la renovación de sus permisos de residencia.

"A veces, son excesivas", reflexiona Laura, también víctima latina de 24 años. Por un momento quita peso a su condición de maltratada. Hace pocas semanas que salió de un centro de protección.

¿Mereció la pena denunciar al maltratador? Sus dos hijas enfermas son lo único que le hace vacilar. "Ahora, al tener antecedentes penales, mi ex marido ya no podrá renovar su permiso de residencia, ni trabajar, y no habrá dinero para pagar la operación de las niñas. Sin papeles, yo tampoco consigo trabajo", lamenta. Incluso sus propios padres le recriminaron en su día que denunciase a su pareja: "Tienes que pensar en ellos, en tus hijos, no en ti", le instigaron.

Apenas llevaba seis meses en España cuando recibió el primer puñetazo. "Si no le hubiera denunciado, la siguiente vez me podría haber matado", valora unos minutos después. "En el fondo, sí que mereció la pena denunciarle. Fue la única forma de asegurar que seguiría con vida", concluye.