Frenar el feminicidio, clamor en México y Guatemala

 El gobierno no procuró la justicia necesaria para dar con los asesinos: Monarrez

Aleyda Aguirre

Artículo publicado en el Suplemento Triple Jornada, del periódico La Jornada.

Noviembre del 2005. México.

Para este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, el reclamo más sentido en América Latina es frenar los feminicidios que han llegado a magnitudes exorbitantes. Ciudad Juárez en México, y el vecino país de Guatemala, forman parte de los territorios más peligrosos para las mujeres, ante la indiferencia y la falta de voluntad política de los gobiernos.

De acuerdo con cifras oficiales, desde principios de año y hasta mediados de octubre, 531 mujeres habían sido asesinadas en Guatemala. Aunque faltan dos meses para que concluya 2005, el número de ejecuciones en las que los atacantes cercenan y violan de manera brutal a sus víctimas, incluso a mujeres embarazadas, es casi similar al presentado en 2004, cuando 527 fueron victimadas. Los crímenes empezaron a contabilizarse en el 2000, año en el que ocurrieron 60 feminicidios; en 2001 crecieron a 303; en el 2002 a 317 y en el 2003 los homicidios fueron 383.

Ante el silencio gubernamental, la directora del Centro de Atención Legal para los Derechos Humanos, Edda Gaviola, recurrirá a la relatora especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Susana Villarán, a fin de que se presione a Oscar Berger, presidente de ese país, para que se busque y castigue a los responsables y cesen así los ataques. Amnistía Internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), han desaprobado esos hechos y protestado por la inacción de quienes dirigen ese país.

"Carpetazo" en Ciudad Juárez

En Ciudad Juárez, Chihuahua, de 1993 a la fecha han ocurrido 431 feminicidios. Recientemente, integrantes de organismos civiles denunciaron que la administración del presidente Vicente Fox Quesada, "quiere dar carpetazo" a las investigaciones pues el pasado 12 de septiembre el Procurador General de la República, Daniel Francisco Cabeza de Vaca, anunció que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua -la cual tuvo como última encargada a Mireille Roccati, quien recién tomó posesión el 2 de junio y renunció al cargo el 13 de septiembre- se convertiría en una fiscalía nacional. Sin embargo, al cierre de esta edición -miércoles 2 de noviembre- el cambio no había ocurrido y seguía vacante la fiscalía especial.

No es posible que se elimine la fiscalía cuando María López Urbina –predecesora de Roccati- no dio un informe detallado, ni se castigó a ninguno de los 100 funcionarios que cometieron errores y omisiones en torno a los asesinatos; tampoco se habló a detalle de los mismos, dijo en entrevista Julia Monarrez, investigadora del Colegio de la Frontera Norte.

"Si no se resolvieron los feminicidios en Ciudad Juárez, finalmente nos quedamos con la misma impunidad y el miedo latente de que vaya a aparecer asesinada otra mujer. El gobierno no procuró la justicia necesaria para dar con los asesinos, no tuvo voluntad política ni aceptó que hay un crimen organizado en contra de las mujeres ¿Qué va a pasar en los otros estados? van a decir que son delitos del fuero estatal y se van a deshacer del asunto", auguró Monarrez.

Norma Andrade, madre de una de las víctimas y presidenta de la organización Nuestras hijas de regreso a casa, criticó que el gobierno se quiera "lavar las manos" al asegurar, como lo hizo Roccatti, que el problema en Juárez es consecuencia en un 70 por ciento de la violencia intrafamiliar. Tratan de "apaciguarnos" al decir que Chihuahua ocupa el octavo lugar en ejecuciones de mujeres y que los primeros sitios los tienen los estados de Oaxaca y Chiapas, expresó.

"En Juárez el problema es muy especial porque a muchas jóvenes no las asesinó el hermano, el papá, el tío, el novio, el esposo, el amigo o el amante sino el crimen organizado. Si se aceptan esas afirmaciones, vamos a permitir que el gobierno vuelva a desarticular una lucha que ha costado más de 10 años" arguyó. Lamentó también que el feminicidio esté creciendo en toda la República mexicana.

El caso de Juárez ha sido también denunciado ante la CIDH, la ONU y Amnistía Internacional, quienes han elaborado sus respectivas recomendaciones al gobierno mexicano.

Más feminicidios

Actualmente, la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana, realiza una investigación en 11 de los 32 estados del país, para proporcionar datos más exactos de los asesinatos. De acuerdo con un informe de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos presentado en septiembre de 2004, el estado de México ocupa el primer lugar en crímenes de mujeres, seguido por Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Morelos, Chihuahua y Chiapas. Sin embargo, la vicepresidenta de esa organización, Rocío Bedolla Tamayo, expresó que Juárez debe seguir siendo "la máxima prioridad de atención" porque ahí se habla de crímenes seriales y "domina la impunidad". (La Jornada/28/09/04).

En el estado de Sonora, organismos civiles también han denunciado feminicidios, sin embargo, el gobernador Eduardo Bours Castelo negó que éstos se estén perpetrando en ese territorio, a pesar de que se tiene el recuento de 135 asesinatos en cinco años. Bours invitó a Amnistía Internacional a definir si existe o no el problema en esa entidad.

Negar los feminicidios se ha tornado una actitud recurrente, tal como recientemente lo hizo en declaraciones para Triple Jornada el vocero del gobernador Ulises Ruiz, de Oaxaca, Héctor Pablo Ramírez Puga, quien señaló que las “supuestas organizaciones sociales” que hicieron la denuncia al respecto “están tratando de abusar de la buena fe de los medios de comunicación".