Federación de Asociaciones de Mujeres y Menores resilientes: Las organizaciones avisan: los abusos sexuales a la infancia no son cosas del pasado

En 2020 se presentaron más de 5.600 denuncias por abusos y agresiones sexuales en menores, el 50% del total. La mitad de los abusos son perpetrados dentro del entorno familiar. Madres protectoras piden una comisión para investigar también estos delitos, como la que se acaba de aprobar para analizar la pederastia en la iglesia.

Asociaciones feministas apoyando a María Sevilla, quien denuncia que su hijo es víctima de abusos sexuales por parte de su padre. Álvaro Minguito

Sara Plaza Casares, Coordinadora de Sanidad en El Salto 2 feb 2022

“Los abusos sexuales dentro de la iglesia se están teniendo en consideración ahora porque las víctimas se han hecho adultas. ¿Qué vamos a tener que esperar? ¿A que nuestras niñas y niños se hagan adultos, que soporten todo el sufrimiento que están soportando, para que les hagan caso?”. Chelo Álvarez, portavoz de la Federación de Asociaciones de Mujeres y Menores resilientes de la violencia de género, hace hincapié en que, aunque ahora todos los focos están puestos en los abusos acometidos dentro de la iglesia, que hoy van a ser investigados en una comisión aprobada este martes en el Congreso, estos delitos contra los menores no son cosas del pasado.

“Estamos encantadísimas de que se haga una comisión de investigación dentro de la iglesia, pero que no se olvide que muchos de los abusos sexuales a la infancia se realizan en el entorno intrafamiliar y no se denuncian porque la mayoría de los casos quedan archivados, o bien por falta de pruebas o bien porque no se cree a los menores que están declarando”, asegura la representante de un colectivo que hoy está pendiente de cien procedimientos de este tipo.

Los datos, recopilados por Save de Children en su investigación sobre abusos sexuales a la infancia presentada a finales de 2021, indican que el 80% de estos abusos son cometidos por personas del entorno de la víctima. Y, entre los espacios más comunes donde se producen estos delitos, destaca el entorno familiar con casi la mitad de los casos documentados, siendo la figura del padre la más frecuente.

Según los datos del Ministerio del Interior, en 2020 se presentaron 5.685 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctima a niños, niñas y adolescentes, la mitad del total de denuncias emitidas por este delito. Save The Children estima que solo el 15% de los abusos son denunciados y, de las denuncias, solo el 70% llegan a juicio.

”Tenemos que mirar por los niños y niñas que hoy en día están siendo objeto de abusos sexuales”, insiste Andrés Conde, director general de Save The Children. “Los abusos no son una cosa del pasado, están ocurriendo en nuestro presente”, asegura Conde, quien se congratula por la nueva ley de infancia recientemente aprobada “pionera en la protección de la infancia contra la violencia”. No obstante, plantea que queda mucho por hacer pues tiene que desarrollarse y aterrizar.

Entre las necesidades, Conde considera prioritario tanto la formación de los profesionales que están en contacto con la infancia como “un sistema de justicia, especializado y amigable hacía la infancia víctima de abusos. La atención política debe estar puesta en la reparación y en la justicia hacia los supervivientes. Pero también en la prevención de todos los nuevos sucesos de abusos sexuales que, por desgracia, pueden tener lugar“, concluye.

Otra comisión para las víctimas

El pasado 9 de diciembre, Naciones Unidas emitió un fuerte tirón de orejas al Estado. “El Gobierno de España debe hacer más para proteger a los niños de la violencia doméstica y los abusos sexuales, garantizar que sus tribunales superen los prejuicios contra las mujeres y aplicar un enfoque centrado en los niños y de género”. Así de contundente se mostraba esta organización en un dictamen, firmado por expertos y expertas, entre el que está el relator contra la tortura. “Los menores en España están expuestos a la violencia y los abusos sexuales por un sistema judicial que no les protege de los padres abusivos”, asegura el comunicado.

Según esta organización, ni los niños y niñas, ni las madres que denuncian estos abusos, son salvaguardadas por la justicia, demanda que llevan tiempo emitiendo desde la Federación de Asociaciones de Mujeres y Menores resilientes. No sólo eso, sino que muchas madres acaban perdiendo la custodia de sus hijos e hijas, cuando no condenadas a prisión como María Sevilla, para quien hoy esta federación pide su indulto. “Las madres son condenadas por Síndrome de Alienación Parental (SAP). De la misma manera que se va a tirar hacia atrás del hilo de la iglesia se debería tirar hacia atrás del hilo del SAP”, denuncia Álvarez.

El SAP, un síndrome acientífico que la nueva ley de infancia prohíbe utilizar en los juzgados, presupone la manipulación parental de los menores que denuncian abusos sexuales. La justicia suele usar este síndrome contra las madres, tal y como denunciaba también Naciones Unidas, quienes insisten en desequilibrio e inequidad de género en los tribunales, porque los relatos de las madres suelen ser cuestionados y no suelen ser creídas.

Desde la federación han demandado de manera pública la creación de una comisión de investigación sobre estos abusos, similar a la que se aprobó ayer en el Congreso para investigar los abusos sexuales en la iglesia. “A día de hoy hay cien procedimientos abiertos que tengamos controlados. Eso no son casos aislados. Y el gobierno es conocedor de esto, lo hemos dicho por activa y por pasiva” asegura Álvarez quien denuncia la falta de apoyos institucionales. “No nos ha recibido ningún partido. Nadie nos ha escuchado, de momento. Hay un informe de la ONU y se ha hecho caso omiso. Siguen insistiendo en que son casos aislados”, sentencia.