El Supremo y el Constitucional culminan la estrategia de la reacción machista con la condena Irene Montero

Organizaciones antifeministas han apuntado a Irene Montero con varias denuncias a lo largo de la legislatura. El respaldo del Constitucional a la condena del Supremo por vulnerar el honor de Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, legitima la estrategia de estos grupos negacionistas de la violencia de género y que heredan el discurso que afloró tras la aprobación de la ley integral de 2004.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, tras la firma de la declaración en el acto Avanzando los derechos LGTBIQ en Europa

Patricia Reguero Ríos 17 NOV 2023 El Salto

“En cumplimiento de la sentencia del TS, Sala de lo Civil, número 910/2023, de 08/06/2023, publico su encabezamiento y fallo, y elimino este tweet publicado el 25 de mayo de 2022”. Con este tuit, Irene Montero daba cumplimiento el 10 de noviembre a la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de junio por vulnerar el derecho al honor de Rafael Marcos, expareja de María Sevilla. Montero actuaba así después de que el Tribunal Constitucional rechazase el 6 de noviembre el recurso de amparo que había presentado.

La ministra de Igualdad en funciones cumple así con la condena, que incluye el pago de 5.400 euros de intereses y costas pendientes, además de los 18.000 euros de indemnización que ya había abonado antes, cuando la expareja de Sevilla instó al alto tribunal a ejecutar la sentencia.

La condena se produce por unas declaraciones que la ministra hizo el 25 de mayo de 2022 tras conocerse el indulto parcial a María Sevilla. Ese día, en el acto de inauguración de la nueva sede del Instituto de las Mujeres, se confirmaba el indulto a esta mujer, que fue condenada a dos años y cuatro meses de prisión por el delito de sustracción tras ocultarse durante varios meses con su hijo, en un intento de alejarlo del padre a quien varios informes a los que tuvo acceso El Salto apuntaban como posible autor de un delito de abusos sexuales contra el hijo de ambos.

Montero expresó en ese contexto la voluntad “cada vez más firme” del Gobierno para desarrollar “políticas públicas que garanticen que los maltratadores no pueden asesinar a sus hijos e hijas, que no pueden vulnerar los derechos de esas mujeres y, por tanto, que somos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras”. Pese a que no mencionó de forma expresa el nombre de Rafael Marcos, el Supremo ha considerado que estas palabras vulneran el derecho al honor del demandante.

El discurso antifeminista

La denuncia contra Irene Montero fue interpuesta por Rafael Marcos el 19 de octubre de 2022. La querella se interpuso en el Tribunal Supremo por su condición de aforada, ya que la demanda se produjo a causa de unas declaraciones realizadas por la ministra en el ejercicio de su cargo.

Pero Marcos no lo hizo solo: para denunciar a Montero tuvo el soporte de la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de la Violencia Doméstica (Anavid), a la que pertenece. A finales de mayo de 2022, esta organización abría un número de cuenta con el objetivo de recibir donaciones para costear el proceso. Anavid dijo haber recaudado casi 100.000 euros gracias a 4.500 aportaciones en unos pocos días. Medios de extrema derecha e influencers antifeministas contribuyeron a que esto fuera posible con una campaña que incluyó la promoción en el canal de Un Tío Blanco Herero (UTBH), instigador directo de la iniciativa en su canal y uno de los comunicadores antigénero más conocidos de la red.

Pero su marco discursivo no es nuevo, sino que hereda que afloró con la la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad en el Congreso. No olvidemos que, tras su aprobación, fue el entorno judicial el que se encargó de legitimar los argumentos de las asociaciones de hombres que entonces empezaron a crearse contra esta ley, presentando hasta 180 cuestiones de inconstitucionalidad a esta ley.

Colectivos de hombres y jueces argumentaban que se producía una posible violación del principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución, un discurso que hoy utilizan los grupos antifeministas con expresiones propias: “derecho penal de autor”, “denuncias falsas” o “ideología de género” son expresiones que forman parte del relato según el cual se produce un derecho que vulnera la presunción de inocencias, facilita la interposición de denuncias contra hombres y concede privilegios a las mujeres que interponen esas denuncias, mantras que se han popularizado pese a los datos que apuntan a su falsedad.

En mayo de 2008, el Tribunal Constitucional respondió a los cuestionamientos de inconstitucionalidad avalando la ley: “Una agresión supone un daño mayor en la víctima cuando el agresor actúa conforme a una pauta cultural —la desigualdad en el ámbito de la pareja— generadora de gravísimos daños a sus víctimas, y dota así consciente y objetivamente a su comportamiento de un efecto añadido a los propios del uso de la violencia en otro contexto. Por ello, cabe considerar que esta inserción supone una mayor lesividad para la víctima”, recoge la sentencia.

La estrategia judicial de la trama reaccionaria

Irene Montero y su entorno han sido objeto de otras denuncias y amenazas de denuncia desde los ámbitos reaccionarios a lo largo de la legislatura. En octubre de 2021, el exmarido de Juana Rivas anunció que presentaría una querella por injurias y calumnias contra Irene Montero y contra el líder de Más País, Íñigo Errejón, por unas manifestaciones que ambos políticos realizaron en abril tras el hallazgo del cadáver de una de las niñas de Tenerife —Olivia y Anna—. “Para evitar que los maltratadores sigan asesinando y ejerciendo violencia contra los niños y niñas que son víctimas de violencia de género hay que defender a Juana Rivas”, dijo la titular de Igualdad en las redes. Arcuri desistió finalmente de esta idea.

Las asociaciones Custodia Compartida de Alicante y la de víctimas de GenMad —que se califica como una asociación de víctimas de la ley de violencia de género— interpusieron una denuncia ante la Comisión Europea contra la ministra de Igualdad. Mantenían que Montero habría acusado sin pruebas a Antonio David Flores por mostrar su apoyo a Rocío Carrasco tras la emisión del documental En el nombre de Rocío en Telecinco.

Contra la ministra también se interpusieron varias demandas por apología de la pederastia en octubre de 2022. En este caso, con un papel protagonista de la organización ultra Hazte Oír, tras estas declaraciones textuales de Montero: “Todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas eso sí en el consentimiento”.

Tras el señalamiento de Hazte Oír y difunde la etiqueta #IreneMonteroDimisión, que consigue gran repercusión gracias a varias cuentas del entorno de la extrema derecha. Vox anuncia “acciones legales” contra Irene Montero por justificar la pederastia y desde entonces se suceden varias denuncias y querellas contra Montero: la asociación Liberum —conocida por sus denuncias contra diversas medidas tomadas para contener el covid-19—, la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción —cuyo currículum incluye la denuncia ante la Comisión Europea de la supuesta inconstitucionalidad de la Ley de Violencia de Género y la de Libertad Sexual— y Vox anuncias querellas.

En la demanda de amparo que la Abogacía del Estado interpuso contra la sentencia del Supremo, se planteaba la condena como una limitación del derecho a la libertad de expresión. La inadmisión del recurso de amparo del Constitucional convierte en firme la sentencia del Supremo, que considera vulnerado el derecho fundamental al honor de Marcos.

Con estos pronunciamientos, Supremo y Constitucional cierran el círculo de la estrategia de los movimientos reaccionarios antifeministas, lanzando una advertencia no solo a la ministra sino a quienes han escuchado y hecho público los relatos de las madres protectoras.

No solo contra Montero

La denuncia contra Irene Montero no fue la única interpuesta por Rafael Marcos. También la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, fue denunciada por motivos similares, en este caso por sus declaraciones realizadas en dos espacios diferentes: La noche en 24 horas de RTVE y Eh! Universo Media. Rafael Marcos denunció además a la periodista Ana Pardo de Vera por unas declaraciones en La Hora de la 1 de TVE el 26 de mayo de 2022, unas declaraciones que la periodista tuvo que rectificar.

Anavid, por su parte, mantiene desde su creación un discurso negacionista de la violencia de género y contra las leyes de igualdad, pese a estar registrada bajo el epígrafe de asociaciones que dedican su actividad a la “igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y violencia de género”. María Legaz, afiliada de Vox, es su presidenta y fue este partido quien invitó a Anavid al Congreso de los Diputados para celebrar las jornadas “Las otras víctimas, consecuencias reales de la Ley de violencia de género”, que tuvieron lugar el 20 de julio de 2022.