El Instituto de las Mujeres convocará a los colegios de médicos para abordar la violencia obstétrica, cuya existencia niegan

El proceso de debate para reformar la ley del aborto incluye una serie de encuentros que tendrán lugar hasta octubre. El objetivo es tener una primera propuesta de texto antes de que acabe el año.

Concentración frente a la clínica Dator en 2019 contra el acoso a los centros que practicas abortos, uno de los aspectos que abordará la reforma de la ley. Álvaro Minguito

Patricia Reguero Ríos 16 jul 2021 El Salto

La directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, ha asegurado que pedirá una reunión al Colegio General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), así como a otras organizaciones de profesionales sanitarios, en el marco del los encuentros que comenzaron el 8 de julio y con los que el Ministerio de Igualdad da por iniciado el proceso de debate con organizaciones para abordar la reforma de la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva.

Entre las organizaciones profesionales con las que quiere contactar están la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia —que ya ha participado en un encuentro inicial el viernes 9 de julio—, asociaciones de matronas y otras organizaciones profesionales y sindicales de personal sanitario.

“El objetivo que tenemos con este proceso es poder generar un proceso de diálogo entre las organizaciones de profesionales sanitarios y las organizaciones feministas que esté orientado a construir amplios consensos que garanticen los derechos sexuales y reproductivos”, ha explicado Morillas a El Salto. Morillas confía en poder llegar a acuerdos sobre los aspectos más relevantes para “incorporar fórmulas que nos permitan promover y garantizar un parto respetuoso” y recuerda que algunos aspectos de los que se pretenden incorporar ya aparecen en documentos que han contado con la participación de profesionales sanitarios como la Estrategia de Atención al Parto Normal, de 2007, y la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, de 2011. Ahí ya se recogen “cuestiones que tienen que ver con cómo situar en el centro la capacidad de decidir de las mujeres durante su proceso de parto”, explica Morillas.

La directora del Instituto de las Mujeres se pronuncia así después de que esta semana el CGCOM hicieran público un comunicado en el que dice “rechazar” el concepto de violencia obstétrica por considerar que “criminaliza” a los profesionales y que no refleja la realidad en España, donde está garantizada “la inexistencia de actos violentos en la atención a las pacientes”, ahondan.

Frente a este posicionamiento, el Instituto de las Mujeres aclara que “la violencia obstétrica existe y no lo dice ni el Instituto de las Mujeres ni el Ministerio de Igualdad”, sino diferentes organismos internacionales que, además, han instado a España a tomar medidas.

“Esta violencia está institucionalizada y normalizada, y muchas veces cuesta identificarla”, dice Morillas. “Lo que tenemos que ver en cómo hacemos para construir y visibilizar buenas prácticas”, añade, aclarando que son también profesionales sanitarios en diferentes hospitales quienes han puesto en marcha esas buenas prácticas.

Morillas explica que el plan del Instituto de las Mujeres y del Ministerio es llevar a cabo encuentros con organizaciones entre julio y octubre y poder tener a finales de año un primer texto sobre el que empezar a trabajar en una reforma que abordará múltiples aspectos, entre ellos la derogación de la modificación de 2015 por la que las jóvenes de 16 y 17 años no pueden abortar sin autorización paterna, la eliminación del periodo de reflexión, la penalización del acoso a los centros que practicas abortos o el desarrollo de un plan de educación afectiva y sexual.

“No es potestad del CGCOM decidir sobre el uso del término”

La Asociación El Parto es Nuestro también se ha pronunciado sobre el posicionamiento de los colegios de médicos este jueves en un amplio comunicado en el que recuerdan que la violencia obstétrica ha sido reconocida, denunciada y descrita por la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de las Naciones Unidas, por la Organización Mundial de la Salud en una declaración sobre la Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto, por el Consejo de Europa en esta Resolución de octubre de 2019 y por el Parlamento Europeo en esta Resolución sobre la estrategia de la Unión para la igualdad de género.

Además, añaden, en febrero de 2020 el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (Comité CEDAW) adoptó la primera decisión sobre violencia obstétrica, dictaminando que varios derechos de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer habían sido vulnerados en España e instando a adoptar políticas públicas para combatir dicha violencia.

Según El Parto es Nuestro, hay indicadores para decir que este tipo de violencia está normalizada en España. Por ejemplo, indican, “somos el primer país de toda Europa según Euro-Peristat, junto con Irlanda, en partos instrumentales, y solemos aparecer también en vergonzosos podios en otras intervenciones, como las inducciones y las episiotomías, muy por encima de las recomendaciones de la OMS”.

“Puede resultar difícil a los profesionales aceptar que han recibido una formación profesional y han sido socializados en un paradigma basado en la superioridad del parto tecnológico, intervenido”, reconocen, para pedir el CGCOM que desista de su postura negacionista porque “el término ‘violencia obstétrica’ es el concepto que utilizan los organismos, declaraciones, estudios, leyes y sentencias que abordan este tema a nivel global y no es potestad del CGCOM decidir la utilización de un término cuyo uso ya está acuñado”.

Objeción de conciencia

El concepto de violencia obstétrica no es el único tema que augura que el debate con los profesionales colegiados será intenso, ya que este mismo organismo ha hecho público otro posicionamento después de que el Ministerio de Igualdad anunciara su intención de revisar la regulación de la objeción de conciencia que, tal y como está reconocida en la ley actualmente, se ha erigido en unos de los principales obstáculos para que el sistema público asuma la prestación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La propuesta, que aun no se ha concretado, pasa por garantizar el derecho individual de los médicos sin que esto suponga una barrera para que las mujeres puedan acceder a un aborto en la sanidad pública, explica Morillas, en línea con lo expuesto por la ministra de Igualdad, Irene Montero, hace unos días.

El CGCOM interpreta que, en la práctica, esta regulación supondrá “dificultar la objeción de conciencia del personal sanitario”, una iniciativa “inaceptable, ilegal e injusta”. “Forzar la conciencia de los médicos para ampliar el número de facultativos disponibles en todas las poblaciones, además de inconstitucional es una mala solución”, manifiestan.

Morillas cree que será posible identificar la fórmula que permita que el derecho individual no colisione con el derecho de las mujeres a la IVE y recuerda que a día de hoy hay hospitales enteros donde no se producen IVE y mujeres que tienen que desplazarse por no poder acceder a un aborto en su provincia. De hecho, como hasta ocho provincias españolas no han practicado abortos en 30 años como puso en evidencia una investigación de Newtral.

Contactado por El Salto, el CGCOM ha alegado problemas de agenda que le impiden responder a las preguntas sobre estos asuntos.