El 80% de las víctimas de abusos a menores son niñas o chicas adolescentes

Save the Children presenta un análisis en el que revisa cerca de 400 sentencias judiciales de casos recientes de abusos sexuales contra la infancia en España.

El 80% de las víctimas de abusos a menores son niñas o chicas adolescentes / Archivo. Fotolia.

MADRID 05/10/2023 CANDELA BARRO Público

La mayoría de víctimas de abuso sexual en menores son niñas o chicas adolescentes. Con respecto a los agresores, ocho de cada diez casos de abusos los comete un conocido o familiar de la víctima. Son los datos de un último informe de Save The Childen, ’Por una justicia a la altura de la infancia’, en el que se analizan 400 sentencias judiciales de casos de abuso sexual a menores.

"Estos datos son solo la punta del iceberg, ya que se estima que solo el 15 % de los casos de abuso sexual llegan a denunciarse", señala Catalina Perazzo, directora de incidencia social y política en Save the Children.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2021 se presentaron 8.317 denuncias por delitos contra la libertad sexual que tenían como víctimas a niños, niñas y adolescentes.

El perfil del agresor es un conocido de la víctima: un 40,6% del total son familiares, en muchos casos la pareja de uno de los progenitores; otro 42,3% son conocidos de la víctima, amigos de familiares, educadores u otros profesionales. Además, el 96% de los agresores no tienen registros anteriores por violencia sexual.

El estudio señala que los 11 años es la edad media en la que empiezan los abusos. De hecho, en el 68,6% de los casos de abuso sexual estudiados hay una sola víctima, aunque en algunos llega a haber hasta siete afectadas.

Víctimas con discapacidad

En un 3,8% de los casos analizados la víctima tiene algún tipo de discapacidad. "Es una muestra más de cómo la violencia machista contra las niñas y adolescentes comienza en edades bien tempranas y cómo las niñas con discapacidad no son una excepción lamentablemente", explica Isabel Caballero, coordinadora del área de derechos de las mujeres del Comité Español de Representantes de Persona con Discapacidad (CERMI).

Aún así, el 67,3% de las sentencias afecta a personas que no tienen una discapacidad. Caballero reconoce que faltan datos, pero existe "un porcentaje importante" de víctimas de este tipo: "O están en riesgo de adquirirla por sufrir estos abusos".

Un proceso judicial lento y revictimizante

Según este análisis, el 24% de los juicios se alargaron entre dos y tres años. En muchos casos, ha aumentado a más de 24 meses el tiempo de duración de los procesos. Durante los juicios, las niñas y chicas se ven obligadas a declarar varias veces con el trastorno de reivictimización que supone.

"Es tan largo el proceso que muchas niñas se retraen. Entonces, el juzgado determina que no hay credibilidad y se archiva el caso", explica Natalia Ortega, abogada del despacho Activa Psicología, especialista en casos de abuso sexual a menores. "Otras veces se hace tan tarde la evaluación forense que los niños tapan lo que les ha pasado", explica.

Carmen Corrales, gaditana de 26 años, denunció haber sufrido abusos sexuales desde los diez hasta los 14 años por parte de su abuelo. Carmen tuvo que declarar cinco veces ante diferentes instituciones cuando todavía era menor de edad. "Durante el proceso me sentí súper acompañada por mi familia, pero no por la justicia. Nadie me indicó dónde tenía que ir, lo qué tenía que hacer… nada. Declaré bajo presión", relata.

"La mayor prueba de abuso sexual infantil es la declaración de la víctima. No es justo que un niño o niña tenga que contar lo sucedido en más de una ocasión, y vemos cómo hoy en día todavía es una práctica habitual", afirma Perazzo.

Una ley con recursos

Hace dos años se aprobó la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) pero las organizaciones se quejan de que todavía no se ha implementado una visión integral en la justicia.

"Lo necesario sería dotar de recursos a la ley y que las evaluaciones de peritos psicólogos a la víctima se hagan en las condiciones adecuadas. Es imprescindible que no se revictimice a la menor con varias entrevistas", explica Ortega.

El estudio destaca la necesidad de crear juzgados especializados en atención a la infancia víctima de violencia, una Fiscalía específica para estos delitos, formar de manera constante a todos los profesionales jurídicos y dotar de más recursos para la atención de las víctimas durante todo el proceso judicial.