¿Cuántas vidas salvan las pulseras?
Viernes 31 de diciembre de 2010
RAFAEL J. ÁLVAREZ / Madrid
Igualdad medirá la eficacia de los GPS para agresores. Ni un asesino de 2010 lo tenía
El Gobierno prepara un informe sobre la efectividad de las pulseras telemáticas de control de los maltratadores tras constatar que, pese a las 3.000 disponibles desde agosto de 2009, los jueces nunca han asignado más de medio millar en total sobre una media anual de unas 30.000 órdenes de alejamiento (13.827 en el primer semestre de 2010, según el Consejo General del Poder Judicial).
La última cifra que se conoce corresponde a la semana pasada y habla de 510 brazaletes colocados, según la delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. Al otro lado de esa estadística pulula la muerte: ninguno de los 13 hombres con orden de alejamiento que asesinaron este año a su pareja o ex pareja contaba con pulsera GPS.
El objetivo prioritario de esos brazaletes es proteger a mujeres en «riesgo alto o extremo», una calificación que hace bailar las cifras con mucha holgura en poco tiempo. El 8 de julio de 2009, pocas horas después de la presentación pública de los dispositivos, fuentes del Ministerio del Interior aseguraron que las Fuerzas de Seguridad del Estado vigilaban «especialmente» los movimientos de «unos 1.000 individuos». Medio año después, el que aún sólo era ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, informó de que el número de mujeres en riesgo «alto» o «muy alto» en toda España era de 1.200, una cifra que aumentaba a las 13.000 si el riesgo era «moderado». En total, a comienzos de este año, había más de 14.000 mujeres en potencial amenaza de una agresión machista, un guarismo que hizo hablar al por entonces Ministerio de Igualdad de «infrautilización» de los GPS, pues sólo había colocados 269.
A partir de aquella denuncia, las cifras de mujeres en riesgo alto o extremo dadas por Interior han bajado sustancialmente. El pasado octubre eran 530, con 369 GPS asignados.
Sin embargo, esa cifra estatal de víctimas en peligro se cuestiona cuando se desciende a las informaciones facilitadas por CCAA, provincias o ciudades. Según las respectivas subdelegaciones del Gobierno, sólo en Málaga había en octubre 265 mujeres en gran riesgo (185 en alto y 80 en extremo) y en el País Vasco, 184. Y mientras la ciudad de Alicante sumaba 70, la provincia de Pontevedra tenía seis, Castellón 11 y todo el Principado de Asturias ocho. Es decir, una absoluta disparidad de números en relación al territorio.
Tomando como ejemplo Málaga, la infrautilización de los GPS fue palpable en noviembre: 265 mujeres en riesgo y 11 dispositivos activados.
Tanto el Ministerio del Interior, como el de Sanidad e Igualdad y el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial están convencidos de la eficacia de esos GPS que, mediante una alarma, advierten al maltratador, a su víctima y a las Fuerzas de Seguridad de que el agresor ha roto su mandato de alejamiento y se está acercando a la mujer.
El Ministerio de Sanidad e Igualdad tiene referencias verbales de que las pulseras «han salvado vidas», pero quiere reflejar por escrito cuántas y en qué circunstancias. Tanto a la delegación de Gobierno que dirige Miguel Lorente, como al Observatorio que preside Inmaculada Montalbán han llegado noticias de casos en los que la alerta que el centro de control recibió en un momento determinado y la correspondiente movilización de una patrulla policial, permitió la detención de individuos que se dirigían hacia su víctima «con intenciones homicidas».
El informe que prepara el Gobierno va a depurar el millar de alertas que se ha registrado desde el verano hasta final de año. Y es que no todas han correspondido a situaciones reales de riesgo, ya que el sistema tiene sus toses. Por ejemplo -al menos hasta octubre-, las alarmas saltan cuando los dispositivos agotan sus baterías. También se activan cuando el portador se aleja del brazalete unos metros. Aunque eso no es un fallo sino algo que está en la misma esencia del sistema, provoca un aviso que queda registrado, si bien no implica necesariamente que el agresor se haya acercado a su víctima.
Algunos jueces aducen ese tipo de desajustes para no asignar las pulseras. Otros cuentan con valoraciones de riesgo poco firmes, como ha señalado en varias ocasiones Inmaculada Montalbán.
La presidenta del Observatorio del CGPJ sostiene que esas valoraciones se construyen exclusivamente sobre la declaración de la mujer, quien muchas veces «tiende a minimizar el riesgo». Para Montalbán, los jueces deberían contar con informes periciales completos que contengan no sólo el testimonio de la víctima, sino también el de la familia, los psicólogos, los asistentes sociales, el propio agresor y toda persona que pueda aportar «información relevante».
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