Contrato de 40 horas: trabajo como interna

La denuncia de la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia ante la Inspección de Trabajo por las condiciones de esclavitud de los empleos que gestionaban dos empresas de contratación ha quedado sin sanción. Achacan falta de pruebas y la inviolabilidad de los domicilios. Los testimonios de las empleadas son tajantes.

Diego Cobo Pikara Magazine

Durante más de año y medio, Rosa* trabajó 14 horas al día como empleada doméstica en Neguri, cerca de Bilbao. Cobraba 700 euros al mes: sin contrato, sin tregua y aguantando tratos despectivos, incluido el chantaje. “En esa época no tenía los papeles y la señora me decía que yo no podía hacer nada porque estaba de manera irregular”, recuerda ahora. Aunque descansaba los fines de semana, el enclaustramiento en sus horas de trabajo era notable. “No tenía comida en el trabajo, tenía que buscarme la vida, pero no podía venir a casa porque no me daban permiso, así que le pedía a una amiga que me dejara comida. Así vivía yo”, relata esta mujer de 45 años que llegó a Bilbao hace ocho procedente de Paraguay.

No mejoraron las cosas en su siguiente empleo, en el que aguantó seis meses con el objetivo de lograr el permiso de trabajo. Cuidaba a una señora, con la que vivía, pero abandonó la casa después de soportar mucho: “No dormía, bajé de peso. Estaba pendiente de ella las 24 hora del día. Los hijos me exigían más cosas, pero yo no podía hacer más. Decidí dejarlo porque no podía. Me costó irme, por los papeles y por necesidad; por necesidad se aguantan muchas cosas, pero hay límites que no se pueden pasar. Intenté todo lo posible para aguantar, porque me hacía falta el trabajo”.

El acta de Inspección de Trabajo confirmó las peores sospechas de las denunciantes: que no iban a sancionar a las agencia porque no existían suficientes pruebas

Ante casos como éste, la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia (ATH-ELE) presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo a ASISPER y APUROS MAYSE, dos agencias de contratación, el pasado mes de octubre. En el escrito, acompañado de pruebas, solicitaban una inspección a ambas empresas debido a las prácticas y condiciones laborales a las que sometían a las empleadas. Las pruebas no son otras que grabaciones de llamadas telefónicas a las agencias solicitando los servicios de personas en condiciones de explotación, como jornadas maratonianas sin descansos en toda la semana. Y las respuestas, según la ATH, eran de total aprobación ante las proposiciones esclavistas. El acta de Inspección de Trabajo confirmó las peores sospechas de las denunciantes: que no iban a sancionar a las agencia porque no existían suficientes pruebas. Tampoco se pusieron en contacto con ninguna familia que ha contratado esos servicios.

Por esa razón, y debido a la indefensión que sienten, el pasado 29 de abril alrededor de un centenar de personas se concentraron en la sede de Inspección de Trabajo en Bilbao bajo el lema ‘Inspección no inspecciona’, reclamando una investigación de los hechos denunciados. Pero el departamento del Gobierno Vasco, refugiándose en la inviolabilidad de los domicilios y rechazando las grabaciones como pruebas, sigue sin inmiscuirse en el asunto.

El conflicto se inserta en una actividad, la del trabajo doméstico, principalmente realizado por mujeres con una tradición especialmente discriminatoria donde los derechos laborales han sido secundarios y las irregularidades la norma… hasta que el uno de enero del año 2011 entró en vigor la nueva normativa referente a este sector mediante la ley 27/2011.

Una reforma insuficiente

Un estudio realizado por el Gobierno vasco en mayo del 2011 estimó que en Euskadi había 90.000 empleadas domésticas, de las cuales estaban dadas de alta en la Seguridad Social menos de 10.000. Tras el impulso de la ley, que obligó a las personas empleadoras a dar de alta a las trabajadoras, el número ha ascendido a 27.000. Hasta esa regulación, caía sobre las propias trabajadoras la responsabilidad de gestionar su relación laboral, no teniendo la obligación de darse de alta si trabajaban menos de veinte horas semanales. Actualmente, las y los empleadores están obligados a cotizar a partir de la primera hora de labor. En el caso de que las trabajadoras lo hagan en varios hogares, cada uno aportará la parte correspondiente.

Pero a pesar de aquella normativa, que también se contempló como una herramienta recaudatoria, la desconfianza no tardó en llegar. En primer lugar, debido a que si bien integra la actividad en el régimen general, no se reconocen derechos como el desempleo. A eso se le suma la repentina obligación impuesta a muchas personas empleadoras a tramitar las altas en la Seguridad Social sin apenas información previa. En el 14 por ciento de los hogares españoles trabajan empleadas domésticas, y eso supone que las familias pasan a convertirse repentinamente en empresas; algo que, debido al desconocimiento y la desidia, ahuyentaba a llevar a cabo los trámites legales.

Y es aquí donde encaja la denuncia de la asociación a las dos agencias. ASISPER ofrece servicios domésticos y la ATH le acusa de realizar contratos ficticios en los que figura un número muy inferior de horas, por lo que realiza una parte del pago de manera informal; de APUROS MAYSE, una agencia de colocación, la ATH denuncia el envío de trabajadoras sin papeles a los hogares, que son los que hacen el contrato a la empleada. Si la empleada pedía excepcionalmente un día libre, la agencia arañaba 100 euros del salario acordado. Además, la familia debe de pagar todos los meses una comisión a la agencia en concepto de sustitución para los días de libranza de la empleada principal.

Según las estadísticas de la propia asociación, el 75 por ciento de las trabajadoras internas que atendieron en la oficina trabajaban más de 60 horas semanales

La denuncia realizada por la asociación recoge ambas prácticas. Una segunda denuncia, más reciente, describe las condiciones de trabajo de Myriam, otra mujer de Paraguay con unas jornadas de trabajo de 19 horas, que vivía en situación irregular, dormía en una silla de mimbre y fue despedida de manera verbal el pasado mes de febrero. Ella también acudió a la ATH, quien llevó adelante su caso. Otras 383 mujeres acudieron el año pasado a la asociación por conflictos laborales: cuatro de cada diez trabajaban como internas. Según las estadísticas de la propia asociación, el 75 por ciento de las trabajadoras internas que pasaron por la calle Pelota, como se refieren muchas trabajadoras a la oficina de la ATH, trabajaban más de 60 horas semanales, el tope máximo que fija la ley. Más sorprendente aún es que una tercera parte de las internas trabajen más de 80 horas semanales.

“Yo no entiendo cómo la Seguridad Social permite que pongan 40 horas en el contrato sabiendo que se trabaja de interna. ¡Es que es imposible!”, se queja Rosa. En su última experiencia laboral de este tipo, el pasado mes de abril, no pasó de la semana. “Las personas no somos esclavas, necesitamos un día de descanso, pero la gente a veces no se da cuenta. Yo tengo muchas amigas que trabajan así”, sentencia. No piensa volver a trabajar como interna.

La nueva legislación también indica que las trabajadoras deben de tener un descanso continuo de, al menos, 36 horas. Pero solo una de cada cuatro personas que acudieron a la asociación el año pasado cumplió esa pausa. Algo que se suma a las diferentes aristas de un sector en el que, a pesar de la regulación, se siguen vulnerando muchas de las disposiciones. Concentración ante Inspección de Trabajo. Foto: Diego Cobo

En la comparecencia en la Comisión de Empleo del Parlamento Vasco el pasado mes de diciembre, la portavoz de la ATH Lorea Ureta incidió en la pasividad del Gobierno por no exigir el cumplimiento de las mencionadas investigaciones, a lo que el presidente de la comisión argumentó el carácter privado de las viviendas. La dificultad para acceder al espacio privado, dijo, limitaba las posibles intervenciones. Otra miembro de la asociación sugirió diferentes alternativas para llevar a cabo el control, como las llamadas telefónicas a las propias familias, las preguntas a vecinos o a los porteros del edificio en caso de haberlos.

La ausencia de contratos escritos, los pagos de la nómina en mano o la situación irregular de muchas de las empleadas también constituyen un problema en un sector en que los despidos verbales y las barreras burocráticas para afiliar a las trabajadoras están extendidos. De hecho, para facilitar a las familias los trámites legales, las personas empleadoras de Euskadi pueden dar de alta a las trabajadoras en la Tesorería General, en lugar de en las oficinas del Servicio Vasco de Empleo (LANBIDE). Pero en ocasiones, la ATH denuncia que la Tesorería no está recogiendo las nuevas solicitudes, mientras que LANBIDE esgrime que no es su competencia. En la comparecencia en la Comisión de Empleo la asociación también mencionó que los despidos que se producen se justifican como “bajas voluntarias”, cuando en realidad no es así. Sin embargo, LANBIDE no cuestiona los certificados que les envía la Tesorería.

“Pueden hacer lo que quieran. No hay miedo de infringir la legalidad porque se sabe que este es un sector en el que no hay control”, explicó Isabel Otxoa, una miembro de la ATH, en la comparecencia de la Comisión de Empleo.

En ese contexto se enmarcan las luchas por hacer de LANBIDE el organismo a cargo de este sector, al igual que gestiona otras actividades. Esa transferencia de competencias implicaría el relevo de las agencias de empleadas domésticas a un segundo plano en un escenario que califican de impunidad. “Pueden hacer lo que quieran. No hay miedo de infringir la legalidad porque se sabe que este es un sector en el que no hay control”, explicó una miembro de la ATH en la comparecencia de la Comisión de Empleo. La exigencia de mecanismos de vigilancia es la principal reivindicación.

La inmigración y el empleo de hogar, de la mano

El trabajo sin contrato de este sector es muy elevado. Además de la altísima presencia femenina en el sector, en los últimos años también ha estado ligado a la población inmigrante. Más de la mitad de las empleadas de hogar dadas de alta en el Estado español son inmigrantes, siendo del 43 por ciento en Euskadi. Al margen quedan quienes no figuran en las listas oficiales, puesto que si al cierre del año pasado figuraban 423.000 empleadas en las estadísticas oficiales, un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) del año 2013 indicaba que 747.000 personas se desempeñaban en el sector.

“Yo nunca había cogido vacaciones porque no cobraba. Era un mes que no iba a facturar. Pero cuando lo necesité, cuando el cuerpo me lo pedía, se lo dije”. La despidieron.

“Nunca he tenido contrato de trabajo”, cuenta Marta*, una joven colombiana que trabajó cuatro años cuidando a un anciano. Fue despedida al regresar de unas vacaciones que no cobró: “Cuando yo marché de vacaciones, el hombre ya tenía 96 años. Yo nunca había cogido vacaciones porque no cobraba. Era un mes que no iba a facturar. Pero cuando lo necesité, cuando el cuerpo me lo pedía, se lo dije. Yo sabía que estaba en mi derecho de coger vacaciones”. Al regresar se enteró de que habían despedido a la persona que la sustituyó ese mes. Y que tampoco le necesitaban a ella.

A la conciliación, a la que acudió de mano de la asociación, no se presentó el hijo del anciano al que cuidaba, que era quien la contrató. En esa negociación, en la que logró una indemnización de 1.300 euros, se enteró de que el anciano había muerto tres días antes. “Económicamente, no es mucho, aunque lo paso; pero moralmente quedé muy mal. Una persona con la que has estado tanto tiempo… Cómo te tiran a la calle, no enterarte que se ha muerto. Eso duele. La gente de aquí conoce sus derechos. Yo no sabía muchas cosas, como lo de las vacaciones, que hay que pagarlas. En Cáritas me dijeron que tenía derecho a vacaciones. Ahora igual ya no me pasaría”, cuenta unos meses después de aquel conflicto.

Ella llegó hace ocho años a Bilbao con permiso de residencia, por lo que si no afrontó una denuncia por la ausencia de vacaciones y su contrato de trabajo hasta el momento de ser despedida no fue por ese temor. “Tenía nervios a enfrentarme a lo desconocido: a que negaran mi demanda, porque perfectamente podría haber dicho que no me conocía o inventar algo. No sabía a lo que me iba a enfrentar. Siempre he sabido que si denuncio a alguien por tenerme trabajando sin papeles, el que se iba a fastidiar era él. Para nosotros no es pecado trabajar ilegalmente, el pecado es para quien nos pone a trabajar. Eso yo lo sabía. A muchas personas les pasa por no saberlo. Yo lo tenía claro, pero sé que hay personas que por miedo, porque no tienen nada, aguantan. Pero ese no era mi caso”.

No es la única dificultad a la que se enfrentan. En los últimos tiempos también se ha instalado una práctica que pone trabas a la población inmigrante acceder a puestos de trabajo en hogares. Una empleada de hogar detalla cómo se están cobrando comisiones que se llevan algunas empleadas que se enteran de puestos de trabajo. A cambio de la información, si finalmente seleccionan a la persona a la que se le ha informado del puesto vacante, ésta debe de pagar “300 o 500 euros. Ahora la gente te vende el trabajo. Yo por el momento no quiero pagar, pero si las cosas van muy mal tienes que pagar…”, desliza esta mujer que no encuentra empleo.

La mayoría que acude las oficinas de la asociación son inmigrantes, algunas de ellas en situación irregular y, por lo tanto, en situación de indefensión. Si María Ángela Cuba está detrás de la pancarta en la concentración ante Inspección de Trabajo es porque una semana antes de renovar su tarjeta de residencia la despidieron. Actualmente está inmersa en el proceso judicial, aunque se muestra pesimista. “La empleadora no se ha hecho presente. No entiendo por qué me ha pasado, por qué no me han dado ni una explicación. Me decían que me iban a asegurar, y después de siete meses, de la noche a la mañana, me dijeron que no me necesitaban”, explica esta boliviana que admite satisfacción con su situación actual, ya resuelto el incidente con la residencia.

La mayoría de las empleadas de hogar se dedican a tareas de cuidado de personas dependientes, especialmente mayores. En una población que envejece a un ritmo continuado, con un 17 por ciento de la población por encima de los 65 años y un 5 por ciento con más de 80 años y la previsión de que para el año 2050 se doble el primer grupo y se triplique el segundo, el sector del empleo doméstico resulta central.

Se trata de un sector altamente feminizado y que, según el informe de la OIT, ocupa al 8 por ciento de las mujeres en España: es la actividad profesional donde la división sexual del trabajo está más acentuada, aunque la lucha por sacar a esta actividad de las profundidades de la tradición patriarcal ha servido para reconocer un trabajo a menudo poco valorado e invisibilizado.

Los recortes en la partida destinada a dependencia, sin embargo, devuelven a las mujeres al espacio privado, ya que son ellas las que cuidan a personas mayores en más del 80 por ciento de los casos. Y mientras, en el horizonte, una sociedad más envejecida. Un reto desde todos los ángulos.

*Nombres ficticios para preservar su identidad.