Activistas y feministas internacionales piden a España que deje de criminalizar a las madres protectoras y a sus hijos

En un manifiesto firmado por cerca 50 personalidades de distintos países, principalmente de América Latina, reclaman que se deje de quitar custodias y de encarcelar a las madres que denuncian violencia de género o sexual hacia ellas y sus hijos.

Público 15-11-2021

Un documento firmado por cerca de media centena de activistas por los derechos humanos y feministas de distintos países de mundo, pide al Gobierno Español que proteja a las madres que en España denuncian la violencia de género y sexual hacia sus hijos. En un llamamiento abierto, los firmantes llaman la atención a la sociedad española "ante una situación de grave violación a los derechos humanos" en casos de violencia de género y violencia hacia niños, niñas y adolescentes.

El comunicado, denuncian que "desde hace años el Estado español viene aplicando una política de quita de custodias a madres (arrancamientos) que han presentado denuncias por malostratos y abuso sexual infantil hacia sus hijos por parte de sus progenitores".

Hacen referencia a que "las sentencias ejemplarizantes hacia esas madres, incluyen como escarmiento, la condena a prisión de mujeres que han incumplido sentencias judiciales para no entregar a sus hijos a sus abusadores".

El documento, titulado Llamado a la acción. Madres presas por proteger a sus hijos/as en España, se hace público coincidiendo con la posibilidad de que el Consejo de Ministros de este martes decida sobre el indulto hacia Juana Rivas, condenada a dos años y medio de prisión y a la inhabilitación de la patria potestad de sus hijos por sustracción. En el escrito afirman que "es público lo sucedido con Juana Rivas que actualmente se encuentra en prisión por haberse escapado un mes con sus hijos para no entregárselos a su exesposo. Juana Rivas denunció en múltiples oportunidades a su ex esposo por violencia de género y malostratos, sin embargo, ni ella ni sus hijos fueron escuchados".

No es el único caso del que el documento se hace eco. También recuerda en caso de Ángela González, que tras más de 50 denuncias "solicitando protección para su hija" no fue oída y la niña acabó siendo asesinada por su progenitor en una visita no vigilada en 2003, cuando la menor tenía siete años.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer condenó a España en julio de 2014 por el asesinato de Andrea, la hija de Ángela. En 2018 el Tribunal Supremo de España reconoció que el Estado español cometió fallos en el caso de Ángela González y su hija, e impone una indemnización de 600.000 euros.

"Si Ángela González hubiera inclumplido la orden judicial, seguramente su hija Andrea estaría viva. Pero Ángela fue obediente con la sentencia judicial y este es el resultado", afirman los firmantes del escrito.

El documento hace referencia, también, a María Sevilla, la expresidenta de la organización Infancia Libre, quien afirman, "ha sido brutalmente criminalizada por evadirse de cumplir la sentencia que ordenaba entregar a su hijo a su presunto abusador. Ella, que está a punto de ser encarcelada por eso, solo puede ver a su hijo una hora cada 15 días, desde hace 2 años".

Pero ellas no son las únicas con condenas de cárcel, añaden, y citan también a: María Salmerón, Sara Bejarano (quien jamás estuvo fugada), Helena Cuadrado y Patricia González. "Sus delitos, proteger a sus hijos/as de progenitores violentos".

Entre los firmantes del documento se encuentran personalidades como la jurista Alda Facio, de Costa Rica una de las fundadoras del Caucus de Mujeres por una Justicia de Género en la Corte Penal Internacional y directora del Programa "Mujer, Justicia y Género" del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD); Enrique Stola, médico psiquiatra Argentino reconocido por su lucha contra la violencia de género y artistas, investigadoras y responsables de organizaciones de países como Uruguay, Argentina, Perú, Colombia, Brasil, Ecuador o Chile, entre otros.

El documento recuerda que la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Šimonovic, ha llamado la atención del gobierno español por varios de estos casos. Y que la Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas de la ONU, Elizabeth Brodericken, remitió una carta dirigida al gobierno de España expresando su "profunda preocupación que los estereotipos y prejuicios de género, así como la ausencia de una perspectiva de género y de un análisis interseccional de la discriminación contra la mujer obstaculicen el acceso a la justicia por parte de las mujeres y niñas víctimas impidiéndoles obtener un recurso efectivo". Explican que en la misiva, la representante de la ONU mostró su "preocupación por el uso del presunto Síndrome de Alienación Parental (SAP), contra las madres y la falta de credibilidad que algunos tribunales otorgan al testimonio de los niños y niñas cuando la madre denuncia abusos hacia el menor por parte del padre".

"Frente a este contexto, las abajo firmantes, hacemos un llamado público para que España revise estas sentencias que constituyen gravísimas violaciones a los derechos humanos, brinde inmediata protección a niños y niñas que se encuentran conviviendo con progenitores violentos y evite el encarcelamiento o deje sin efecto el mismo, de varias madres que están luchando para proteger a sus hijos", concluye el documento.