¿Es posible que en el Ecuador esté en marcha una revolución, como lo sostiene el gobierno de Rafael Correa? ¿Qué mismo significa eso de “revolución ciudadana”?, ¿tiene un sustento científico esa expresión? A continuación presentamos algunos elementos introductorios para el análisis de este tema. 

“Ciudadanía”, término elitizante que oculta la lucha de clases

El concepto “ciudadanía” está vinculado a la idea de ciudad, o “polis” griega. Solo una cuarta parte de quienes vivían en ella eran ciudadanos. Era todo un privilegio que no cualquiera podía tener. Como lo sostiene Aníbal Ponce en “Educación y Lucha de clases”, mucho se ha mitificado a la civilización griega, dándole un sentido mágico, de armonía y paz, de alta cultura, pero en realidad el “ciudadano” griego era terrateniente, propietario de esclavos y guerrero; disfrutaba de los placeres que le brindaba el no reducirse a las “innobles” tareas del trabajo.

“Los trabajadores son casi todos esclavos. Nunca una república bien ordenada los admitirá entre los ciudadanos, o si los admite, no les concederá la totalidad de los derechos cívicos, derechos que deben quedar reservados para los que no necesiten trabajar para vivir”, dice por ejemplo el filósofo Aristóteles (“Política”, pág. 139).

Así surgió el término ciudadanía, y así se desarrolló más tarde: para los romanos, ciudadanos solo eran los nobles “patricios”, es decir, una raza superior de poderosos destinados a gobernar y administrar el Estado, el resto eran plebeyos y esclavos, seres muy inferiores.

En la Edad Media el concepto de ciudadanía casi desaparece del lenguaje político, puesto que los reyes y nobles feudales dominaban autocráticamente sobre los siervos, campesinos pobres sometidos a una nueva forma de esclavitud en el campo. El poder se heredaba y/o se arreglaba entre los nobles y el clero.

Pero es en el tránsito hacia el capitalismo cuando reaparece el concepto de ciudadanía, puesto que los denominados “burgos” se constituyeron en las nuevas ciudades, dominadas por una clase social de comerciantes que habían adquirido poder económico y que en su confrontación al poder feudal recuperaban las ideas “civilizatorias” de los filósofos clásicos.

La revolución liberal burguesa en Francia recoge el concepto “ciudadanía”, pero esta vez reconociendo como ciudadano a cualquier persona, a condición de que aprendiera la lengua y obedeciera las leyes francesas. Se proclama la igualdad de los ciudadanos ante la ley, pero una igualdad que en los hechos abre las posibilidades de acumulación a los capitalistas, sobre la base de la explotación a los trabajadores en sus industrias. Proclama la libertad, entendida ésta fundamentalmente como libertad de empresa, incluso en el sentido laico que esta libertad implicaba; es decir, si algún dogma religioso se oponía a la posibilidad de desarrollo económico, técnico-científico de la industria capitalista, había que pasar por sobre él. Se proclaman una serie de libertades que, en esencia, crean las condiciones para el nuevo modo de producción en el que los burgueses tenían el control y el poder.

La legislación burguesa, con iniciadores como Voltaire, por ejemplo, establece todo un sistema jurídico en el que lo fundamental es el derecho a la propiedad privada, “es una condición indispensable para una sociedad ordenada”, dice; y en ese sentido, solo los propietarios deben gozar de los derechos políticos. Tenía desconfianza en la fuerza y la capacidad del pueblo: “cuando el populacho se ponga a razonar, todo se vendrá abajo”, decía. Se pronuncia por la “libertad de trabajo”, por la cual se entiende el derecho que tenían las personas a vender su trabajo a quien mayor remuneración ofreciera.

El ciudadano entonces se vuelve un ser que, como lo sostiene José Welmovick, además de derechos tiene obligaciones: “Exige, en nombre de la defensa de la extensión de esos derechos, una defensa del orden en el que se quiere garantizar la inclusión de los ciudadanos”. De lo cual se deduce que alguien que se asume ideológica y políticamente como “ciudadano”, no pretende la revolución.

El discurso de ciudadanía es asumido actualmente por los sectores más reaccionarios de la burguesía, por facciones de la pequeño-burguesía que se autocalifican como progresistas, y por izquierdistas “desencantados”. Para los primeros se constituye en una manera de redireccionar las luchas de los trabajadores hacia reivindicaciones aisladas y de diversos derechos que no afectan a la esencia del sistema.

Para los segundos se vuelve una forma de cuestionar el statu quo y de proponer cambios institucionales que hagan del capitalismo un sistema más “humano”, y para los terceros es una forma de ocultar categorías marxistas como burguesía, proletariado, lucha de clases, modo de producción, formación económico-social, etc., por cuanto desconfían o niegan al marxismo la capacidad de explicar los fenómenos de forma holística y de transformar la realidad; proponen que las preocupaciones políticas se centren en las “identidades impuestas o adaptadas”: etnias, color, género, preferencias sexuales.

“Al privilegiar tales identidades la propuesta postmoderna enfila su artillería contra el análisis de clase, apoyada en un hecho evidente: es mucho más aprehensible, fácil de reconocer la pertenencia a un ‘género’ que a una clase social”, sostiene Guillermo Navarro.

El término ciudadanía, entonces, pretende ocultar la existencia de las clases sociales y sus contradicciones irreconciliables: tan ciudadano es Álvaro Noboa como Juan Piguabe. Sin embargo, en el ámbito político esta lucha de clases se expresa nítidamente, por más que el Presidente de la República sostenga que el Estado actual es la representación de “todos los ciudadanos”.

Vladimir Lenin lo aclaró hace ya mucho tiempo: “El Estado surge en el sitio, en el momento y en la medida en que las contradicciones de clase no pueden, objetivamente, conciliarse. Y viceversa: la existencia del Estado demuestra que las contradicciones de clase son inconciliables”.

En el Ecuador no existe una “revolución ciudadana”, primero porque no es posible hablar de revolución si la esencia del sistema capitalista (la propiedad de los medios de producción en manos privadas) se mantiene intacta; y luego porque al hablar de ciudadanía se habla de todos y de nadie, es decir, se oculta la existencia de las clases sociales y de su lucha antagónica e irreconciliable.

Para quienes desconocen que lo fundamental para conseguir la revolución es mantener el apoyo del pueblo organizado y piensan que solo se realiza con el liderazgo de un individuo o un buró, cayeron por sorpresa las palabras del Jefe de Estado, Rafael Correa: la conformación de los CDRC. Tanto así, que puso en aprietos a todos sus funcionarios de Gobierno que no supieron contestar las preguntas de los periodistas, como ocurrió con el vicepresidente de la República, Lenin Moreno, quien afirmó que  “conocía del proyecto pero... pero que con toda certeza se concretará en la próxima reunión de Gabinete”. Claro está, que las palabras del Primer Mandatario fueron aprovechadas por los medios de información, quienes empezaron a comparar los posibles CDRC con los organizados en Cuba y posteriormente los ejecutados en Venezuela. Resurgió el anticomunismo por parte de varios sectores de poder e incluso de funcionarios del mismo Gobierno, quienes negaron que estos comités se parecerán a los de Cuba y aseguraron que tendrán sus propias estrategias de organización. Claro ejemplo de aquello se demostró con las declaraciones de la secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, Doris Solís, cuando indicó que “los Comités de Defensa Populares de la Revolución Ciudadana son participativos, no representan comités violentos ni fuerzas de choque. Es un modelo de organización conformado con apoyo barrial y familiar”. Declaraciones que no generan confianza, puesto que cuando se revisa las fuerzas de choque que utilizaron los Gobiernos de Venezuela y Bolivia contra la oligarquía que actuó con mayor fuerza en Caracas y Santa Cruz, respectivamente, para desestabilizar los procesos de cambio, se encuentra la inevitabilidad de la violencia. ¿El Gobierno está preparado para organizar a sus supuestas bases?

Muchos analistas coinciden en que para conseguir un verdadero proceso revolucionario es fundamental el trabajo ideológico en las bases, que en la práctica lo defiendan ante posibles arremetidas armadas del imperialismo y la ayuda de la oligarquía local con los ya conocidos golpes de Estado. Así lo afirma el analista político Renán Proaño, cuando afirma que las limitaciones de País tienen que ver con los alcances de la propuesta “revolucionaria” que lo inspira; sin embargo, la fortaleza en la conformación de los CDRC radicaría en la capacidad de respuesta que estos tengan incluso frente al régimen, en términos de organización y combate. “Pensemos también, que la direccionalidad que podría darse a estas organizaciones termine por cambiar de manera drástica el tablero político en dos sentidos: uno, si sus esfuerzos apuntan contra luchadores populares y sus organizaciones sociales, en claro retroceso; y otro, constituyéndose en el dínamo hacia la radicalización de PAIS”. Si este fuera el caso pensaríamos que el primer punto es hasta el momento lo que ha inspirado a este Gobierno de la revolución ciudadana cuando se intenta aprobar leyes contra los trabajadores, estudiantes, maestros e indígenas, principales organizaciones golpeadas por el Socialismo del Siglo XXI, teoría apresurada que hasta el momento nadie la entiende. Proaño añade que el criterio de unidad entre el pueblo y sus fuerzas, debe permitir que el desenvolvimiento en este andarivel sea matizado por un debate amplio, con miras a una propuesta verdaderamente revolucionaria en la que el pueblo organizado en aquellas u otras formas, tenga la posibilidad de hacerse del poder. Pero quién podría hacerse del poder si en las primeras supuestas conformaciones de los CDRC de País, en Guayaquil, han apuntado, como primer objetivo, a exigir obras de infraestructura para los barrios. Muestra de ello sería que de no llegar lo pedido pondrían en jaque al mismo Gobierno, lo que sumado a varias inconformidades de muchos sectores populares, terminaría siendo peor el remedio que la enfermedad.

Al respecto el Director Nacional del Movimiento Popular Democrático (MPD), Luis Villacís, asegura que los comités CDRC no deben ser encargados únicamente a la defensa del Gobierno sino que deben servir, principalmente, para impulsar una vigilancia y exigencia para el cabal cumplimiento de la Constitución Política del Estado. Asimismo, que éstos deben ser los encargados de luchar por una plena democracia que evite la arbitrariedad, prepotencia y abuso del sector público y privado, teniendo como precepto fundamental la lucha contra la corrupción para meter a la cárcel a los grandes empresarios evasores de impuestos, para exigir a las autoridades un rendimiento de cuentas, etc. “El Movimiento Popular Democrático participará y respaldará la creación de los Comités de Defensa  de la Revolución para exigir educación, salud gratuita, soberanía nacional, mejores condiciones para los trabajadores y pueblos del Ecuador, y con estas acciones evitar un boicot de un proceso de cambio que debe desarrollarse en nuestro país en la búsqueda de una Patria Nueva y Socialista”.

La conformación de los CDRC, con la idea clara de cual es el verdadero cambio revolucionario, fortalecería la organización popular y el proyecto democrático, patriótico, progresista y de izquierda. Su crecimiento es fundamental para frenar el ataque de la derecha y el ataque guerrerista del imperialismo. CDRC: Un proyecto de cambio pero junto al pueblo organizado. (ESVS)

Escuelas con infraestructura en pésimo estado, condiciones precarias para los estudiantes y sus maestros con salarios bajos y falta de formación continua: son el resultado de treinta años de la educación en manos del neoliberalismo;  la despreocupación de ese “modelo”, causó el cierre de cerca de 5 mil instituciones educativas por falta de recursos, mismas que no han vuelto a ser reabiertas, causando un grave daño al pueblo ecuatoriano.

En la actualidad, el Ecuador atraviesa una nueva etapa en su historia: con cambios favorables para su pueblo, que inicia con una nueva Constitución producto de la lucha y participación de los sectores populares, que en una muestra de rebeldía a la miseria e inequidad le apuestan a los sectores democráticos y de izquierda. En este contexto, las leyes empiezan a reformarse en varios campos, uno de ellos y el más importante para el desarrollo de la sociedad es la educación en todos sus niveles.

Con este antecedente y con el afán de mejorar la educación como un área estratégica para el desarrollo del país, la  Unión Nacional de Educadores (UNE) ha realizado una ‘Propuesta de Ley de Educación con Participación Social’, la misma que ha sido trabajada desde años atrás en el Congreso Nacional de Educación , con la propuesta de Educación para la Emancipación , la misma que recoge las principales necesidades de los sectores involucrados como son los estudiantes, docentes y padres de familia.

“Consideramos necesario que la ley de educación debe surgir de quienes la necesitan y de acuerdo a la realidad del país, pues una ley es válida cuando se construye con los principales actores y  todos se comprometen a cumplirla y llevarla adelante” opina Mariana Pallasco, Secretaria nacional de  la UNE.

El proyecto recoge planteamientos clave para el verdadero cambio en pro de la educación ecuatoriana, todo esto en concordancia con lo establecido en la Constitución, que reconoce a la educación como un derecho mas no como un servicio. “En la nueva ley orgánica de la educación se debe garantizar la misma  como un derecho irrenunciable y que el Estado no pueda evadir esa responsabilidad como tal, ya que en la actual ley se lo reconoce como un servicio”, afirma Pallasco.

Como derecho irrenunciable de todos los seres humanos, los docentes presentan  propuestas en los ámbitos de: Fines del Sistema Nacional de Educación; Políticas de la Educación Nacional; Currículo de estudios; Evaluación del sistema; Investigación Educativa; Estructura Académica Intercultural del Sistema Educativo Nacional; Organización y  Administración del  Sistema Educativo; Actualización y Perfeccionamiento Docente; De la Infraestructura, bienes y servicios del sistema educativo; Servicios; Financiamiento del Sistema Educativo.

Todos estos aspectos enfocados en el ámbito de inclusión y respeto a los derechos humanos, al medio ambiente, a la democracia, a la interculturalidad, impulsando la equidad de género, la justicia, la libertad y  la solidaridad. Además promueve la coeducación y el desarrollo del pensamiento científico, crítico e innovador.

Un elemento muy importante que se ha incluido en esta propuesta es la creación de los Consejos Nacionales, Provinciales y Cantonales de Educación, que serán los organismos  permanentes  de  planificación, dirección  y  control  de la ejecución de las  políticas  y  estrategias elaboradas   por el  Congreso  Nacional  de Educación.

Estos organismos contarán con la participación de un representante del Ministerio  de Educación, un representante de la UNE, un representante de la  Educación Bilingüe , un representante de la Confederación Ecuatoriana de Establecimientos de Educación Católica (CONFEDEC) , un  representante  de la Confederación de Colegios Particulares Laicos del Ecuador (CONFEDEPAL), un  representante de AFEFCE, un representante  de los Institutos  Pedagógicos, un representante de la FESE, un representante de los padres  de familia y un representante de los sectores  productivos .

Humanista, incluyente y solidaria, así es la propuesta de educación impulsada por la UNE y los sectores populares, con afán de mejorar la educación y seguir formando  profesionales críticos y más comprometidos con la sociedad, que continúan su lucha incansable, hasta la victoria. (JTC)

¡La UNE no se quiebra!

Las constantes muestras de represión por parte del agonizante neoliberalismo, hacia quienes luchan por cambiar y mejorar la educación para el progreso del país, es más notoria  hoy: con una evaluación meramente tecnócrata a  los maestros, quienes al resistirse han sido separados de sus puestos de trabajo y recientemente con un acuerdo ministerial que de forma ilegal elimina los aportes de los docentes a la UNE.

La ilegalidad se manifiesta claramente, pues los argumentos del ministro Raúl Vallejo son inconsistentes, ya que trata  de convencer que el descuento  se lo hace a todo el magisterio, cuando en realidad este aporte solamente lo hacen quienes de manera  voluntaria se afiliaron al gremio.  “El ministro de Educación no se acuerda de que en el año 2008 aprobó  los estatutos de nuestra organización, la misma que en su art. 48 determina que los maestros AFILIADOS  aportarán en 1.5%  de su sueldo básico”, asegura Patricio Carrera , Secretario  Nacional de Comunicación de la UNE.

Este intento de golpear y dividir a una de las organizaciones populares más importantes del país, ha despertado la indignación de los maestros, quienes han presentado una demanda de inconstitucionalidad y exigen que se le cumpla su derecho  a la organización, pues a pesar de estos ataques constantes este gremio se fortalece cada día más. “El ministro de Educación se equivoca si piensa  que con eso va a doblegar a esta organización, no la han podido derrotar ni las dictaduras, y aunque intenta hacer lo mismo que  su coideario el Arq. Alfredo Vera Arrata que quiso retirar de igual manera los aportes, no lo pudo hacer,  porque los mismos profesores fueron personalmente a realizar su aporte  igual que lo harán hoy”, culmina Carrera.(JTC)

El derecho a tener una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa es uno de los derechos fundamentales de todos los ecuatorianos garantizado en la Constitución (Art. 16). Sin embargo, este derecho no ha sido tratado como tal, pues se ha limitado la participación de los sectores populares y de los movimientos sociales en los grandes medios de comunicación.
Es deber de la Asamblea Nacional, hasta el 20 de octubre, traducir todas las garantías y derechos de la Constitución con respecto a la comunicación en la nueva Ley Orgánica de Comunicación, como son: el acceso a las tecnologías de la información, utilización de frecuencias y creación de medios de comunicación, el acceder a una información veraz, la garantía de la libertad de expresión, entre otros.

Por ello, el cómo debe plantearse la Ley de Comunicación se ha convertido en el debate actual de organizaciones dedicadas a la comunicación como la Coordinadora Social de la Comunicación e incluso de movimientos políticos como Concertación Nacional Democrática, que, hasta aquí, han presentado sus propuestas de Ley ante la Asamblea Nacional.

La Coordinadora Social de la Comunicación es un colectivo integrado por alrededor de 40 organizaciones y redes de comunicación, gremios periodísticos, Facultades y Escuelas de Comunicación por lo que su propuesta recoge varias visiones de diversos grupos comunicacionales. Aunque recogen propuestas democráticas como una urgente re- distribución de frecuencias, la reversión en caso de que hayan sido obtenidas ilegalmente, etc., se olvidan que los principales creadores de la comunicación son los pueblos y que la Ley debe garantizar los mecanismos para que estos participen activamente; el error es creer que la comunicación es un asunto de periodistas alejados de su entorno social.

Por otro lado, César Montúfar ha mencionado en medios locales que la propuesta emprendida por su movimiento, Concertación Nacional, es para defender la libertad de prensa y expresión “en un contexto en que tenemos un Gobierno que quiere controlar lo que los ciudadanos pensamos, lo que los ciudadanos decimos y cómo los ciudadanos nos informamos”.

En esta propuesta se le da una amplia importancia al tema de la libertad de expresión, se lo plantea como un derecho de todos, pero si tomamos en cuenta que históricamente se ha discriminado la participación de sectores populares organizados en los medios de comunicación y se ha restringido la concesión de frecuencias para la creación de medios comunitarios, es importante preguntarse ¿la libertad de expresión de quién es la que se defiende?

Se defiende la libertad de expresión de los grandes medios de comunicación, que corresponden a los intereses de grandes grupos económicos y familiares propietarios como Eljuri, Vivanco, Egas, Mantilla.

Solamente se puede hablar de una verdadera libertad de expresión cuando se democratice la propiedad de los medios de comunicación; garantizando un libre y equitativo acceso a los verdaderos forjadores de la historia del país: los obreros, los estudiantes, los indígenas, las organizaciones de mujeres, los sindicatos, etc. Es necesario trastocar el sistema de propiedad de los medios, porque hasta el momento solo han servido para defender los intereses ideológicos y económicos de 15 familias en el país.

Otro tema que tiene que estar contemplado en la nueva Ley es el Sistema Nacional de Comunicación, en el que la regulación no esté en manos de unos pocos tecnócratas, sino de las organizaciones sociales, de los jóvenes organizados y comprometidos con la transformación social, a fin de no permitir los negociados a través de los cuales se entregaron las frecuencias en el Ecuador.

Nadie, a base de leyes y reglamentos, puede someter el accionar de una Universidad crítica, reflexiva, democrática y participativa, por ello, frente a la propuesta de la SENPLADES en cuanto al COGOBIERNO, lo democrático y progresista es recuperar el COGOBIERNO PARITARIO.

El 25 de agosto, el presidente del Conesup, Gustavo Vega, junto con  representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), presentaron una propuesta elaborada conjuntamente, a los asambleístas Jorge Escala y Juan Fernández, vocales de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Esta propuesta, elaborada de manera participativa y democrática, apunta a fortalecer la participación y compromiso de los actores universitarios.

En el documento entregado a los asambleístas de izquierda, se establece la creación del Consejo Nacional de Educación Superior (CONAES), que será un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función Ejecutiva. También un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la calidad de instituciones, carreras y programas,  el Consejo Nacional de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad (CONAAC).

Ambos organismos estarán integrados por representantes de los estudiantes, de docentes, del Ejecutivo, del Consejo de participación y de los trabajadores. El objetivo no es dejar de lado la fiscalización ni las observaciones que tenga el Ejecutivo, pero no puede ser tal como en la propuesta de Senplades, que la del Ejecutivo sea la única visión válida.  

En todos los niveles del gobierno universitario se debe apuntar a lograr un régimen de carácter paritario; así como debería tener expresión paritaria el valor de cada uno de los votos.

Se debe recuperar también la Asamblea Universitaria, así como revitalizar las Juntas de Facultad y Juntas de Escuelas, para que se conviertan en espacios democráticos del debate y análisis de las líneas académicas, administrativas y financieras a aplicar. En estos escenarios se desarrollarían en mejores condiciones los procesos de RENDICIÓN DE CUENTAS, los cuales serían periódicos, transparentes, públicos y parte del proceso para la Autoevaluación de las Universidades.

La experiencia histórica de luchas y reivindicaciones de nuestro pueblo oprimido, por alcanzar sus derechos y una vida digna a las nuevas generaciones, nos deja un legado, y es que, solo a base de propuestas, exigencias e incluso a costa de muchas vidas se consigue lo que se anhela, y ésta fue la forma por la cual finalmente se consiguió plasmar en la nueva Constitución el derecho a la GRATUIDAD DE LA EDUCACIÓN.

La gratuidad no es una beca. La gratuidad debe extenderse a todo lo que corresponda a la escolaridad del estudiante, y todo lo que implica la carrera universitaria debe ser cubierto por el Estado, tal como lo plantea la disposición transitoria Nro. 18 de la Constitución, es decir no se puede permitir que a pretexto de la autonomía, rectores impongan su visión neoliberal y declaren que hay “Gratuidad”, pero cobren aranceles e impuestos, derechos hasta por respirar. La gratuidad debe ser defendida y aplicada con responsabilidad tal como consta en el artículo 89 de la propuesta hecha por estudiantes y Conesup.

Habría que definir mejor, entonces, lo que debe entenderse por “responsabilidad académica”. Es decir: un universitario solidario, comprometido, consciente, cumplidor, puntual, cabal. Bajo esta perspectiva, se debe evaluar las condiciones en las cuales se desenvuelve el estudiante, su participación integral en el proceso educativo, su compromiso social a través de la extensión universitaria y vinculación con la comunidad, su alto nivel de conciencia y criterio social, sumado al cumplimiento de sus responsabilidades académicas. Si la gratuidad responsable no es entendida así, entonces no se estará cumpliendo con los preceptos constitucionales y con las propuestas presentadas y debatidas por las universidades del país.

De otro lado, el proyecto de ley de la SENPLADES implementa un examen de ingreso o de admisión a la Universidad, que medirá la capacidad del estudiante, si es apto o no para estar en una institución superior. En el caso de no serlo, simplemente quedará fuera, desconociéndose así el art. 356 de la Constitución, que garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso para todos.

Éstas, entre otras, son las acciones que deben llevarse a cabo en el rumbo de auténticas transformaciones democráticas y progresistas en la educación superior.

(SC/FJ/FF/LR)

A partir del supuesto de que en la realización de los plenos derechos de los ciudadanos, se concreta la materialización de la equidad y, consecuentemente, la superación de los conflictos económicos, políticos y sociales, los promotores y defensores de la denominada “revolución ciudadana”, como el Presidente Correa y su partido País, despliegan una intensa ofensiva y, en muchos casos, hasta agresiones en contra de la organización y los derechos sociales de diversos sectores del campo popular, inculpándolos de privilegiados por del “corporativismo”.

Generalmente, estas acusaciones y acciones vienen acompañadas de persistentes mensajes, respecto de que hoy, con el “gobierno de la revolución ciudadana”, los obreros, campesinos, maestros, artesanos, pequeños comerciantes, estudiantes, mujeres, etc., no necesitan de su organización social ya que sus derechos están garantizados por el poder ciudadano; todo lo cual forma también parte del la permanente reiteración de que se inscribe en el propósito de superar la “larga noche neoliberal”.

En el fondo de este comportamiento, para muchos incoherente, en realidad discurren un mundo de concepciones e intenciones que identifican la naturaleza, las convicciones, las acciones y limitaciones de una “revolución ciudadana” que recupera del pasado aquellas conceptos de la reivindicación de los derechos individuales (léanse ciudadanos), como la concreción de los fundamentos de la equidad, trasladándolos y acoplándolos con las condiciones del presente, para presentarlos como las expresiones del “Socialismo del Siglo XXI”.

Más allá de la concreción efectiva de algunas de las reivindicaciones de los derechos individuales, que se justifican frente al desplazamiento y hasta desconocimiento de los mismos por parte de las políticas neoliberales, lo que ocurre hoy es que se ha puesto en escena una evidente contradicción entre una visión individualista pequeño burguesa y burguesa, y la realidad objetiva del desenvolvimiento de la sociedad, que afirma un creciente proceso de socialización de la producción y, consecuentemente, el desenvolvimiento de unas relaciones sociales de producción.

Y, esas relaciones sociales de producción bajo el capitalismo, encierran inevitablemente relaciones de explotación y de opresión.

Dichas relaciones de explotación son el resultado del control capitalista de los medios de producción, de su propiedad privada capitalista que determina el poder económico de esta clase social, la burguesía, y que favorece al mismo tiempo las condiciones de opresión de esta clase sobre quienes están vinculados a la producción únicamente con su fuerza de trabajo, los trabajadores asalariados.

Dada la naturaleza del desenvolvimiento de la economía como un todo, las instituciones del Estado, en el marco del capitalismo, no pueden funcionar al margen de sus mismas leyes generales; y, consecuentemente, las relaciones de los gobernantes, administradores y funcionarios del Estado capitalista con sus trabajadores se rigen por estas mismas leyes, independientemente de las buenas o malas intenciones de los mismos.

Los derechos individuales que, conforme se consolidó régimen capitalista, fueron formalmente proclamados en todas las legislaciones, aquellos como la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades, etc., etc., se estrellaron siempre con la realidad objetiva de la desigualdad económica que, necia y persistentemente, diferencia y coloca en campos distintos y opuestos a los “ciudadanos” capitalistas, propietarios de los medios de producción y a los “ciudadanos” asalariados, víctimas de la explotación de los anteriores.

Son estas condiciones objetivas las que determinaron el surgimiento de las luchas sociales, como expresiones colectivas de aquellos “ciudadanos” sin otro poder que el de la expresión colectiva, es decir la expresión social. Aquí esta la base para el surgimiento y la conquista de los denominado derechos sociales, los mismos que, por las razones expuestas, tiene efectivamente las características de un derecho tutelar y protector de los más débiles.

Mientras no se eliminen las causas que provocan las diferenciación de la sociedad en clases sociales y se superen las contradicciones inherentes a esa realidad, resulta imposible pensar que la recuperación de los derechos individuales, por más radicales que se presenten, resuelve los problemas de la inequidad y peor aún de la explotación en el capitalismo.

Más aún, el cauce para la solución definitiva de los conflictos y diferencias generadas por el capitalismo, jamás será la afirmación de alternativas individuales, en un proceso en que el desarrollo de la socialización de la producción es irreversible. La única solución a esta contradicción está en la eliminación de la propiedad privada sobre los medios de producción, es decir, armonizar la socialización de la producción con la socialización también de dichos medios de producción. Y, esto es lo que representa el verdadero socialismo.

Mientras eso no ocurra, resulta también imposible decretar que ya no es necesario el derecho, la organización y la lucha social, dado que, supuestamente, la “revolución ciudadana” garantiza esos derechos. Tanto no es así, que los “ciudadanos” gobernantes han colocado a las organizaciones sociales y derechos, como uno de los objetivos principales de su ataque y agresión, para neutralizar el derecho social por la fuerza y no superándolo con el derecho ciudadano, como se entendería desde su concepción.

Sin embargo, ni las falacias, ni las agresiones, ni las intimidaciones podrás evitar que continúen manifestándose, en diferentes niveles y expresiones, las luchas de los diferentes sectores sociales, como evidencias de la lucha de clases en la sociedad.

Así conmina la Unión Nacional de Educadores al Ministro de Educación Raúl Vallejo y al gobierno para respondan frente a la problemática educativa:

¿Por qué después de dos años y medio de gestión NO hay escuelas para todos los niños y niñas?

¿Por qué  las cinco mil escuelas públicas cerradas no se han reabierto, violentando el derecho constitucional  a la educación de  los niños, niñas y jóvenes que hoy  peregrinan y suplican por un cupo en las Instituciones Educativas.

 ¿Por qué la precariedad de la educación subsiste al sostener más de 6.800 escuelas unidocentes, un solo maestro para  siete años de educación básica, maestros que en medio del abandono, de la pobreza y la miseria, continúan retándole a la vida y al Estado a ser justos con su trabajo y conciencia social?

Señor Ministro responda qué ha pasado con las 12 mil partidas docentes creadas en el año 2007, y por qué hasta el momento los maestros no llegan a las instituciones educativas, mientras los padres y madres de familia siguen pagando los sueldos de muchos de los maestros “especiales”.

¿Qué ha pasado con la reposición de las partidas de los maestros que se jubilaron en el 2006, 2007, 2008 que suman 5440,  más los de este año 2009 que se acogieron a la jubilación en un número de 4.331?

¿Por qué   en lugar de entregar nombramientos a los maestr@s que se presentaron a los concursos de méritos y oposición,  el Ministerio de Educación firma contratos con un número limitado de aspirantes?

¿Qué ha pasado con la recuperación, reconstrucción y construcción de la infraestructura escolar,  sí sabemos que un gran porcentaje de las instituciones educativas en el Ecuador no han sido aún intervenidas en ningún nivel?

¿Por qué se arrogó la atribución  de llevar adelante un proceso de evaluación docente sin haberse creado  la Institución Pública y Autónoma que manda la Constitución Política del Estado?

¿Por qué a pretexto de la evaluación docente, se violenta los derechos de los maestros  y se atemoriza a la niñez y la juventud disponiendo la intervención del ejército y la policía  en las escuelas y colegios públicos, se irrespeta la seriedad con la cual se debe tratar la evaluación integral al Sistema Educativo?

¿Por qué se pretende despedir a 2657 maestr@s privando a la niñez y juventud de distinguidos profesionales y condenando al hambre a sus hijos y familia?

¿Por qué no se cumple con la responsabilidad del Estado y del Ministerio en la capacitación, actualización y profesionalización docente, que desde noviembre del año pasado iniciaron y hasta el momento no la han desarrollado, violentando la Ley al no permitir el derecho al ascenso de categoría de los maestros y maestras que hace dos años y medio no han tenido la oportunidad de ascender en el escalafón docente?

¿Por qué se mantienen las injusticias e inequidades con la mayoría de los educadores populares  a los cuáles se los hace trabajar por 150 dólares mensuales, no se afilia al Seguro Social, se los amenaza y chantajea con la no renovación  del contrato si demandan la afiliación al IESS?

¿Qué ha pasado con el proyecto educativo que el Gobierno y el Ministerio deberían proponer para eliminar los contenidos curriculares neoliberales que aún persisten en  el sistema educativo que impone a la Escuela Pública, a los maestros y a los estudiantes enseñen y aprendan conceptos y contenidos atrasados, inservibles para la enfrentar la realidad actual?

¿Por qué se da el cumplimiento parcial de la gratuidad de la educación, que ocurre con la inversión del  0.5% anual del PIB que el gobierno esta en la obligación constitucional de cumplir hasta alcanzar el 6% del PIB?

¿Por qué no se cumple con la entrega puntual y completa de los 25 dólares por padre de familia a todas las escuelas públicas?

Es verdad que se está cumpliendo en buena medida con la entrega de libros y textos escolares, uniformes y alimentación escolar, pero así mismo es cierto que centenas de miles de niños y niñas no tienen acceso a todos los útiles escolares, a la alimentación completa. Sin embargo es necesario precisar que el cumplimiento cabal de estos derechos es una norma constitucional que el gobierno está obligado a realizar y que, además se cubren con la riqueza que generamos millones de trabajadores de la ciudad y el campo, con los impuestos que pagamos los y las ecuatorianas. No se trata de  ninguna dádiva. Es un derecho que tenemos que exigir.

Estos son algunos de los graves problemas que enfrenta la educación pública; estas cuestiones hacen parte del diálogo que queremos plantear al señor Presidente de la República, para lo cual le solicitamos ser recibidos en comunicación del 19 de Agosto.

 Por  pedir respuesta y solución a estos problemas que aquejan y persisten en la educación, el Señor Ministro Raúl Vallejo Corral toma otra decisión ilegal y arbitraria de ordenar a los entes respectivos que no se descuente las alícuotas de la UNE. En relación a esta acción el Ministro debe responder ante la Ley y los Jueces competentes, porque lo estamos demandando; de igual manera estamos acudiendo a los jueces correspondientes por el incumplimiento a la Ley de Seguridad Social al no afiliar a miles de educadores populares, por la mora patronal de la cual somos víctimas los maestros y maestras fiscales, por cuya razón no podemos acceder a las prestaciones y servicios que brinda el IESS violentando nuestros derechos legales y constitucionales.