Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones.
Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo […] El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo.
Constitución Política de la República del Ecuador
(Art. 329)

La Federación de Comerciantes Minoristas de Pichincha (FEDECOMIP), organización que tiene 42 años de trayectoria en la defensa de los derechos de los comerciantes minoristas, realizó este 19 de agosto su 10º Congreso. Por su capacidad de convocatoria, la elección de la nueva directiva, las resoluciones y las posiciones políticas adoptadas, este Congreso es histórico.

Tras una cita telefónica, Carlos Castellanos, presidente reelecto de la Fedecomip, acepta atendernos en su oficina. Hace calor y el local está lleno de comerciantes minoristas; planeando, discutiendo sobre política o simplemente esperando. Castellanos, visiblemente emocionado, nos cuenta que su organización es pionera en la defensa de los derechos de los trabajadores autónomos: “Estamos atentos a las políticas que se llevan a cabo en el país y el mundo; discutimos, proponemos y nos movilizamos. Cuando la Ley de Tránsito, en el artículo 139 literal B, prohibía las ventas en los buses, inmediatamente nos movilizamos y la presión fue tan fuerte que logramos la derogatoria de este artículo”.

Es guayaquileño. Estudió hasta tercer curso en el Colegio Vicente Rocafuerte y concluyó sus estudios en Quito en el Colegio nocturno Mejía. Alternando sus estudios con la reparación y venta de relojes en la caseta de la parada interprovincial de la Marín. Reconoce abiertamente que su organización es, sobre todo política: “Hemos presentado permanentemente propuestas a la Asamblea Nacional Constituyente, a la Comisión Legislativa; hemos planteado en un diálogo frontal y abierto con el nuevo alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, Augusto Barrera, la necesidad de construir una ciudad incluyente; y hemos participado en las elecciones generales con candidatos para asambleístas y dignidades locales a través de las listas de Unidad Popular MPD 15, logrando una amplia adhesión y movilización de los más de 4.500 afiliados a la Fedecomip”.

Al referirse al 10º Congreso de la Fedecomip, después de hojear un documento y con una notoria solemnidad, afirma que con una renovada y joven directiva tienen como tareas: “Continuar con el proceso de organización política; la defensa de los derechos que garantiza la nueva Constitución Política del Ecuador, como son la seguridad social, la estabilidad laboral, la NO confiscación de la mercadería. Todas estas propuestas se plasman en la Ley de Defensa de los Comerciantes Minoristas, que espera su segundo debate, donde deben regularse las capacitaciones, los créditos y los proyectos a fin de que mejoren las condiciones de vida de casi 3 millones de trabajadores autónomos que hay en el Ecuador”.

‘No queremos escondernos, somos jóvenes que trabajamos honestamente’

8 de la mañana. El helado viento todavía gobierna Solanda, pero el claro cielo indica que será un día muy soleado, como estas dos últimas semanas veraniegas. Jaqueline Valentín, quiteña, de 15 años de edad. En el noticiero de la mañana escucha que el desempleo en el Ecuador seguirá creciendo. Para esos estadísticos, son cifras lejanas, para ella, una realidad. Hoy tratará de aprovechar el buen día para la venta de helados fuera del Centro Comercial El Recreo. Valentín se incorporó a esta actividad económica hace un año: “Mi papá se fue a España hace 8 años y no ha vuelto. Por eso, junto con mi madre trabajamos y somos mamá y papá de mis hermanos”. Ella asume esta dura tarea con optimismo y ve al futuro con confianza: “voy a estudiar un curso de corte y confección, para poder ayudar a mi casa en mejores condiciones”.

Valentín no les huye a las responsabilidades. Acaba de ser nombrada presidenta de la Asociación de Jóvenes trabajadores Jorge Tinoco. Su objetivo es defender los derechos de los más de 500. 000 jóvenes del país que como ella,  realizan actividad comercial en el sector más desprotegido, como es el comercio minorista: “Necesitamos, no solo que se respete nuestro trabajo, es decir que NO se nos persiga y criminalice, sino que las autoridades nos den los permisos para trabajar, pero también que se nos capacite para poder ayudar a sostener a nuestras familias”.

Para nadie es desconocido que el funcionamiento de las corporaciones y fundaciones municipales estaba lleno de irregularidades. Con estos antecedentes y las denuncias planteadas por varios organismos de control, como la entonces Comisión de Control Cívico Contra la Corrupción (CCCC), el presidente de la República, Rafael Correa, anunció el 15 de diciembre de 2007 en su enlace sabatino, que en el año 2008 las fundaciones y corporaciones que funcionen con fondos públicos serían eliminadas. Estas declaraciones las realizó respecto a las creadas por Jaime Nebot en el municipio de Guayaquil, como Siglo XXI, Terminal Terrestre, Autoridad Aeroportuaria, Transporte Masivo (Metrovía), Aseguramiento Popular, las corporaciones como Registro Civil y Seguridad Ciudadana, además de apoyo a la labor de la fundación Malecón 2000, creada en la alcaldía de León Febres-Cordero. Si esto ocurría en el puerto principal, ¿qué pasaba en el Municipio de Quito?

Durante la gestión del actual asambleísta por el Movimiento Municipalista, Paco Moncayo, ocurrió algo parecido. Se crearon las corporaciones Aeropuerto, Vida para Quito, Conquito, Aire para Quito, Metropolitana de Salud, Patronato San José, Museos de la Ciudad, Innovar, Quiport, entre otras. Según una investigación realizada por el periódico En Marcha, el incremento de los ingresos del presupuesto municipal por concepto de Impuesto Predial en un 300% no respondía a una política de adecuada recaudación; por el contrario, era el pretexto ideal para que los proyectos de obra municipal sean pagados por los quiteños, aplicando un sistema que les resultaba ideal para sus propósitos, el SGP (Sistema de Gestión Participativa). Mecanismo con que a las Fundaciones y Corporaciones privadas se entregaron contratos sin vigilar las normativas de la contratación pública. “Este SGP no es más que el famoso sistema de ejecución de obras 50-50, es decir, la mitad cubren los moradores de un barrio y el otro cincuenta por ciento el Municipio. Pero en realidad la cosa es más grave. Una obra de ampliación de alcantarillado para uno de los barrios de Quito, que costaba 200.000 dólares, era cubierta en 30 o 40 mil por el Municipio y la población tenía que pagar el resto a través de la carta predial”.

Esta serie de denuncias, incluso realizadas en su momento por el actual alcalde de Quito, Augusto Barrera, cuando ocupaba la Concejalía, motivó que hoy, entre sus principales acciones de gestión, estas fundaciones y corporaciones sean eliminadas. Entre los motivos, según lo indicó, está que éstas funcionaban como un Municipio paralelo y eso “no implicó el mejoramiento del resto del Municipio. Fueron ineficientes”. En las últimas investigaciones realizadas por la nueva administración, se denuncia que en el caso de INNOVAR se manejó, desde su creación hasta la fecha, un monto aproximado de 150 millones de dólares, y tenía a su cargo proyectos como: rehabilitación del Centro Histórico, Tren Ligero de Quito (TRAQ), Terminal Terrestre de Quitumbe, Sistema de Estacionamiento, semaforización, Sistema de Recaudo Metrobus-Q, Programa de Mejoramiento de Barrios-BID, entre otras.

Con respecto a la Corporación Vida para Quito, desde su creación hasta la fecha, administró un monto aproximado de 195 millones de dólares y estuvo encargada de los proyectos: Recuperación de los Ríos Machángara y Monjas, transferencia de disposición final de los desechos sólidos, parques metropolitanos, parques zonales y barriales, entre otras. Asimismo, en la Corporación para el Mejoramiento del Aire, Corpaire, desde la fecha de su creación, manejó 10 millones de dólares, estuvo a cargo de la fiscalización y control de los centros de revisión vehicular, montaje y operación de cinco redes de monitoreo de calidad del aire, control de emisión de gases en la vía pública, entre otras. Corposeguridad manejó hasta la fecha 48 millones de dólares y ejecutó los siguientes proyectos: fortalecimiento, operación y mantenimiento de la Central Metropolitana de Atención Ciudadana, ampliación y operación de la infraestructura física para la Seguridad Ciudadana, equipamiento-logística-combustibles y mantenimiento de los vehículos del Sistema Metropolitano de Seguridad, Instalación de GPS en el parque automotor, entre otras.

Con respecto al posible mayor atraco que estaba por consumarse, es el realizado por Quiport. Según Natasha Rojas, presidenta de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE), en la conformación de la empresa concesionaria QUIPORT existieron irregularidades. Se constituyó con un capital de 800 dólares provenientes de dos ciudadanos, el uno de origen canadiense y el otro de origen sudafricano, lo absurdo es que a esta empresa se le entrega la responsabilidad de construir un aeropuerto de 413 millones de dólares. A esta situación se suma el hecho de que las empresas auditoras Louis Berger y Campaña Asociada que fueron contratadas por el mismo Municipio para hacer la auditoría, no pudieron negar que existía un sobreprecio en la construcción del aeropuerto, la primera señala un sobreprecio de 19 millones de dólares y la segunda de 50 millones. (ESVS)

El agua, un derecho fundamental al que todas las personas deberían tener acceso, ha sido solo de beneficio para los grupos minoritarios que poseen el poder económico, todo esto gracias a las políticas aplicadas durante gobiernos ecuatorianos neoliberales de turno.

Con tanta discriminación existente sobre el derecho al agua, la distribución y sus beneficiarios, y gracias a la presión de grupos sociales afectados, se logró que la nueva  Constitución reconozca, en el Art. 12, que “el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”; en la Sección cuarta Recursos Naturales en el Art.408 :“son de propiedad inalienable, imprescriptibles e inembargables del Estado los recursos naturales no renovables, y, en general, los productos del subsuelo…”; en el Art. 411:”El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua…” Consta también el tema de la sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua”.

En el plan de impulsar una ley que democratice el derecho humano al acceso del Agua y la construcción del Sumak Kawsay, el Buen Vivir, la Bancada Progresista de Izquierda, Plurinacional, Intercultural de Derechos presentó el Proyecto de Ley Orgánica que regula los recursos hídricos, usos y aprovechamiento del Agua que beneficie a la mayoría de ecuatorianos en los distintos usos.

Esta propuesta de Ley de estos sectores mayoritarios organizados, propone la prohibición de toda forma de privatización del Agua, y su gestión será exclusivamente pública o comunitaria, así como la regulación de la obtención, gestión, preservación, conservación, uso y aprovechamiento del agua, siendo titulares de este derecho fundamental las personas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, campesinos de uso democrático y equitativo, fomentando la redistribución a favor de los grupos empobrecidos y de atención prioritaria.

Con este proyecto de Ley, se busca que el Estado garantice el ejercicio de este derecho, en base a los principios de exigibilidad, obligatoriedad, generalidad, responsabilidad, universalidad, accesibilidad y calidad, interdependencia, progresibidad e intergeneracionalidad; además propone la protección integral del recurso, que se castigue a quien ocasione daños ambientales y se obligue a una reparación de los mismos que se puedan originar en los ecosistemas o que provoque contaminación, degradación ambiental y acaparamiento, garantizar la conservación integral y cuidado de las fuentes recolectoras y reguladoras de agua y el equilibrio del ciclo natural, servicio público domiciliario de saneamiento ambiental y garantizar la disponibilidad en calidad, cantidad necesaria y regulación del agua.
 
En cuanto al riego, se propone cambiar radicalmente la ley y la aplicación actual de este derecho fundamental, que de acuerdo a las leyes anteriores dictaminas por gobiernos neoliberales benefició de manera legal, ilegal e inconstitucional a los grupos de poder, generando la acumulación del ingresos en pocas manos, despojando a la mayoría del  acceso al agua.

En el tema de riego es donde se más se evidencia la inequidad, el Ecuador cubre alrededor del 80% del uso consuntivo del agua, a través de 64.300 concesiones legales, que generan 2.440m3/s, pero se conoce que esta cantidad debe superar talvez el 100%  de la cantidad utilizada para riego, a través de las adquisiciones ilegales como son los pozos existentes en la mayoría de fincas de empresarios millonarios y que mayoritariamente benefician a la producción agrícola de exportación. Las pocas concesiones legales, ocupan un segundo plano en la producción de alimentos que se encuentran en manos de campesinos pobres y medianos; y, en muchos casos ningún acceso a riego peor a agua potable.

Los empresarios para beneficiarse doblemente, acostumbran a tapar o desviar los causes de los ríos en forma ilegal, principalmente en la producción de banano para la exportación y caña de azúcar, sin preocuparse del manejo social y sostenible de este recurso.

La presión de las organizaciones sociales, sobre todo campesinos en el desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente, fue el inicio del proceso de cambio, que logró la creación de la Transitoria vigésimo séptima que se manifiesta “El Ejecutivo, en el plazo de dos años desde la entrada en vigencia de esta Constitución, revisará la situación de acceso al agua de riego con el fin de reorganizar el otorgamiento de las concesiones, evitar el abuso las inequidades en las tarifas de uso, y garantizar una distribución y acceso más equitativo, en particular a los pequeños y medianos productores agropecuarios”.

En la propuesta del bloque asambleísta de izquierda se plantea también: la creación de entes u organismos estatales conformados por representantes del gobierno y de los organismos ya existentes, en el que participen con voz y voto los representantes de las organizaciones involucradas en el tema, en la toma de decisiones administrativa y políticamente para que realmente exista la igualdad en el acceso al recurso vital y evitar la discriminación en su aplicabilidad. Se propone además la protección del recurso, la prohibición de aplicación de políticas regresivas, y se impulsa la unidad y fortalecimiento de las organizaciones y del pueblo que siempre ha sido relegado por los gobiernos de turno.

El apoyo a los desposeídos, no solo debe ser en los discursos gubernamentales sino en acciones, la redistribución democrática del derecho al agua debe ser una realidad si el Presidente Correa y su bancada oficialista, aliada con la partidocracia, apuntan al cambio y una verdadera revolución ciudadana y se pueda decir que se vive y se siente el sumak kawsay.