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UNA REFLEXIÓN SOBRE EL DEBATE JORNADA CONTINUA/1. Introducción.
Desde el movimiento no consideramos que el tipo de jornada sea una cuestión clave. Resultaría más importante conceder la atención dispensada a este tema a otros más relevantes, como el fracaso escolar, la ineficacia general de nuestras escuelas, las desigualdades educativas y un largo etcétera. Sin embargo, una vez planteado el tema de la jornada aflora una serie de riesgos sobre los que se debe meditar.
Una cuestión de la trascendencia del tipo de jornada debe ir precedida de un estudio serio sobre las repercusiones que cualquier decisión al respecto pudiera tener. Habida cuenta de esta trascendencia, resulta totalmente inadmisible que cada centro escolar, la comunidad educativa de cada colegio, pueda decidir si implanta o no la jornada continua, aunque cuente con el apoyo de más del 80% de los padres -a pesar de que así lo establecía la normativa alentada por el ministerio de Aguirre-. Una decisión de este tipo haría que, antes de matricular a su hijo en un centro, cada padre y cada madre tuviera que incluir entre los criterios de elección de centro el tipo de jornada que los padres que ya están dentro han decidido.
Aunque a primera vista la proposición de que el 80% de los padres y madres decida sobre el tipo de jornada puede parecer democrática, resulta muy dudoso considerarla así -y voy a obviar las múltiples irregularidades en los supuestos referenda hasta ahora celebrados-. En primer lugar habría que preguntarse por qué los poderes públicos conceden esta potestad a los padres, cuando hasta ahora poco hacen por promover la implicación de estos en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos -tal como dice el artículo 27 de la Constitución-, en la elaboración de los proyectos educativos de centros, por incrementar la participación en las elecciones a los consejos escolares y un largísimo etcétera. En segundo lugar, el discurso de la elección en el ámbito educativo suele ser un campo plagado de minas, cuando no una trampa, especialmente cuando la elección corresponde a personas cuyo universo cultural está lejos del de la escuela. En estas ocasiones suelen cumplirse los designios de la institución escolar. En este caso, ponemos en serio riesgo a la enseñanza pública. Un ejemplo es el que procede de la experimentación de la reforma en Cataluña. Allí, a la altura de secundaria, se ofrecía a los alumnos la posibilidad de realizar ciertas opciones curriculares. Lamentablemente, un discurso de libre elección condujo a que los estudiantes de menor rendimiento académico hicieran configuraciones curriculares muy semejantes a la antigua formación profesional de la Ley General de Educación, mientras que los de mayor rendimiento hacían opciones similares a las del BUP. Es obvio que no se elige en el vacío. A ello hay que añadir el modo en que el profesorado contribuye a configurar las elecciones. Como veremos a continuación, uno de los riesgos de la elección de jornada es que la jornada continua se concentre en los colegios de barrios de menor nivel de renta y de educación.
Tampoco es sensato que una decisión de este calibre se circunscriba a un municipio en concreto. Un ayuntamiento puede asumir en una época ciertos compromisos presupuestarios de los que podría desdecirse un nuevo equipo de gobierno -sí no el mismo-. Tampoco hay hasta el momento casi nada legislado sobre el tipo de contribución educativa que un ayuntamiento podría hacer. Los riesgos de que aflorasen los particularismos de cada corporación, que a veces serían incluso contrarios a los principios educativos más elementales, son más que evidentes. Bastaría con pensar en el tipo de actividades extra-escolares, y su valor educativo, que podrían promover municipios gestionados por el señor Gil o cualquiera de sus familiares. No obstante, esto no significa que no haya que incrementar la implicación de los ayuntamientos en los procesos educativos en la línea del acercamiento de la administración al ciudadano.
Estamos ante una cuestión de política educativa que debería debatirse en el ámbito nacional o por lo menos de comunidad autónoma. El foro adecuado para debatirlo sería o bien el Consejo Escolar de Estado o el Consejo Escolar de la Comunidad Autónoma y debería ser regulada por ley del ámbito correspondiente. Esta sería la mejor medida para evitar la amenaza de los particularismos tanto de los ayuntamientos como de las asociaciones de padres -cuestión esta última a la que me referiré más adelante-.
2. Principales riesgos de la jornada continua.
Los riesgos más importantes que supone la implantación de la jornada continua son dos. El primero es la posibilidad de que los centros quedaran desiertos a partir de las dos de la tarde, por lo que resulta imprescindible que se establezcan criterios nacionales o autonómicos de prolongación de la apertura del centro, en la línea de la regulación legal a que se hizo referencia anteriormente.
El segundo riesgo es que este tipo de jornada se aplique solo, o preferentemente, en los centros públicos. Los datos de que disponemos hasta ahora son elocuentes. En Madrid Centro -es decir, la ciudad de Madrid- solicitan jornada continua el 6.75% de los centros públicos, frente a un 0% de concertados -es decir, solicitan jornada continua un número infinitamente más alto de centros públicos que de concertados-. En la sub-dirección Madrid-Este -donde se incluye el corredor del Henares- solicitan jornada continua el 43.24% de los centros públicos frente a un 31.58% de centros concertados -hay una diferencia significativa de más de once puntos en favor de los públicos. En el caso de esta sub-dirección la diferencia se agrava si en lugar de referirnos a los porcentajes lo hacemos a los números absolutos. El 43.24% de centros públicos significa 64 centros, mientras que el 31.58% de concertados se refiere a tan solo 6 centros.
Los centros con jornada continua pueden venir muy bien a familias en las que la madre es ama de casa -la cual se ahorraría dos viajes al colegio en el fácil supuesto de que sus hijos no utilicen el comedor- y muy mal a aquellas familias en que los dos cónyuges trabajan, las cuales suelen ser las de mayor capital cultural y educativo. Con ello podríamos estar provocando una divisoria entre centros de familias con ama de casa y centros de familias en las que ambos cónyuges trabajan extra-domésticamente. El peligro de degradación del primer tipo de centro es más que evidente. Las familias más dinámicas, de clase media, de mayor nivel educativo, huirían a los centros de jornada partida- que me temo serían en su inmensa mayoría concertados o privados-. Esto se traduciría en el final del discurso sobre la atención a la diversidad. Cada uno de los tipos de centro en función de su titularidad y financiación se especializaría en una u otra clase de familias.
3. Tipos de horarios escolares.
Habría que vincular el debate sobre el tipo de jornada con el más amplio del horario de la escuela. Tendríamos que diferenciar, por lo menos, tres horarios:
a) el horario del profesorado (y dentro de él, el lectivo del de permanencia en el centro),
b) el horario del alumnado (y, también dentro de él, el lectivo del de permanencia en el centro) y
c) el horario de apertura del centro.
3.1. El horario de los profesores.
En lo que se refiere al primero la pretensión de muchos maestros es que su horario de permanencia habitual sea el comprendido entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde. Parte de la sociedad no ve claro que los niños concentren en cinco horas consecutivas la discencia, por el agotamiento que esto pudiera suponer. Es cierto que hay países europeos -fundamentalmente nórdicos- que tienen este tipo de jornada sin que esto suponga un menor rendimiento escolar. Sin embargo, también es verdad que son países con singularidades importantes: desde un desayuno más intenso que el nuestro hasta un horario solar muy distinto al del sur de Europa.
Resulta difícil encontrar argumentos a favor de la jornada continua que no se refieran a facilitar la vida de los propios maestros (por ejemplo, unas tardes libres que les servirían para preparar mejor sus clases -nadie dice qué pasaría si aún así los maestros no preparasen mejor sus clases-). Por tanto, por parte del profesorado, solo se perciben argumentos tendentes a comprimir su jornada. Por desgracia, muchas de las últimas reivindicaciones y actuaciones del magisterio caben ser interpretadas en términos de búsqueda de privilegios. Su jornada laboral está trufada de vacaciones -algo más de dos meses en verano y varias semanas entre la Navidad y la Semana Santa-, festividades variopintas -piénsese en el día del maestro o en la impresentable Semana Blanca-, jornada continua en junio y en septiembre. No sé si existe algún otro colectivo de asalariados que disfrute de este tipo de privilegio próximo a la canonjía.
Mayor enjundia tiene el argumento de que con la jornada continua se facilitaría la compatibilidad de la vida familiar y la vida escolar. Hipotéticamente esto podría ser cierto para las familias con ama de casa, a la cual se asignaría el protagonismo de esta vida familiar. Si tenemos en cuenta que seguramente estemos hablando de familias con menor nivel de renta y de educación que la media, más bien parece que estamos obviando los riesgos del alejamiento del escenario escolar. )A nadie se le ocurre sospechar que este tiempo de supuesta vida familiar se consuma viendo la televisión o en actividades de ocio anti-educativo?
Puede ser que haya más argumentos en favor de la jornada continua. A lo largo de la celebración del foro sobre tiempos escolares irán saliendo más.
Cosa distinta sería repensar el horario lectivo de los maestros. Actualmente ya es inferior a las 25 horas por semana, dado que parte de la docencia recae sobre especialistas: profesores de educación física, de música y de inglés. Es cierto que en el modelo de pedagogía que plantea la LOGSE las reuniones de maestros han de ser más necesarias y frecuentes. Por otro lado, un número elevado de horas de docencia directa resulta extremadamente agotador. Quizás habría que acometer una regulación similar a la de los controladores aéreos, de modo que cada hora de trabajo estresante equivalga a una hora y media o lo que fuera de un trabajo convencional. En cualquier caso, antes de dar un paso en este sentido sería preciso realizar estudios científicos sobre la intensidad -y la posible intensificación- del trabajo docente lectivo.
3.2. El horario de los alumnos.
El segundo horario a abordar es el de los alumnos. Creo que resulta básico garantizar la permanencia de los alumnos por lo menos hasta las cuatro de la tarde. En el caso de familias con menor nivel de renta y de educación es fundamental que los niños pasen más horas en el escenario educativo -lo que no es lo mismo que estar en clase-.
Si se implantase la jornada continua los niños sin comedor difícilmente volverían al centro. En el caso de los alumnos con comedor se plantearía el problema de qué hacer desde el fin del almuerzo -en torno a las tres de la tarde- hasta las cuatro. La normativa sobre comedores escolares establece que en el recreo posterior al almuerzo deben organizarse actividades educativas con el alumnado, actividades que en la mayor parte de los casos no existen. Tengamos el modelo de jornada que tengamos esta es una cuestión que habría de perfilarse.
A la jornada propiamente escolar del niño -la que hasta ahora alcanza las cuatro de la tarde en cualquiera de los modelos de jornada- habría que añadir las actividades extra-escolares. De momento las actividades extra-escolares -las cuales, aunque baratas, son de pago- son organizadas voluntariamente por cada APA -es decir, por los pocos padres que están dispuestos a sacrificar su tiempo para organizarlas-, con los criterios que esta considere pertinentes -lo que obligaría a plantearse si han de ser los padres quienes las organicen-. A pesar de que las actividades extra-escolares son aprobadas por el consejo escolar de centro en el marco de la Programación General Anual, el control que sobre ellas se ejerce es más bien escaso. No hay criterios homogéneos sobre qué tipo de actividades habría que organizar -lo único establecido es que no confluyan con los contenidos de la enseñanza escolar-, los monitores que las ejecutan no cuentan con ningún tipo de habilitación para el desempeño del trabajo con menores -con lo que no sabemos si sus criterios de actuación están o no en consonancia con el proyecto educativo del centro o, ni siquiera, con la LOGSE-. Es decir, las actividades extra-escolares están al albur del particularismo de cada asociación de padres, la cual podría optar por organizar actividades deportivas muy competitivas claramente alejadas de los fines educativos más elementales -bastaría para ello con escuchar las bravuconadas de algunos padres en las competiciones deportivas en las que participan sus hijos-. Es posible que las federaciones de padres puedan ver en la supresión de la organización de estas actividades por parte de la APAs el fin de su movimiento asociativo. Es de sobra sabido que las APAs reclutan a la mayor parte de sus asociados a través de estas actividades (las cuales resultan más asequibles si se está asociado). Sin embargo, creo que liberar a las APAs de esta tediosa tarea supondría concentrarlas en la labor de control y gestión de los centros que la Constitución asigna a los padres. Las actividades extra-escolares deberían ser reguladas por ley y los monitores que se encarguen de llevarlas a cabo habrían de contar con algún tipo de habilitación que certifique su competencia pedagógica y su capacidad de relación con los niños.
3.3. El horario de apertura del centro. La necesaria vinculación de la escuela con su entorno.
Finalmente quedaría por analizar el horario de apertura de los centros. La propuesta recientemente lanzada por el PSOE de mantenerlos abiertos doce o trece horas al día, todos los días de la semana, once meses al año, es una excelente idea. Obviamente no se trata de que los niños pasen necesariamente doce horas en el centro. La pretensión es convertir a los colegios en centros dinamizadores de la vida cultural de los barrios, en entes vivos en permanente diálogo con el entorno, lo que permitiría reflexionar sobre qué funciones debe cumplir la educación.
Cada vez resulta más necesario acercar las escuelas a la realidad experiencial de los alumnos. La idea es que se aprende cuando aquello que se quiere enseñar arranca de las vivencias de los alumnos. Esta proposición es una de las claves de la reforma educativa amparada por la LOGSE. Las autoridades educativas elaboran unos mínimos curriculares (el DCB) y compete a los profesores (más bien a los equipos de profesores) adaptar este currículum mínimo a las peculiaridades de sus alumnos y del entorno de su centro escolar. En este contexto es donde cabe interpretar la importancia trascendental que cobran documentos tales como el Proyecto educativo de Centro (PEC) y los Proyectos Curriculares (PPCC). El PEC es una reflexión que hace el conjunto de la comunidad educativa (profesores, padres, alumnos, PAS y representante del Ayuntamiento) sobre el tipo de centro en que se está, cuáles son los valores que presiden la vida escolar, qué tipo de alumno se desea formar, de qué entorno se parte, etc. Los PPCC los elaboran los profesores en consonancia con el PEC y constituyen la concreción contextuada de lo que se pretende enseñar.
Estamos en una situación en la que cada vez son más las exigencias que recaen sobre nuestras escuelas. Muchas de las novedades que aparecen en nuestra sociedad se convierten o deberían convertirse en preocupación del mundo escolar: los contenidos televisivos, la revolución informática, la incorporación a Europa, el SIDA, las nuevas estructuras familiares y una lista inacabable de nuevos problemas. Lo que parece claro es que la escuela y los profesores por sí solos no pueden dar respuesta cabal a este nuevo escenario. Parafraseando lo que se dijo en su momento sobre los economistas, la escuela es demasiado seria para dejarla en manos exclusivas de los profesores.
La escuela debe ser una preocupación no solo de los agentes más directamente implicados en ella (los estamentos señalados por la LODE: profesores, padres y alumnos) sino que debe ser un objeto de reflexión prioritario para el conjunto de los ciudadanos. Los estamentos educativos están demasiado ocupados por el día a día como para ser capaces por sí solos de desarrollar una visión holística o contextuada de sus escuelas.
Reflexiones -y en ocasiones experiencias- como las denominadas ciudades educadoras son un claro botón de muestra del modo en que los ciudadanos pueden colaborar con el hecho educativo. En las propuestas más avanzadas de esta proposición se llega incluso a plantear que sean las entidades ciudadanas las que elaboren -quizás en colaboración con profesores, padres y alumnos- proyectos educativos de barrio que en parte o en todo sean asumibles por los centros escolares de un mismo entorno. No tiene sentido alguno que varios colegios separados entre sí por unos cuantos metros elaboren cada uno por sí mismo y sin diálogo mutuo sus proyectos educativos. Por otro lado, la LODE posibilita la creación de consejos escolares supra-centro. En el escenario que delinean las ciudades educadoras cobran pleno sentido los consejos escolares de distrito, de barrio, de pequeña ciudad, etc.
4. Una consideración final.
Añadimos alguna reflexión sobre los agentes que están instigando este debate sobre el tipo de jornada. Por parte del profesorado, el protagonismo ha recaído sobre sindicatos de corte corporativo que han sabido aprovecharse del escaso espíritu de servicio público de algunos funcionarios docentes -quinta columna contra la escuela pública los ha denominado muy acertadamente el profesor Fernández Enguita-. El otro frente de apoyo procede de los padres -espero que no de todos- de un municipio de Madrid. Desconozco qué tipo de padres está detrás de estas movilizaciones. A ellos solo me cabe decirles que antes de apoyar la jornada continua se debe reflexionar sosegadamente sobre qué tipo de educación se quiere. Finalmente hay que añadir el papel desempeñado por el diario El País -o al menos su edición de Madrid- subiéndose al carro de la jornada continua, sumándose al peligroso populismo de ciertos sectores del PSOE madrileño más interesados por lanzar un órdago a la Consejería de Educación que por servir a los intereses del ciudadano.
5. Qué hacer?
Nuestras propuestas concretas serían las siguientes:
- No autorizar a más centros la jornada continua hasta que no haya concluido el debate sobre tiempos escolares.
- Regular por ley las actividades extra-escolares, creando para su organización una entidad pública.
- Regular la apertura de centros durante un horario más amplio.
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