7. ¿Reforma o revolución?

Si no damos importancia a la teoría que permite comprender las leyes económicas de la estructura capitalista, a las ideas revolucionarias, no contribuiremos a transformar la sociedad capitalista sino sólo a reformarla en cuestiones de segundo y tercer orden social, como en España es el caso de la legislación sobre el divorcio, el aborto, los hijos fuera del matrimonio, los accidentes laborales, las enfermedades profesionales, la elección del médico de cabecera, la participación de los alumnos y los padres en los consejos escolares, la libertad plena de las mujeres para contratar libremente, fijar su residencia, trabajar o viajar al extranjero, la posibilidad de libre elección del “campus” universitario, la agresión al medio ambiente, el código de circulación vehicular, la regulación del negocio de los proxenetas, la despenalización de la tenencia y consumo de drogas, el casamiento entre homosexuales, los trasplantes de órganos, la eliminación del servicio militar obligatorio y de la religión como materia computable para la promoción en los estudios primarios, la adopción de niños en el extranjero, la eliminación progresiva de las barreras arquitectónicas para los discapacitados físicos, el maltrato a los animales, la facilitación del trabajo explotado a los discapacitados psíquicos, y la penalización del comercio de órganos, así como la ofensiva de los medios de comunicación sobre la igualdad entre los sexos en el trabajo del hogar y la violencia en el deporte.

Reformas como éstas, emprendidas durante los últimos años en España, dejan intacta la esencia de este sistema de vida: la explotación del trabajo ajeno; y algunas de ellas son su consecuencia social directa, como la prostitución, la delincuencia juvenil, el consumo de drogas, la violencia de género, el maltrato a los niños, el deterioro del medio ambiente, el ejército profesional, los accidentes laborales, las enfermedades profesionales, los accidentes de automóviles, la xenofobia, el comercio de órganos y la violencia en los espectáculos públicos.

Estas reformas son la consecuencia directa de la explotación del trabajo, en razón de que las propias  reformas de primer orden social o de clase, es decir, las que hacen a la relación básica de producción capitalista entre patronos y obreros, todas ellas, desde la muerte de Franco a la fecha, legitimaron y legalizaron los sucesivos ataques salvajes de la patronal a los trabajadores, con la aquiescencia del Estado y las tres grandes centrales sindicales del país: UGT, CC.OO. y USO. Todas estas reformas obedecieron invariablemente a la necesidad de compensar una menor cuota de beneficio con una mayor productividad (explotación del trabajo) —a cambio de un menor salario— por trabajador empleado, es decir de la superexplotación más retrógrada de los asalariados en general.  

Una menor cuota de ganancia no significa que los capitalistas ganen menos. Siempre o casi siempre —según se suceden los ejercicios anuales del capital en su conjunto—, ganan más, sus beneficios no dejan de aumentar, sólo que crecen menos que su capital en funciones, lo cual supone que si, en esas condiciones, quieren aumentar sus inversiones, engrosar su capital, una de dos: deben renunciar a una parte de su fondo de consumo, o mantenerlo e incluso aumentarlo a expensas de las vueltas de tuerca que sean capaces de dar sobre las condiciones de explotación de sus empleados, es decir, a expensas de la creciente angustia permanente para una parte cada vez más numerosa de las clases subalternas, obligadas a alternar entre el paro y el pluriempleo precario con contratos de hasta una hora por día, a cambio de salarios que no suponen la más mínima participación en ese progreso material del que los asalariados somos los principales actores. La necesidad de dar vueltas de tuerca sobre las condiciones de explotación es un problema económico, pero el hecho de darlas es un problema político. [11]

Un ajuste de tuerca en nuestras condiciones de vida y de trabajo, que una vez conseguido nos condena a soportar ritmos de trabajo, presiones patronales y carencia de medidas de seguridad absolutamente impunes, que multiplican la aparición y el crecimiento exponencial de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.

Y no sólo esto, también vemos:

1.      que el progreso de las fuerzas productivas en la industria de la construcción tiende a bajar cada vez más el coste de la vivienda, pero aumenta su precio de venta como consecuencia de la especulación sobre el suelo que realiza el tandem entre los políticos a cargo de los distintos gobiernos municipales y determinados promotores inmobiliarios en connivencia con los grandes bancos y sus clientes: los narcotraficantes, para el blanqueo de dinero negro;

2.      que el capital excedente ocioso presiona cada vez más para que los servicios de salud y educación pública tiendan a deteriorarse hasta desparecer para ser privatizados, dejando en la indigencia a masas crecientes de la población, como está sucediendo en EE.UU. y en numerosos países del llamado tercer mundo.

3.      que la malversación burocrática de los fondos públicos de pensiones para enmascarar los déficits del presupuesto, y la conversión de los fondos privados de pensiones en objeto discrecional de especulación financiera por parte de los bancos, amenazan seriamente el futuro de las pensiones a los jubilados.

4.      al tiempo que la gran delincuencia común, la corrupción de los altos funcionarios del Estado burgués en cohecho con los grandes capitales y el negocio internacional de la droga vinculado a la especulación financiera e inmobiliaria, no remiten sino al contrario.

Todo esto ¿para qué? Para que una minoría de patronos capitalistas puedan disponer de un fondo de consumo individual cada vez más insultantemente mayor, en promedio aproximadamente 3.000  veces superior al salario medio de la absoluta mayoría de la población asalariada que trabajamos para ellos.

Y este proceso de ajuste a la baja en los salarios relativos y a la presión extrema sobre las condiciones laborales, se prolongará todo el tiempo que sea necesario, hasta que la tasa de ganancia se recupere lo suficiente como para cambiar la fase depresiva del ciclo en otra de recuperación o, de lo contrario, si la masa de capital acumulado no permite ese cambio de tendencia, la burguesía no dudará en aplicar medidas que supongan no ya una disminución del salario relativo, sino un drástico descenso del salario real, del deterioro absoluto del nivel de vida obrero. [12]   Y si esto no es suficiente, la agudización de la competencia internacional ante una masa de plusvalor insuficiente para compensar a todas las fracciones del capital acumulado, creará las condiciones de una nueva confrontación bélica de proporciones materiales y humanas catastróficas tales, como para que pueda reanudarse el proceso que permite a los burgueses vivir a expensas del trabajo ajeno, naturalmente con un cambio en la capitalización del plusvalor momentáneamente favorable a la coalición burguesa triunfante. Todo esto, como puede comprenderlo hasta un niño, en perjuicio de los asalariados quienes, como está confirmado, invariablemente siempre han ejercido como carne de cañón. [13]