Ya está todo listo para que el próximo 7 de junio los barrios y municipios de Madrid reivindiquen al unísono que los recursos públicos se destinen a dignificar las condiciones de vida de las familias más desfavorecidas y a dotar los barrios con equipamientos que garanticen el ejercicio de los derechos de ciudadanía. Asociaciones vecinales, colectivos de barrio y organizaciones sociales han sumado esfuerzos para que las administraciones públicas escuchen alto y claro su mensaje.
El próximo sábado 7 de junio decenas de asociaciones vecinales, colectivos de barrio y organizaciones sociales llevarán a cabo casi 30 acciones en 19 distritos de la capital y en siete municipios de la región para exigir a las administraciones que destinen los presupuestos a mejorar los servicios públicos y a dignificar las condiciones de vida de una ciudadanía castigada por el paro.
En el manifiesto de 7J Barrios en Lucha por Nuestro Futuro que suscriben, entre otras, la FRAVM, la Plataforma por una Auditoría Ciudadana de la Deuda de Madrid, Juventud sin Futuro, la Mesa para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, denuncian que “aunque los índices de pobreza y de exclusión social alcanzan cotas históricas, la prioridad absoluta del pago de los intereses y el capital de la deuda frente a cualquier otro tipo de gasto recogido en la modificación del artículo 135 de la Constitución realizada en agosto de 2011 mediante acuerdo del Gobierno del PSOE con el Partido Popular se ha utilizado como justificación para los recortes en gasto social”.
Lo demuestra el hecho de que, en plena de crisis, cuando las necesidades de la ciudadanía se multiplican, la partida presupuestaria de la Comunidad de Madrid que más creció (17,4%) fue la destinada al pago de los intereses de la deuda pública, en detrimento de la sanidad, la educación, el transporte, el empleo y la vivienda.
Las prioridades del presupuesto del Ayuntamiento de la capital siguen la misma lógica: uno de cada cuatro euros de las arcas municipales se destina a hacer frente a la carga de la deuda (amortización e intereses), a pesar de lo cual los madrileños debemos una cantidad cinco veces superior a la de 2003. Desde ese año, el presupuesto destinado a los distritos ha caído un 83%. La inversión en equipamientos está, por tanto, prácticamente congelada, de tal manera que no se construyen siquiera las dotaciones comprometidas desde hace años y los servicios municipales, como la limpieza y el mantenimiento de vías públicas y jardines y los servicios sociales.
SAN BLAS Y CIUDAD LINEAL
19:00h. Manifestación desde la plaza de Quintana hasta la finca de Torre Arias, en la calle Alcalá por la construcción de un hospital, la renta básica y por la apertura y gestión pública de la Finca de Torre Arias
“Hemos de notificar con alarma y preocupación que no disponemos de los medios adecuados para desarrollar nuestro trabajo”. Con esas palabras denunciaba en 2012 el personal laboral del hospital Ramón y Cajal la saturación del centro hospitalario, un colapso que la población de San Blas y Ciudad Lineal lleva años denunciando. Antes de la implantación del área sanitaria única, el centro atendía a 500.000 usuarios, el doble del máximo recomendado por la Ley General de Sanidad.
Ambos distritos reivindican la construcción de un hospital de gestión pública en los terrenos del antiguo hospital del Aire para garantizar una atención sanitaria de calidad al vecindario. Pero parece que las Administraciones tienen otros planes: el Ayuntamiento estudia recalificar los terrenos del antiguo hospital militar para uso residencial y terciario.
El Ayuntamiento también estudia ceder parte de la finca pública de Torre Arias a la Universidad de Navarra, vinculada al Opus Dei, para la construcción de un campus universitario: otro ejemplo de privatización del patrimonio común que el vecindario rechaza de plano.
Frente a este modelo de gestión San Blas y Ciudad Lineal, dos distritos duramente castigados por la crisis, exigen que los recursos públicos se destinen a la creación y mejora de servicios públicos, como la construcción de un instituto público en Las Rosas y en Canillejas y el mantenimiento de los IES de Simancas y Barrio de Bilbao y a la aprobación del derecho a la renta básica, un instrumento de distribución de la renta que ayudaría a paliar la pobreza en la que viven miles de personas y familias.
