Nchamah Miller

La marcha del 4 de febrero convocada por el aparato ideológico del gobierno colombiano a la cual se sumieron las fuerzas de la derecha y como serviles cooptados, los estratos de la clase media acomodada, es la prueba contundente que Colombia se haya dividida.

Para llegar a esta conclusión no se necesita ser una hábil analista política, sólo una mirada a esta marcha macabra, simulacro de los festines del la horca de la edad media. Amargamente dan prueba fehaciente que el populismo fascista sí tiene la capacidad de interpelar las masas bajo el discurso de “seguridad”. Y esto es un grave hecho que no se puede contrarrestar simplemente con el instrumente de una marcha alternativa. ¡Qué sacamos! En la historia del siglo pasado fue Hitler quien más convoco las marchas de multitudes que servían de velo de lo que ocurría en Alemania a espaldas de Europa. Lo mismo quiere hacer Uribe ante el mundo hoy.

El propósito de la marcha es obvio: dividir a las fuerzas políticas vertical y horizontalmente. Esto se logra de la siguiente manera. No hay persona cabal que dentro del sentido estrecho de la palabra, no se oponga a los secuestros; en base a esta sencilla interpelación, bajo la pancarta de provocar un miedo social, se logra que la palabra secuestro, dentro de su significado estrecho se personalice individualmente. Conlleva esto que FARC sea sinónimo de secuestro y a nivel social, horizontalmente se extiende un miedo general: que cualquier ciudadano puede ser su victima.

Verticalmente, por otro lado, se presenta al gobierno como protector de todas las capas sociales. Se extiende una matriz de bloques políticos. Estos permiten señalar quienes son en pro, en contra o “neutrales”. De esta forma se va estigmatizando socialmente a aquellos que no quepan dentro del nuevo discurso social “anti-secuestro”. Pero quién se puede permitir olvidar el secuestro de la dignidad humana que logra el desplazamiento de mas de 3.5 millones de campesinos fuera de sus tierras y al mismo tiempo contra los pueblos originarios y sus derechos al subsuelo Colombiano y el genocidio de los miembros de la Unión Patriota (UP).

El pueblo de Colombia durante 40 años ha sido secuestrado por un estado guerrero, contra los pobres, los campesinos y los pueblos originarios. Vale no olvidar el sentido amplio de secuestro porque si no nos vamos a confundir.

Los estrategas del gobierno, posiblemente ayudados por profesionales extranjeros, concibieron esta marcha como una artimaña política. Se olvidan que quienes no marcharon sí saben distinguir entre el sentido militar de prisioneros y el secuestro en su sentido amplio. La nube contaminada que con esta marcha cubre al territorio Colombiano trata de esconder en su penumbra que al hablar de las FARC no puede hacerse sin decir FARC-EP, Ejército del Pueblo.

Sí, Colombia esta dividida: hay dos ejércitos hoy día en Colombia. El primero, el oficial/paramilitar, bajo el liderazgo del estado, el cual ha mantenido al pueblo secuestrado y amedrentado con allanamientos y despojos. Un ejército que ha lanzado sus balas y fumigaciones nocivas no hacia un enemigo externo sino contra el pueblo. Y si llega haber otra contramarcha en Colombia no va a dejar de sacar nuevamente sus fusiles bajo el más mínimo pretexto. El segundo ejército es aquel que durante más de cuarenta años ha tenido que luchar contra las embestidas del estado que niega el derecho a una protesta política contra el gobierno.

Ahora, esta es la pregunta clave. ¿En base a qué se configura el ejército popular de las FARC? Constitucionalmente, al derecho a la beligerancia. El derecho a beligerancia es uno de los primeros principios que ya comienza a defenderse desde el siglo 1600 en Inglaterra en los escritos de John Locke. El escribía contra el terrorismo del estado manifestado a través del Ejecutivo, en ese entonces un Rey, pero lo mismo da si un Presidente configura su poder por medio de los ejércitos y el control de la población con intimidación de un enemigo fantasmagórico. O sea, el derecho a la beligerancia ha sido uno de los ejes de la expresión política colectiva no solo desde Locke, sino la raíz misma de las revoluciones de independencia en Francia y nuestra América.

Cuando los mequetrefes balbucean que a las FARC no se les puede conceder el status de beligerancia deben entender que esta no es una concesión que la pueda otorgar la parte contrincante – este es un derecho “de facto” que históricamente se lo han ganado las FARC. Lamentablemente hay prisioneros políticos en ambos campos, en las infames cárceles Colombianas y en la selva. El tomar el tema por esta vertiente no ayuda a las victimas de ningún lado: mucho menos aquellas que ya no pueden hablar y se encuentran enterradas en fosas comunes o han sido desaparecidas bajo la nube de la violencia estatal.

La contradicción se haya dentro del marco del estado de excepción, que quiere decir que los agentes del estado quedan inmunes para cometer cualquier atropello contra la humanidad con la venia del estado soslayado en su guerra. La maniobra contra el derecho de beligerancia es parte del ejercicio del estado de excepción, que intercala su discurso guerrerista creando una nueva categoría: “terrorista”. Tres siglos de revoluciones por la independencia se quieren borrar. “Terrorista” es aquel que atenta contra los intereses financieros y propiedades de las transnacionales capitalistas, pero esa categoría esconde el gran crimen del saqueo de las recursos naturales de los pueblos del tercer mundo. O sea, quieren que se tache de terroristas, en el caso Colombiano, a aquellos quienes han tenido que organizar un ejercito para defender sus vidas como pobres y campesinos contra las armas del estado y su mal nacido primogénito, el paramilitarismo.

La marcha polarizó de manera contundente, ya sin dejar otro espacio, al país. Esta polaridad desnuda la mentira de un gobierno incapaz de escuchar las voces colectivas con derecho de protesta. Colombia sí tiene una salida, pero ya no está en manos del Ejecutivo que la traicionó: queda estrictamente en manos de las fuerzas armadas. Tendrán ellas que decidir si se sigue apuntando contra el pueblo. Son ellas las que deben buscar una solución a este conflicto para que no perdure, puesto que las fuerzas políticas bajo el gobierno estatal fallaron y continuaran fallando. Está en la mesa el futuro de Colombia y este no se limita a un intercambio humanitario únicamente. Queda marcada la solución de este conflicto sólo al nivel militar, puesto que el espacio político que gana la FARC con su derecho a la beligerancia lo borra el complejo militar Colombiano y sus lacayos. No se pueden secuestrar los espacios estratégico autónomos(1) del pueblo.

También hay otra vertiente. Cómo referirse a este conflicto sin hablar de Bolívar y Venezuela. La frontera entre estos dos países es artificial más que nunca. Y el ejército del pueblo Colombiano también es de una manera drástica el ejército hermano del pueblo Venezolano caso de llegar a sus costas otra Bahía de Marranos.

Hagamos memoria: el día que el ejército de Bolivia rehúsa disparar contra la población, ese día fue el día que hubo la posibilidad de democracia y pudo subir al poder Evo Morales. Igual carga de conciencia tienen las fuerzas armadas de Colombia. ¿Para qué necesita Uribe adquirir 20 y pico aviones de guerra de Israel si no es para ametrallar a su propio pueblo. El día que el ejercito de Colombia rehúse cumplir con ordenes fascistas ese día nacerá nuevamente la paz en Colombia. Aun agradeciendo el gesto de hermandad de Chavez con el intercambio de prisioneros, cabe también recordar que ningún gobierno extranjero, cuan amigo que sea, otorga a Colombia el derecho a la beligerancia: este existe de hecho.

La solución actual está fuera de la manos del mandatario Colombia, y se encuentra en las manos de aquellos valientes hombres y mujeres de las fuerzas armadas que decidan querer a Colombia más que a los intereses económicos, aquellos que rehúsen disparar contra el pueblo. Y ellos podrán hacer respetar las zonas para las negociaciones que exigen con toda razón las FARC. Estos dos actores, unidos a las fuerzas políticas amplias, podrán llegar a negociar la constitución de una nueva Colombia por que la que existe ya está suficientemente ultrajada. Se necesitará cimentar el derecho a la vida, el derecho a la libertad de palabra, de oposición y el derecho a comparecer como ciudadana/o ante la asamblea sin ser miembro de la misma: o sea el ciudadano participara en todo los debates si así lo desea. Se tendrá que limitar el poder del Ejecutivo.

Las FARC-EP han dado un primer paso; a pesar de toda provocación falta ver como se mide el amor a Colombia por aquellos que dicen portar armas por ella.

1.- Ver libro editado por Nchamah Miller, Robinsón Salazar y Gilberto Valdés. Paradigmas Emancipatorios: movimientos sociales en América Latina.

9 de febrero de 2008
La Haine