La Acusación Popular del caso contra 7 militares israelíes presenta sus alegaciones ante la petición de la Fiscalia de la Audiencia Nacional de archivar la demanda

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PALESTINA

Los crímenes de lesa humanidad son de lesa humanidad y la fiscalía no puede asumir que los crímenes, dejen de ser todos asesinatos, y por ello perseguibles, aunque la propaganda israelí los denomine como selectivos y desprecie a las víctimas colaterales

Asociación Al-Quds de Solidaridad con los Pueblos del Mundo Árabe, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe

Ya ha sido registrado el escrito de las alegaciones de la acusación popular contra la petición de la fiscalía de archivar esta demanda. Las asociaciones Al Quds de Málaga y el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe que apoyan la acusación popular en la causa abierta en la Audiencia Nacional contra siete militares israelíes que en el año 2002 ordenaron un bombardeo, con una bomba de una tonelada en una zona densamente habitada, ocasionando catorce civiles muertos y numerosos heridos, en una usual instrucción de asesinato ‘selectivo’ evaluan que la fiscalía realizó una débil argumentación basada en que se sigue investigando en Israel cuando el caso es de hace 7 años y las comisiones militares –no judiciales- israelíes tienen el mandato de exonerarse de toda responsabilidad y de defender con argumentaciones no ajustadas al Derecho Internacional cualquier matanza realizada.

Además, frente a la constantes violaciones del derecho internacional por parte de Israel, el tribunal Supremo israelí avala con su actuación la concepción de un Estado basado en el no reconocimiento de la humanidad palestina, así como en las decisiones de las autoridades políticas o militares a este respecto. De ahí que ese tribunal considere ‘legítimas’ la tortura, el asesinato de los palestinos o el derribo de las viviendas, la expropiación de sus tierras o confiscación del agua, la construcción del Muro en Cisjordania, cosa inadmisible ante cualquier legislacional española o internacional.

El Fiscal Pedro Martínez Torrijos con la intención de nermar la impunidad israelí, por sí o con el beneplácito del Ministro de Exteriores español, ha incurrido en un error jurídico que, en caso de aceptar su planteamiento, revocaría el estado de derecho español, aceptando los ‘asesinatos selectivos’ y los bombardeos a sabiendas de que se matarán a civiles inocentes. Además de esta sinrazón, la fiscalía española aceptaría caprichosamente que cualquier estado, organización o personas que han cometido esos graves delitos siguieran impunes, si un organismo ad hoc afecto a sus planteamientos, como el tribunal supremo israelí, que desconoce desde su creación la vigencia del Derecho Internacional y que está despreocupado de su cumplimiento, aceptase sine die que ellos mismos se ‘investigasen’ y dieran por buenos y proporcionales sus métodos criminales.

El texto de 36 páginas rebate esas y otras ideas de la fiscalia que tratan de eludir la responsabilidad de luchar contra la impunidad. Aunque sea de un poderoso estado con aliados influyentes y que trata de buscar complicidades en Gobiernos camuflando sus acciones coloniales y agresoras en un discurso falso y victimista o de puro chantaje. Y la impunidad se debe de acabar. Para que pueda ser factible una paz justa en la zona.