Se completa cerca de 44 días de, quizás, el paro más largo y radical que ha vivido el gobierno Santos. Las noticias se llenan de disturbios, llantas quemadas, autos estrellados, intervenciones policiales, la subida de los precios de la canasta familiar y de discursos presidenciales, por supuesto, acompañando al gobernante de la nación siempre los altos comandantes de la policía y el Ejército.

En varias de las ciudades principales del país, así como de los municipios que les abastecen de comida, gasolina y otros productos, miles de camioneros se concentrar en las vías para presionar al gobierno a resolver muchas de las problemáticas que tiene su gremio. Entre las reivindicaciones es preciso hacer la acotación de que muchas de estas demandas se desarrollan en el marco de la crisis neoliberal (que se ha venido agudizando desde el inicio del actual gobierno), que afectan en primer momento el bolsillo de los dueños de grandes capitales, como quienes tienen bajo su poder docenas e incluso cientos de camiones, mulas y carro tanques, y terminan inevitablemente afectando el pequeño propietario (de uno o dos automotores) y los conductores empleados. Esta característica, tan propia de los gremios de transportadores (al igual que los taxistas y buseteros, donde los trabajadores y pequeños propietarios son la víctima secundaria cuando se tocan las arcas de los socios de grandes empresas) ha hecho que sea un gremio bastante particular.

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