Las movilizaciones del 15 de julio deben ser también un espacio de reflexión sobre cómo construir una paz con justicia socio - ambiental

Diversas organizaciones sociales y políticas vienen convocando a la Jornada Nacional por la Paz para el 15 de julio. El Movimiento Colombiano por la Defensa de los Territorios y Afectados por Represas ¡Ríos Vivos!, respalda dicha jornada y considera que la convocatoria debe ser un espacio de reflexión sobre el sentido de la paz.

Como es sabido el Gobierno Colombiano y la guerrilla de las FARC avanzan en las conversaciones de La Habana para llegar al final del conflicto armado que ha castigado al pueblo colombiano y la naturaleza por más de cinco décadas. Pero por otra parte, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, con el aval de corporaciones transnacionales, las Naciones Unidas, entre otros, viene profundizando el modelo extractivista y los mercados verdes, como se expresa en el Plan Nacional de Desarrollo al otorgar mayores beneficios a las empresas transnacionales por medio de los Proyectos de Interés Nacional y Estratégico -PINES- (petróleo, minería, represas) y las Zonas de Interés de Desarrollo Estratégico - ZIDRES (Agroindustria), asuntos que son compartidos con el Centro Democrático, el  Partidos Liberal y Conservador y los gremios económicos.

A ello se suma la definición del nuevo Fiscal General de la Nación, el abogado y defensor de las empresas transnacionales Néstor Martínez, considerado ya por muchos el Fiscal del corporativismo judicial. El nuevo fiscal a través de su Firma de abogados Martínez Neira le ha prestado servicios a canales de televisión privados, empresas extractivas y agroindustriales (Carbones Colombianos del Cerrejón, Ventana Gold, Medoro Natural Resources (Marmato), Chevron, Pacific Rubiales, Ingenio del Cauca, Ingenio Pichinchi, Ingenio Providencia, Ingenio San Carlos, Carguill y Riopaila Castilla), grupos económicos (Goldman Sachs (oro), Grupo Aval, Grupo Santo Domingo, Organización Ardila Lülle) y aseguradoras (MAFRE Compañía de Seguros, MF Global, Seguros Alfa), entre otros. Todo ello ha dado lugar a que se le conozca como ‘El abogado de los baldíos’ por su participación en la redacción de la denominada “Ley Urrutia”, que fundamentó la legalización de la tenencia de la tierra de los grandes empresarios  que habían acumulado baldíos de manera ilegal. 

Todo lo anterior expresa, que el interés del gobierno del presidente Santos, no es más que una paz corporativa y neoliberal, que profundizará la inequidad social y los conflictos socio –ambientales, asunto que preocupa a una gran parte de la sociedad colombiana.

Por ello, el Movimiento Ríos Vivos defiende la PAZ CON JUSTICIA SOCIOAMBIENTAL contra el capitalismo verde y el extractivismo que se imponen en los territorios, incrementando las "víctimas del desarrollo" a través del despojo y el ecocidio. En tal sentido, Ríos Vivos propone se reflexione en torno a:

·       Un nuevo modelo minero energético soberano y autónomo que responda a las necesidades nacionales del pueblo y reconozca las soberanías alimentaria, energética, e hídrica como garantía delos derechos fundamentales individuales y colectivos y, los derechos de la naturaleza.  Este nuevo modelo deberá garantizar que:

a) El Estado sea el propietario y único regulador de los bienes hidrocarburíferos y Ecopetrol una empresa 100% estatal

b) Se avance hacia el cambio de la matriz energética y el modelo de Desarrollo. Ecopetrol y el Instituto Colombiano del Petróleo deberán transformarse para liderar el tránsito energético del país, priorizando las reservas de hidrocarburos para usos domésticos y el financiamiento de nuevas fuentes.

c) Se reconozca que la base de ordenamiento del territorio son las aguas y bienes comunes para la garantía de la vida, de esta manera se definirán zonas de restricción y cuidado especial ambiental, estableciendo unos límites mínimos en los que no sea permitida ninguna actividad que pueda afectar el entorno y se prohibirá el uso técnicas agresivas como el fracturamiento hidráulico en lutitas (fracking), la combustión in situ, la extracción de gas metano asociado al carbón.

·       Se cree un Fondo Energético Especial con destino a la investigación científico-técnica por parte de universidades públicas y el Instituto Colombiano de la Energía para avanzar en alternativas al modelo fósil.

·       Se realice una moratoria petrolera para impedir que avance la frontera petrolera hacia áreas como selvas o las altas montañas. No habrá transición energética si se sigue ampliando las fronteras extractivas y la transición se requiere urgentemente para preservar las diversas formas de vida en condiciones dignas.

·       El precio de los combustibles deberá incluir las externalidades sociales y ambientales de su producción y uso, e incluirá un impuesto para la transición energética.

·       Se tramite la licencia social, a la par con la licencia ambiental en todo proyecto extractivo.

·       El agua deberá ser reconocida como derecho fundamental, bien común y público para el consumo humano, la producción de alimentos, para la soberanía alimentaria, la recuperación tradicional de semillas y la diversidad cultural y ambiental de los territorios y se deberán considerar los sistemas hídricos como inalienables, imprescriptibles e inembargables.

·        La gestión del agua deberá estar exclusivamente en manos del Estado o comunidades organizadas; se requiere el reconocimiento del derecho a la gestión comunitaria del agua para garantizar el acceso al agua en todos territorios

·       Se deroguen los artículos del Código Minero que declara la minería como una actividad de utilidad pública e interés general. La actividad extractiva no puede sobreponerse como prioridad de ordenamiento social y ambiental del territorio, vulnerado los derechos económicos y territoriales de particulares y colectivos.

·       Se garantice el derecho la participación de las comunidades locales para el ordenamiento integral del territorio y control social del suelo y del subsuelo.  Y reconocer el derecho de las comunidades a la autonomía y el gobierno territorial.

·       Se reconozca al campesino como sujeto de derechos, como lo establece la declaración de las Naciones Unidas, se proteja la tradición y vocación agroalimentaria de las regiones y se respete y reconozcan las figuras jurídicas como: Zonas de Reserva Campesina y Reservas Forestales Protectoras de la Amazonía así como otras iniciativas campesinas de conservación.

·       El Estado colombiano deberá cumplir las obligaciones internacionales en materia de DESCA y específicamente, atenderá adecuadamente a las víctimas de desplazamiento forzado a causa de la implementación de proyectos de “desarrollo” adoptando soluciones efectivas al problema.

·       Se constituya una Comisión Nacional de Verdad Ambiental con el propósito de la reconstrucción de la memoria ambiental y ecológica del país, y con ella la búsqueda de verdad sobre el origen, el desarrollo y las consecuencias de los conflictos socio – ambientales asociados a la confrontación armada, en los que la naturaleza fue escenario y botín de la guerra -incluidos los territorios y los cuerpos de los hombres y las mujeres.

·       Se constituya una Comisión Nacional de Represas que parta de un análisis detallado de los beneficios e impactos generados por las represas en Colombia para que guie la toma de decisiones sobre nuevos proyectos, proyectos en curso y se atienda la deuda histórica con los afectados de represas del país.

El Movimiento Ríos Vivos convoca a todos los sectores sociales a mantener la resistencia civil, pacífica y permanente por la defensa de la vida y los territorios y a debatir durante la jornada del 15 de julio y en la instalación de la Mesa Nacional Minero Energética y Ambiental prevista para el 25 de agosto en Bogotá la agenda propuesta para avanzar en la construcción de la Paz con justicia social y ambiental. 

¡Movilizarse es un derecho y una necesidad, este 15 de julio la movida es por la paz, por las aguas y por la vida!