Recuperando la soberanía
Índice: Los sectores estratégicos Electricidad Telecomunicaciones Soberanía alimentaria Ley especial de Defensa Popular Primeras ocupaciones Expropiación de latifundios El fin de la concesión del espacio radioeléctrico a RCTV En qué consiste el fin de la concesión La campaña de desinformación Javier Romero Gurich El 10 de enero, en el discurso de toma de posesión en su tercer mandato presidencial, el Presidente Chávez anunció la promulgación de diversas leyes que permitan a la nación "recuperar la propiedad de los medios estratégicos, de soberanía, de seguridad y de defensa". Advirtió de la posibilidad de nacionalizar la CANTV (teléfonos), la Electricidad de Caracas, los procesos de mejoramiento de los crudos pesados de la Faja del Orinoco y una amplia reforma a la Constitución Bolivariana que con la puesta en práctica de una serie de instrumentos legales, afectarán al ordenamiento territorial y legislativo, el fortalecimiento de los consejos comunales y la autonomía del Banco Central.
Los sectores estratégicos La primeras medidas comenzaron a ser efectivas a menos de un mes del discurso y consistieron en la recuperación de los sectores estratégicos de la telefonía y electricidad, mediante la compra de acciones, simultáneamente con la promulgación de una ley en seguridad alimentaria y la posterior adopción de medidas, contra el latifundio improductivo.
Electricidad
El 7 de febrero, se firmó el acuerdo entre la compañía estadounidense AES Co, propietaria de La Electricidad de Caracas, y PDVSA para la compra 82,14% de las acciones, a un precio total de 739,26 millones de dólares, lo que le permite atender el interés estratégico nacional, controlando todo el sector eléctrico. Asimismo garantiza los derechos de los trabajadores de La Electricidad de Caracas y los de los accionistas minoritarios, unas 100 mil personas que poseen el 13% de las acciones. En menos de una semana se firmó un memorando de entendimiento entre PDVSA y la empresa estadounidense CMS Energy Co, que es propietaria del Sistema Eléctrico de Nueva Esparta (SENECA), para la compra de la totalidad de sus acciones por un importe de 105,5 millones de dólares, incluyendo los equipos que hasta ahora tenía alquilados CMS a SENECA, para la generación de 80 MW. PDVSA asumirá las operaciones de La Electricidad de Caracas y SENECA hasta que el Ejecutivo Nacional redefina del sector eléctrico en beneficio de toda la población y establezca un mayor nivel de coordinación de las empresas estratégicas. El Vicepresidente Ejecutivo del Gobierno Bolivariano puso de manifiesto a tras la firma de estos acuerdos, el respeto por parte del Ejecutivo al estado de derecho y por el mantenimiento de la soberanía de la República, señalando se trata de acuerdos donde “las partes no se sienten violentadas”, con un precio acordado y aceptable que "permitirá respetar las decisiones que tomen los accionistas minoritarios y proporcionar mayor equidad en la distribución de los recursos nacionales".
Telecomunicaciones
También en febrero de 2007 se firmó un memorando de entendimiento entre el Estado venezolano y la empresa de capital extranjero VERIZON, por el que aquél se compromete a la compra del 28,51% del capital social de la compañía, por algo más de 572 millones de dólares. La compra se produjo mediante acuerdo con los accionistas, pagando 17,85 dólares por acción, que era el que se estaba negociando en la Bolsa de Nueva York. Con la nacionalización de CANTV el Estado pretende recuperar la identidad y la plena soberanía sobre sobre este sector esencial de las telecomunicaciones, ofrecer y potenciar la capacidad de las telecomunicaciones mediante el aumento de la penetración, acceso y cobertura del servicio telefónico a favor de la población, de quien se requerirá su participación activa en la planificación, la ejecución de proyectos y en la contraloría social. En este sentido, el Gobierno Bolivariano pretende que la nueva CANTV respete, atienda y tenga en cuenta a los usuarios; establezca una política de tarifas orientada por el afán de la justicia social y no por el lucro; sea gestionada bajo criterios de eficiencia, universalización del acceso y uso de Internet, para equilibrar el desarrollo territorial en las áreas de salud, cultura, economía, política y seguridad. Asimismo, que apoye a los operadores locales (pequeñas y medianas Empresas de Producción Social) y a las comunidades para que participen en la planificación integral y en la organización cogestionaria en la contraloría social, para que sus necesidades sean cubiertas.
Soberanía alimentaria
Ley Especial de Defensa Popular A fin de combatir las acciones especulativas de determinados sectores empresariales, que estaban produciendo el incremento irregular de precios en los alimentos y otros bienes y servicios, el acaparamiento, el boicot y cualquier otra conducta atentatoria contra la seguridad alimentaria de la población, el Gobierno Bolivariano aprobó el 16 de febrero del 2007 la Ley Especial de Defensa Popular, en la que se establecen acciones y mecanismos de defensa contra las conductas ilícitas que puedan afectar al consumo y la adquisición de alimentos. La Ley declara de utilidad pública e interés social a todos los bienes necesarios para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de alimentos o productos sometidos a control de precios y, por tanto: El Ejecutivo está facultado para ordenar la ocupación temporal y preventiva aquellos establecimientos que se encuentren abandonados o en los que se produzcan delitos de acaparamiento y especulación, con el fin de reestablecer la producción y comercialización de los alimentos o productos bajo control de precios. El Ejecutivo está facultado para que ordenar el decomiso de los productos sometidos a control de precios, en caso de que el establecimiento o local cierre, se niegue a la venta de dichos productos o realice acaparamiento de los mismos; también puede ordenar el cierre temporal del establecimiento o imponerle multas cuando se altere la calidad y el precio de los productos. La Ley autoriza a los consejos comunales a formar comités de contraloría social para el abastecimiento, que actuarán en coordinación con el Gobierno, para fiscalizar el cumplimiento de las regulaciones sobre seguridad alimentaria. Primeras ocupaciones En aplicación de esta Ley, una semana más tarde el Ejecutivo ordenó la intervención del Frigorífico Industrial FRICAPECA, en el Estado Zulia y del matadero de Pedraza en el Estado Barinas, que estaban siendo subutilizados, atentado contra los intereses de la población. El primero, ocupado de forma temporal y preventiva, tiene capacidad para sacrificar 1000 reses diarias y una capacidad de almacenamiento en frío de 1600 reses, sin embargo estaba cerrado en el momento de la inspección. El segundo, la instalación más grande de Venezuela, no producía y estaba cerrado desde hacía tres años. En ambos casos se constituyó una junta de administración especial, compuesta por representantes de los trabajadores y personal del Instituto de Defensa y Educación del Consumidor, el Ministerio de Agricultura y Tierras y el Ministerio de Alimentación, además de representantes de las corporaciones locales. Expropiación de latifundios La Constitución Bolivariana, prevé la expropiación de cualquier clase de bienes "por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización" y la Ley Habilitante 2000 permite al Ejecutivo el uso de las tierras que no estén siendo explotadas y su posible expropiación. En marzo de 2007, el Instituto Nacional de Tierras expropió 330.796 hectáreas (casi la superficie total de las cuatro islas de la provincia de Tenerife) que pertenecían a 16 latifundios con valiosos recursos naturales que estaban subutilizados o improductivos, y anunció la expropiación de 17.323 hectáreas pertenecientes a 50 haciendas privadas en los estados Lara, Táchira, Monagas, Guárico, Aragua, Barinas, Mérida y Trujillo, a través de un proceso de "rescate". El Gobierno Bolivariano ha recuperado en ocho años más de 3,6 millones de hectáreas de latifundio, que han pasado a ser propiedades sociales, explotadas en un 49% por las familias campesinas, un 40% se han destinado a proyectos estratégicos de propiedad estatal y el 11% restante a cooperativas agropecuarias o fundos zamoranos. La superficie global agrícola de Venezuela es de 30 millones de hectáreas, la mayor parte concentrada en pocas manos; de éstas, más de 6,6 millones de hectáreas de tierras productivas permanecen aún bajo el control de los latifundistas.
El fin de la concesión del espacio radioeléctrico a RCTV La decisión más polémica tras la toma de posesión en enero del Presidente Chávez, polémica porque los medios trasnacionales de comunicación se encargaron de crear una campaña internacional de acoso al Gobierno Bolivariano ante una decisión legítima y porque la oposición venezolana la convirtió en nueva bandera de su programa desestabilizador, fue la no renovación de la concesión del espacio radioeléctrico a a la empresa de televisión RCTV. Desde que William Lara, ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, anunciara en enero que la señal abierta del Canal 2 (RCTV) sería recuperada por la Nación y puesta al servicio de todo el pueblo, se inició la campaña de desinformación en todo el planeta y de desestabilización en Venezuela, mediante la manipulación de la opinión pública, a quien se pretendía hacer creer que se expropiaba un medio de comunicación para atenazar la libertad de expresión. En qué consiste el fin de la concesión Pero no se trataba de una expropiación, pues no se confiscaba, decomisaba ni embargaba nada. Sencillamente, se extinguía el derecho de uso del espacio radioeléctrico de propiedad pública, concedido por el Estado a la empresa 1 Broadcasting Caracas (1BC) y, por tanto, al quedar libre dicho espacio, el Estado tiene la obligación de definir su uso con base en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Las cámaras, equipos, vehículos, instalaciones, mobiliario y demás activos seguirían siendo propiedad del Grupo 1BC, quien además podría seguir activo en la producción de contenidos televisivos y operando por cable. A dos meses del anuncio Jesse Chacón, ministro del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática, adelantó que tras el fin de la concesión a RCTV se pondría en marcha la primera experiencia de televisión de servicio público en la historia de Venezuela, con base en lo establecido en el artículo 108 de la Constitución Bolivariana y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que obliga al Estado a crear una televisión y una radio de servicio público. Las leyes citadas, además, prohíben la renovación automática de las concesiones y, por tanto, la salida del espacio radioeléctrico de RCTV se produciría como consecuencia de la finalización de un permiso otorgado por el Gobierno a un particular y no, como se estaba querido dar a entender entre la opinión pública, como una respuesta basada en criterios políticos. RCTV no fue la única emisora que se plegó en su día al golpe de estado del 11 de abril de 2002 y al sabotaje petrolero que se inició a finales de ese mismo año. La campaña de desinformación A principios de mayo, mes en el que vencía la concesión, la Sociedad Interamericana de Prensa arremetió de nuevo contra el Gobierno Bolivariano mediante un comunicado, emitido con motivo del Día de la Libertad de Prensa, donde afirmaba que en Venezuela se amenazaba y asesinaba periodistas, negándoles además las debidas garantías en su trabajo diario, con la finalidad de que los medios de comunicación asuman una actitud editorial sumisa y que ésta era la razón por la que no se renovaría la licencia de RCTV, pues se había convertido "voz crítica". El comunicado de la SIP reproducía unas matrices de opinión contrarias al Gobierno Bolivariano y favorables a la política de las trasnacionales de la información, que actúan como valedores de la oligarquía internacional liderada por el Gobierno de los Estados Unidos, a cuyos intereses responde. En Venezuela no hay periodistas presos por los llamados delitos de opinión, ni se ha clausurado ningún periódico, ni emisora de radio o televisión, a pesar de que la mayoría de los medios privados están inmersos desde hace ocho años en una conspiración mediática para derrocar al Presidente Chávez. En Venezuela sólo se han cerrado dos medios, Venezolana de Televisión y Catia TV, durante el golpe de estado de abril de 2002 y por orden del que fuera alcalde mayor metropolitano Alfredo Peña, opositor y hoy prófugo de la justicia, sin que entonces ninguno de los que hoy cuestionan la libertad de expresión en Venezuela hicieran ninguna crítica contra aquellas acciones ilegales. Pero además, lejos de coartar la libertad de expresión, el Gobierno Bolivariano ha venido impulsado nuevas estaciones de radio y televisión, como VIVE TV y TeleSUR, que abordan con pluralidad y de modo crítico la realidad regional y mundial, y se está apoyando financiera y técnicamente a más de 400 medios alternativos y comunitarios impresos y audiovisuales, para transformar y democratizar la comunicación en el país, sin que se les impida ser críticos con la política oficial. Lo cierto es que la voz crítica a que se refiere la SIP, no es algo que pueda patrimonializar RCTV pues las televisoras Globovisión y Venevision, se caracterizan, como aquélla, por su fuerte oposición al Proceso Bolivariano y también se plegaron al golpe de estado del año 2002; sin embargo, a la última le fue renovada la concesión que vencía al tiempo que la de RCTV. Esto pone en claro que las causas de motivan la no renovación del derecho de uso del espacio radioeléctrico no es su actitud crítica, sino su continua violación de la legislación en materia de medios de comunicación y la violación sistemática de la ética de la comunicación y de los valores nacionales. Véase Razones para no renovar la concesión a RCTV, entre otros. En vísperas de que la concesión concluyera, la campaña organizada por los medios de comunicación de la burguesía internacional arreció, centrándose en las protestas y pronunciamientos contrarios a la medida del Ejecutivo protagonizados por la burguesía criolla y sectores medios afines; a través de los medios de desinformación nos enteramos que las universidades estaban en contra, que la población organizaba guarimbas en la calle, que la policía asaltaba autobuses matando adolescentes, que la población se manifestaba contra el asesinato de periodistas... y, cuando algo les fallaba en su campaña de distorsión de la verdad recurrían al secuestro de imágenes para que la realidad no fuera visionada. Los comunicados emitidos por los consejos universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y de la Universidad de los Andes (ULA), que basándose en falsedades argumentales llaman a la población a defender los derechos humanos y la Constitución, son una forma más de calentar la calle, una forma de llamamiento a la protesta, la manifestación y otro tipo de acciones, una forma más de desorden y desestabilización: la desestabilización que la derecha venezolana viene practicando desde hace ocho años. La mayoría de los rectores y vicerrectores de las universidades militan en la oposición, pues pertenecen a la clase de quienes históricamente venían detentado el poder en cualquiera de sus formas, no tienen más interés que el suyo propio y, por tanto no les preocupa la formación adecuada de los futuros profesionales. Las universidades han dejado de ser el espacio necesario para la discusión libre de las ideas y junto con los medios de comunicación, pretenden asumir la acción política suplantando el papel de los insignificantes partidos de oposición, bajo la óptica de la derecha más reaccionaria e integrista. El 28 de mayo concluyó la concesión que desde hacía 53 años, tenía el Grupo 1BC para el uso del espacio radioeléctrico público y la señal de RCTV tuvo que dejar paso a la de TVes. Ese día, la respuesta de la calle a la no renovación de la licencia de emisión consistió en un festival en el centro de la ciudad, celebrando la recuperación de la señal para el pueblo, mientras en el este, los escuálidos y otros disociados repetían su guarimba.
Fuentes: Prensa Presidencial, Agencia Bolivariana de Noticias, Ministerio para la Comunicación y la Información (MinCI), La Fragua, Aporrea y Rebelión.
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