El pasado 10 de junio, el diario Expreso publicó una investigación donde se denunció que Fabricio Correa, hermano mayor del Presidente de la República, realizó contratos ilegales con el Estado por más de 80 millones de dólares. Además, que estas compañías estaban constituidas en un holding de empresas de papel en Panamá. Luego que Rafael Correa pidió a la Contraloría que estos contratos sean investigados, 50 auditores de esta institución de control determinaron que el monto de los contratos no eran solo de 80 millones, sino de más 167 millones de dólares.

Según la información publicada por la Contraloría General del Estado (CGE), en este caso se realizaron varios contratos y órdenes de trabajo, por ejemplo: Ministerio Vivienda (movimiento de tierras para el plan Socio Vivienda: USD 3 994 839), Min. Obras Públicas (reconstrucción de la vía  Plan Milagro- Indanza: USD 15 458 157), Min. Obras Públicas (construcción del puente sobre el río Paute: USD 1 197 940), Min. Obras Públicas (Rehabilitación de la vía El Empalme-Celica: USD 11 541 265), PREDESUR (construcción del sifón Limones, en Zapotillo: USD 6 505 983) Petroecuador (limpieza ambiental de áreas operativas: USD 359 368) Petroecuador (alquiler de equipos para trabajos ambientales: USD 313 150) Petroecuador (limpieza de áreas operativas ambientales: USD 315 918) Petroecuador (alquiler de equipos camineros: USD 280 801,02). Petroecuador (alquiler de equipos para remediación ambiental: USD 313 150,32). En todos estos contratos y órdenes de trabajo aparecen las empresas donde Fabricio Correa era accionista, como Cosurca, Megamaq y Quality Outsourcing. Contratos que a decir del procurador del Estado, Diego García, bajo la simulación societaria se violó la Constitución en el artículo 62, numeral 2 de la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública, y el artículo 27 de la misma Ley, donde se impide a familiares del Presidente de la República que realicen contratos con el Estado. El 3 de septiembre el entonces encargado del Ministerio de Obras Públicas, ahora actual titular de esa cartera de Estado, David Ortiz, firmó la terminación unilateral de los contratos.

Esta investigación, que logró descubrir estas irregularidades en el Gobierno, fue el inicio de la pesadilla que ahora vive el Régimen por la serie de denuncias de corrupción que ahora el hermano mayor del Presidente realiza contra el denominado círculo ‘rosa’, donde estarían involucrados Ricardo Patiño, Alexis Mera y Vinicio Alvarado. “Cada ladrón juzga por su condición. En el círculo ‘rosa’ hay cualquier cantidad de funcionarios que han cambiado su nivel de vida, cambian de casas, carros, construyen en pelucolandía, cambian hasta de esposas. Si quieren descubrir cuánto se han enriquecido quienes rodean al Jefe de Estado, debe volver sus ojos a la construcción del 4to Puente en Guayaquil o a los contratos con la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí (CRM). El Ecuador rumora cómo (Mera) hace tráfico de influencias y cómo coacciona a los jueces. Eso no lo digo yo, me lo denuncian todos los días”, indicó Fabricio Correa. Al respecto Ricardo Patiño, ministro Coordinador de la Política, aseguró que estas denuncias deberán explicarse, y además el por qué (Fabricio) tiene gusto por el color rosado. “Alexis Mera es un profesional muy competente en cualquier tema que se plantee”, dijo el funcionario de Estado. Hasta el cierre de esta edición Fabricio Correa acudió a la Fiscalía de la Nación para entregar una caja llena de documentos que comprobarían los posibles actos de corrupción en Carondelet. Lo raro  es que pese a la exigencia del ministro Fiscal, Washigton Pesantez, para que el hermano mayor del Presidente acudiera a entregar las pruebas de supuestos actos de corrupción, no lo recibió, lo hizo el Fiscal Subrogante, Alfredo Alvear.

Denuncias de corrupción que deben ser investigadas

“Si el río suena… es porque piedras trae” es el dicho popular que podría utilizarse en la serie de denuncias de corrupción en funcionarios del Gobierno. Pese a que no han sido comprobadas, cada vez ponen en duda el prestigio del Régimen. Por ejemplo, las denuncias en contra de Carla Chávez, ex candidata a la alcaldía de Babahoyo, quien se habría beneficiado de algunos pagos del Consejo Provincial de Los Ríos por USD 600, las denuncias sobre supuestas irregularidades administrativas por parte del ex superintendente de Compañías, Francisco Arellano, las acusaciones de peculado, concusión y enriquecimiento ilícito en el pago de 135 millones de dólares de intereses correspondientes a bonos global 2030. Asimismo, la denuncia de empresa Chevron (ex Texaco) donde se difundió videos de un supuesto soborno por USD 3 millones y donde estarían involucrados personeros de la Presidencia de la República, el sobreprecio en la compra de ambulancias y el medicamento Taniflú, el sobreprecio en la compra de implementos de oficina en la Dirección Nacional de Tránsito. Sobre todo aquellas del supuesto enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias del Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera Giler, el incremento ostensible de los estados financieros de la empresa Creacional, donde el secretario General de la Presidencia, Vinicio Alvarado, sería accionista.

El país espera la veracidad de las denuncias de Fabricio Correa sobre los supuestos actos de corrupción en el Régimen, para definitivamente transparentar el discurso y hasta sacar del proyecto revolucionario a quienes estarían medrando del dinero público por el “ojo tuerto de Carondelet”.
(ESVS)

Desde el 14 de septiembre los maestros se encuentran en paro, hace seis años no habían adoptado una medida de esa naturaleza, pero ahora, ante un gobierno que proclama una ‘revolución ciudadana’ han asumido una paralización que engloba a todo el magisterio fiscal del país. Parecería contradictorio, pero no lo es.

El magisterio fue forzado a una medida así porque se cerraron todas las posibilidades de diálogo con las autoridades gubernamentales: el Presidente en varias ocasiones se ha negado a reunirse con la dirigencia de la UNE y el Ministro de Educación no pierde oportunidad para confrontarlos, para mancillar su dignidad. El presidente Correa en eso da lecciones, hace pocos días en un establecimiento educativo de la ciudad de Guayaquil increpó a maestros que defendían el paro calificándolos de pelafustanes, mediocres y –sorprendentemente- de manera indirecta dijo que eran ¡matones!

Los maestros quieren que se mejore el sistema educativo, ser partícipes directos en los procesos de definición de las políticas en ese ámbito, quieren tener un salario digno y estabilidad; el gobierno también dice querer mejorarla, pero propone un sistema coercitivo que ubica a los maestros en la condición de reos constantes de tribunales calificadores de sus capacidades, en los que las autoridades centrales se ‘lavan’ las manos para que sea la ‘comunidad’ quien los sancione, en la Asamblea cursa una propuesta de ley que, de ser aprobada, disminuirá el sueldo que ahora perciben los educadores, las doce mil partidas docentes –que con tanta algarabía se promocionan- no han sido creadas todavía, hay miles de educadores populares sin seguridad social… ¡Esa es la “revolución educativa”¡ ¡Viva la revolución ciudadana!

Los indígenas también están en pie de lucha, anuncian una movilización progresiva en todo el país por el derecho al agua y en contra de la explotación minera a gran escala que destruye el medio ambiente. Denuncian que la Ley de Aguas es privatizadora y tiene un feo tufo neoliberal, el mismo que barniza la Ley Minera que favorece al capital extranjero y con la que quieren quitar las fuentes de trabajo de los pequeños mineros artesanales y propietarios de molinos de beneficio. Por denunciar eso, el Presidente dijo que estaban locos.

En las universidades del país el descontento es general por el contenido de una mediocre  Ley de Educación Superior –en este caso el calificativo sí cursa- elaborada por la intelligentizia del gobierno agrupada en la SENPLADES…, bueno, así se auto consideran.  La ley pone fin a principios básicos como la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, el cogobierno y burla el precepto constitucional de la gratuidad de la educación. Ah, por supuesto, el gobierno gastó miles de dólares en varias cadenas nacionales para ‘demostrar’ que quien se oponía a su ley era un estudiante ‘mediocre’. Mintió, pues el presidente de la FEUE tiene promedio académico muy bueno.

No son los únicos sectores sociales que critican aspectos de la gestión gubernamental, los comerciantes minoristas rechazan la intención de la bancada de PAIS de archivar una ley que los favorece y que ya fue aprobada en primer debate en Montecristi; la Confederación de Barrios ha denunciado que la Ley de Ordenamiento Territorial contiene elementos neoliberales que abren las puertas para la privatización de servicios básicos como el agua; los trabajadores exigen que se derogue el Decreto 1701 que acaba con el derecho a la contratación colectiva en el sector público.

Pero qué está pasando en el país, si el grueso de quienes ahora protestan fueron electores de Correa para su elección y re elección presidencial. ¿Cambiaron de política? No, esos sectores no han variado sus puntos de vista, quien sí lo está haciendo es Rafael Correa.
 
Él ofreció poner fin a la larga noche neoliberal y por eso tuvo el aval popular; hoy, en varios aspectos de su política el neoliberalismo vuelve a mostrar sus narices. Surgen preocupaciones porque se hizo una renegociación de la deuda que deja dudas de quién mismo se benefició en ella;  se prometió promover la participación popular, pero ahora es casi un delito estar agremiado; democracia participativa, se dijo, pero el autoritarismo y la prepotencia marcan el día a día de la vida del país.

El descontento no es gratuito, no están locos quienes ahora hacen oír su voz en las calles –aunque así lo crea el Presidente-, es el comportamiento natural de un pueblo que va del desencanto a la protesta. Un pueblo que inclusive ha sabido perdonarlo en estos meses, esperando que se atiendan necesidades básicas como un verdadero salario digno, un pueblo que puso en segundo plano sus aspiraciones materiales mientras se requería conquistar una Constitución para acabar con el andamiaje neoliberal construido por la derecha.

La contradicción entre el movimiento popular organizado y el gobierno toma preeminencia debido a que en este último se está produciendo lo que ha sido calificado como un quiebre hacia la derecha. Sorprende que en el gobierno de la ‘revolución ciudadana’ sean los trabajadores, los indígenas, los maestros, la juventud, es decir los sectores populares quienes critiquen políticas gubernamentales en temas trascendentes como el minero, petrolero, laboral, agua, educación y más, mientras la derecha guarda lo que podría calificarse como un cómplice silencio con lo que Correa hace desde Carondelet. Sus críticas se concentran ahora en la Ley de Comunicación. Muy decidor ese comportamiento.

El pueblo no añora el pasado, absurdo pensar de esa manera. El pueblo quiere transformaciones, pero  hay cambios… y cambios. El pueblo en las calles dice ¡rectifique!, ¡por ahí NO, presidente! Si hay un actor determinante para el cambio en la correlación de fuerzas políticas y sociales en el escenario político del país es el pueblo, el antecedente para el ascenso de Correa a la presidencia son treinta años de lucha popular en contra del neoliberalismo, en contra de la dependencia, en contra de la derecha oligárquica. Nadie tiene derecho a burlarse de ello.

El proyecto de Ley del Sistema de Educación Superior  elaborado por la SENPLADES en el Ecuador, ha permitido evidenciar las concepciones y afanes de esta Secretaría de Planificación. Se puede decir que permite mirar hacia dónde quieren conducir al país los planificadores del Gobierno. Éstos reviven viejos planteamientos y aspiraciones desarrollistas ya elaboradas antaño y las exhiben como novedosas mercaderías. Son modernos mercachifles de antigüedades.

Recogiendo idénticos términos en los que se expresó en el pasado el entonces presidente Osvaldo Hurtado, de la Democracia Cristiana internacional, aclaran que “el país irá donde vaya la Universidad”, o dejan entrever que con una universidad del primer mundo, el país ascenderá del tercer mundo a la altura de Inglaterra, Alemania, Suiza, EEUU, manida frase. Este argumento que le pone a la Universidad como el centro de los destinos de la sociedad, pretende ser vendido a los ciudadanos endilgándoles, a las universidades las calamidades económicas y las penurias sociales.

Tal falacia esconde la relación que la educación, y en ella la superior, tiene respecto a la base económica de la sociedad en la que aquella no es más que un reflejo de ésta. En efecto, la Universidad ecuatoriana nació y se reprodujo en consonancia con las condiciones de las demandas del aparato productivo, de su matriz económica e ideológica.

Una rápida y acertada visión de esta relación la efectúa el Ec. René Báez en su artículo “Tribulaciones universitarias”, reproducido en ALADI, el 27 de julio pasado. Báez recorre una universidad con la carga de la herencia de la Colonia, transita por la que se basó en la vieja hacienda señorial y feudal, “por tanto refractaria a todo cambio”, para terminar en la universidad en la ruta de los ajustes fiscales recesivos del Banco Mundial y del FMI, con sus consecuencias y expresiones en el nacimiento de nuevas carreras ligadas a las necesidades del mercado y la mercantilización misma de títulos, diplomas y hasta calificaciones.

La universidad es el reflejo de la configuración de nuestras sociedades, sin embargo y desde luego, éstas  generan e impulsan elementos ideológicos que permiten una visión distinta a la que está destinada: la ciencia y las concepciones del pensamiento democrático han alcanzado tal importancia que han movilizado a estudiantes y profesores, fundamentalmente en el cuestionamiento de la realidad del país y de la misma universidad. Sin ser revolucionaria la institución, no es menos cierto que en ella se han forjado sus ideas y hasta vectores. Esa precisamente ha sido la preocupación de todos los gobiernos, que a su debido tiempo la estigmatizaron, persiguieron  y clausuraron. Ésta una nueva forma de intervención.

Ya en los años 60, un asesor del gobierno norteamericano, Rudolph Atcon, de la Universidad de Houston, propone  comprender a la universidad latinoamericana mediante una analogía de carácter biológico  en su teoría del “gene social”. Una nueva forma de reformular el social darwinismo, de explicar fenómenos sociales con leyes biológicas y de sustentar que, en la sociedad  como en la biología, existen individuos y especies  genéticamente dominantes, o sea ellos.

“La universidad, dice Atcon, es a un  organismo social lo que el sistema genético es a un organismo vivo. Ciertamente controla la transmisión  de características de generación en generación, resuelta a no eliminar ninguna, salvo las más inútiles de las ideas anacrónicas. Así mismo, mirará con recelo los conceptos nuevos mientras no hayan demostrado su valía más allá de cualquier posible duda. En esto la universidad le pone tanta resistencia al cambio como cualquier gene a una mutación (…) si logramos efectuar en la universidad mutaciones controladas en, de acuerdo con las líneas establecidas  previamente(…) éstas serán transmitidas a su debido tiempo, de modo ordenado y armónico, a todas las instituciones sociales(…) sin chocar con el cuerpo de las creencias establecidas”[1]

Digno de ficción: la universidad transformada en el  “centro cromosómico del cuerpo social” a la que se le puede inocular experimentalmente nuevas propiedades y caracteres de acuerdo a las conveniencias, a partir de pequeñas fracciones de ADN conocidas como plásmidos. Tal si lo hiciéramos a una bacteria: nuevas propiedades, como resistencia a determinadas plagas, características para producir ciertas hormonas,  insulina, por ejemplo, en fin, reproducir individuos genéticamente modificados, con nuevas combinaciones alélicas, es decir incorporar otras características y por tanto nuevas adaptaciones. Y los experimentadores fueran las mismas bacterias también genéticamente modificadas en las universidades de Harvard, Oxford,  Yale, que son las de la preferencia de estos tecnólatras. Nuevas características, claro, desde luego que no choquen, que no contradigan, que no pongan en riesgo el sagrado “cuerpo de creencias establecidas” por los parásitos dominantes. El fondo del discurso de los nuevos tecnólatras es precisamente ésta concepción. No en vano sostienen que el cambio en las universidades no podrá devenir desde su interior sino desde fuera, desde estos  prefigurados cerebros de la nueva revolución de los genes dominantes.

Cansados e indignados por los maltratos por parte del Presidente de la República, tanto a través de insultos, injurias, así como a través del Proyecto de Ley de Educación Superior, y la deuda que tiene pendiente con las universidades públicas y privadas, los estudiantes agrupados en la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y la Federación de Estudiantes Politécnicos del Ecuador (FEPE), se movilizaron hacia la Asamblea Nacional el jueves 24 de septiembre, desde muy temprano, para solicitar a los legisladores  que se elabore una Ley de Educación Superior democrática y manifestar su apoyo a la paralización del magisterio.

A la voz de “Presupuesto para la EDUCACIÓN y NO para la represión” y con paso firme los estudiantes avanzaron por las principales calles de la ciudad hasta llegar a  las cercanías del palacio legislativo, donde fueron reprimidos por la policía para detenerlos en su objetivo.“Manifestamos nuestro rechazo a la represión que se ha venido dando contra al magisterio nacional y contra los estudiantes, además exigimos la inmediata libertad de los detenidos producto de toda esa represión”, expresó  David  Almeida, presidente de la FEPE.

Deysi Terán, presidenta de la FEUE filial Quito, expresa:“ahora más que nunca los estudiantes y los sectores populares debemos luchar porque la tendencia democrática siga avanzando en el país, y la única manera es que continuemos en las calles defendiendo nuestros derechos ganados, que no pueden  ser  quitados por ningún gobierno”, pues, tal como sucedió en el neoliberalismo, se pretende asfixiar a la educación pública: hoy el Estado adeuda cerca de 125 millones de dólares a las universidades públicas y privadas, lo que ha causado varios  inconvenientes en las mismas, además de atentar contra la autonomía universitaria y  la organización estudiantil, mediante su Proyecto de Ley de Educación Superior.

“La autonomía tiene que ser para garantizar el libre ejercicio de la ciencia, de la  libertad  y del debate dentro de las universidades, ya que la política científica no puede ser condicionada  por la política del gobierno de turno; en ese sentido, el proyecto de la SENPLADES atenta flagrantemente contra la autonomía universitaria: condiciona la entrega de rentas y decide la política académica mediante un personero designado por el presidente de la república.; la universidad tiene que ser libre y eso lo vamos a defender hasta la muerte”, ratificó Almeida.

Por su parte, Marcelo Rivera, presidente Nacional de la FEUE, manifestó que esta actitud es parte de un plan del gobierno para adueñarse de las universidades públicas: “en el fondo el gobierno quiere controlar el pensamiento y la producción científica de acuerdo a los intereses de su partido, creando un organismo con funciones que ni el mismo CONESUP tiene, esto lo hemos denunciado ante la Comisión de la Educación en la Asamblea Nacional”, asegiró.

Los estudiantes proponen una Ley de Educación Superior democrática, que recoja sus puntos de vista y,  así junto a docentes y trabajadores, sean partícipes de las decisiones que se tomen para definir el rumbo de una educación de calidad en la universidad ecuatoriana, y que el Estado cumpla con su responsabilidad entregando el 1% del Presupuesto General del Estado (PGE) para investigación científica, el 2.5% para la educación en general, que se capacite a los docentes  y se mejoren sus sueldos, además de transferir los fondos a tiempo.

Además, resaltó la importancia de la unidad en este momento: “El trabajo coordinado entre organizaciones populares es importante para  lograr que nuestras demandas sean atendidas, los universitarios vamos a seguir difundiendo nuestras propuestas y  también desarrollaremos una serie de acciones para defender la autonomía universitaria”, señala  Rivera, ya que según su criterio la situación del país se resolverá solamente si el Presidente se sienta a dialogar directamente con los sectores sociales, en lugar de contestar con insultos y agresiones.

A pesar de la represión recibida en las movilizaciones, los estudiantes confirmaron que continuarán las jornadas de  lucha y que se unirán a los maestros y demás sectores populares hasta que sus puntos de vista y sus derechos históricos ganados sean reconocidos.

Al cierre de la presente edición, se conoció a través de un comunicado de prensa de la FEUE, que el asesor presidencial Mario Latorre, mediante una llamada telefónica manifestó que el mismo Presidente de la República le ha encargado establecer un acercamiento con la FEUE y las demás organizaciones de maestros e indígenas para abrir un canal de diálogo con el régimen, frente a lo cual los universitarios expresaron que dialogarán siempre y cuando sea directamente con el presidente Rafael Correa.

Pese a las desesperadas estrategias propagandísticas utilizadas por el Gobierno en los medios de información para desprestigiar al movimiento indígena, días previos al levantamiento, visitar las comunidades del Oriente y realizar la cadena sabatina Nro 139 desde la ciudad de Cayambe, provincia de Pichincha, bastión de apoyo a la CONAIE, a las 00h00 del lunes 27 de septiembre se inició el levantamiento. Piedras, palos, matorrales, y todo objeto que impida la libre circulación de los vehículos hacia las distintas ciudades del país, fue la tónica que los medios de información radial y televisiva detallaban desde las 06h00. “Se inició el levantamiento indígena”, “Conaie mide fuerzas con el Gobierno”, “Bases indígenas plegarán al levantamiento”, “Cierre de carreteras será la tónica del levantamiento indígena”, entre otros, fueron los titulares de los noticieros de televisión, radio y los medios impresos. El despliegue de periodistas hacia las tres regiones del país (Sierra- Oriente- Costa) fue notorio cuando los reporteros iniciaron sus enlaces desde tempranas horas en Napo, Orellana, Pastaza, Cotopaxi, Azuay, Imbabura, Chimborazo, lugares donde el levantamiento fue contundente.

Marlon Santi, presidente de la CONAIE, que participaba de la movilización indígena desde las 07h00 en Cotopaxi, indicó con mucha euforia que “las bases y nacionalidades indígenas se ratificaban en el rechazo a la ley de agua, minería, el código sobre circunscripciones territoriales, el código ambiental, la ley de seguridad pública, el decreto 1780. El levantamiento crece”, dijo el dirigente indígena, mientras que el discurso del Jefe de Estado cambió a partir de 10h00 respecto al levantamiento, cuando afirmó que “podemos conversar pero sin presiones”. Declaraciones que realizaba a los medios de información de Ibarra momentos antes de participar de las fiestas de esta ciudad. Mientras en esos instantes, Gerónimo Yantelema, asambleísta de Cotopaxi por Pachacutik, denunciaba que cerca de 20.000 efectivos se destinaron en todo el país para impedir al levantamiento indígena.

Después de las 12h00, el levantamiento fue más contundente. Napo, Orellana, Sucumbíos, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Pichincha, Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Azuay y Cañar plegaron al levantamiento. Levantamiento que en esos momentos resultó fortalecido debido a incorporación a la lucha de la Fedreación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino (Feunassc). Byron Garcés, presidente de esta organización, señaló que “el apoyo a las organizaciones indígenas se debe a que ellos, como campesinos, también resultan afectados con el proyecto de Ley de Aguas planteado por el Gobierno”. Después de una ardua jornada de levantamiento, los dirigentes indígenas decidieron, a las 19h00, suspender el cierre de carreteras hasta concretar el diálogo solicitado por el Gobierno.

Luego de esta decisión, que para algunos dirigentes indígenas fue muy apresurada, el martes 28 de septiembre los titulares de los medios de información fueron distintos: Solo 20 horas duró el levantamiento indígena, Conaie decidió frenar el levantamiento, entre otros. Lourdes Tiban, dirigente indígena y asambleísta por la provincia de Cotopaxi, en un canal matutino insistió que los indígenas desconfían de la decisión del Jefe de Estado de escuchar las inquietudes que tiene la CONAIE respecto al proyecto de Ley de Aguas y Recursos Hídricos. “Con una persona (Rafael Correa) que minimiza tanto a los indígenas diciendo que somos ponchos dorados resulta raro que quiera dialogar. Preferimos ser con poncho, sombrero y pelucones, por tener pelo largo, que ser ladrones de corbata como es su hermano. Yo decía que cómo así el Presidente, que dijo que antes de dialogar con los indígenas se va a la casa, estoy esperando que se vaya. Incluso el Presidente está violando la Convención Internacional de Descriminación por utilizar varios calificativos contra los indígenas, o es que el Presidente quiere construirnos como borrachos, analfabetos, cochinos. Queremos seguir siendo indígenas pero con dignidad. Estamos alertas”, decía la asambleísta.

Hasta el cierre de esta edición, la CONFENIAE mantenía la medida de hecho, mientras se realizaba una reunión con la Ecuarunari, en la cual resolvieron rechazar el pedido del primer mandatario de dialogo en Quito, y más bien mantuvieron una exigencia para que se traslade hacia el local de la organización indígena ubicada en las cercanías del Puyo, para lo cual afirmaron que le darían todas las garantías.

Correa se negó a esta petición, planteando el famoso principio de autoridad. Mientras tanto, los restos del profesor bilingue Bosco Wisuma, miembro de la UNE, fueron velados en medio del dolor de todo el país. Una cadena de televisión última inculpaba de la muerte del maestro a sus mismos compañeros.
(EVSV)

El agua constituye un derecho fundamental de uso público, es irrenunciable y forma parte de los sectores estratégicos del Estado. La Constitución aprobada hace un año en Montecristi fue pionera a nivel regional y mundial en garantizar el derecho humano al agua. El Ecuador es uno de los países de América Latina con la mayor cantidad de recursos hídricos por habitante. Sin embargo, ¿está el líquido vital repartido equitativamente?, ¿se garantiza la conservación de los recursos hídricos?, ¿en manos de quién verdaderamente se encuentra el agua?

Cuenca, Otavalo y Salasaca fueron testigos de los Encuentros por el Agua organizados por la Ecuarunari y la Conaie. Miles de indígenas concentrados en estos puntos del país discutieron acerca de su derecho humano al agua y principalmente protestaron contra la privatización que con la propuesta de Ley de Aguas del Gobierno podría permitirse. “El agua no se vende, el agua se defiende” fue el lema común con el que los indígenas se comprometieron a defender la riqueza hídrica de todos los ecuatorianos.

Según el Foro de Recursos Hídricos, el sector privado, que corresponde al 1%, controla un caudal de 80%, mientras que el 86% que es el sector comunal solamente tiene un 20% de los caudales de agua para el riego. Además, empresas transnacionales tienen concesiones de las fuentes de agua, entre ellas se encuentran empresas mineras que para extraer tan solo una onza de oro contaminan alrededor de 8.000 litros de agua, que no son tratados nuevamente sino regresados en esas condiciones a los ríos.

Según investigaciones del Centro de Verificación de Agua de la Provincia de Cotopaxi, a nivel nacional más del 60% de agua dulce del país está contaminado. Esta cifra se acrecienta cada año, pues cada litro de agua contaminada infecta ocho más. Empresas transnacionales, petroleras, mineras, textiles, han sido las causantes del nivel de contaminación, pues no hay leyes fuertes para que se sancionen estos actos.

Este problema afecta a los pueblos cercanos a las fuentes hídricas, pues reciben agua contaminada, situación que crea enfermedades en la población y también perjudica a los pequeños agricultores de esas zonas. Por eso, la nueva Ley de Aguas debe garantizar no solo la conservación, recuperación y manejo de los recursos de agua sino que debe plantear una distribución equitativa real de este recurso, prohibiendo la privatización y el acaparamiento de agua por parte de sectores privados y establecer sanciones a empresas que la contaminen.

La propuesta de Ley que plantea el Gobierno, a pesar de que en su Art.3 prohíbe la privatización, en los Arts. 70, 73 y 74 se plantean mecanismos encubiertos de privatización, como la entrega del agua a actividades industriales como las hidroeléctricas y las mineras.

Por otra parte, el Art. 65 señala que “la autorización para el aprovechamiento económico del agua podrá otorgarse a personas naturales o jurídicas, entidades de los sectores público y privado de la economía popular y solidaria…” Es decir, sí se permite que sectores privados accedan al agua y lucren de ella. Es más, en el Art.67 se ratifica que para estas autorizaciones “priman las consideraciones de carácter económico y de mercado”.

En los actuales momentos las concesiones de agua imposibilitan a sectores y pueblos el acceso libre del líquido vital, pues se ven obligados a pagar por este derecho, por lo que se hace necesario el cumplimiento de la Transitoria 27 de la Constitución que señala que: “el Ejecutivo revisará la situación de acceso al agua con el fin de reorganizar el otorgamiento de las concesiones, evitar el abuso y las inequidades en las tarifas de uso y garantizar un acceso más equitativo, en particular a los pequeños y medianos productores agropecuarios”.

Por otra parte, a pesar de que la Constitución dice que el agua será utilizada prioritariamente para el consumo humano, el proyecto del oficialismo plantea que en cualquier momento, según el Plan Nacional de Desarrollo, se puede cambiar el destino del agua de una prioridad baja a una alta. Es decir que si el Gobierno plantea que es prioridad para el Estado las concesiones antes que el consumo humano, por el Art. 70 de su Ley lo podría hacer.

Este es un escenario importante en el actual proceso que vive el Ecuador en defensa de la vida. Los sectores populares, en disputa con el Gobierno, han iniciado movilizaciones para defender los derechos de: estudiantes, maestros, trabajadores, indígenas. Además, es momento de defender los principios constitucionales por los que lucharon activamente en la Asamblea Nacional Constituyente las fuerzas organizadas.

La Comisión de Administración Legislativa (CAL) calificó el 7 de julio el proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público -reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa- y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, que fue presentado por el gobierno y que, de acuerdo a la disposición transitoria primera de la Constitución, deberá aprobarse hasta el 14 de octubre de este año.

Este nuevo proyecto, como norma regulatoria de la administración pública, y por su título: “Ley Orgánica del Servicio Público”, debería hacer honor a su nombre y ser una norma que contemple cambios en la calidad de servicios que se entregan a los usuarios, pero lamentablemente, desde su concepción, el proyecto tiene falencias y de llegar a concretarse en esas condiciones, la estabilidad de más de 300 mil trabajadores peligra.

Criterio Jurídico

Para el jurista Paúl Cáceres, el proyecto del Ejecutivo es inconstitucional, atenta contra el bienestar de todos los servidores públicos, segú los artículos 3, 5, 14, 22, 35, 36, 37, 44, 53 y 56 del mencionado proyecto, así como con las disposiciones transitorias 20, 25, 28 y 35, mientras que la transitoria 32 contradice la Ley de Empresas Públicas recién aprobada.
“Se plantea que todos los servidores públicos estén regidos por esta ley, afectando también a los maestros de todo nivel, puesto que migrarán de la Ley del Magisterio a la de Servicio Público, porque esta última sería una ley orgánica. Este gremio es golpeado en dos factores primordiales: el primero que hace relación con su carga horaria, porque deberá cumplir las 8 horas laborables diarias de todo empleado público y dependería mucho de los directores o autoridades del ramo la aplicación de la ley para este sector.  Para el jurista, el plan de ley no considera que el trabajo del maestro no es solamente dictar clases, sino también prepararlas y elaborar material didáctico”.

“En el tema salarial, la propuesta del gobierno es excluyente porque elimina el escalafón y las categorías para el magisterio, mientras que exceptúa a las Fuerzas Armadas y a la Policía; algo ilógico, porque se habla de unificar a todos los servidores públicos”.

“Lo más grave del planteamiento”, para el abogado, “es la generación de despidos masivos. Es verdad que el proyecto menciona que será previo sumario, pero la principal causal para dejar sin efecto un contrato o un nombramiento es el despido, lo que significa que si la autoridad nominadora decide prescindir de los servicios de algún trabajador, éste deberá salir; con un agravante más: que sólo se le cancelará de los años cumplidos en la institución de la que fue despedido, sin reconocer la antigüedad o tiempo de trabajo en anteriores empresas públicas”.

En este mismo tema, la destitución, que es el despido para el servidor público, no será susceptible de una acción de amparo porque sus derechos se están vulnerando, o de una acción de protección por la destitución inconstitucional, puesto que así lo manifiesta expresamente esta norma.

En lo sindical

Actualmente la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa ampara a 54 mil empleados, con la aplicación de la nueva norma se regirá a alrededor de 380 mil, la mayoría de ellos que migran del Código Laboral a la Ley del Servicio Público; de los trabajadores sindicalizados no se conoce cómo se realizará la migración en términos remunerativos, si se reconocerán o no los derechos adquiridos.
Para Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos (FEDESEP), “este proyecto posee múltiples inconstitucionalidades, como son: trastocar el derecho que tienen los adultos mayores, contemplado en la Constitución, para acceder a puestos de trabajo dignos y que se aplique la jubilación forzosa; coarta la posibilidad de acciones jurídicas en defensa de los trabajadores; quien no haya ingresado mediante concurso de méritos y oposición será considerado de libre remoción. Y a reglón seguido se plantea que a los que cumplan cuatro años con contrato se les otorgará nombramiento sin concurso regular, una evidente contradicción”.

Mediante esta propuesta, serán el Ministerio de Finanzas y el de Relaciones Laborales, o la Secretaría Nacional de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público (SENRES), quienes determinen la variación del porcentaje de aportación de los servidores públicos al IESS, cuando eso es prerrogativa del IESS; también pretende que el Ministerio de Relaciones Laborales y sus pronunciamientos tengan el carácter de obligatorios y vinculantes; elimina la autonomía de las entidades estatales, esto es la reestructura, ingreso y salida de personal de cada institución.

En este proyecto se incluye la derogatoria de las pensiones vitalicias entregadas a ecuatorianos que han sobresalido en distintos ámbitos, a pesar de que no tienen ninguna relación con el sector público se los incluye en dicha normativa.

“La aplicación de la normativa, conduce inevitablemente a la unidad de las organizaciones sindicalizadas, para la defensa de los derechos laborales”, finalizó el sindicalista.

Hasta el cierre de edición, conocimos que la Comisión de lo Laboral de la Asamblea, ha tomado en cuenta algunas sugerencias de asambleístas así como de varias organizaciones sindicales, y su primer debate será antes del 24 de octubre.

La aprobación de la Ley Orgánica de Servicio Público por parte de la Asamblea Nacional, de hacerlo así, sería una grave equivocación histórica, demostrando retroceso en el respeto a los derechos de los trabajadores y en especial al magisterio nacional.
 
Conocido es por todos que desde el año 1990 el Magisterio Nacional está amparado en la Ley de Carrera Docente y Escalafón, que regula la relación laboral y reconoce derechos y obligaciones.
 
En el ámbito de la remuneración, reconoce 10 categorías, más siete adicionales, que lamentablemente, no se toman en cuenta para la jubilación, a partir de la décima. Sin embargo, da lugar a una elevación salarial de acuerdo a los años de servicio, títulos docentes, cursos realizados y otros. Una de las grandes conquistas de la Ley de Carrera Docente es el pago por antigüedad, que reconoce el esfuerzo realizado durante la vida, la entrega en el trabajo en las aulas, sin embargo, la Ley Orgánica de Servicio Público, desconoce los componentes salariales del magisterio y niega el pago por antigüedad.
 
Hay un discurso engañoso que cala en el cerebro de algunos confundidos maestros. "Que nos van a homologar el sueldo, que se trata de unificar los sueldos" . Tratándose de homologación, diríamos con quién nos van a homologar. Por que tal homologación no se dio con los servidores públicos anteriormente, se pagó en un solo rubro los componentes salariales, menos la antigüedad, esa acción fue unificación.
 
Pero no se trata solo de lo que dice el Art. 77 de la mencionada Ley. Hay una serie de desconocimientos y atropellos, como lo indicado en el Art. 18, referido a los deberes de los servidores públicos - porque según esta Ley, Art. 6 somos servidores públicos, ratificados con el estocaso del Proyecto de Ley de Educación del Ministerio de Educación, que deroga la Ley de Carrera Docente en su totalidad en la disposición final- y se refiere a que el magsisterio no cumple con la jornada obligatoria de 8 horas diarias efectivas, 40 horas semanales efectivas de trabajo, desconociendo la labor docente fuera del aula en investigación, estudio, revisión de trabajos, calificación de exámenes y otros.
 
Para completar, el Art 22 del Proyecto refiere que debe haber una remuneración diferenciada por trabajar menos tiempo en las aulas de lo que exige la Ley de Servicio Público.
 
Los Art 19 y 55 establecen un sometimiento a período de prueba, incompatible con la necesidad de continuidad del proceso educativo, recogido en la garantía de entregar un nombramiento definitivo. Además, en el 19 se cuestionan las vacaciones obligadas que los docentes tenemos por la organización de los períodos escolares, y se complementa con el Art. 28, en el cual se determina que los permisos serán imputables a las vacaciones. ¿Qué hacemos los maestros con la escuela o el colegio cerrado para pagar los permisos? ¿Cuál es la forma de descontar? ¿ Es o no previsible un descuento económico de las vacaciones?
 
Según el Art 53, se excluye de la Ley de Servicio Público a los directivos y docentes. Pero según la Ley de Educación se deroga la Ley de Carrera Docente. ¿Cómo quedamos los maestros? Sin ninguna ley que nos ampare, como simples destajeros, sujetos a ser contratados a capricho de los nuevos jeques que se levantan con la revolución ciudadana.
 
La aplicación de reformas neoliberales al trabajo docente se expresa mucho más, cuando en el Art 64 se establece la entrega de premios especiales de acuerdo a "la productividad y del rendimiento del desempeño del puesto, para el cumplimiento de los objetivos y metas cuantificables en la consecución de productos, ventas o niveles de control.."  Cómo demostraremos los objetivos en metas cuantificables en la consecución de productos con estudiantes que carecen de las mínimas condiciones económicas, sin salud, con alto grado de desnutrición, relegados a la ausencia de sus progenitores que huyeron de la pobreza de nuestro país?
 
Leyes. Leyes. Leyes que contradicen en su escencia, con lenguajes sobreentendidos, lo que ganamos en la Constitución. Esta es una de las razones fuertes de la lucha del Magisterio. Rechazar la contratación por horas o por períodos lectivos. Exigir nombramientos con estabilidad para los trabajadores y respetar nuestra Ley de Carrera Docente.

Guillermina (nombre cambiado) es maestra de la escuela Humberto Vacas Gómez hace 32 años. Todas las mañanas despierta a las 06h00 para atender a sus tres hijos y a su esposo. Prepara el desayuno para todos y a las 07h00 sale en el vehículo de su esposo para iniciar clases a las 07h30. En el 7mo año tiene 42 alumnos y, a pesar de que el aula es pequeña, se alegra y con cierta resignación dice que eso es bueno porque “el año anterior tenía 47 estudiantes, eso era más duro”. A las 12h30 termina clases, pero no su trabajo, porque empieza su rol como madre: prepara la comida, limpia su casa y atiende su hogar.

Según Marcela, su hija de 16 años, por la tarde prepara clases: “se pasa leyendo, recortando artículos y buscando materiales didácticos. Generalmente se acuesta pasadas las 11 ó 12 de la noche”.       

Hace una semana, la rutina de esta maestra ha cambiado. Sale a la misma hora, pero ahora se dirige a apoyar el paro de la UNE, igual que el 80% de maestros a nivel nacional. Mientras habla con la mayor solemnidad posible, se acomoda los lentes y busca la manera más didáctica de explicarnos por qué ha plegado al paro.

“Antes que meterles una gran cantidad de información en la cabeza a los alumnos, nuestro objetivo es formar personas conscientes, con autoestima, con capacidad de pensar y resolver problemas, por eso este paro se llama de la dignidad. Ante los atropellos del presidente de la República, Rafael Correa, no es posible que el magisterio se quede callado. Debemos enseñar a nuestros estudiantes a tener dignidad y luchar contra el tirano”, afirma Guillermina y sus tres compañeras maestras asienten.

Correa lleva a cabo una serie de reformas que atentan contra los principios básicos como la salud, el agua, la vida, la soberanía alimentaria (Ley Minera, Ley de Aguas); contra la educación pública (Ley de Educación); contra el laicismo (Decreto 1780); contra los derechos laborales (Decreto 1701); y lleva adelante una confrontación personal contra los educadores a través de diferentes medidas. “Y que arremeta contra nuestros derechos reconocidos constitucionalmente, no lo podemos permitir”, asegura con vehemencia esta maestra.

Una de las reformas que atentan directamente contra los educadores es la Ley de Servicio Público, que en su Art. 17 dice: “Deróguese el capítulo III, del Título IV de la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, publicada en el Registro Oficial Nº 501 […], donde se derogan exclusivamente las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con el régimen de remuneraciones y todo lo que se contraponga a la presente ley”. Para ilustrarlo, explica Guillermina: “un maestro de 9na categoría en el sector urbano, con 20 años de servicio tiene como componentes de su salario: el sueldo básico, el funcional, la compensación pedagógica, antigüedad, bono de comisariato y compensación por costo de la vida. Con todo ello el sueldo de este maestro alcanza $568,37. De aprobarse la Ley de Servicio Público tal como la plantea Correa, este mismo maestro ganará $218, 77”.

Por eso es que la paralización de los maestros tiene diferentes causas: “no solo es porque se intenta aplicar una evaluación que viola el artículo 346 de la Constitución, sino que el objetivo del Gobierno es tener un magisterio sumiso a sus designios y simplemente eso no queremos. Y sucede lo mismo que con los gobiernos neoliberales: dicen que la educación está en crisis porque la UNE la paraliza, pero ¿por qué se la ha paralizado? Porque no se ha querido dar los suficientes recursos para la educación, porque han intentado privatizarla y hoy porque se quiere violar los derechos del sector educativo; entonces, ¿quién es el causante de la crisis?”, cuestiona la maestra con mucha seguridad.

A pesar de la firmeza de su discurso, el tono baja cuando se le pregunta qué siente cuando escucha al Presidente hablar de los educadores como mafiosos, corruptos, mediocres: “Siento mucho dolor, indignación. Nosotros votamos por él, no por su inteligencia o sonrisa, sino porque estaba con una propuesta de cambio que impulsamos los sectores de izquierda y con el cual seguimos ¡Qué pena que él (Correa) se aleje y prefiera la componenda con el PRE y se dedique a perseguir a los sectores populares!”

El compromiso de los maestros es por lograr una educación de calidad, contra la prepotencia y el autoritarismo, “nosotros luchamos a diario por formar seres humanos capaces de enfrentarse con éxito a la vida para el futuro. La escuela donde trabajo queda en un sector urbano, pero a ella asisten niños del sector rural. Nosotros tenemos que enseñar aun cuando a los 5 minutos de iniciadas las clases los niños empiezan a bostezar porque casi ninguno viene desayunando; tenemos que inventar nuevas metodologías porque hay padres que no han llegado a 7mo año y no pueden ayudarles con sus deberes; tenemos que trabajar con niños que no tienen padres, porque han migrado, hogares disfuncionales, baja autoestima y muchos otros factores que dificultan el aprendizaje”.    

A pesar de los insultos proferidos desde Carondelet, los maestros continuarán en sus caminos de lucha: “Pues es una forma de enseñar. Finalmente, Correa es solo el presidente, nosotros seguiremos siendo maestros”, asegura Guillermina, antes de salir con miles de maestros a una marcha en las calles.

Señor Presidente, como dice un alto dirigente de la CONAIE, “si en su tonto pensamiento”, Usted cree tener lavado el cerebro o imnotizado a toda la ciudadanía ecuatoriana con su famosa “revolución ciudadana”, está muy equivocado.

Como Asambleísta del Estado Plurinacional del Ecuador, pero sobre todo como una mujer indígena RECHAZO Y LE LLAMO LA ATENCION AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. Nosotros los indígenas nos merecemos respeto y no somos una burla para que Usted por el simple hecho de que nuestra gente culturalmente use el pelo largo sea considerado “pelucon”, al referirse al presidente de la CONAIE y “poncho dorado” al referirse al Presidente de la ECUARUNARI. Basta señor presidente de sus insultos a los pueblos indígenas.

La Constitución dice que “nadie podrá ser discriminado por razones de etnia,  identidad cultural, o condición socio-económica”. Señor Presidente, el término “ponchos dorados” apareció en el año 1998, como un termino despreciante y racista desde la oligarquía de la derecha, que como Usted pensaba que el “indígena” para que siga teniendo su condición de “indígena”, debe seguir siendo analfabeto, llucho pata, pordiosero, raquítico, borracho, sumiso, huasipunguero, pobre y empobrecido desde que nace hasta su muerte, pero jamás aceptaron que el indígena llegue a ser funcionario público, o como su actual Director de ECOARE que llegó por sus meritos a ser funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en Wahsington, esos puesto eran para la oligarquía como Usted, y  no para los que históricamente hemos sido excluidos. Por eso, cuando el indígena apareció trabajando en instancias públicas salió de la boca de un dueño de los “indios” de Chimborazo el Exdiputado “Guillermo Aro” el término peyorativo de “ponchos dorados”.

Señor Presidente, le reto a que me describa y haga una diferencia entre lo que es para Usted un “pelucón indígena y poncho dorado como Marlon Santi, o Humberto Cholango, a quienes se refirió el día sábado”, y los indígenas que colaboran con Usted: es el caso del Asambleísta indígena, y el otro indígena que por años ha trabajado en Washington en el BID, y que hoy le trajo al ECORAE. Cuál es la diferencia entre estos dos indígenas. Esta usted muy equivocado al pensar que el indígena que es servil del gobierno es bueno, el indígena que es crítico a su gobierno es pelucón y poncho dorado, si ese es el concepto, su definición y su pensamiento es muy pobre y repudiante. Y Peor todavía cuando según Usted, son pelucones los millonarios y los que  se han enriquecido en perjuicio del país, cómo debemos entonces calificar a la Familia Real de los Correas, que un solo hermano recibe en contratos del Estado mas de “Trescientos Millones de Dólares” en menos de dos años, eso que será, un PELUCON DE ORO O CORBATA DE ORO? Qué le bautizamos.

Finalmente me llama la atención, cómo estando cerca de él un Asambleísta indígena, que si bien es de la lista del gobierno, pero sobre toda las cosas es indígena, y no es capaz de pararle al Presidente cuando en su cara se burla de su situación de indígena y en cadena radial le dice “Mashi Pedro también tiene pinta de ser pelucón y poncho dorado… tienes barbas, robusto…”, y para el colmo se ríe. Yo me alegré cuando escuche que el Indígena Amazónico, Carlos Viteri, Director Ejecutivo de ECORAE, pidió tomar la palabra, y pensé con toda su personalidad él sí va a pedir respeto al Presidente, y nada. Qué vergüenza, que sumisos deben ser los indígenas para estar dentro del circulo de mascotas del gobierno, que tan bajo ha caído el autoestima de los indígenas para convertirse en mascotas de la revolución, y haberse convertidos en nuevos huasicamas del nuevo patrón Correa.

Si no tuviera que pedir permiso a la Asamblea Nacional, para enjuiciar al Presidente por Discriminación e Insulto a los Indígenas, por violar una norma constitucional y normas internacionales sobre la no discriminación a los pueblos indígenas, yo ya lo haría, lastimosamente esto del Fuero Presidencial, hace que se mofe y se burle no solo de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, sino también de las mujeres, de los periodistas, de los maestros, de los comerciantes, o sea de todos. Y no solo el Presidente, en la Asamblea Nacional también hay un Asambleísta que me gustaría enjuiciarle penalmente para que muestre las barbaridades que dice a pretexto de tener fuero, habla cualquier cosa e insulta a su puro estilo de una herencia política, que está enraizada en los politiqueros mediocres que con su discurso tratan de que la presente generación se olvide de lo titánicos que fueron para saquearse al país y tenernos en esta miseria y empobrecimiento, diplomáticamente hoy llamada crisis económica. Nos robaron y punto. Sinvergüenzas y hoy disque están apoyando a la revolución, quien les cree, SINVERGUENZAS.
 
Lourdes Tibán Guala

ASAMBLEISTA DEL ESTADO PLURINACIONAL DEL ECUADOR
SEGUNDA VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LEGISLATIVA
MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS COLECTIVOS, PLURINACIONAL E INTERCULRUALIDAD
MIEMBRO DE LA COMISION DE EDUCACIÓN