Si antes, operar el control remoto de la televisión no significaba mayor libertad de elegir entre un noticiero y otro, puesto que todos hablaban el mismo discurso y miraban con el mismo cristal, ahora cuando el Estado ha logrado el dominio de un buen número de canales de televisión, la cosa no parece cambiar. Es decir, sí cambió: ahora la oligarquía tradicional ya no domina esos noticieros sola, comparte honores con el gobierno, pero en lo que no cambian las cosas es que los pueblos siguen sin estar en esos medios, no solo como protagonistas de la lógica sensacionalista del mercado informativo, sino como actores de la marcha del país, como creadores de la riqueza, como constructores de la identidad nacional, como generadores del cambio.

¿Medios públicos? No, para el gobierno Radio Pública, Ecuador TV, Gama TV, TC Televisión, y diario El Telégrafo son medios para el público. Cumplen ahora un papel clave dentro de la nueva estrategia comunicacional diseñada por Vinicio Alvarado: tratan de construir una realidad adaptada a los requerimientos de la denominada “revolución ciudadana”, pretenden legitimar los actos y omisiones del régimen, tratan de imponer un discurso periodístico propio, poco innovador, pero altamente politizado.

Carlos Ochoa, el ‘Ortíz’ gobiernista

Nunca estuvo en las pesadillas de nadie que el odioso y ultraconservador conductor del segmento de entrevistas de Teleamazonas, Jorge Ortíz, fuera clonado. Con uno siempre ha sido molesto vivir, pero con dos… ¡imposible! Lamentablemente la pesadilla se cumplió, y ahora, en Gama TV, cada mañana vemos a esa burda copia personificada en Carlos Ochoa, periodista que saltó a la fama en Ecuavisa, donde luego de haber tenido que desplazarse hacia Cuenca, tuvo que cumplir las nada estelares funciones de corresponsal. Su salto fue sorprendente cuando de pronto se lo vio en Ecuador TV, dirigiendo la parte informativa; ahí fue asumiendo una posición política color verde limón, con la que poco a poco fue ganando la confianza de los goebels de Carondelet, e hizo que lo ubicaran como conductor de entrevistas de Gama TV. Si antes, cuando estaba en Ecuavisa, era de los pocos periodistas que podían rescatarse como democráticos, hoy es uno de los que hay que condenar como alfombras del poder, como quintacolumnas de la tendencia de cambio. Su espacio de entrevistas es casi exclusivamente para funcionarios del régimen. Todos los ministros han pasado por ahí. Su agenda de invitados jamás contendrá a dirigentes populares que, con argumentos, puedan confrontarlo y desbaratar su mediocre comprensión de la política.

El Telégrafo, el nuevo “registro oficial” del régimen

Una prueba incontestable de la manipulación que este medio de comunicación hace de la información es la portada del viernes 18 de septiembre, en la que, sin fotografía, titula como nota principal: “Presión de la UNE al gobierno fracasa”, y en el sumario sostiene: “Sin acogida las marchas que convocó el gremio…” La pregunta es: ¿qué país vieron ese día los editores de ese periódico? La mayoría de diarios del país reportó gráficamente la dimensión de la movilización de los maestros a nivel nacional, sobre todo en Quito, Guayaquil y Cuenca.

Con excepción de ciertos articulistas democráticos y honestos que analizan con profundidad y veracidad los hechos, y de varios periodistas con las mismas condiciones, el periódico está dirigido por el gobierno y a ello debe responder su comportamiento editorial.

De TC televisión no hay cómo decir nada diferente, así como tampoco de la radio pública. Pero el otro aspecto de la estrategia comunicacional del gobierno tiene que ver con la utilización abusiva, en exceso, de las cadenas nacionales de radio y televisión, en las que se presentan de manera casi inmediata, las respuestas políticas del régimen a sus adversarios políticos. Evidentemente han cometido graves errores en ese esfuerzo de ser inmediatos: un ejemplo son las burdas calumnias que vertieron contra el presidente de la Federación de Estudiantes universitarios del Ecuador (FEUE), Marcelo Rivera, acusándolo de que no es estudiante y de que es un mediocre, cuando Rivera acaba de graduarse como uno de los mejores estudiantes de su facultad y con el más alto puntaje de grado.

Las cadenas, los enlaces semanales, el control de los medios públicos y estatales (no oficializados como públicos), la multimillonaria publicidad oficial, le dan al gobierno un arsenal de armas simbólicas comparable al que antes tenía la oligarquía; y lo utiliza en el mismo sentido: para engañar, para estigmatizar, para insultar, para confundir y desinformar a los ecuatorianos. La mentira, prepotencia y tozudez que demuestra el presidente Correa y su gobierno, también se expresan en la línea comunicacional: no ha sucedido lo que Ecuador TV ofrecía cuando apareció: darle la cámara a los trabajadores y los pueblos, ésta sigue estando en los acartonados presentadores que hacen todo el esfuerzo para parecerse a los medios privados y para  alejarse cada vez más del campo, los barrios populares, las comunidades. Es que “la revolución ciudadana está en marcha”…  (FF)

La polémica sobre la Ley de Comunicación ha permitido que el debate sobre algunos supuestos deontológicos en los que se sustenta la práctica del periodismo y la comunicación masiva en el Ecuador, salga de las aulas universitarias y se ubique en la arena política. Pero, sobre todo, ha puesto en evidencia que lo que está en el fondo es una disputa por el poder, entre los grandes grupos económicos propietarios de medios, el gobierno, y la tendencia de cambio que pugna por una democratización de este derecho.

Actualmente se tramitan tres proyectos al interior de la Comisión especial que se formó para tramitar la ley: el proyecto presentado por César Montúfar, el que presentó Rolando Panchana y el del Foro de la Comunicación, auspiciado por el bloque de Pachakutik. Solo este último contiene una disposición expresa en torno a la distribución de frecuencias, que es quizá la clave detrás de todo este proceso; en el artículo 87 se sostiene: “La asignación de frecuencias del espectro radioeléctrico se distribuirá de la siguiente manera: el 33,3% para estaciones de radio y televisión públicas; el 33,3% para estaciones de radio y televisión privadas; y el 33,3% para estaciones de radio y televisión comunitarias”.

Y dispone un mecanismo progresivo para lograrlo; primero se asignarían las frecuencias todavía disponibles, luego las que fueran revertidas al Estado por haberse comprobado su obtención ilegal, luego por la no renovación de aquellas concesiones que incumplan con los criterios con los que fueron concedidas, y finalmente por la devolución voluntaria de frecuencias.

Como podemos ver, esta disposición es un avance respecto a lo que ha significado hasta ahora la concesión de frecuencias en el Ecuador, sin embargo, la normativa podría ser más profunda y justa. Al establecer proporciones iguales para los tres tipos de medios que la Constitución determina (públicos, privados y comunitarios), en los hechos se reproduciría una inequidad típica de la vieja democracia: los pueblos, las masas de trabajadores, campesinos, indígenas, maestros, estudiantes, comerciantes minoristas, etc., que tendrían la posibilidad de crear medios comunitarios, y que son la mayoría frente al puñado de monopolios del sector privado, seguirían siendo tratados como si fueran una minoría, o por lo menos como si representaran lo mismo que las cinco o diez familias que históricamente han dominado el país. Tampoco es posible asumir que los medios públicos correspondan del todo a la necesidad de democratizar la comunicación, al menos no de acuerdo a cómo el proyecto que analizamos define a este tipo de medios.

Según el artículo 29, la administración de los medios públicos estaría a cargo de una Coordinadora de Medios Públicos, integrada por nueve miembros, de los cuales tres son del Estado, dos de profesionales vinculados a la comunicación, y apenas tres de otros sectores: uno de organizaciones de niñas, niños y adolescentes, un representante de la ciudadanía y uno por las nacionalidades y pueblos. Las organizaciones populares quedan, una vez más, como históricamente ha ocurrido, excluidas de la posibilidad de comunicar masivamente sus propuestas, sus acciones, sus visiones. Porque es obvio que cuando se habla de un  representante por “la ciudadanía”, la trampa de los concursos de méritos y oposición, de carpetas llenas de títulos y saneadas de antecedentes “político-corporativos” volvería a hacerse presente; y cuando se habla de solo un representante de las nacionalidades y pueblos, queda claro que se ubicaría a este sector, una vez más, como una pieza decorativa, sin capacidad real de decidir, puesto que no estaría junto a las organizaciones que, como hoy, han luchado siempre por sus derechos y conquistas.

Desde el lado del gobierno todo está claro: entregar las frecuencias a sus agnados y cognados, y mantener medios público-gobiernistas.

La nueva institucionalidad encubre la reproducción de la inequidad

Tal como ocurre en la definición de la administración de los medios públicos, en los proyectos se propone un sistema institucional para la rectoría y/o control de la comunicación, y ahí está otro de los principales nudos críticos del debate político.

Para Montúfar lo que podría aceptarse es la creación de veedurías ciudadanas, que “emitan criterios indicativos no vinculantes sobre la calidad, forma y contenidos del proceso comunicacional”. En ese sentido crea un Consejo de Protección de los Derechos de la Comunicación, al cual entrega funciones consultivas, sin calidad legal ni política de iniciar acciones directas o sancionadoras contra los medios o los periodistas. Montúfar, en síntesis, cree que lo único que debe ser sometido a control es lo que digan o hagan los medios públicos, y de ninguna manera los medios privados. Para la derecha, y los grandes medios en especial, Montúfar es su voz en medio del debate, aunque para ellos, “la mejor manera de garantizar la libertad de expresión es sin ley”.

En la “ley Panchana”, que ha sido amplia y agriamente discutida en los grandes medios, la instancia rectora de la comunicación es un Consejo de Comunicación con dominio mayoritario del régimen, lo cual ha tratado de ser desvirtuado sin mayor éxito. La propuesta de Panchana entró a la escena como una especie de bujía predestinada a fundirse, en vista de que todos la critican y la rechazan, pero, en última instancia, ha permitido introducir como inevitable la presencia del gobierno en las instancias controladoras y rectoras de la comunicación.

Esto lo decimos porque en el proyecto del Foro también se crea una institucionalidad que en el fondo deja el control último en el Gobierno. Este proyecto le da al Ministerio de Comunicación un suprapoder, mientras que crea un Consejo de Comunicación simplemente como una instancia consultiva cuyas decisiones y opiniones no son vinculantes.

En el artículo 8 del proyecto del Foro se establecen las competencias del Ministerio, y entre las más importantes están: “aprobar el Plan Nacional de Comunicación, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Distribución de Frecuencias…”, “Ejecutar la concesión de frecuencias para el funcionamiento de medios de comunicación privados y comunitarios, con base en el informe que presenta el Consejo Social de Comunicación”; “aprobar el Plan Nacional de Distribución y Control de Frecuencias del espectro radioeléctrico…”; y, “establecer los mecanismos para el acceso a la información por parte de toda la población ecuatoriana, de conformidad con la Constitución y las leyes”. Mientras que el Consejo Social de Comunicación tiene como funciones simplemente: “participar en la elaboración de las políticas públicas, del Plan Nacional de Comunicación, y del Plan Nacional de Distribución de Frecuencias”. Aunque en su integración es un Consejo mucho más democrático que los planteados por Panchana y por Montúfar, es un organismo que tiene como finalidad, simplemente “velar y contribuir al ejercicio pleno de la comunicación y de la libertad de expresión”. Es decir, será un Consejo que busque ser escuchado por el Ministerio, es decir por el Presidente de la República, pero no tiene la autoridad rectora sobre la comunicación.

Éstas, entre otras cosas, son las limitaciones y peligros de los proyectos presentados y que, valga decir, no contaron (ni siquiera el del Foro de la Comunicación) con una participación amplia de los pueblos (no solo de ciertos círculos de comunicadores). En todo caso, la lucha por la democratización real de la comunicación seguirá planteada.