| Ecologistas
en Acción de Castilla - La Mancha, 30 de Junio de 2.000 En 1.994 fruto del trabajo conjunto y el
consenso alcanzado entre la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente, asociaciones ecologistas y otras muchas
entidades públicas y privadas se elaboró el Plan de
Conservación del Medio Natural de Castilla-La Mancha.
Aprobado su contenido por el Consejo de Gobierno y por
las Cortes Regionales, el Plan dio lugar a la firma del
Pacto por la Conservación del Medio Natural entre la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y las
entidades que lo desearan. Entre las entidades firmantes
se encuentran diversas asociaciones ecologistas.
El Pacto incorpora un compromiso
explícito de ejecución del Plan por parte de la
Administración Regional, la creación de un órgano
conjunto de seguimiento y el acuerdo de las partes de
divulgar y favorecer la puesta en práctica del mismo.
Seis años después de su firma los
grupos ecologistas que suscribimos el Pacto consideramos
que no tiene sentido su mantenimiento y, por lo tanto,
manifestamos nuestra desvinculación del mismo. Tal
postura se basa en tres cuestiones fundamentales.
La primera, el significativo
incumplimiento de los objetivos del Plan, que
han llevado a la política de conservación del medio
natural a una situación de retraso y abandono en
relación a otras políticas sectoriales y que lo han
conducido a un plano marginal dentro de las prioridades
de actuación del Gobierno de Castilla-La Mancha. La
segunda, la creciente proliferación de
actuaciones del Gobierno Regional que, al margen
del medio ambiente, vienen poniendo en grave
riesgo la conservación y ordenado aprovechamiento del
patrimonio natural de la Castilla-La Mancha. La
tercera, la evidente falta de voluntad y de
interés por corregir los males estructurales
que aquejan a nuestra Administración ambiental, esto es
la falta de personal capacitado y la dotación de medios
personales, materiales y económicos.
Hay que significar que la decisión
tomada por los grupos ecologistas ha sido ampliamente
estudiada y debatida, tanto internamente como con otros
interlocutores. En particular, con el Gobierno Regional,
desde que hace ahora un año que se pidió una entrevista
con el Presidente Bono para tratar este y otros temas, se
han realizado entrevistas y sucedido multitud de escritos
e informes que se han hecho llegar a la Presidencia de la
Junta, a los Consejeros de Agricultura y Medio Ambiente,
Obras Públicas, Economía y Hacienda y Administraciones
Públicas, así como, a Delegados Provinciales,
Directores Generales y Jefes de Servicio.
Para justificar pormenorizadamente
nuestra decisión se han elaborado dos informes. El
primero, es una evaluación del Plan de Conservación del
Medio Natural cerrada a diciembre de 1.999 y el segundo
una relación de situaciones que vienen a demostrar la
negativa política ambiental del Gobierno Regional.
Finalmente, como propuestas para
reorientar la situación ambiental en la Región, se
acompaña un conjunto de sugerencias que realizamos para su toma en
consideración por las instancias oportunas y que ya fue
remitida en su momento a los responsables del Gobierno
Regional.
| 1- INFORME
DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONSERVACIÓN DEL
MEDIO NATURAL DE CASTILLA-LA MANCHA |
En 1.994, a partir de una propuesta de la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, tras
largas jornadas de debate y búsqueda de
consensos se aprobó el Plan de Conservación del
Medio Natural de Castilla-La Mancha. El apoyo y
el compromiso de colaborar en su ejecución y
seguimiento quedó plasmado en un Pacto que
suscribimos, entre otras, un buen número de
organizaciones ecologistas. El Plan pretendía establecer una
nueva política de conservación y gestión de
los recursos naturales basada en el respeto de
los valores naturales, de la biodiversidad y en
la aplicación práctica de principios de
desarrollo sostenible. Para ello, a través del
compromiso de una importante inversión, se
pretendían dinamizar los recursos económicos,
humanos y materiales, que hicieran realidad los
objetivos planteados.
A día de hoy, tras
cumplirse los seis años de vigencia del Plan,
hemos de señalar, no sin mostrar desencanto y
frustración, que desde la perspectiva ecologista
el balance es bastante más negativo del
deseable. Sin duda, se han alcanzado algunos
logros puntuales, pero es más cierto que los
incumplimientos de lo pactado afectan a la raíz
misma del Plan, a líneas de actuación de cuya
ejecución dependía la credibilidad del
compromiso. Entre ellas hay que destacar las
centradas en la ordenación y protección de
espacios naturales, en la conservación de
especies protegidas, en la gestión forestal, en
la gestión cinegética y en la educación
ambiental.
Por otra parte, resulta
particularmente lamentable que desde actuaciones
contempladas en el propio Plan y que han
absorbido la mayor parte de sus recursos
económicos se haya estado atentando sistemática
y ampliamente contra los principios básicos del
mismo o que, simplemente, se hayan invertido
miles de millones de pesetas en determinadas
actuaciones sin obtener ningún resultado. En la
primera situación podemos incluir destacadamente
lo acontecido con el programa de ayudas a la
reforestación de tierras agrarias, y en la
segunda el programa de ayudas para la
recuperación de los acuíferos 23 y 24.
A lo largo del desarrollo
del Plan, se ha podido comprobar con impotencia
como los buenos deseos se han topado
constantemente contra la endémica falta de
medios humanos, materiales y económicos, y, lo
que es peor, con la escasa disposición, cuando
no con la abierta animadversión, de muchos de
los responsables que desde la Administración
regional debían haber puesto en práctica las
actuaciones del Plan sobre el terreno.
Tampoco le es ajeno a esta
negativa valoración que hacemos del Plan, la
constatación de que, frente a lo poco que se
avanza en políticas activas de medio ambiente,
crece un empeño desmedido del Gobierno Regional
por fomentar proyectos desarrollistas alejados de
los más elementales principios de protección y
prevención ambiental.
Por último, hay que
denunciar el mal funcionamiento de la mesa de
seguimiento, que se ha reunido en pocas
ocasiones, con poca regularidad y con escasa
participación de otros interlocutores distintos
de la propia Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente y de las asociaciones ecologistas.
Todavía, se está a la espera del cumplimiento
del compromiso adquirido en la última reunión
celebrada a finales de 1.999 por la Consejería
en el sentido de revisar el Plan y presentar las
actuaciones para este año y los venideros.
En esta situación
entendemos que hay que acabar dando la razón a
aquellos otros compañeros que en su día no
confiaron en el Pacto, no por lo que en él
estaba escrito, sino por que consideraron que la
voluntad del Gobierno Regional de ponerlo en
práctica no era sincera.
A continuación se presenta
en forma de tabla una lista de los
incumplimientos concretos que ha sufrido el Plan
de Conservación actuaciones y que consideramos
más determinantes.
Aspectos clave que
determinan el incumplimiento del Plan
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| 2- INFORME
DE DEFICIENCIAS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL DEL
GOBIERNO DE CASTILLA-LA MANCHA |
Desde la
Administración Regional se ha insistido en la
idea del medio ambiente como de una política
transversal que, además de disponer de sus
competencias específicas, debiera impregnar el
resto de políticas sectoriales de una mayor
sensibilidad a la hora de tomar decisiones. En
este sentido, se ha planteado que en Castilla-La
Mancha el medio ambiente no debe ser objeto sólo
de defensa y protección, sino que puede y debe
jugar un papel fundamental en el desarrollo y en
la mejora de la calidad de vida en la Región.
La no puesta
en práctica de estos principios ha resultado con
el devenir de los Gobiernos en el gran fracaso de
la política ambiental en Castilla-La Mancha.
Lejos de conseguir una mayor preponderancia de
los factores ambientales en el planteamiento de
las actuaciones de la Junta, cada vez han sido
más los casos en los que los conflictos
medioambientales se han resuelto a favor de los
intereses políticos y económicos. Asuntos
relacionados con el agua, la agricultura, las
infraestructuras, el urbanismo, los presupuestos,
el funcionariado, la minería, el transporte o la
energía se han resuelto habitualmente en
detrimento del medio ambiente, sin atender
posibles alternativas ni las necesidades
medioambientales.
Ha habido
diálogo y no ha faltado legislación, pero lo
que se ha echado de menos es una verdadera
voluntad de poner al medio ambiente en el lugar
que le corresponde y de creerse de una vez las
posibilidades inmensas que existen de llevar a la
práctica un desarrollo armónico y sostenible de
la Región.
En este
sentido, los grupos ecologistas valoramos que la
situación ambiental en Castilla-La Mancha está
atravesando en los últimos años por un periodo
crítico, en el que el riquísimo patrimonio
natural y la relativamente buena calidad
ambiental de que disfrutamos están sufriendo un
notable deterioro.
Entre las
causas de esta mala situación ambiental destaca
el papel de los gobiernos de la Junta en estas
últimas legislaturas y en particular de su
máximo dirigente, que han ido frustrando una a
una todas las buenas expectativas que haya podido
ir generando con su política de gestos en favor
del medio ambiente. Desgraciadamente esta forma
de actuar, que se está viendo refrendada por las
decisiones del día a día, ha llevado a una
desatención preocupante del medio ambiente
regional que se ve plasmada, entre otros, en
hechos tan evidentes como los que se han resumido
en los siguientes 10 puntos.
1-
Mantenimiento de una Administración Ambiental
condicionada dentro de la Consejería actual a
los intereses agrícolas, forestales y
cinegéticos. Dentro de lo que es conservación
del medio natural, resulta especialmente chocante
que Castilla-La Mancha sea una de las pocas
Comunidades Autónomas que mantiene vigente la
estructura y mentalidad del antiguo ICONA.
2-Supeditación
del medio ambiente a los intereses económicos o
políticos de otros sectores y que se ve
refrendada por el constante apoyo que por parte
de la Junta reciben proyectos de gran impacto
ambiental, algunos de los cuales, llegan a
recibir la Declaración de Interés Regional y,
con ello, ven facilitada su tramitación en medio
ambiente.
3- Endémica
falta de presupuestos, personal técnico y de
vigilancia y de equipos multidisciplinares
destinados al medio ambiente dentro de la
Administración Regional y que la sitúan en el
furgón de cola del conjunto de las autonomías,
4-
Incumplimiento manifiesto del Plan de
Conservación del Medio Natural, y de otros
acuerdos de trasfondo político, el más
reciente, las mejoras pactadas en el programa
electoral del PSOE en las últimas elecciones
autonómicas. Cuando existe la posibilidad de
realizar un gran avance en materia de medio
ambiente, por ejemplo puesta en práctica de la
Red Natura 2.000, surgen siempre las dudas y los
retrasos.
5- Inoperancia
de los órganos de participación ambiental
especialmente del Consejo Asesor de Medio
Ambiente y falta de acceso de las organizaciones
ecologistas a órganos de participación
sectoriales como puedan ser los relacionados con
agricultura y urbanismo.
6- Colapso de
las Direcciones Generales de Medio Natural y de
Calidad Ambiental y, sobre todo, de las
Delegaciones Provinciales que lleva a la
desatención al ciudadano, al retraso de los
expedientes y a ignorar las denuncias que se
presentan,
7- Carencia de
planes estratégicos regionales con
participación ciudadana y que integren realmente
desarrollo y medio ambiente, en particular, de
los que podían tener por objeto el desarrollo
rural, la energía o el transporte.
8- Apoyo a
actividades y proyectos contrarios a un
planteamiento racional e integrador del
desarrollo en la región y con fuerte impacto
medioambiental (por ejemplo, Plan de Carreteras,
PDR, Planes Hidrológicos, Plan de Regadíos,
Tren de Alta Velocidad Madrid-Valencia,
Aeropuerto de Ciudad Real, Trasvase a la Llanura
Manchega, urbanizaciones y parques de ocio de
Ciudad Real y Toledo, campos de golf,
intensificación cinegética, explotaciones
mineras, etc.)
9- Creciente
falta de trasparencia en la tramitación de
expedientes y en el suministro de información
ambiental a los ciudadanos y entidades
interesados en la defensa del medio ambiente.
10- Escasa
participación e implicación de los servicios
jurídicos de la Junta en la persecución de los
delitos y actos contra el medio ambiente.
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