¿Qué hacemos con las trabajadoras sexuales?

Los modelos de legalización de Holanda y Nueva Zelanda y el abolicionista de Suecia y Noruega tienen fallos y ventajas, y una cosa en común: el estigma de las prostitutas permanece

Eva Ferreras 17-10-2018 CTXT

La Toilette. HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC

El debate sobre prostitución comporta una extraordinaria polarización dentro del feminismo, como ha quedado de manifiesto con la polémica desatada tras el registro del sindicato OTRAS. Para analizar las implicaciones de los diferentes marcos legales sobre prostitución, en este reportaje se analizan tres países que habitualmente se toman como ejemplo de los diferentes modelos: Holanda, Nueva Zelanda y Suecia.

Fuente: John B123 vía Wikipedia

Existe una importante falta de referencias a fuentes y datos fiables –las cifras sobre esta cuestión son muy variables de una fuente a otra–, lo que conlleva una distorsión de la discusión. Ocurre, por ejemplo, con los datos relativos a la trata de personas con fines de explotación sexual. Mientras que numerosos estudios alegan que la regulación provoca un aumento de la trata, otros tantos afirman que este es el precisamente el efecto provocado por los sistemas abolicionistas. Amnistía Internacional, por su parte, considera que ninguna de las cifras existentes pueden considerarse fiables debido a la dificultad de su contabilización.

La legalización en los casos de Holanda y Nueva Zelanda

Aunque en ambos países es legal la prostitución, fuentes expertas insisten en diferenciar entre los modelos legalistas (Holanda o Alemania) y el de Nueva Zelanda, que consideran despenalizador. El gobierno holandés estableció en el año 2000 una situación de completa legalidad para la prostitución, lo que, para el gobierno, formaba parte de un enfoque pragmático a las temáticas sociales. Por su parte, el gobierno de Nueva Zelanda argumentó que la Ley de Reforma de la Prostitución (LRP) de 2003 fue una transición desde un enfoque moralista a otro que pone en primer plano la salud y los Derechos Humanos. Paralelamente a estas leyes, en ambos países se introdujeron nuevos artículos en el Código Penal para hacer punibles todas las formas de explotación en la prostitución.

La industria sexual en Holanda está regida por la misma ley que el resto de mercados laborales, con los mismos derechos y obligaciones (aunque hasta el 2011 el Gobierno no recaudó impuestos a las prostitutas), y la edad legal para ejercer son 21 años. En Nueva Zelanda, que fijó la edad legal en 18 años, la prostitución está reconocida como trabajo por el Ministerio de Trabajo, aunque éste no puede promocionar el empleo en el sector de la prostitución ni sugerir a nadie que se introduzca en él.

Un aspecto común de las legislaciones de Holanda y Nueva Zelanda es que dotaron a las municipalidades de poder para diseñar políticas complementarias relativas a la prostitución. Fruto de esta diferenciación entre zonas, este artículo de El País de 2002 señalaba que en Holanda se produjo un desplazamiento de la prostitución hacia las zonas con legalidad más laxa, algo que un informe oficial atribuyó al desinterés administrativo. Las incoherencias entre diferentes niveles de restricción en Nueva Zelanda también fueron señaladas por el informe realizado por el Comité de Revisión de la Ley de Prostitución (CRLP) cinco años después de la entrada en vigor de la ley.

La actividad sexual en Holanda debe desarrollarse en clubes, escaparates, casas privadas o agencias deescorts, normalmente a través de un sistema de licencias. Como explica Catherine Murphy, asesora en Igualdad de Género en Amnistía Internacional, en países como Holanda o Alemania las exigencias para conseguir estas licencias hacen muy difícil a las trabajadoras sexuales operar de forma independiente respecto de los propietarios de burdeles. Este es el motivo, según Murphy, de que en Alemania proliferasen durante los primeros años los “megaburdeles”. Además, en una página dependiente del Gobierno se especifica que muchos propietarios de burdeles no contratan formalmente a las prostitutas bajo el argumento de que solo ofrecen un soporte a los servicios que las prostitutas dan por sí mismas. Por el contrario, la legislación de Nueva Zelanda sí facilita la autoorganización de las prostitutas, aunque solo hasta cuatro trabajadoras pueden operar juntas sin necesidad de obtener un certificado. No obstante, para dirigir un negocio en el que trabajan más de cuatro personas, en Nueva Zelanda se observa el mismo problema de la exigencia de licencias.

La ley holandesa se ha modificado con el tiempo para intentar paliar los abusos que se estaban cometiendo en la industria sexual. El exalcalde de Amsterdam, Job Cohen, alertó de que la legalización no había tenido el efecto deseado: dos años después de la legalización, solo 921 de las cerca de 30.000 prostitutas habían legalizado su actividad, y en la esfera ilegal continuaban dándose situaciones de trata y explotación; aunque el dato sea antiguo, supone un buen reflejo de las implicaciones que la ley tuvo a corto plazo. Como consecuencia de las posteriores modificaciones, el pasado año se abrió en Ámsterdam un “burdel municipal” (conocido así por la implicación que el Ayuntamiento tuvo en las negociaciones) dirigido por prostitutas de la Fundación My Red Light.

Identificación

De la misma forma, también ha habido restricciones posteriores en Alemania: tras el aumento de prácticas como la “tarifa plana de sexo” –el cliente paga una entrada y puede tener todo el sexo que quiera–, en julio de 2017 entró en vigor una ley que prohibía modelos que “atentaran contra la dignidad humana”. En esta misma ley se recogía la obligación de llevar un documento de identificación. Sobre estas cuestiones que atañen a la protección de la privacidad, como los sistemas de obtención de licencias, se han pronunciado duramente diferentes organizaciones en defensa de los Derechos Humanos. En Holanda, las prostitutas deben registrarse para recibir una identificación con fotografía y número de registro, aunque no aparece el nombre ni los datos personales. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) ha expresado su preocupación por que estos sistemas de registro puedan empujar a las prostitutas a trabajar ilegalmente. En el caso de Nueva Zelanda, la ley no contempla la identificación de las prostitutas, y los certificados solicitados (por ejemplo, para tener una empleada a cargo) son guardados de forma confidencial por el juzgado.

Uno de los grandes vacíos en estos sistemas es que crean una jerarquía según la cual algunas prostitutas están criminalizadas y otras no, dejando desprotegidas a las que lo están. Según explica Murphy, en Holanda esto ocurre con la criminalización de la prostitución callejera, que por el contrario es legal en Nueva Zelanda. Esta jerarquía está presente en ambos países cuando hablamos de inmigración. Por ejemplo, en Holanda es necesario un permiso de residencia para quienes no pertenecen al Espacio Económico Europeo, incluyendo Suiza, o si el país de origen es Croacia, y el trabajo sexual en estos casos no puede hacerse como empleada. A diferencia de otros sectores laborales, puede prohibirse la concesión de permisos de trabajo y residencia a inmigrantes ilegales que ejerzan como prostitutas. Precisamente es la parte relativa a la inmigración la que más críticas suscita en Nueva Zelanda, donde el trabajo sexual está prohibido a las inmigrantes. A este respecto se pronuncia el informe sobre Nueva Zelanda realizado por la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW, por sus siglas en inglés), que critica el poder abusivo que esto da a los clientes.

Otro punto llamativo del modelo neozelandés es la implicación de las prostitutas en el proceso de elaboración de la ley y en su posterior revisión, algo sobre lo que Murphy se pronuncia favorablemente: “Cuando los gobiernos consultan estas cuestiones, raramente cuentan con las prostitutas. No les preguntan qué medidas pueden ayudarlas si desean dejar de ejercer la prostitución o qué puede ayudar a mejorar sus condiciones si deciden continuar”. Cabe aclarar que para Murphy la decisión de permanecer en la prostitución puede tener que ver con situaciones de discriminación, adicciones o falta de alternativas. De acuerdo con el informe del CRLP, la mayoría de las trabajadoras sexuales a quienes se preguntó en Nueva Zelanda indicaron que la razón para entrar en la industria del sexo fue económica; un pequeño porcentaje hizo alusión a la flexibilidad horaria, y algunas participantes adujeron curiosidad por la industria del sexo.

El caso sueco: el modelo nórdico abolicionista

El primero de los países nórdicos en legislar mediante un modelo abolicionista fue Suecia, en 1999. El objetivo de esta ley fue erradicar la existencia del trabajo sexual, que desde la postura abolicionista del feminismo es considerado como un pilar fundamental de la explotación por parte del patriarcado, dado que su existencia afirma el derecho de la sexualidad masculina sobre el cuerpo de las mujeres. Esta fórmula busca la eliminación de la demanda de prostitución mediante la criminalización de la compra y del intento de compra de los servicios sexuales. La venta no se considera ilegal, por lo que el ejercicio de la prostitución en sí está despenalizado.

En Suecia, los clientes pueden enfrentarse hasta a un año de cárcel, aunque según cifras de 2015 todas las detenciones se han saldado con multas económicas. Desde la puesta en práctica de la ley se han habilitado teléfonos anónimos para denunciar a quien paga por sexo, y desde el gobierno llevan a cabo un sistema de vigilancia; durante los arrestos, las prostitutas son testigos del interrogatorio al que se somete al comprador. Para la experta en género de Amnistía Internacional estas medidas suponen un problema ya que, aunque no pretendan criminalizar de forma directa a las prostitutas, sí tienen un impacto negativo en ellas. En el informe de seguimiento realizado en Nueva Zelanda, las prostitutas apuntaban a los daños psicológicos derivados de las detenciones, que viven como un proceso “humillante y degradante”.

A nivel social, el gobierno sueco presta servicios de acogida y reinserción con el objetivo de ayudar a cualquier prostituta que quiera dejar de serlo, así como para ayudar a las que son extranjeras a volver a sus países (si así lo desean) sin el peligro de ser localizadas por quienes las explotaban. Además, el gobierno ofrece programas de sensibilización a la ciudadanía, poniendo el objetivo en los potenciales clientes, y ofrece a quienes compran sexo servicios sociales a los que poder recurrir.

Según datos del Instituto Sueco, diez años después de la entrada en vigor de la norma el número de compradores de sexo había descendido desde el 13,6% a menos del 8% de la población. Como concluye Gunilla Ekberg, de esta ley se puede extraer que la prostitución se vuelve menos lucrativa en estas legislaciones, por lo que los traficantes eligen destinos más rentables. A este respecto se destaca la importancia de tomar medidas que prevengan desplazamientos hacia países con fronteras comunes que tengan una legislación menos restrictiva. Por otra parte, las voces críticas piden precaución al analizar los datos sobre disminución de la prostitución, ya que afirman que ha habido un aumento de la prostitución ilegal que ha proliferado especialmente en Internet.

El problema de la estigmatización

Ninguna de las tres legislaciones ha sido efectiva para terminar con el estigma sufrido por las prostitutas. Resulta muy importante tener en cuenta esto: según el informe de seguimiento de Nueva Zelanda, el estigma fue señalado por las prostitutas como uno de los principales motivos para no denunciar cualquier tipo de abuso.

En los modelos regulacionistas, las leyes no se vieron acompañadas de medidas efectivas para reducir el estigma. Por el contrario, la imagen de las prostitutas en la opinión pública empeoró tras la entrada en vigor de la ley, cuando empezaron a ser vistas como víctimas de explotación y coacción. En esta misma línea incide el informe del GAATW, Las trabajadoras sexuales se organizan por el cambio, en el que se pone de manifiesto el arraigo que este estigma tiene en la sociedad. Una autora neozelandesa indica que, quince años después de la entrada en vigor de la ley, en Nueva Zelanda la opinión pública continúa configurando a las prostitutas como un colectivo totalmente diferenciado de las “personas normales”.

Esto provoca situaciones como las que describen las prostitutas en el informe de la CRLP, donde explican sus reticencias a hablar a los médicos de su ocupación por miedo al trato que puedan recibir. En Holanda, después de la legalización, las prostitutas prácticamente no tenían acceso a préstamos bancarios, tarjetas de crédito o hipotecas, y encontraban muchas dificultades para encontrar casa u otro trabajo. Este problema lo describe Melissa Ditmore en The affective turn: Theorizing the social, donde explica que en la India –donde la prostitución es legal– el trabajo del Durbar Mahila Samanwaya Committe (DMSC) consiguió cambiar esta situación con la creación de un banco para las trabajadoras sexuales. El DMSC, una de las mayores organizaciones de trabajadoras sexuales en el mundo, también cuenta con un comité (formado por prostitutas, representantes de organizaciones y personalidades políticas) que se hace cargo de las negociaciones directas con la policía y los juzgados, así como de otras cuestiones burocráticas. Es necesario destacar que dicho estigma en estos casos recae solo en quienes ejercen y no en los clientes, algo que ha sido muy criticado desde el feminismo.

En Suecia, aunque se ha intentado desplazar el estigma a quienes pagan por sexo, las prostitutas lo continúan sufriendo. En el informe realizado por Amnistía Internacional sobre el modelo nórdico (centrado en Noruega pero que apunta a elementos comunes de países del entorno como Suecia) se hace hincapié en el tipo de informaciones sensacionalistas que los medios de comunicación dan sobre prostitución. También se apunta al perjuicio que conlleva ser consideradas como víctimas por parte de la sociedad.

Romper las inercias de un sistema que despierta tantos intereses es una tarea muy compleja. Prestando atención a la información disponible se puede concluir que ninguno de los sistemas legales analizados está exento de problemas. Por una parte, porque las legislaciones regulacionistas no se han mostrado efectivas en asegurar la independencia de las prostitutas con respecto a terceros y se siguen produciendo situaciones de explotación; por otra, porque en las legislaciones abolicionistas se observa un empeoramiento de las condiciones de quienes continúan ejerciendo; por último, porque en cualquiera de las legislaciones las putas siguen sufriendo un estigma que condiciona sus vidas. Por todos estos motivos resulta necesario que en el debate público sobre legislación estén presentes las prostitutas: es a ellas a quienes más van a afectar sus consecuencias.

Eva Ferreras (@evatman) es periodista especializada en igualdad de género.