La UE reconoce por primera vez como trata la "gestación subrogada bajo coacción" y la adopción ilegal

La directiva introduce tres nuevos tipos penales: el matrimonio forzado, la adopción ilegal y la "explotación por gestación subrogada". También perseguirá a los consumidores de servicios sexuales cuando tengan conocimiento de que existe trata.

Montaje de dos fotografías: en la primera, una mujer sostiene una pancarta contra los vientres de alquiler en una manifestación en Madrid en el marco de la polémica de Ana Obregón; en la segunda, una embarazada. — Diego Radamés / Europa Press / Freepick

MADRID 24/01/2024 CANDELA BARRO Público

La nueva directiva contra la trata europea, que viene a actualizar la norma anterior (de 2011), penaliza los vientres de alquiler pero sólo para aquellos casos en los que se engañe o coaccione a las mujeres para gestar un bebé para terceros. Además, la Unión Europea incorpora como delitos de trata de seres humanos el matrimonio forzado o la adopción ilegal y persigue a los consumidores que, "a sabiendas", conozcan la situación de trata.

"Estamos de celebración porque hemos conseguido un acuerdo provisional en una directiva con una imperiosa necesidad de actualización", ha explicado la eurodiputada de The Left y vicepresidenta de la comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad, María Eugenia Rodríguez Palop, en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo.

Cada año al menos unas 7.000 personas son víctimas de trata en la UE, aunque se calcula que hay un gran número de casos que no se denuncian. La reforma se ha acometido por un reclamo reiterado de las organizaciones feministas y de derechos humanos, y tras comprobar desde los organismos europeos la ineficacia de la anterior directiva, sobre todo, en la reducción de la demanda de prostitución.

"El informe del Parlamento era muy ambicioso, hemos visto que se han hecho concesiones pero, en general, lo valoramos positivamente. Damos la bienvenida a este reconocimiento de nuevas formas de trata", explica Irene Rosales, del Lobby Europeo de Mujeres.

"Explotación de la gestación subrogada"

Los vientres de alquiler se incluyen como delito, siempre y cuando los jueces determinen que se ha producido coacción hacia las mujeres víctimas. Este nuevo tipo penal será sancionado con entre cinco y diez años de cárcel. Se trata de un asunto en conflicto en el seno de la Unión Europea.

"En las negociaciones ha habido algunas resistencias por el miedo a que se criminalice toda la gestación subrogada, pero creo que cuando finalmente se ha entendido que se busca criminalizar la gestación subrogada por explotación en el contexto de la trata ha habido un apoyo unánime por todas las partes", explica Rodríguez Palop en conversación con Público.

Los casos de vientres de alquiler asociados a la trata no son los más comunes, pero sí empiezan a registrarse con una cierta frecuencia. Este noviembre la Fiscalía investigaba un suceso en el que una pareja violó a una mujer migrante para que se quedase embarazada a cambio de 20.000 euros y ahorrarse la inseminación. Sucesos que, según trasladan a Público fuentes de la comisión negociadora de la directiva, "tienen cada vez más incidencia en el seno de la Unión".

El Gobierno español valoró en abril incluir los vientres de alquiler (sin mediar coacción) como un delito de trata tras el debate generado a raíz del caso de Ana Obregón, que recurrió a uno de ellos en Estados Unidos para tener una nieta de su hijo fallecido. Así lo afirmó la anterior ministra de Justicia, Pilar Llop, en una entrevista en la Cadena SER, aunque el asunto no se ha retomado.

Penalización al consumidor

La directiva también penaliza el uso deliberado de servicios sexuales cuando se tiene conocimiento de que la persona que los ofrece está siendo víctima de trata. Es decir, señala a los consumidores de servicios sexuales, pero sólo en caso de conocer la situación de trata.

"Sólo ha habido cinco sentencias que condenen el consumo a sabiendas en toda Europa. Por eso sabemos que la cláusula de ’a sabiendas’ no es efectiva y lamentamos que no se haya avanzado en este punto por la resistencia de los Estados miembros", explica la portavoz del Lobby Europeo de Mujeres.

La Comisión ha trabajado informes que recogen la relación entre prostitución y trata. "Con esta directiva se pretende instar a los Estados miembros a desincentivar la demanda", en palabras de Palop. La definición y aplicación de estas medidas queda bajo la responsabilidad de los Veintisiete, que deberán incorporarlas a su legislación penal con "sanciones que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias".

"Tienen que implicarse todos los Estados miembros. Incluidos aquellos donde la prostitución se ha descriminalizado y en donde, como en el caso de Holanda, los casos de trata están cuatro veces por encima de la media europea", explica Rosales. La coordinadora de campañas de influencia política del Lobby Europeo de Mujeres defiende que en los países en los que está regulado el proxenetismo es mucho más difícil demostrar la trata judicialmente.

A pesar de que el Parlamento abogaba por una regulación más rigurosa en este ámbito, este paso representa un "avance significativo para desalentar la demanda" que alimenta la trata de personas con fines de explotación sexual. A propósito, Rodríguez Palop apuntó que se ha incorporado "un considerando" al texto que facilitaría "la prueba de esa intencionalidad" y animaría "a los Estados a actuar", independientemente de la legislación de cada uno.

"Hemos incluido nuevos criterios para que la decisión de los jueces no quede sólo en una visión subjetiva [sobre el conocimiento del consumidor]. Por ejemplo, el hecho de que la víctima desconozca el idioma", explicó en rueda de prensa la co-ponente del informe y miembro de la comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, Malin Björk.

Dimensión online y no enjuiciamiento

Uno de los agravantes que incluirá la nueva directiva es la dimensión online de la trata, en concreto, la grabación o difusión de imágenes u otros contenidos audiovisuales de la víctima.

Por otra parte, se contemplan sanciones para entidades jurídicas, como las empresas, que sean responsables de delitos relacionados con la trata de personas. Se las privaría de financiación pública, excluyéndolas de procesos de licitación, subvenciones, concesiones y licencias; y se les retirarán los permisos para seguir desarrollando las actividades relacionadas con la trata. "No es tanto como hubiéramos querido", se lamentó Palop en la misma rueda de prensa.

Protección internacional e interseccionalidad

Los Estados se tendrán que comprometer a no enjuiciar o multar a las víctimas de trata si han cometido algún delito derivado de su situación. Además, se anima a los Veintisiete a crear unidades especializadas de trata.

En este sentido, según las ponentes, el texto nombra la asistencia y apoyo especializado a las víctimas con enfoque de género, infancia o discapacidad. Se incorpora la perspectiva interseccional para que las víctimas estén acompañadas en toda su diversidad. "Es una cuestión esencial porque la trata se da con racismo, clasismo y demás elementos de vulnerabilidad", explica Rosales.

A la hora de acometer la protección internacional, los legisladores han apostado por la coordinación entre organismos de asilo y de trata. Antes las víctimas "tenían que elegir entre pedir el asilo o el permiso de residencia por ser víctimas"; ahora se tejerán puentes para que esto no suceda. "Es una mejora para las víctimas de protección internacional que se ven obligadas a pedir asilo. Hemos conseguido convencer al Consejo de que esta es la única vía a seguir", explicó la co-ponente Malin Björk.

Matrimonio forzado, adopción ilegal y menores vulnerables

La directiva incluye también como delitos el matrimonio forzado y la adopción ilegal. Puntos que han concitado más cohesión que el de la "gestación subrogada bajo coacción". Otra de las medidas es la de proteger a los menores en centros de acogida o residencias que puedan caer en las redes de trata por su especial vulnerabilidad.

Por último se trabajará en mejorar la recogida de datos, el acompañamiento, protección y asistencia a las víctimas y se creará una nueva figura, la coordinadora de trata, para los distintos Estados miembros.